Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06202-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06202-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06202-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Omar Gómez Mosquera
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Quinta - Secretaría
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06202-00
Asunto: Tutela contra autoridad. Improcedencia del mecanismo de amparo
para pretender el cumplimiento de órdenes judiciales. Inexistencia de la
vulneración por la presunta demora en las actuaciones secretariales.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Mediante sentencia del 25 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca declaró la nulidad de la elección del señor Juan
David Piedrahita López como alcalde del municipio de Cartago.
Inconforme con la anterior decisión el demandado presentó recurso de
apelación.
1.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de auto de 23 de
mayo de 2025, admitió el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia.
1.3. Mediante auto de 4 junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado devolvió el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del
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Cauca “[…] para que resuelva el incidente de nulidad presentado por la
parte demandada dentro del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 25 de marzo de 2025 [...]”.
1.4. El 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
rechazó de plano la nulidad presentada.
1.5. El 29 de mayo de 2025, el demandado presentó una solicitud de
pruebas en segunda instancia, la cual fue negada por auto de 19 de
agosto de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1.6. Por auto de 23 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado repuso parcialmente el auto anterior en el sentido de negar
el decreto de los testimonios solicitados por el demandado y no reponer
en cuanto a lo demás.
1.7. Contra la decisión anterior el demandado presentó recurso de
reposición y subsidiariamente súplica.
1.8. A través de auto de 24 de octubre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó el recurso de reposición y remitió el expediente
al consejero que sigue en turno para que resuelva la súplica.
1.9. Finalmente, por auto de 13 de noviembre de 2025, la Sección Quinta
del Consejo de Estado resolvió el recurso de súplica.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada ha vulnerado sus
derechos fundamentales porque no acata la orden judicial establecida en el
numeral quinto del auto de 23 de septiembre de 2025 que dispuso
“Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, continúese con el trámite
ordenado en el auto del 23 de mayo de 2025, mediante el cual se admitió el
recurso de apelación presentado por la parte demandada”. Asimismo, por el
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quebrantamiento de la celeridad y la seguridad jurídica.
Anotó que “[…] el 26 de septiembre de 2025, la parte demandada, ignorando
las advertencias judiciales, presentó una nueva e improcedente reposición en
subsidio de súplica contra el auto ya resuelto. La Secretaría, en desviación del
cumplimiento de la orden judicial y del mandato legal que establece el efecto
devolutivo para este tipo de recursos (Art. 243 CPACA), le otorgó trámite en
efecto suspensivo, paralizando así la continuación del proceso […]”.
Sostuvo que “[…] la Secretaría, al dar efecto suspensivo a un recurso que
jurídicamente no procedía (Art. 318 CGP) y que por su naturaleza tenía efecto
devolutivo (Art. 242 CPACA), sustrajo el expediente de la competencia del
Magistrado Ponente y detuvo injustificadamente el curso legal de la segunda
instancia […]”.
Señaló que “[…] la actuación administrativa desplegada por la Secretaría ha
facilitado de manera sistemática el ejercicio de maniobras dilatorias
promovidas por la defensa del demandado. Esto se evidencia al conceder
recursos y solicitudes en efecto suspensivo, incluso cuando la ley y las órdenes
del Magistrado Ponente disponían lo contrario, lo que genera un
estancamiento artificial y contrario al principio de igualdad procesal y al
mandato constitucional de garantizar un proceso célere y eficaz […]”.
Afirmó que “[…] la actuación de la Secretaría no solo desconoce lo dispuesto
en los artículos 242 y 318 del CGP, que prohíben interponer reposición contra
un auto que resuelve reposición y ordenan adecuar los recursos a los efectos
legales correspondientes, sino que además vulnera el artículo 125 del CPACA,
que atribuye al magistrado ponente la competencia exclusiva para dictar y
hacer cumplir sus providencias. Con su proceder, la Secretaría ha usurpado
esa competencia y ha interrumpido injustificadamente el trámite de la segunda
instancia, contrariando los principios de economía, celeridad y eficacia
procesal que rigen el contencioso administrativo (artículo 3 del CPACA) y el
mandato constitucional de pronta y cumplida justicia (artículo 228 de la
Constitución) […]”.
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Advirtió que “[…] la prolongación indebida del proceso electoral por
actuaciones secretariales que desconocen la normatividad vulnera el derecho
de los ciudadanos a la seguridad jurídica y a elegir y ser elegidos en
condiciones de transparencia y certeza [...]”.
Posteriormente, en escrito de 5 de noviembre de 2025, el actor informó que la
vulneración por parte de la accionada se agrava porque “[…] pese a lo
dispuesto en el numeral quinto del auto del 23 de septiembre de 2025,
mediante el cual el consejero ponente ordenó continuar el trámite de la
apelación una vez ejecutoriada la providencia, y a la constancia secretarial del
31 de octubre de 2025 que certifica su ejecutoria y remisión al despacho que
sigue en turno para resolver exclusivamente la súplica la Secretaría decidió
—de forma autónoma e indebida— paralizar nuevamente el trámite procesal,
remitir el expediente a un nuevo ponente y conceder al recurso de súplica un
efecto suspensivo, contrariando abiertamente la ley procesal aplicable […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Vincular a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a esta
acción de tutela, dada su calidad de garante del orden jurídico y su interés
directo en la vigilancia y celeridad de los procesos electorales.
2. Amparar los derechos fundamentales a la efectiva administración de
justicia, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a elegir y ser elegido,
que se encuentran siendo vulnerados por la actuación de la Secretaría de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3. Ordenar a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado
dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto en el ordinal quinto del auto del
23 de septiembre de 2025, continuando sin más dilaciones con el trámite
de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, en
los términos previstos en el auto admisorio del 23 de mayo de 2025.
4. Dejar sin efecto la concesión en trámite suspensivo otorgada a los
recursos de reposición y súplica presentados el 26 de septiembre de 2025
por la parte demandada, al ser manifiestamente improcedentes conforme
a los artículos 318 del CGP y 242 del CPACA, y disponer que los mismos
se tramiten, si a ello hubiere lugar, bajo el efecto devolutivo y sin
interrumpir el curso de la segunda instancia.
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5. Exhortar a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado
para que en lo sucesivo se abstenga de conceder recursos improcedentes
con efectos distintos a los previstos en la ley, y que respete estrictamente
las órdenes impartidas por el magistrado ponente.
6. Disponer cualquier otra medida que el Despacho considere necesaria
para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales cuya
protección se solicita. […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 14 de octubre de 2025, se requirió al abogado Miguel Ángel
Lizarazo Puerto para que aportara el poder que lo facultara para presentar la
presente acción de tutela.
Por auto de 4 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de tutela y
se vinculó a la Sección Quinta del Consejo de Estado, al Consejo Nacional
Electoral, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a los señores José
Javier Páez Bonilla, Pedro Emigdio Arboleda Caicedo, Bibiana Alzate Castaño,
Juan David Piedrahita López, Camila Pava Daza, Jairo Andrés Macías
Sánchez, Jessica María Velásquez Rojas, James Politte Rodríguez, Germán
Ernesto Escobar Higuera y Julio Cesar Valencia Carvajal.
III. INTERVENCIONES
1. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó negar el amparo
deprecado por el actor por cuanto “[…] una vez se encuentre en firme la
decisión que admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante,
deberá correrse traslado a las partes para alegar de conclusión y,
posteriormente, otorgar el término establecido para que el Ministerio Público
rinda el concepto correspondiente […]”.
2. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado rindió informe en
el que señaló lo siguiente:
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Indicó que la ejecutoriedad del auto de 23 de mayo de 2025 se encuentra
condicionada a que se resuelva el recurso de súplica, el cual ingresó al
despacho el 31 de octubre de 2025.
Debido a lo anterior, aseguró que “[…] las actuaciones de esta secretaría se
ajustan plenamente al ordenamiento jurídico y, de manera específica, a las
órdenes y condiciones fijadas por el propio consejero sustanciador […]”, por lo
que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.
3. Los señores Pedro Emigdio Arboleda Caicedo y Bibiana Alzate Castaño
solicitaron que se amparen los derechos fundamentales del actor dado que la
accionada “[…] ha excedido sus funciones administrativas, desbordando los
límites del impulso procesal, al alterar los efectos jurídicos del recurso y
sustraer competencias propias del magistrado ponente, configurando así una
vía de hecho por omisión y extralimitación funcional […]”.
Argumentaron que la “[…] conducta de la Secretaría ha quebrantado de
manera directa los derechos fundamentales a la efectiva administración de
justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, al haber suspendido
indebidamente el curso del trámite judicial, concediendo efectos procesales no
previstos en la ley y desatendiendo las órdenes expresas impartidas por el
magistrado ponente, con lo cual se ha generado una situación de indefensión
procesal y de parálisis institucional contraria a los mandatos constitucionales
de celeridad y eficacia […]”.
Finalmente, reiteraron la necesidad de que se resuelva la solicitud de medida
provisional presentada por el actor, con el fin de conjurar la vulneración de los
derechos fundamentales.
4. El señor José Javier Páez Bonilla solicitó que se acceda al amparo
deprecado por el actor por cuanto la actuación adelantada por la accionada
vulnera los derechos fundamentales “[…] al permitir y convalidar estas
dilaciones, ha facilitado un abuso del derecho y ha menoscabado la función de
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la administración de justicia, haciendo imperativa la intervención del juez de
tutela para restablecer el orden constitucional […]”.
Igualmente, manifestó que se adhiere a la solicitud de medida provisional
presentada por el actor, dada la urgencia y el perjuicio irremediable que se
configura.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
2.1. De la resolución de la medida provisional
Del análisis de las actuaciones del presente expediente, la Sala advierte que,
mediante auto de 4 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela sin
que se haya emitido pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de
medida provisional presentada por el actor.
Debido a que la solicitud de medida provisional presentada por el actor no ha
sido resuelta, la Sala la decidirá en esta oportunidad en aplicación a los
principios de economía, celeridad y eficacia que rigen en las acciones de tutela
conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Ley 2591 de 1991.
El actor solicitó que se decrete como medida provisional “[…] el cumplimiento
inmediato de lo dispuesto en el auto del 23 de septiembre de 2025, ordenando
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado continuar sin más
con el trámite de la apelación, disponiendo los traslados y remisión al Ministerio
Público conforme a la ley, y absteniéndose de conceder en efecto suspensivo
recursos improcedentes o reiterativos […]”.
El artículo 7° del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé que las medidas
provisionales constituyen una herramienta excepcional del juez constitucional
para la protección de derechos fundamentales presuntamente afectados,
siempre que se advierta la necesidad y urgencia de su adopción; o la
posibilidad de evitar un daño más gravoso, de tal manera que la decisión
adoptada en el fallo de tutela resulte eficaz.
La solicitud de medida provisional resulta procedente en cualquier instancia,
inclusive en sede de revisión ante la Corte Constitucional; sin embargo, no hay
lugar a emitir un pronunciamiento al respecto cuando se va a proferir la
sentencia respectiva2.
En ese orden de ideas, la Sala estima que no hay lugar a emitir un
pronunciamiento frente a la solicitud de medida provisional presentada por el
actor dado que, a través de la presente decisión se va a resolver de manera
definitiva la controversia planteada en el escrito de tutela.
2.2. De la vinculación de la Procuraduría General de la Nación
El actor solicitó la vinculación de la Procuraduría General de la Nación al
presente trámite, en su condición “[…] de garante del orden jurídico y su interés
directo en la vigilancia y celeridad de los procesos electorales […]”.
La Sala negará dicha solicitud de vinculación debido a que no se evidencia
una acción u omisión por parte de la Procuraduría General de la Nación que
2
En sentencia T-103 de 2018 la Corte Constitucional precisó que: “[…] Ante la necesidad de una decisión que resuelva
la causa objeto de revisión con efectos de cosa juzgada, la Sala considera pertinente emitir una determinación
definitiva en el asunto de la referencia y no resolverlo provisionalmente. Se trata de imprimir celeridad en este
caso y fallarlo de manera expedida. En la causa analizada se encuentran en disputa de manera inmediata el
derecho a la consulta previa de una comunidad étnica; y de forma mediata el derecho a la salud de 210.000 personas,
por lo que se requiere una pronta respuesta por parte de la administración de justicia […]”. [Negrillas por fuera
del texto original]
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tenga relación con los hechos que sustentan la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el presente asunto.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad.
B) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
Del análisis del escrito de tutela la Sala advierte que el actor le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a la Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado i) por no acatar la orden judicial establecida en
el numeral quinto del auto de 23 de septiembre de 2025; y ii) por la presunta
demora en las actuaciones secretariales del medio de control de nulidad
electoral con radicación 76001-23-33-000-2023-00855-04.
Debido a lo anterior, la Sala analizará la presunta vulneración alegada por el
actor de manera separada.
4.1. Análisis de la presunta vulneración con ocasión del no acatamiento
de la orden judicial
La acción de tutela fue instituida como un instrumento subsidiario excepcional
y residual, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros
medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en
el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
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El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho3.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza4), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
En el presente caso, la parte actora manifestó que la autoridad accionada ha
vulnerado sus derechos fundamentales porque no acata la orden judicial
establecida en el numeral quinto del auto de 23 de septiembre de 2025 que
dispuso “Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, continúese con
el trámite ordenado en el auto del 23 de mayo de 2025, mediante el cual se
admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada”. A partir
de lo anterior, el accionante afirmó que la Secretaría de la Sección Quinta del
Consejo de Estado le está impartiendo un efecto distinto al recurso de súplica.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que ese asunto le corresponde definir
al mismo juez que impartió la orden presuntamente desatendida dado que
cuenta con todas las facultades para exigir su cumplimiento y así determinar
el efecto en que concedió el recurso de súplica.
Ello, en consideración a que, de conformidad con lo previsto en los artículos
435 y 446 del Código General del Proceso, los jueces de la República tienen
3
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
4
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
“ARTÍCULO 43. PODERES DE ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN. El juez tendrá los siguientes poderes de
ordenación e instrucción:
[…]
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado,
no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este
poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. […]”.
6
“ARTÍCULO 44. PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar,
el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:
[…]
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facultades de ordenación e instrucción encaminadas al cumplimiento de las
órdenes judiciales que dicten en el trámite de un proceso jurisdiccional, lo que
se traduce en que el actor puede acudir al juez natural para solicitar el
cumplimiento de la orden contenida en el numeral quinto del auto de 23 de
septiembre de 2025.
En ese orden de ideas, mal puede concluirse que la situación fáctica planteada
en el presente asunto requiere de la intervención del juez constitucional para
la protección de sus derechos fundamentales, en la medida en que ello
implicaría reemplazar al juez ordinario de la causa, máxime cuando no se
demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable para que la solicitud de
amparo procediera como mecanismo transitorio.
Por lo anterior, la presente acción de tutela deviene improcedente respecto de
la presunta vulneración por el no acatamiento de la orden judicial establecida
en el numeral quinto del auto de 23 de septiembre de 2025.
4.2. Análisis de la presunta vulneración con ocasión de la demora en las
actuaciones secretariales
En este punto, la parte actora alegó que la accionada ha vulnerado sus
derechos fundamentales por la demora en las actuaciones secretariales en el
trámite del medio de control de nulidad electoral con radicación 76001-23-33-
000-2023-00855-04, dado que con su actuar prolonga de manera indebida el
“[…] proceso electoral por actuaciones secretariales que desconocen la
normatividad [...]”.
Para resolver lo anterior, la Sala relacionará las actuaciones judiciales y
secretariales adelantadas en el marco del medio de control de nulidad electoral
con radicación 76001-23-33-000-2023-00855-04. Veamos:
4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a los empleadores
o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados
para rendir declaración o atender cualquier otra citación que les haga. […]”.
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• La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de auto de 23 de
mayo de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Admítese el recurso de apelación presentado por la parte
demandada, el señor Juan David Piedrahita López, a través de apoderado, en
contra de la sentencia del 25 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
[…]
Tercero: En firme esta providencia, permanezca el expediente en Secretaría
por el término de 3 días para que las partes presenten sus alegatos por escrito,
según lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto: Vencido este último término, póngase el expediente a disposición del
agente del Ministerio Público a efectos de que rinda su concepto dentro de los
5 días siguientes. […]”.
• El 26 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo
de Estado notificó la anterior decisión y el día 30 de ese mismo mes y
año devolvió el expediente al despacho del consejero ponente.
• Mediante auto de 4 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado devolvió el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca “[…] para que resuelva el incidente de nulidad presentado por la
parte demandada dentro del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 25 de marzo de 2025 [...]”. Esta actuación fue notificada
por estado el día 6 de ese mismo mes y año.
• El 12 de junio de 2025, la accionada devolvió el expediente al despacho
del consejero ponente con el fin de que resolviera sobre el desistimiento
de un recurso interpuesto contra la decisión anterior. Mediante auto de
20 de junio de 2025 se aceptó dicho desistimiento.
• El 1° de julio de 2025, la accionada devolvió el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
• El expediente volvió a ingresar al despacho del consejero ponente el 22
de julio de 2025.
• Mediante auto de 19 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo
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de Estado negó la solicitud de decreto de pruebas en segunda
instancia, decisión que fue notificada el día 21 de ese mismo mes y año.
• El 25 de agosto de 2025, el demandado presentó recurso de reposición,
respecto del cual la accionada corrió traslado el día 28 de ese mismo
mes y año.
• El 2 de septiembre de 2025, la accionada devuelve el expediente al
despacho del consejero ponente para que se pronuncie respecto del
recurso de reposición.
• Mediante auto de 23 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Repóngase parcialmente el auto del 19 de agosto de 2025, en el
sentido de negar la solicitud probatoria elevada por la parte demandada relacionada
con los testimonios de los señores […] por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: No reponer, en lo demás, lo dispuesto en el auto del 19 de agosto de 2025,
en virtud de las consideraciones de este auto.
[…]
Cuarto: Por secretaría, remítase el expediente al magistrado que sigue en turno con
el fin de que imparta las decisiones que correspondan al recurso de súplica, de
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión.
Quinto: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, continúese con el
trámite ordenado en el auto del 23 de mayo de 2025, mediante el cual se admitió el
recurso de apelación presentado por la parte demandada. […]”.
• El 26 de septiembre de 2025, el demandado presentó recurso de
reposición y en subsidio súplica. La accionada corrió traslado de lo
anterior el día 1° de octubre de ese mismo año.
• El 6 de octubre de 2025, la accionada devuelve el expediente al
despacho del consejero ponente para que se pronuncie respecto del
recurso de reposición y en subsidio el de súplica.
• Mediante auto de 24 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado negó el recurso de reposición y remitió el expediente al
consejero que sigue en turno para que resuelva la súplica.
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• La anterior decisión fue notificada el 27 de octubre de 2025 y el 31 de
ese mismo mes y año se remitió el expediente al despacho de la
consejera que seguía en turno para que resolviera el recurso de súplica.
• Mediante auto de 13 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió el recurso de súplica, decisión que fue
notificada el día 18 de ese mismo mes y año.
Del anterior recuento procesal se logra evidenciar que la accionada ha
adelantado las actuaciones secretariales correspondientes dentro de un
término célere, desvirtuando de esta manera la demora alegada por la parte
actora.
De ahí que carece de vocación prosperidad el argumento expuesto por la parte
actora asociado a que las actuaciones secretariales se encuentran
prolongando el trámite del medio de control objeto de tutela dado que la
accionada ha adelantado las actuaciones correspondientes dentro de un
término célere y en estricto cumplimiento del procedimiento previsto en la ley
y de las órdenes que le han sido impartidas.
Así las cosas, la Sala concluye que la vulneración atribuida por la parte actora
por la presunta demora en las actuaciones secretariales resulta inexistente,
por lo que se negará el mecanismo de amparo respecto de este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia
respecto de la presunta vulneración por el no acatamiento de orden judicial,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06202-00
SEGUNDO: NEGAR el amparo respecto de la presunta demora en las
actuaciones secretariales, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ABSTENERSE de resolver de fondo la medida provisional
solicitada por el actor, por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: NEGAR la solicitud de vinculación de la Procuraduría General de
la Nación al presente asunto, por las razones expuestas.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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