Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06212-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06212-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06212-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06212-00
Demandante: Constanza Lara Roa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06212-00
Demandante: CONSTANZA LARA ROA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / DEFECTO PROCEDIMENTAL – Se configura en este caso porque la
autoridad judicial accionada se inhibió de resolver de fondo el asunto respecto de todas las
entidades que integraban la parte demandada.
La Sala1 decide la acción de tutela presentada por la señora Constanza Lara Roa
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 3 de octubre de 2025, la señora Constanza Lara Roa, por medio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Cuarta de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, así como por desconocimiento de los principios de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, tutela judicial efectiva y seguridad
jurídica. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual con posibles
errores):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en la
sentencia proferida el día 3 de abril de 2025, en el expediente rad. No. 63001-
3333-002-2022-00659-01, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y SEGURIDAD JURÍDICA de la señora CONSTANZA LARA ROA,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de
la ley y a la jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa.
1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 24 de octubre de
2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Constanza Lara Roa
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva
decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías de la parte actora de conformidad con la normatividad, esto es, las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, absteniéndose de introducir
cuestionamientos sobre aspectos que no hicieron parte del debate en el recurso
de apelación.
2. Las pretensiones formuladas por la parte demandante se sustentan en los
siguientes hechos jurídicamente relevantes:
3. La señora Constanza Lara Roa instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de
Educación del Departamento del Quindío, con el fin de que se dejara sin efectos la
decisión que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías y se ordenara efectuar el pago de esos dineros. Al proceso le
correspondió el radicado 63001-33-33-002-2022-00659-01.
4. El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, en auto de 14 de junio de
2023, ordenó vincular oficiosamente, como demandado, a la Fiduciaria la Previsora
S.A.
5. El 18 de diciembre de 2023, el a quo profirió sentencia de primera instancia,
a través de la cual negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la
demandante era docente de vinculación departamental, quien presentó petición de
reconocimiento y pago de cesantías el 16 de octubre de 2019, la cual fue resuelta
mediante la Resolución 2123 del 22 de octubre de 2019, notificada el 24 de octubre
de 2019. El pago se efectuó el 29 de enero de 2020, fecha límite para pagar,
contados los 70 días hábiles que tenían las entidades para reconocer y cancelar las
cesantías y, los 45 días que tenía el pagador. Por tal razón, concluyó que la entidad
no incurrió en mora en el pago.
6. Contra esa decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación, en
el cual argumentó que el término legal para el pago es de 45 días y no de 70 «pues
al momento de ser notificada renunció al término de ejecutoria, por lo tanto ese
término corre a partir del día siguiente a la renuncia, tal como lo indica la
jurisprudencia». Expuso que el término para realizar el pago feneció el 31 de
diciembre de 2020, y solo hasta el 29 de enero del año siguiente le pagaron las
cesantías.
7. El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 3 de abril de 2025,
confirmó el fallo de primera instancia. Para tal efecto, consideró que, si bien se
incurrió en mora desde el 1 al 26 de enero de 2020, esta no es atribuible a la entidad
territorial sino a la Fiduprevisora S.A., quien pagó la prestación por fuera del plazo
establecido para ello. No obstante, indicó que esa sociedad compareció al proceso
en virtud de una vinculación que realizó de oficio la juez de primera instancia y,
desde la expedición de la Ley 1955 de 2019, artículo 57, las responsabilidades son
individuales. En esas condiciones, le correspondía a la parte demandante demandar
a la Fiduprevisora S.A. para analizar su responsabilidad, en atención a su condición
de litisconsorte facultativo, por lo que «no puede adentrarse esta Corporación a
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Demandante: Constanza Lara Roa
evaluar su conducta cuando desde el mismo escrito de demanda no se le endilgó
responsabilidad alguna». Finalmente, precisó lo siguiente:
Ahora, si bien mediante fallo de tutela del 21 de marzo de 2025, el Consejo de
Estado ordenó a la Sala Tercera de Decisión de éste Tribunal rehacer una
sentencia en la cual, también se negaron las pretensiones de la demanda por
no haberse demandado, sino vinculado oficiosamente en primera instancia al
Departamento del Quindío como la responsable de la mora, lo cierto es que a
juicio de esta Sala de Decisión, esa protección constitucional no solo tiene
efectos interpartes, sino que, se diferencia con el presente caso, en que el
análisis se orientó a que con la puesta en vigencia de la Ley 1955 artículo 57
parágrafo, como la responsabilidad de las entidades que participan en el
reconocimiento y pago de las cesantías se volvió individual y divisible, se llegó
a la conclusión que la FIDUPREVISORA S.A., como responsable del pago de
la indemnización por la causación de la mora ha debido ser vinculada al
proceso por el demandante al configurarse un litisconsorcio facultativo y no
necesario; además, en el citado fallo de tutela, no se abordó de fondo la figura
del litis consorcio necesario o facultativo orientado a la función cumplida por
esa Aseguradora como administradora de los recursos del FOMAG, como para
determinar con certeza una posible reorientación de la posición asumida sobre
la materia por esta Sala de Decisión.
8. La accionante estima que la sentencia de segunda instancia, proferida el 3
de abril de 2025, vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto:
(…) en lugar de abordar y resolver los puntos que fueron objeto de apelación,
dirigió el examen del litigio a discutir la integración del contradictorio ordenada
por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia,
aun cuando esta decisión se encontraba en firme y con plenos efectos jurídicos
ante la anuencia de los extremos de la litis. De esta manera, la conducta
asumida por el superior desconoció las facultades otorgadas al juez
contencioso para sanear los defectos procesales que impidan cumplir con la
finalidad esencial del servicio de la administración de justicia, esto es, emitir
una decisión que dirima de manera efectiva, cierta y adecuada el conflicto
planteado entre las partes.
9. Agregó que lo decidido por el tribunal accionado es arbitrario porque: (i) el
legislador dotó al juez de instrumentos jurídicos para corregir vicios, irregularidades
o falencias que impidan el desarrollo normal del proceso; (ii) el auto que ordenó la
vinculación gozaba de fuerza vinculante ante la ausencia de interposición de
recursos «o la formulación de la excepción de inepta demanda por quien resultaba
afectado con sus efectos» y la competencia asignada al órgano de segunda
instancia se limitaba a los reparos formulados por el apelante, conforme lo establece
el artículo 320 del Código General del Proceso.
10. Citó las sentencias de tutela del 7 de febrero, expediente 2024-05486-01 y
21 de marzo de 2025, expediente 2024-05416-01, proferidas por esta Subsección,
y la del 22 de mayo de 2025, expediente 2025-02172-00, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, las cuales, en casos de connotaciones fácticas y
jurídicas similares, accedieron al amparo por la aplicación rigurosa e inflexible de
las ritualidades procesales.
11. Sostuvo que el tribunal incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al limitarse a cuestionar la aplicación de la figura jurídica empleada para
llamar a la sociedad fiduciaria al debate, sin entrar a analizar que el remedio jurídico
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utilizado por el juzgado de primera instancia perseguía fines jurídicos como evitar
una sentencia inhibitoria, dando prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
12. Agregó que no resulta posible sostener que se hubiera vulnerado el derecho
de defensa y contradicción de la parte vinculada, pues el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia le garantizó la participación en el proceso notificándole
el auto que la vinculó y le otorgó la oportunidad para contestar la demanda, solicitar
pruebas y presentar alegatos de conclusión; sin embargo, la referida sociedad tomó
la decisión de no intervenir.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 10 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada y, como terceros
con interés, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al Departamento del Quindío. Además, se ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14. El Tribunal Administrativo del Quindío indicó que la tutela no cumple con
el requisito de relevancia constitucional porque el debate se centró en determinar si
hubo una indebida negación de las pretensiones bajo el argumento de que se
demandó a una entidad que no habría incurrido en la mora, pero el cuestionamiento
no plantea un problema jurídico que requiera interpretar, aplicar o desarrollar
disposiciones de la Constitución, ni delimitar el contenido o alcance de un derecho
fundamental.
15. Manifestó que el proceso se enmarcó en la aplicación de la Ley 1955 de
2019 que introdujo la delimitación de la responsabilidad en el pago de la sanción
por mora. Además, se limita a una controversia de naturaleza económica y la tutela
carece de argumentos y pruebas que evidencien una vulneración grave a los
derechos fundamentales.
16. Señaló que, si la parte actora optó por no demandar al responsable de la
mora, la judicatura no puede a través de la figura del litisconsorte necesario
suplantar la voluntad de aquella, «máxime cuando el juzgado bien puede decidir la
contienda sin la presencia por ejemplo del ente territorial o de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – FOMAG», de manera que el reclamo podía efectuarse a
las entidades de acuerdo a su participación en la mora, conforme las
responsabilidades individuales establecidas en la ley.
17. El Ministerio de Educación Nacional indicó que no cuenta con legitimación
en la causa por pasiva, pues la decisión cuestionada fue proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional porque es un debate de naturaleza
estrictamente económica que involucra intereses privados, lo cual, en su criterio,
excede la competencia del juez de tutela.
18. La Fiduprevisora S.A., en calidad de «vocera y administradora» del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
señaló que no es la responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de
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la actora, por lo cual pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
19. El Departamento del Quindío guardó silencio, a pesar de haber sido
notificado del auto admisorio de la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
21. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales de la señora Constanza
Lara Roa.
E. Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
22. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 3 de abril de 2025 y la tutela se instauró el 3 de
octubre siguiente, es decir, dentro de un término razonable.
23. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo
de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra
acción de la misma naturaleza2. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad3, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
2
En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción
de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia
de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la
sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede,
(…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de
las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener
la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
3
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
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Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto»4.
24. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron
todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.
25. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
26. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente5 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
27. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye
que la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto reúne la
carga argumentativa mínima exigida para considerar una posible vulneración de
derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia.
28. Adicionalmente, el reproche elevado apunta a la aplicación rigorista y
excesiva de formalidades procesales, en desmedro de la garantía sustancial de la
justicia material, lo que, en criterio de la accionante, conllevó la adopción de una
decisión injusta y violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Esta discusión, valga mencionar, no fue
abordada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
29. En ese entendido, no se aprecia que la intención de la demandante sea
utilizar esta acción constitucional como una tercera instancia, pues sus esfuerzos
se encaminaron a demostrar la configuración del defecto procedimental que le
enrostra a la decisión judicial cuestionada, yerro que, valga mencionar, en sentir de
la impugnante, se tradujo en una restricción desproporcionada a sus derechos
fundamentales.
Caso concreto y solución del problema jurídico
30. La Sala accederá al amparo solicitado por la señora Constanza Lara Roa,
por las razones que a continuación se exponen.
4
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
5 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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31. En el proceso de nulidad y restablecimiento que instauró la accionante contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el Departamento del Quindío – Secretaría de Educación,
en el que perseguía el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías durante su vinculación como docente del ente territorial
departamental, se admitió la demanda mediante auto del 17 de enero de 2023.
32. En providencia del 14 de junio de la misma anualidad, de manera oficiosa, se
vinculó a Fiduciaria la Previsora S.A., en aplicación de lo previsto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019, por su interés directo en las resultas del proceso; se explicó,
al respecto, que los efectos derivados de la prosperidad de las pretensiones de la
demanda podrían extenderse a la Fiduprevisora S.A.6.
33. Aunque el auto que vinculó de oficio a Fiduprevisora S.A. se notificó, en debida
forma, a través de mensaje de datos enviado el 15 de junio de 2023 a su buzón de
correo electrónico, no contestó la demanda ni presentó ningún memorial dirigido a
defender sus intereses en ese litigio.
34. La sentencia de primera instancia, proferida el 18 de diciembre de 2023, por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, negó las pretensiones de la demanda,
a partir del siguiente razonamiento:
En tal sentido, se encuentra acreditado que la demandante era docente de
vinculación departamental, quien presentó petición de reconocimiento y pago
de cesantías el día 16 de octubre de 2019, la cual fue resuelta mediante la
Resolución No. 2123 del 22 de octubre de 2019, notificada personalmente el
24 de octubre de 2019 y el pago se efectuó el 29 de enero de 2020, fecha límite
para pagar, contados los 70 días hábiles que tenían las entidades para
reconocer y cancelar las cesantías y, los 45 días que tenía el pagador, en
consecuencia, se vislumbra que la entidad no incurrió en mora en el pago, pues
lo realizó dentro del término que la ley determina para tal fin, es decir, el 29 de
enero de 2020; debiendo este Despacho negar las pretensiones del presente
medio de control.
35. Contra esa decisión, únicamente la parte actora interpuso recurso de apelación,
con el fin de que se revocara la decisión, pues el juzgado de primera instancia no
tuvo en cuenta que el término para reconocer y pagar las cesantías era de 45 días
en atención a que la señora Constanza Lara Rosa al momento de ser notificada,
renunció al término de ejecutoria. En su criterio, el término para el pago de las
cesantías venció el 31 de diciembre de 2019, pero solo hasta el 29 de enero de
2020 se las pagaron.
6
Sostuvo lo siguiente: «el Tribunal Administrativo del Quindío en sede de apelación, estudió casos
con similares hechos y pretensiones al aquí debatido, concluyendo en lo que resulta relevante que:
i) de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 del 2019, en el evento de que la
solicitud de cesantías se haya realizado en vigencia de dicha norma y se pruebe la sanción moratoria,
los entes territoriales deben responder patrimonialmente por los días y/o periodos en que la misma
se cause y no se trasladará dicha responsabilidad al -FOMAG-, ii) como consecuencia de lo anterior,
afirmó que entre el Fondo -FOMAG-, la Fiduciaria y el ente territorial -para los eventos en los que
se reclame la sanción moratoria- existe una obligación divisible y por ende un litisconsorcio
voluntario, lo cual implica que si la demanda se formula sin la vinculación de la entidad a cargo de
quien se determina la responsabilidad pecuniaria, esto acarrearía la negativa de las pretensiones, iii)
Con base en la misma norma, determinó que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no puede
decretarse el pago de indemnizaciones económicas en vía judicial o administrativa con cargo el
FOMAG, sino que esta será imputable a la sociedad fiduciaria con su patrimonio (si no es atribuible
al ente territorial), porque es la administradora de los recursos».
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36. De lo expuesto hasta aquí se tiene que: (i) el juzgado tenía conocimiento de la
tesis jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Quindío respecto de la
divisibilidad de la responsabilidad por la sanción moratoria entre las autoridades
encargadas del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías docentes.
También sabía que el criterio del tribunal en ese tipo de asuntos es que entre el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, las entidades territoriales
y Fiduprevisora S.A. existía un litisconsorcio voluntario y no necesario; (ii) ninguna
de las partes controvirtió la orden del a quo que, de manera oficiosa, integró al litigio
a Fiduprevisora S.A.; (iii) Fiduprevisora S.A. no se opuso a su vinculación al
proceso; y (iv) contra el fallo de primera instancia sólo la parte accionante interpuso
recurso de apelación.
37. El Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia de segunda instancia
del 3 de abril de 2025, en primer lugar, advirtió que como la solicitud de
reconocimiento de cesantías fue radicada el 16 de octubre de 2019 y por medio de
la Resolución 2123 de 2019 se las reconocieron. El anterior acto administrativo fue
notificado el 24 de octubre del mismo año y la actora renunció a los términos de
ejecutoria. El pago se efectuó el 27 de enero de 2020 «pese a que la certificación
expedida registra el pago 2 días siguientes, esto es, el 29 de enero de 2020».
38. Con fundamento en lo anterior, el tribunal consideró que la Secretaría de
Educación del Departamento del Quindío expidió el acto administrativo dentro del
plazo legal establecido, pues el plazo fenecía el 7 de noviembre de 2019, y la
Resolución 2123 se profirió antes de esa fecha.
39. Sostuvo que los 45 días siguientes a la renuncia a los términos, se cumplieron
el 31 de diciembre de 2019 y no el 29 de enero de 2020, como lo señaló el juzgado
de primera instancia. De manera que, en principio, tendrían prosperidad los
argumentos del recurso, orientados a reconocer la existencia de una sanción
moratoria hasta el 26 de enero de 2020.
40. No obstante, expuso que la mora en el pago de las cesantías no es atribuible
a la entidad territorial, sino a la Fiduprevisora S.A. quien pagó por fuera del plazo
establecido para ello.
41. Sostuvo también que esa entidad compareció al proceso en virtud de la
vinculación que realizó de oficio la juez de instancia, pero no se tuvo en cuenta que
a partir de la expedición de la Ley 1955 de 2019 las responsabilidades son
individuales, por lo que le correspondía a la parte actora traer al proceso a la
Fiduprevisora S.A. en calidad de demandada, pero «vista su condición de litis
consorte facultativo, no puede adentrarse esta Corporación a evaluar su conducta
cuando desde el mismo escrito de demanda no se le endilgó responsabilidad
alguna».
42. Por tal razón, como la parte demandante no acudió a la administración de
justicia a reclamar a quien realmente causó la mora, consideró que debía
confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
43. Finalmente, precisó que, si bien la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante fallo de tutela del 21 de marzo de 2025, ordenó a esa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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autoridad judicial que expidiera sentencia de reemplazo en un caso similar, lo cierto
es que, «a juicio de esta Sala de Decisión, esa protección constitucional no solo
tiene efectos interpartes, sino que, se diferencia el presente caso, en que el análisis
se orientó a que con la puesta en vigencia de la Ley 1955 artículo 57 parágrafo,
como la responsabilidad de las entidades que participan en el reconocimiento y
pago de las cesantías se volvió individual y divisible, se llegó a la conclusión que la
Fiduprevisora S.A., como responsable del pago de la indemnización por la
causación de la mora ha debido ser vinculada al proceso por el demandante al
configurarse un litisconsorcio facultativo y no necesario; además, en el citado fallo
de tutela, no se abordó de fondo la figura del litis consorcio necesario o facultativo
orientado a la función cumplida por esa Aseguradora como administradora de los
recursos del FOMAG».
44. La Sala estima que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, porque optó por negar las pretensiones
de la demanda exclusivamente porque Fiduprevisora S.A. no fue demandada desde
su presentación inicial. Esta decisión desconoce que dicha entidad fue vinculada de
oficio por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, se le corrió traslado de la
demanda y, en ejercicio de su derecho de defensa, optó por guardar silencio. Así
las cosas, el apego desproporcionado a la ritualidad procesal condujo una
denegación de justicia para la señora Constanza Lara Roa, pues, pese a que se
constató la mora en el pago de sus cesantías, el Tribunal prefirió confirmar la
sentencia de primera instancia que había negado sus pretensiones.
45. No resultaba admisible que en el fallo de cierre del proceso ordinario se hubiera
determinado que el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia no debió vincular
de oficio a Fiduprevisora S.A. porque, en virtud de lo establecido en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria es
individual, lo que denota la condición de litisconsorte facultativo, por lo que no puede
«adentrarse esta Corporación a evaluar su conducta cuando desde el mismo escrito
de demanda no se le endilgó responsabilidad alguna».
46. El análisis efectuado por el tribunal sobre la naturaleza del litisconsorcio
—facultativo o necesario—, no solo sorprendió a los sujetos implicados, sino que,
al estar contenido en la sentencia de segunda instancia, impide que sea
controvertido, a pesar del gran impacto que supone una decisión de ese calado para
la garantía de justicia material.
47. En el curso del proceso ordinario, la providencia que ordenó vincular de oficio a
Fiduprevisora S.A. para que integrara el extremo pasivo era susceptible del recurso
de reposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 242 y 243A del CPACA. Pese
a ello, las partes optaron por guardar silencio y acatar la decisión del a quo, lo que,
con mayor razón, obligaba al ad quem a adoptar una decisión de fondo de cara a
las pretensiones de la demanda, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 207 del CPACA, los posibles vicios o irregularidades en el proceso se
entendían convalidados. Sobre el particular, esta Subsección señaló que:
54. No debe olvidarse que el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, establece el
principio de convalidación de acuerdo con el cual, las autoridades judiciales
deben realizar el control de legalidad en cada etapa del proceso para sanear
los vicios que acarreen nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. De tal suerte que la
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06212-00
Demandante: Constanza Lara Roa
ausencia de debate de los sujetos procesales respecto a la vinculación de la
entidad litisconsorte efectuada por el juzgado y que la vinculada actuara en el
proceso sin manifestar inconformidad alguna frente dicho proceder, conminaba
a la autoridad judicial accionada adoptar una decisión de fondo de cara a las
pretensiones de la demanda7.
48. Esa postura fue reiterada en un pronunciamiento reciente de la Subsección8, en
el que se precisó que la vinculación de Fiduprevisora S.A. obedeció al ejercicio
legítimo de las facultades de dirección y saneamiento del proceso conferidas a los
jueces, conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 42 del Código General
del Proceso. En esa misma providencia, se concluyó lo siguiente:
Dicha actuación no fue controvertida por las partes, y permitió que la
Fiduprevisora ejerciera plenamente su derecho de defensa, incluso mediante
la interposición del recurso de apelación. Bajo tales condiciones, no resultaba
jurídicamente admisible que el Tribunal retrotrajera el proceso a una etapa ya
concluida, junto con el desconocimiento del contradictorio válidamente surtido.
La segunda instancia estaba obligada, en consecuencia, a resolver de mérito
la controversia relativa a la mora en el pago de las cesantías y su imputación a
las entidades vinculadas.
49. Tal como ocurrió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 2022-00659-01, la vinculación de Fiduprevisora S.A. se realizó de oficio en
atención a las referidas facultades de saneamiento que ostentaba el Juzgado
Séptimo Administrativo de Armenia. Esta decisión también obedeció al
conocimiento que tenía la funcionaria judicial sobre la postura sostenida por el
Tribunal Administrativo del Quindío en asuntos de similar naturaleza. No obstante,
como se expuso con anterioridad, los sujetos intervinientes optaron por guardar
silencio y no interpusieron recursos contra lo decidido.
50. Y es que por la trascendencia que representaba para el asunto la definición
sobre la existencia o no del citado litisconsorcio necesario, resultaba indispensable
garantizar la defensa y contradicción de las partes, quienes incluso podían acudir a
la acción de tutela, para asegurar la debida integración del contradictorio y el
correcto desarrollo del proceso. Cabe mencionar, en este punto, que la
interpretación del Tribunal Administrativo del Quindío acerca de la responsabilidad
separada de las entidades públicas que están a cargo del reconocimiento y pago de
la sanción moratoria no es pacífica; de hecho, al interior de esta Corporación9 se
llegó a otra conclusión cuando se analizó un caso de contornos similares, en el que
se afirmó que el ente territorial y la Fiduprevisora S.A. sí tenían la condición de
litisconsortes necesarios, de ahí la facultad del juez para integrar al proceso, de
oficio, a una de esas entidades.
51. Finalmente, la Sala no comparte la tesis según la cual el fallo de tutela del 21 de
marzo de 2025 carece de relevancia para el presente asunto. Si bien es cierto que
sus efectos son inter partes, el razonamiento constitucional allí expuesto resulta
plenamente aplicable, toda vez que reafirma que la vinculación oficiosa de las
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, rad.
11001-03-15-000-2024-05486-01, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2025, rad.
11001-03-15-000-2025-05133-00. M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de noviembre de 2024, rad.
11001-03-15-000-2024-05486-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
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Demandante: Constanza Lara Roa
entidades responsables del pago de las cesantías —como el Departamento del
Quindío en ese caso, o Fiduprevisora S.A. en el presente— constituye una
actuación válida dentro del marco de las facultades de dirección y saneamiento del
proceso previstas en los artículos 207 del CPACA y 42 del CGP.
52. A partir de lo expuesto, la Sala constata que la providencia demandada vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la señora Constanza Lara Roa, toda vez que se encuentra incursa en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto10, en tanto dejó de resolver la
contienda frente a Fiduprevisora S.A., so pretexto de estar en presencia de un
litisconsorcio facultativo y no necesario, con lo cual, en últimas, sacrificó el derecho
de la accionante a obtener una resolución integral del fondo del litigio.
53. Por consiguiente, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados por
la parte actora. Como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 3 de abril
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-002-2022-00659-
01, para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación
de esta sentencia, profiera una nueva providencia, en la que tenga en cuenta todos
los aspectos señalados en esta decisión, con el fin de asegurar la efectividad de los
derechos de la accionante.
54. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia invocados por la señora Constanza Lara Roa. Como
consecuencia, (i) se deja sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-002-2022-00659-01, y (ii)
se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contado
a partir de la notificación de la presente providencia, profiera la correspondiente
decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
10
La Corte Constitucional ha entendido que se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial
como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales», en un claro
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que prevén la
garantía del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y el principio de
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Al respecto, se pueden consultar
las sentencias SU-041 de 2022, SU-143 de 2020, T-249 de 2018, SU-355 de 2017 y T-234 de 2017,
entre muchas otras.
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Demandante: Constanza Lara Roa
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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