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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06226-00

Fecha
3 de diciembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06226-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia del señor Édgar Alvarado Martínez, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la providencia del 30 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 08-001-33- 33-006 2017-00213-02, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera la correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06226-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

3 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06226-00
Demandante: Édgar Alvarado Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06226-00
Demandante: ÉDGAR ALVARADO MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede porque
satisface los requisitos generales / AMPARA - DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE – La providencia censurada desatendió la línea jurisprudencial fijada por la
Corte Constitucional en la materia, que permite el reconocimiento de la pensión de invalidez
a favor del personal de las fuerzas militares que acrediten un porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral superior al 50 %, con fundamento en la aplicación de la Ley 923 de 2004,
independientemente de que los hechos hayan ocurrido antes de su entrada en vigor.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Édgar Alvarado Martínez
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 3 de octubre de 2025 2 , el señor Édgar Alvarado Martínez, mediante
apoderado, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad
humana, a la seguridad social, al mínimo vital, de acceso a la administración de
justicia y «protección reforzada de las personas en condición de discapacidad», con
motivo de la sentencia del 30 de mayo de 2025, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08-001-33-33-006-2017-00213-02.
Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.- Amparar los derechos fundamentales de mi representado, EDGAR
ALVARADO MARTÍNEZ, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a
la dignidad humana y a la tutela judicial efectiva, que han sido vulnerados con
ocasión de las decisiones judiciales aquí cuestionadas.

2.- Dejar sin efectos la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de fecha 30 de mayo de 2025, con ponencia del
Magistrado ÓSCAR WILCHES DONADO, dentro del proceso radicado No. 08-

1
Conviene advertir que la ponencia inicialmente presentada por el magistrado José Roberto Sáchica
Méndez fue derrotada en sesión del pasado 25 de noviembre.
2
Se advierte que el 1º de diciembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Édgar Alvarado Martínez

001-33-33-006-2017-00213-02-W, que confirmó la decisión del Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Barranquilla del 31 de enero de 2025, mediante las
cuales se negó el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del
accionante.

3.- Ordenar a la autoridad judicial accionada emitir una nueva providencia
ajustada a los estándares constitucionales y legales de justicia material,
favorabilidad, proporcionalidad y protección especial reforzada, en la que se
valore integralmente la situación de invalidez del señor Edgar Alvarado
Martínez, conforme al umbral del 50% de pérdida de capacidad laboral, al
carácter progresivo y degenerativo de sus secuelas, y a su condición de
soldado herido en combate.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Édgar Alvarado Martínez tiene 63 años. El 1º de febrero de 1989,
cuando se encontraba vinculado al Ejército Nacional, resultó gravemente herido en
un combate con las FARC, dado que recibió dos impactos de fusil en las piernas.

4. El 23 de mayo de 1990 fue calificado por la Junta Médica Laboral 3, que le
asignó el 58,37 % de pérdida de la capacidad laboral. En el mismo dictamen fue
declarado «no apto» para la actividad militar, dadas sus lesiones de carácter
permanente, razón por la cual fue retirado del servicio, previo pago de la respectiva
indemnización.

5. Posteriormente, el 10 de octubre de 2014, el actor fue calificado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, que incrementó el índice de pérdida
de la capacidad laboral al 58,38 %.

6. Con fundamento en lo anterior, el señor Alvarado Martínez solicitó ante la
entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez, que le fue negada, habida
consideración de que la incapacidad dictaminada no superaba el 75 %, índice
requerido según la norma vigente (D.094 de 1989).

7. En virtud de lo anterior, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a fin de obtener la nulidad del acto que negó la pensión
de invalidez y como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho,
conseguir el reconocimiento de la pensión de invalidez.

8. Al proceso se le asignó el radicado 08-001-33-33-006 2017-00213-00, y por
reparto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, que con
sentencia del 31 de enero de 2025 negó las pretensiones.

9. Inconforme con la decisión, el señor Édgar Alvarado Martínez la apeló, y
mediante sentencia del 30 de mayo de 2025 (censurada), el Tribunal Administrativo
del Atlántico la confirmó, tras considerar que, para la fecha de estructuración de
invalidez, el régimen legal aplicable al personal del Ejército Nacional exigía una
pérdida de capacidad laboral superior al 75 % para efectos de acceder a la prestación
reclamada.

3
Acta 579 de 23 de mayo de 1990, Sanidad Militar del Ejército Nacional.

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10. Luego de 36 años del incidente que le provocó la incapacidad, el accionante
presenta múltiples secuelas y, por ende, resulta imperativo que se acceda al
reconocimiento de la pensión de invalidez reclamada.

11. Tras señalar que la tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia, la parte actora adujo que la providencia censurada incurre en los
siguientes defectos:

12. Fáctico. La autoridad judicial accionada omitió analizar el acervo probatorio,
que, a su juicio, acredita la condición de herido en combate, la progresividad y
degeneración de las secuelas médicas que le produjo el incidente bélico en el año
1989.

13. A pesar de la existencia de la historia clínica, los dictámenes de las juntas
médicas (1990 y 2014), las pruebas de incapacidad permanente y recomendaciones
de los médicos tratantes, el Tribunal demandado redujo el análisis al porcentaje
estático de invalidez dictaminado por las autoridades competentes (58 %), y
desconoció la jurisprudencia constitucional aplicable en la materia (sentencias T-095
de 2022, T-263 de 2024 y T-003 de 2025), según la cual, las enfermedades crónicas
y degenerativas no pueden analizarse con un criterio rígido y atemporal.

14. Material o sustantivo. El Tribunal accionado fundamentó su decisión en una
norma inexistente y derogada, dado que exigió un índice de pérdida de la capacidad
laboral superior al 75 % para efectos de acceder a la pensión de invalidez reclamada,
cuando lo cierto es que, mediante la Ley 923 de 2004, el porcentaje de discapacidad
requerido se redujo a 50 %.

15. Decisión sin motivación. En su concepto, la decisión censurada se limitó a
indicar la imposibilidad de aplicar retroactivamente la Ley 923 de 2004, pero no
realizó un examen de la controversia planteada a la luz de la proporcionalidad, la
igualdad material y la protección reforzada, que justificara por qué se niega la
pensión de invalidez a un soldado herido en combate, cuando la misma prestación
es reconocida a favor de un civil en idéntica situación fáctica.

16. Desconocimiento del precedente. En reiterada jurisprudencia (Sentencias
SU-588 de 2016, T-027 de 2019 y T-411 de 2020) la Corte Constitucional ha
señalado abiertamente que, la exigencia de la pérdida de la capacidad laboral igual
o superior al 50 % para efectos de acceder a la pensión de invalidez, es aplicable
también para los regímenes que amparan al personal de las fuerzas militares.

17. Violación directa de la Constitución. La autoridad judicial accionada
desconoció los artículos 1º, 11, 13, 47 y 48 de la Carta Superior, porque negó la
igualdad de trato y la protección reforzada a un soldado herido en combate, e impuso
requisitos más gravosos a su situación, con lo cual, incurrió en un trato
discriminatorio y contrario al principio de dignidad humana.

B. Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto de 7 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión al Tribunal Administrativo del Atlántico, como

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demandado, y se vinculó como tercero con interés, al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

19. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la magistrada ponente
de la decisión censurada, manifestó que la Corporación no incurrió en violación
alguna de los derechos fundamentales invocados, motivo por el cual, solicitó que la
tutela se declare improcedente, o en su defecto, que se niegue el amparo.

20. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional señaló que no se avizora la
vulneración invocada, por el contrario, se evidencia que la providencia censurada fue
dictada en derecho. En ese orden, pidió que se declare la improcedencia de la acción
o que se nieguen las pretensiones de amparo.

21. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

C. Remisión del asunto

22. En proveído de 25 de noviembre de 2025, el consejero de Estado al que le
correspondió el conocimiento del asunto, ordenó remitir el expediente al despacho
de la magistrada que sigue en turno, por cuanto el proyecto de sentencia que
presentó ante la Sala fue derrotado en sesión de la misma fecha.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

E. Problema Jurídico

24. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza del señor
Édgar Alvarado Martínez.

F. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

25. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 30 de mayo de 2025 y notificada el 21 de julio

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siguiente, mientras que la tutela se instauró el 3 de octubre de los corrientes, es
decir, dentro de un término razonable.

26. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo
de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra
acción de la misma naturaleza4. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad5, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto»6.

27. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron
todos los recursos procedentes en el proceso ordinario; y además, las razones que
sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para
la procedencia de los recursos extraordinarios.

28. Relevancia constitucional. La Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados y el accionante
explicó, con total claridad, las razones por las cuales considera que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales son
tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela, sin que se
advierta la finalidad de convertir este juicio de amparo constitucional en una
instancia adicional del proceso ordinario.

29. Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga
argumentativa mínima en relación con los defectos alegados, como quiera que
alega que la providencia censurada incurre en los vicios sustantivo, fáctico, decisión
sin motivación, violación de la Constitución y desconocimiento del precedente, bajo
un argumento transversal, que se resume en reprochar a la autoridad judicial
accionada que negó la pensión de invalidez con fundamento en una norma
inexistente (Decreto 094 de 1989), y dejó de aplicar la Ley 923 de 2004, que permite
a los miembros de las Fuerzas Militares, acceder a la prestación reclamada con el

4
En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción
de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia
de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la
sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…).
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
5
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
6
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.

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50 % de la pérdida de la capacidad laboral dictaminada por el organismo
competente.

30. De igual modo, la Sala verifica que el asunto planteado no es de mera
legalidad o de discrepancia interpretativa, sino que se trata de una situación
excepcional que habilita la intervención del juez constitucional porque, como ha
resuelto en casos similares esta Subsección7, se está frente a una duda sobre la
potencial afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los
jueces naturales, al tratarse de una controversia relacionada con el reconocimiento
de una pensión de invalidez, aspecto que guarda relación con el derecho
fundamental a la seguridad social.

31. Por lo anotado, no se advierte que la parte actora pretenda convertir la tutela
en una tercera instancia del proceso de origen, sino que, al tenor de lo señalado
reiteradamente por la Corte Constitucional, se trata de un asunto que tiene «la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»8 y se justifica en la medida de una posible
«afectación desproporcionada a derechos fundamentales»9.

Caso concreto y solución del problema jurídico

32. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial censurada, pasa la Sala a
pronunciarse sobre los defectos invocados, en aras de establecer si el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en ellos.

33. Recuérdese que la parte actora reprocha la sentencia cuestionada porque
considera que incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, decisión sin motivación,
violación de la Constitución y desconocimiento del precedente, básicamente porque
a su juicio, aplicó erróneamente el Decreto 094 de 1989, que lo condujo a negar la
pensión de invalidez reclamada, en lugar de reconocer el derecho bajo el amparo
de la Ley 923 de 2004, que resulta aplicable conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para efectos de reconocer la pensión de invalidez de los miembros
de la fuerza pública siempre que la pérdida de capacidad laboral dictaminada,
supere el 50 %.

34. Recuérdese que según la sentencia de unificación 068 de 2018, el
precedente constitucional es estrictamente vinculante para todas las autoridades
judiciales, y aquellas solo pueden apartarse válidamente del mismo, si cumplen las
exigencias de transparencia, suficiencia e idoneidad, que exigen reconocerlo,
justificar razonadamente el cambio, y demostrar que las nuevas razones son más
poderosas que la obligación de preservar la uniformidad.

7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de marzo de 2024. rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00, M.P. María Adriana Marín.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
9
Ibid.

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35. Ahora bien, para determinar si una providencia judicial desconoció el
precedente, ya sea horizontal o vertical, es necesario: i) determinar la existencia de
un precedente o grupo de precedentes aplicable y distinguir las reglas de decisión
contenidas en ellos; ii) constatar que la providencia judicial cuestionada debió tener
en cuenta ese precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un
desconocimiento del principio de igualdad; y iii) verificar si existieron razones
fundadas para apartarse del precedente.

36. En orden a establecer si la sentencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente, es pertinente traer a colación el análisis realizado
por la autoridad judicial accionada, de cara al derecho reclamado por el señor Édgar
Alvarado Martínez y la aplicación de las disposiciones normativas y jurisprudencia
vigentes en la materia. Así discurrió el Tribunal en la sentencia del 30 de mayo de
2025:

Definido lo anterior, corresponde a la Sala precisar que el señor Edgar Alvarado
Martínez en su condición de soldado regular se le configuró una disminución de la
capacidad laboral a partir del 1 de febrero de 1989, en actos del servicio, por lo cual
era beneficiario del régimen especial que cobija a los miembros de dicha Institución,
en este caso se rige por normas especiales contenidas en los estatutos de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fijadas en el Decreto No. 0094 de 1989,
“por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades,
invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos
de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional.”

Dicho decreto, en su artículo 14 establece que: “Se entiende por incapacidades la
disminución o pérdida de capacidad sicofísica y de trabajo, causada por lesiones o
enfermedades adquiridas durante el servicio del personal de que trata el presente
Decreto”. El artículo 90 ibidem señala que cuando se adquiera una incapacidad en
actos del servicio y por causa y en razón del mismo, que implique una pérdida igual
o superior al 75 por ciento de su capacidad sicofísica, la persona tendrá derecho a
que mientras subsista la incapacidad, le sea reconocida una pensión mensual
pagadera por el Tesoro Público.

Esta normatividad, aplicable al personal del Ejercito Nacional, estableció en sus
artículos 15 y 87 la clasificación de incapacidades e invalideces, y las tablas para la
calificación de estas últimas, teniendo en cuenta los distintos índices de lesión y la
edad de la persona, para así establecer la indemnización en meses de sueldo, según
el momento en el que ocurrieron los hechos, y las circunstancias de los mismos, así
como la época en que fue calificada la lesión, de conformidad con los haberes
devengados por el afectado con la lesión y la incapacidad misma, según el concepto
que para tal efecto fije la Sanidad Militar o de Policía.
Posteriormente la Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las normas,
objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 19, literal e) de la
Constitución Política”.
(…)
Visto el recuento que precede, la Sala debe precisar que para efectos de verificar la
aplicación de un determinado régimen prestacional al actor debe considerarse:

• Que al momento de la estructuración de la perdida de la capacidad laboral
el 01 de febrero de 1989, se encontraban vigente las disposiciones del
Decreto 094 de 1989.

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• La Ley marco 923 de 30 de diciembre de 2004 en la cual en su artículo 6
consagró de forma expresa su retroactividad para ser aplicada al
reconocimiento pensional de sobrevivientes y de invalidez a partir de los
hechos ocurridos el 7 de agosto de 2002.
• El régimen especial aplicable al sub judice es en principio el establecido en
Decreto 094 de 1989.

Así las cosas, para la Sala resulta evidente, teniendo en cuenta la fecha en
que se configuró la invalidez del actor, el 01 de febrero de 1989, la
normatividad especial aplicable a su caso era la citada en el acto demandado,
tal como lo sostiene el juez de instancia, considerando que de acuerdo a lo
señalado por el artículo 6 de la Ley marco 923 de 2004 y el Decreto 4433 de
2004, la expresa retroactividad consagrada en la norma surge a partir de 7 de
agosto de 2002.

37. De conformidad con lo anterior, se destaca que la autoridad judicial
accionada, partiendo del material probatorio obrante en el expediente, determinó la
situación fáctica planteada en el proceso de origen, que no es otra que, la pérdida
de la capacidad laboral del señor exsoldado Alvarado Martínez en un 58,37 %,
dictaminado por la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares, a raíz de un
incidente ocurrido en combate el 1º de febrero de 1989.

38. Asimismo, se desentraña de lo anterior, que partiendo de la fecha en que se
estructuró la invalidez, el Tribunal demandado señaló que la norma aplicable para
desatar la controversia era el Decreto 094 de 1989, según el cual, para acceder a
la pensión de invalidez es necesario que el militar acredite la pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al 75 %.

39. De igual modo, el operador judicial de segunda instancia analizó la existencia
de una norma posterior (Ley 923 de 2004) y su vigencia, para concluir que dicho
precepto, según el cual, el personal de las Fuerzas Militares accede a la pensión de
invalidez acreditando el 50 % o más de pérdida de capacidad laboral, solo cobija los
hechos ocurridos en servicio o en simple actividad después del 7 de agosto de 2002,
motivo por el cual, no aplicó la disposición al caso del actor, únicamente partiendo
de la irretroactividad de la ley.

40. En un caso de contornos similares al analizado en esta oportunidad, esta
Subsección, con ponencia del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, determinó
que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto de desconocimiento del
precedente constitucional y accedió a la petición de amparo10, bajo las siguientes
consideraciones:

51.- En contexto, la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente constitucional en materia de tutela se presenta bajo las siguientes
condiciones11: (i) la autoridad judicial desatiende la ratio decidendi de una
sentencia que cumple los criterios para ser considerada precedente y que
resulta obligatoria para la resolución del caso; (ii) la decisión impugnada no
contiene una justificación suficiente, transparente e idónea que explique la
separación frente a esa regla previa. Esto requiere que el juez individual o

10
Sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-06488-00, demandante:
Miller Alape Poloche.
11
Corte Constitucional, sentencia de unificación 304 de 2024.

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colegiado identifique y exteriorice el precedente aplicable, exponga las
razones que justifican el apartamiento de la decisión, así como formule una
especial fundamentación en la que “se exige revelar los motivos por los
cuales, incluso desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la buena fe, los
argumentos que se exponen para no seguir un precedente son más
poderosos frente a la obligación primigenia de preservar una misma lectura”12;
y (iv) ese desconocimiento afecta directamente un derecho fundamental,
usualmente vinculado al debido proceso y la igualdad.

52. Frente a ello, en lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial en
materia de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez para miembros
de la Fuerza Pública, la Corte Constitucional se ha pronunciado extensamente
sobre los criterios para acceder a dicha prerrogativa, sobre todo, de forma
posterior a la expedición de la Ley 923 de 2004, norma que estableció que el
porcentaje mínimo para el reconocimiento prestacional es del 50%.

53. Al respecto, se sintetiza el precedente mencionado: (i) en Sentencia
T-829 de 2005, la Corte sostuvo que, frente al caso de un integrante del
ESMAD con una pérdida de capacidad laboral del 62.44%, la Ley 923 de 2004
había derogado los regímenes que exigían porcentajes superiores –como el
Decreto 1796 de 2000–, de modo que debía aplicarse la norma más favorable
que fijaba el umbral en el 50%. Posteriormente, en la (ii) Sentencia T-681 de
2011, al revisar el caso de un soldado cuya capacidad laboral pasó del 50.5%
en 1997 al 71.89% en 2006, la Corte consideró que la nueva calificación
constituía un hecho nuevo que permitía aplicar el Decreto 4433 de 2004, más
favorable que el Decreto 094 de 1989. Más adelante, (iii) en la Sentencia T-
696 de 2011, la Corte reafirmó esta línea jurisprudencial al señalar que la Ley
923 de 2004 fijó un parámetro mínimo de protección que habilita el
reconocimiento de la pensión de invalidez a los miembros de la Fuerza
Pública cuya pérdida de capacidad laboral supere el 50%, criterio que se ha
aplicado de manera uniforme incluso cuando la normativa previa exigía
porcentajes superiores, como lo establecía el decreto 094 de 1989. A su vez,
en la (iv) Sentencia T-599 de 2012, el Tribunal Constitucional reiteró que para
un soldado retirado con una pérdida del 62.65%, la norma aplicable debía ser
la Ley 923 de 2004 y su decreto reglamentario, por ser más favorable que el
Decreto 094 de 1989 que exigía el 75%.

54. Más adelante, en la (v) Sentencia T-516 de 2013, respecto de un
soldado con una pérdida del 65.04%, la Corte indicó que, dada su condición
de sujeto de especial protección y la disminución superior al 50%, negarle la
pensión con base en la distinción entre origen profesional y común violaba el
derecho a la igualdad. Luego, en la (vi) Sentencia T-189 de 2014, se reiteró
que la Ley 923 de 2004 estableció como requisito un porcentaje igual o
superior al 50% y que esta disposición había derogado las normas que fijaban
el 75%. Así, finalmente, en la (vii) Sentencia T-039 de 2015, la Corte aclaró
que dicha ley no distingue el origen de la pérdida de capacidad laboral (común
o profesional), y que mientras el porcentaje sea del 50% o más, procede el
reconocimiento de la pensión.

55. De esta manera, con base en los fundamentos jurisprudenciales
precitados, la Corte Constitucional ha aceptado:

̶ La aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004 a situaciones que hubiesen
ocurrido con anterioridad al 7 de agosto de 2002, en aplicación del principio
de favorabilidad.

12
Corte Constitucional, sentencias T-643 de 2017, T-661 de 2017 y SU-081 de 2020.

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̶ Que el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral requerido para
que un miembro de la Fuerza Pública se haga acreedor de la pensión de
invalidez es del 50%.
̶ Que no es relevante si se trata o no de lesiones relacionadas estrictamente
con el servicio.

56. Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

“67. En conclusión, esta Corte se ha pronunciado en diferentes ocasiones
acerca del porcentaje mínimo de disminución de capacidad laboral
requerido por los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para
solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; del recuento
jurisprudencial realizado se puede establecer que la Corte ha aceptado (i)
la aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004 a situaciones que han
ocurrido con anterioridad al 7 de agosto de 2002 con fundamento en
el principio de favorabilidad; (ii) que el porcentaje mínimo de pérdida
de capacidad laboral requerido para que un miembro de la Fuerza
Pública se haga acreedor de la pensión de invalidez es del 50%, en la
medida que, la Ley 923 de 2004 derogó todas las disposiciones que le
fueran contrarias y, por último, (iii) que la Ley 923 de 2004 no realizó
distinción alguna en la imputación de las lesiones que produjeron la
disminución de capacidad laboral, es decir que, no es relevante si se trata
o no de lesiones relacionadas estrictamente con el servicio o no”13.
(Subrayado y negrillas fuera del texto)

57. Ahora bien, en el asunto bajo estudio, el Tribunal Administrativo del
Tolima consideró que no era de recibo la tesis consistente en aplicar en forma
retroactiva la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2002 con fundamento en
el principio de favorabilidad. Esto, por cuanto dicho principio opera cuando
coexisten normas vigentes al tiempo de causación del derecho, existe duda
razonable sobre cuál aplicar y exige además la aplicación íntegra del régimen
escogido; supuesto que no se configura en el caso del señor Miller Alape
Poloche, en razón a que “las lesiones y la calificación médico-laboral se
produjeron bajo la vigencia del Decreto 94 de 1989, con antelación a la
expedición de la Ley 923 y su reglamentación. Tampoco hay tránsito
normativo que habilite la condición más beneficiosa respecto de situaciones
ya consolidadas”.

58. Concretamente, en la decisión del 25 de septiembre de 2025, el
Tribunal accionado indicó:

“[…] Aquí no se configura tal escenario: las lesiones y la calificación
médico-laboral se produjeron bajo la vigencia, primero, del Decreto 1836
de 1979 y, luego, del Decreto 94 de 1989, ambos con el mismo umbral del
75 % de pérdida de la capacidad psicofísica para causar pensión de
invalidez; todo ello ocurrió con anterioridad a la expedición de la Ley 923
de 2004 y su reglamentación. Tampoco existe tránsito normativo que
habilite la condición más beneficiosa respecto de situaciones ya
consolidadas. En consecuencia, no procede desplazar el régimen especial
aplicable por uno posterior, aunque resulte más favorable”14.

59. No obstante, como se explicó en párrafos anteriores, pese a que existe
un debate acerca de la aplicación de la norma, en la medida en que, la
calificación de invalidez del actor se realizó cuando se encontraba vigente el
Decreto 94 de 1989, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar
que, en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar de forma

13
Folio 22. Ibid.
14
Ibid.

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retroactiva la Ley 923 de 2004, que establece el 50% de pérdida de capacidad
laboral como porcentaje para otorgar el reconocimiento pensional.

60. En este contexto, la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto de desconocimiento del precedente, al configurarse los requisitos de
estos, como se muestra a continuación.

61. En cuanto al primer requisito, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Tolima desconoció la ratio decidendi de la línea
jurisprudencial consolidada por la Corte Constitucional sobre el
reconocimiento de la pensión de invalidez a miembros de la Fuerza Pública
con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %. En efecto, pese
a que el señor Miller Alape Poloche presenta una disminución de la capacidad
laboral del 50,04 % y las decisiones constitucionales han admitido la
aplicación de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 de 2004, incluso respecto
de contingencias consolidadas con anterioridad, el Tribunal optó por sujetarse
de forma exclusiva al Decreto 94 de 1989 y al umbral del 75 %, sin armonizar
su decisión con el precedente que resultaba obligatorio para resolver el caso.

62. Frente al segundo requisito, la Corporación constata que la decisión
cuestionada no contiene una justificación suficiente, transparente e idónea
que explique el apartamiento del precedente constitucional aplicable. El
Tribunal no reconoció expresamente las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en materia de favorabilidad y pensión de invalidez de la Fuerza
Pública, ni exteriorizó un examen detallado de su pertinencia para el caso del
señor Miller Alape Poloche. Por el contrario, se limitó a descartar la aplicación
de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 de 2004 con el argumento genérico
de la inexistencia de tránsito normativo y de la improcedencia de la
retroactividad, sin desarrollar una fundamentación reforzada que mostrara por
qué, incluso desde la seguridad jurídica y la buena fe, los argumentos para no
seguir el precedente serían más fuertes que el deber de preservar una lectura
uniforme de la Constitución.

63. De esta manera, no advierte esta Subsección que la autoridad judicial
accionada haya justificado las razones por las cuales se apartó del precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional para resolver las solicitudes
de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez para miembros de las
fuerzas militares, cuya calificación sea previa a la entrada en vigencia de la
Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, por lo que se considera
configurada la causal específica de procedibilidad.

64. En relación con el tercer requisito, la Sala concluye que el
desconocimiento del precedente constitucional incidió de manera directa en
los derechos fundamentales del accionante. La negativa a aplicar el estándar
del 50 % fijado por la Corte impidió anular los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la pensión de invalidez al señor Miller Alape
Poloche, a pesar de que su pérdida de capacidad laboral supera ese umbral,
lo que afectó su derecho al debido proceso, al proyectar una decisión contraria
a las reglas judiciales vigentes, y vulneró además sus derechos a la igualdad,
a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, a la confianza legítima y
al acceso a la administración de justicia, pues lo ubicó en una situación de
desprotección injustificada frente a otros miembros de la Fuerza Pública en
casos sustancialmente análogos.

65. Adicionalmente, esta Corporación observa que el defecto también se
configura porque el Tribunal Administrativo del Tolima no identificó ni aplicó el
precedente constitucional vigente, a pesar de su clara pertinencia para
resolver el caso. Aunque el Tribunal citó jurisprudencia del Consejo de Estado,
omitió contrastarla con la línea fijada por la Corte Constitucional sobre el
estándar del 50 % y sobre la aplicación favorable de la Ley 923 de 2004 y el

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Decreto 4433 de 2004. Esa falencia impidió cualquier ejercicio de
armonización entre la jurisprudencia contenciosa y la constitucional, y
desconoció la carga de idoneidad que pesa sobre el juez cuando decide
apartarse de un precedente constitucional en virtud del precedente
especializado. En efecto, el Tribunal no reveló las razones por las cuales -
incluso desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la buena fe- los
argumentos que presentó para no seguir el precedente constitucional serían
más poderosos que la obligación primigenia de preservar una interpretación
uniforme de los derechos fundamentales. Al no cumplir con este deber
reforzado de motivación, la providencia impugnada incurrió en el defecto
específico de desconocimiento del precedente.

66. Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital,
a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia del señor
Miller Alape Poloche y se dejará sin efectos la sentencia del 25 de septiembre
de 2025, ordenándose al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una
decisión de reemplazo en la cual realice el estudio del caso teniendo en
cuenta el precedente jurisprudencial vigente establecido por la Corte
Constitucional.

41. En esta ocasión, la Sala reitera y acoge en su totalidad los argumentos que se
vienen de exponer, dado que fueron ampliamente discutidos en su oportunidad y, con
fundamento en los mismos, accederá al amparo solicitado por el señor Édgar Alvarado
Martínez.

42. Esto, teniendo en cuenta que, como se indicó en precedencia, en la sentencia
censurada, al Tribunal accionado le bastó con señalar que no era procedente la
aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004 y, negó las pretensiones con
fundamento en el Decreto 094 de 1989, sin realizar algún otro razonamiento sobre
el particular, y sin detenerse a examinar la situación a la luz de la jurisprudencia
constitucional.

43. En ese orden, se configura el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, porque se advierte el cumplimiento de las siguientes condiciones:

(i) El Tribunal Administrativo del Atlántico desatendió la ratio decidendi de las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional en la materia, dado que, tras
verificar que el exsoldado presenta una disminución de la capacidad laboral
del 58,37 % optó por aplicar el Decreto 094 de 1989 y negar la prestación
pretendida, en lugar de acoger las disposiciones previstas en la Ley 923 de
2004 y el Decreto 4433 del mismo año, que le permiten al exmilitar acceder a
la pensión, con un porcentaje de invalidez superior del 50 %, como en este
caso.

(ii) El operador judicial no expuso una justificación suficiente, transparente e
idónea que explique el apartamiento del precedente constitucional aplicable,
dado que se limitó a descartar la aplicación de la Ley 923 de 2004, con
fundamento en la irretroactividad.

(iii) La desatención de la línea jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en
la materia, sin duda lesiona los derechos fundamentales del señor Alvarado

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Martínez, pues impidió que se anularan los actos administrativos que le
negaron el reconocimiento de la pensión de invalidez, pese a acreditar pérdida
de la capacidad laboral del 58,37 %, y, en consecuencia, se expidiera un nuevo
acto donde se garanticen sus derechos constitucionales.

44. Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales a la seguridad
social, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, y de acceso a la administración
de justicia del señor Édgar Alvarado Martínez.

45. Como consecuencia, dejará sin efectos la providencia del 30 de mayo de
2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento con radicado 08-001-33-33-006 2017-00213-02; y se
ordenará a dicha Corporación que, en un lapso no mayor a treinta (30) días,
contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de
reemplazo de acuerdo a lo indicado en esta sentencia, en la cual realice el estudio
del caso teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial vigente establecido por la
Corte Constitucional.

46. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social, a la
igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia
del señor Édgar Alvarado Martínez, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la
providencia del 30 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 08-001-33-
33-006 2017-00213-02, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término
de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera
la correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF

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14

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