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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06228-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06228-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional, por las razones señaladas en esta providencia. SEGUNDO: RECHAZAR la solicitud de nulidad propuesta por las señoras Deyanira Luna Rodríguez, Sindy Julieth Daza Daza y Golda Lida Móvil Pinzón. TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. CUARTO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia a la parte actora presentada por las señoras Deyanira Luna Rodríguez, Sindy Julieth Daza Daza y Golda Lida Móvil Pinzón. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06228-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06228-00
Accionante: LEONOR ELVIRA OTERO NIETO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTROS

Temas: Tutela contra tutela — Declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el
Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015 (modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025), así como con el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 8 de octubre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Leonor Elvira Otero Nieto, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cauca y el
Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad jurídica.

2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito
de Popayán. Asimismo, se dispuso la vinculación de la DIAN y a la CNSC y a los señores Juan
Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa Murillo, Leidy Yoana Palacio García, Joaquín
Pablo Ortega Ortega Said Elías Fadul Rhenals, Aimer Jovier Melo Bastidas y Golda Lida Móvil
Pinzón. Igualmente, se ordenó vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
esta última según lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso y se negó la
medida provisional solicitada por la parte actora.

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sentencia del 24 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca. Mediante esta providencia confirmó el fallo del 15 de agosto de 2025,
dictado por el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de
Popayán, en la que se amparó el derecho fundamental al debido proceso «en
concurso de méritos» de los demandantes de dicho proceso, con el fin de que
«la DIAN reporte ante la CNSC las vacantes definitivas que tiene disponibles del
cargo denominado Gestor II, código 302, grado 2, código de ficha TP-DE-3007,
provistas actualmente en provisionalidad o encargo, conforme lo expuesto ». Ello,
dentro del trámite de la acción constitucional identificada con el radicado 19001-
33-33-010-2025-00197-00/01.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

1. Ordenar al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO MIXTO DE LA ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE POPAYÁN- , representando por la señora Juez LILIAN
MARCELA BURBANO TORRES, mayor de edad e identificada conforme a su
acto de posesión TRIBUNAL, ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, representado por
su honorable magistrado DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO , mayor de
edad e identificada conforme a su acto de posesión que procedan a emitir nuevo
un fallo amparados en la seguridad jurídica y debido proceso dentro de la tutela
con tramite radicación 19001 33 33 010 2025 00197 01, a favor LEONOR ELVIRA
OTERO NIETO, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía
66.908.651, domiciliada y residente en Santiago de Cali.

2. Se reconozca la amenaza y vulneración de mis derechos fundamentales
debido proceso, seguridad jurídica, a favor LEONOR ELVIRA OTERO NIETO,
mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía 66.908.651, domiciliada
y residente en Santiago de Cali. contra JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO
MIXTO DE LA ORALIDAD DEL CIRCUITO DE POPAYÁN-, representando por la
señora Juez LILIAN MARCELA BURBANO TORRES, mayor de edad e
identificada conforme a su acto de posesión TRIBUNAL, ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA, representado por su honorable magistrado DAVID FERNANDO
RAMÍREZ FAJARDO, mayor de edad e identificada conforme a su acto de
posesión3].

1.2. Hechos

4. Los señores Juan Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa Murillo,
Leidy Yoana Palacio García y Joaquín Pablo Ortega Ortega interpusieron una
acción de tutela en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, con el fin de obtener la
protección a sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, de
acceso a cargos públicos por mérito, a la igualdad de oportunidades, al trabajo,
al mínimo vital, a la familia y a la «protección de sujetos de especial protección
constitucional».

5. Señalaron que la vulneración de tales garantías se produjo porque la DIAN
no cumplió con el deber de reportar las vacantes definitivas existentes en la

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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entidad ante la CNSC. Indicaron que esta omisión impidió la elaboración del
estudio técnico necesario para autorizar el uso de la lista de elegibles y, en
consecuencia, bloqueó la posibilidad de realizar nuevos nombramientos.
Afirmaron que esta situación afectó directamente sus derechos y agravó sus
condiciones personales, en especial por las dificultades económicas derivadas
de no haber sido nombrados4.

6. El proceso correspondió al Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad
del Circuito de Popayán, bajo el radicado 19-001-33-33-010-2025-00197-00.

7. Mediante providencia del 15 de agosto de 2025, dicha autoridad decidió
amparar el derecho fundamental al debido proceso en el concurso de méritos, al
considerar que la omisión de la DIAN en reportar las vacantes definitivas impedía
el uso adecuado de la lista de elegibles y vulneraba las reglas del principio del
mérito. Señaló que esta omisión no podía discutirse por los medios judiciales
ordinarios y que la vigencia limitada de la lista generaba riesgo de un perjuicio
irremediable. Por estas razones, ordenó a la DIAN reportar ante la CNSC las
vacantes definitivas del cargo gestor II, código 302, grado 2, ficha TP-DE-3007,
y negó las demás pretensiones.

8. Inconformes con lo resuelto, la DIAN y la señora Leonor Elvira Otero Nieto,
vinculada a ese trámite como tercera con interés y actuando como accionante en
el presente mecanismo constitucional, impugnaron la decisión.

9. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca, que mediante
providencia del 24 de septiembre de 2025 confirmó la decisión. En efecto, estimó
que el fallo de primera instancia se ajustó a derecho al ordenar a la DIAN reportar
las vacantes definitivas pendientes ante la CNSC, pues quedó demostrado que
la entidad no había cumplido plenamente con esa obligación y que dicha omisión
afectaba el uso regular de la lista de elegibles del concurso DIAN 20225.

10. Por lo anterior, la señora Leonor Elvira Otero Nieto instauró la presente
acción constitucional contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10
Administrativo Mixto de Oralidad del Circuito de Popayán. Arguyó que las
autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad jurídica al proferir los fallos de tutela dentro del proceso
identificado con el número 19001-33-33-010-2025-00197-00/01.

4 Indicaron que participaron en el concurso de méritos de la DIAN realizado en 2022,
correspondiente a la OPEC 198362 para el cargo de Gestor II. Afirmaron que superaron todas las
etapas del proceso y que fueron incluidos en la lista de elegibles, ocupando posiciones entre los
puestos 214 y 250. Agregaron que, aunque la lista avanzó únicamente hasta el puesto 202, sus
posiciones no fueron alcanzadas, por lo que quedaron a la espera de que surgieran nuevas
vacantes que permitieran continuar con los nombramientos.
5 El tribunal señaló que no se pretendía, mediante la acción de tutela, el nombramiento de los

accionantes por encima de los resultados obtenidos en el concurso de méritos, sino garantizar el
cumplimiento del deber de la entidad frente a la correcta utilización de la lista de elegibles y el
acceso a los cargos disponibles.

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1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte accionante manifestó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
jurídica, al proferir las sentencias de 15 de agosto y 24 de septiembre de 2025.

12. Señaló que la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela no
constituye, en principio, el mecanismo adecuado para dirimir controversias
derivadas de concursos de méritos, especialmente cuando existen actos
administrativos susceptibles de control por la jurisdicción contencioso-
administrativa, como es el caso de las listas de elegibles.

1.4. Intervenciones

13. La DIAN indicó que la accionante actualmente se encuentra vinculada a la
planta de personal de la entidad mediante nombrada en provisionalidad en el
empleo denominado gestor II, código 302, grado 02 y que «a la fecha no se ha
proferido ninguna resolución u acto administrativo que separe a la accionante del
cargo que desempeña en la actualidad».

14. Indicó que no ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales
alegados por la señora Otero Nieto y, en consecuencia, solicitó ser desvinculada
del presente trámite.

15. La CNSC manifestó que las actuaciones cuestionadas correspondieron
exclusivamente al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado 10
Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán, por lo que no tenía
participación en los hechos que se le atribuían. Señaló que carece de
competencia para administrar la planta de personal de la DIAN y para expedir
actos de vinculación o desvinculación, por lo que solicitó ser desvinculada del
presente proceso.

16. El Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de
Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca se limitaron a enviar el
expediente del proceso.

17. Las señoras Deyanira Luna Rodríguez6, Sindy Julieth Daza Daza7 y
Golda Lida Móvil Pinzón8, mediante escritos independientes, en su calidad de
terceros con interés, informaron su intención de coadyuvar con las pretensiones
de tutela y además solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado en el
trámite de tutela aquí debatido e «INCLUSIVE, la expedición de dicho auto

6 Mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2025, coadyuvando las pretensiones de la

acción de tutela de referencia.
7 Mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2025, coadyuvando las pretensiones de la

acción de tutela de referencia.
8 Mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2025, coadyuvando las pretensiones de la

acción de tutela de referencia.

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admisorio de la acción de tutela, que fue expedido con violación al debido proceso
y derecho de defensa».

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la señora Leonor Elvira Otero Nieto. Para ello, esta Sección explicará las
razones por las cuales el asunto objeto de estudio no supera el requisito de
procedencia de tutela contra una decisión de la misma naturaleza.

19. Para ello, se estudiarán, en primer lugar, las solicitudes de nulidad
presentadas en este trámite; y, luego, se resolverá el caso concreto.

2.1. Cuestión Previa

20. A continuación, se atenderán las solicitudes de nulidad. La Corte
Constitucional ha indicado que, cuando estas se invoquen antes de proferida la
sentencia, podrán resolverse en el fallo9. Esto se justifica en la celeridad e
informalidad que rigen el trámite de la acción de tutela, cuyo procedimiento, por
expresa disposición constitucional, es especial, preferente y sumario 10. En tales
términos:

habida consideración de que a la tutela sobre los derechos fundamentales
concierne un trámite que por ministerio de lo dispuesto por el artículo 86 de
la Carta Política ha de ser preferente y sumario, es apenas obvio que la
decisión definitiva sobre la protección de un derecho fundamental cuando se
estima que él ha sido violado o se encuentra amenazado de inminente
vulneración, ha de quedar en firme a la mayor brevedad posible. Por ello, el
trámite de esta acción es, conforme a su regulación por el Decreto 2591 de
1991 desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se
adelantan ante las distintas ramas de la jurisdicción del Estado. Ello significa,
entonces, que no resulta admisible extender por analogía todas las normas
del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción de tutela, pues de
esa manera podría darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier
proceso civil, pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento
sumario, esto es simplificado, breve, donde no es posible ni la admisión de
todos los incidentes que sí lo serían en un proceso civil o en un proceso
contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los recursos no
expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991 […]11.

21. Lo anterior implica que al trámite de tutela no le son aplicables
automáticamente, por analogía o por remisión, las disposiciones que rigen los
procesos ordinarios, relativas, por ejemplo, al trámite de incidentes —como el de
nulidad12— o al porqué de la improcedencia de recursos distintos a la
impugnación del fallo de primera instancia13 —como lo serían los recursos en
contra de las decisiones que resuelven nulidades o medidas provisionales—.
Esto, en aras de garantizar la celeridad del procedimiento en los términos

9 Ver: Corte Constitucional, sentencias T-718 de 2017, T-357 de 2024 y SU-342 de 2024.

10 Corte Constitucional, Auto 287 de 2010.
11 Corte Constitucional, Auto 270 de 2002, reiterado en el Auto 287 de 2010.
12 Corte Constitucional, Auto 287 de 2010. Así mismo, ver T-570 de 1998.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2014. Así mismo, ver Auto 287 de 2010.

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dispuestos por el mismo constituyente.

2.2. De las solicitudes de nulidad14

22. Las señoras Deyanira Luna Rodríguez, Sindy Julieth Daza Daza y Golda
Lida Móvil Pinzón solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado en el
trámite de tutela aquí debatido e «INCLUSIVE, la expedición de dicho auto
admisorio de la acción de tutela, que fue expedido con violación al debido proceso
y derecho de defensa».

23. Asimismo, pidieron que «con motivo de la nulidad que aqueja a los fallos
proferidos por estos despachos judiciales, se deje sin efectos dichas decisiones
de tutela» y se ordene a la «UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN» que se abstenga de
desvincular a los funcionarios que se vean afectados por dichos fallos en especial
«los empleados identificados GESTOR I, código 301, gado 1».

24. En consecuencia, pretenden que se ordene: i) a la «UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN» que no hagan ningún nombramiento en relación con los
referidos fallos hasta que no se garanticen los derechos de todos los funcionarios
afectados «se vinculen al proceso y puedan ejercer derecho de contradicción y
defensa respecto de las pretensiones de las tutelas», ii) a los despachos
judiciales que se abstengan de incurrir nuevamente en prácticas «violatorias al
debido proceso» o a los funcionarios públicos que se encuentra vinculados a la
planta de la entidad «DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANDAS
NACIONALES DIAN EN LOS CARGOS DE GESTOR I y de los que llegare a
conocer».

25. Es preciso advertir que el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala la
posibilidad de aplicar los principios generales del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), para interpretar las
disposiciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 en todo aquello que no sea
contrario a dicho decreto.

26. En lo que respecta al trámite de las nulidades, el artículo 135 del CGP
dispone que la parte que la invoca, además de tener legitimación para proponerla,

14 Índice Samai 19. El 20 de octubre de 2025, por medio de fijación en lista, la Secretaría General

del Consejo de Estado corrió traslado de las solicitudes de nulidad suscritas por las señoras Sindy
Julieth Daza Daza y Golda Lida Móvil Pinzón.
No obstante, encontrándose en trámite el proceso para resolver las nulidades propuestas, el
Despacho ponente advirtió que no se había practicado el procedimiento correspondiente respecto
de la solicitud de nulidad presentada por la señora Deyanira Luna Rodríguez. En consecuencia,
mediante auto de fecha 7 de noviembre de 2025, se ordenó a la Secretaría General del Consejo
de Estado dar el traslado correspondiente de la referida solicitud de nulidad.
Índice Samai 30. El 12 de noviembre de 2025, se fijó en lista y se corrió traslado de la solicitud de
nulidad presentada por la señora Deyanira Luna Rodríguez.

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debe expresar la causal invocada, los hechos en que se fundamenta y aportar o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

27. No obstante, las proponentes no cumplieron con ese deber, motivo por el
cual, las solicitudes de nulidad propuestas serán rechazadas. Ciertamente, las
señoras Luna Rodríguez, Daza Daza y Móvil Pinzón se limitaron a solicitar la
nulidad de todo lo actuado dentro del trámite constitucional cuestionado en la
presente acción de tutela, en el cual, a su juicio, se vulneraron sus garantías
constitucionales al debido proceso y a la defensa. Sin embargo, no invocaron
ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del CGP.

28. Por ende, al incumplir con uno de los deberes procesales exigidos por el
ordenamiento jurídico, lo procedente es rechazar la solicitud de nulidad.

2.3. Caso concreto: la solicitud de amparo no cumple con los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

29. El Consejo de Estado15 y la Corte Constitucional16, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales17 y a la configuración de algún
defecto especial18 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

31. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

32. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
17 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
18 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

33. Legitimación por activa. La Sala advierte que la señora Leonor Elvira
Otero Nieto está legitimada en la causa por activa. Esto, dado que fue vinculada
como tercero con interés en el proceso constitucional con radicado 19001-33-33-
010-2025-00197-00/01 y, además, impugnó la decisión proferida en primera
instancia en dicho trámite.

34. Legitimación por pasiva. Tanto el Tribunal Administrativo del Cauca como
el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán se
encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades que
profirieron las decisiones controvertidas en esta oportunidad. Sin embargo, la
Sala precisa que el estudio de limitará al fallo de 24 de septiembre de 2025,
mediante el cual el tribunal accionado decidió en segunda instancia el trámite
constitucional aquí cuestionado.

35. En cuanto a las solicitudes de desvinculación presentadas por la DIAN y
la CNSC, estas serán negadas, toda vez que dichas entidades fueron vinculadas
al presente proceso por el interés que les asiste al ser las demandas dentro de
la acción constitucional cuya decisión aquí se cuestiona.

36. Coadyuvancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del
Código General del Proceso, la Sala aceptará la coadyuvancia de la acción de
tutela presentada por señoras Luna Rodríguez, Daza Daza y Móvil Pinzón. Esto,
porque su intervención contiene los hechos y los fundamentos de derecho en que
se apoyan y se acompañaron las pruebas pertinentes. Además, dichas
solicitudes no están en oposición a los intereses de la parte actora y no implica
disposición del derecho del litigio.

37. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.

38. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo

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de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia19.

39. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.
Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el
proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros
y atentan contra el bien social de la administración de justicia»20. Sin embargo, la
carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de
«aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es
decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente ” que las decisiones
cuestionadas son fraudulentas»21.

40. En el sub judice, como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la
providencia del 24 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca confirmó la decisión que amparó el derecho al debido
proceso de los señores Juan Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa
Murillo, Leidy Yoana Palacio García y Joaquín Pablo Ortega Ortega en el
concurso de méritos, mediante la que se ordenó a la DIAN reportar las vacantes
definitivas del cargo gestor II ante la CNSC.

41. En su sentir, al proferir la decisión aquí cuestionada, el Tribunal vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, al
desconocer que la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela no
constituye, en principio, el mecanismo adecuado para resolver controversias
derivadas de concursos de méritos.

42. Señaló que, dado que existieron actos administrativos susceptibles de
control por la jurisdicción contencioso-administrativa, como la lista de elegibles
vigente mediante la Resolución 13097 de 17 de junio de 2024, los fallos
cuestionados desconocieron las reglas procesales aplicables y los mecanismos
legales previstos para la protección de sus derechos.

43. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la
excepción a la improcedencia de la tutela contra una decisión de la misma
naturaleza. Esto, no solo porque la parte actora no alegó, y mucho menos probó,
la existencia de una situación de fraude, sino porque toda la argumentación del
escrito de tutela se funda en simple desacuerdo con la decisión adoptada por los
jueces de tutela. En efecto, de la lectura de la solicitud de amparo no se advierte
que alguno de los planteamientos aluda, directa o indirectamente, a una
actuación fraudulenta por parte del operador judicial accionado que justifique la
procedencia de la acción sub examine.

44. Así las cosas, dado que la accionante no demostró que la decisión del juez
del amparo haya surgido de un actuar abiertamente contrario al ordenamiento
jurídico que pueda ser calificado como una acción fraudulenta, en los términos

19 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
21 Id.

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Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

de la sentencia SU-627 de 2015 dictada por la Corte Constitucional, la Sala
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional,
por las razones señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR la solicitud de nulidad propuesta por las señoras
Deyanira Luna Rodríguez, Sindy Julieth Daza Daza y Golda Lida Móvil Pinzón.

TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil
– CNSC.

CUARTO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia a la parte actora presentada
por las señoras Deyanira Luna Rodríguez, Sindy Julieth Daza Daza y Golda Lida
Móvil Pinzón.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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