Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06245-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06245-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06245-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06245-00
Demandante JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y
especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional. Medio de
control de reparación directa.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Jaime Alfonso Villota Benavides, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de octubre de 20251, el señor Jaime Alfonso Villota Benavides interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de
Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, la vida digna, la integridad física, el acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral, con ocasión de la expedición de la sentencia del 26 de
septiembre de 2025, a través de la cual se confirmó la decisión de primera instancia
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, en el proceso identificado
con el radicado No. 76001-33-33-021-2018-00206-01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones 2:
«1. Que se ampare mi derecho fundamental al debido proceso, vida digna, salud y acceso a
la justicia.
2. Que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 26 de septiembre de 2025.
3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una nueva sentencia, valorando
integralmente las pruebas y aplicando el precedente vinculante sobre responsabilidad
estatal por omisión.
4. Que se adopten medidas provisionales de protección y atención médica si persiste el
perjuicio irremediable».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Jaime Alfonso Villota Benavides y otros presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y el municipio de Dagua, con el
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SAMAI, índice 1 y 2.
2
Página 4 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
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Demandante: Jaime Alfonso Villota Benavides
fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por
las afectaciones padecidas por el señor Villota Benavides, al considerar que
estas entidades desconocieron sus deberes de seguridad y protección en el
marco de un paro nacional de transportadores, en tanto que los manifestantes
le rociaron gasolina y le prendieron fuego, produciéndole quemaduras de
tercer grado, las cuales le causaron secuelas permanentes y, de igual forma,
le incineraron el vehículo de carga que conducía.
2.2. El proceso se identificó con el radicado 76001-33-33-021-2018-00206-00 y su
conocimiento le correspondió al Juzgado 21 Administrativo de Cali, que
mediante sentencia del 16 de marzo de 2021 negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que no se acreditó que las entidades accionadas
hubiesen desconocido sus deberes constitucionales, dada la imprevisibilidad
del evento adverso sufrido por el señor Villota, ni que se solicitara una medida
de protección especial que se hubiese desatendido.
2.3. La sentencia de primera instancia fue recurrida por la parte demandada.
2.4. El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca mediante sentencia del 26 de
septiembre de 2025 confirmó la negativa de las pretensiones, al considerar
que no existía sustento probatorio que permitiera asegurar que las lesiones y
pérdidas materiales advertidas se produjeron por omisiones de las autoridades
frente a sus deberes de seguridad y protección, dado que no se demostró que
las entidades tuvieran conocimiento específico y concreto del riesgo que
enfrentaba el señor Villota, ni que este hubiese solicitado una protección
especial para garantizar su movilización.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora argumentó que la demanda de tutela cumplía con los requisitos
de procedencia excepcional establecidos en las sentencias SU-961/99 y T-
466/20, debido a que se vulneraron los derechos fundamentales de una
víctima en condición de discapacidad, así mismo, sostuvo que no existían
otros mecanismos judiciales que permitieran obtener la reparación integral
pretendida, que la acción constitucional se ejerció dentro de un término
razonable, dado que la sentencia cuestionada se profirió el 26 de septiembre
de 2025 y porque al proferir el referido fallo se incurrió en un error de juicio, al
exigir prueba de solicitud individual de protección y al desconocer el estándar
de imputación por omisión previsto por el Consejo de Estado.
3.2. La parte actora expuso que se ignoró la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que ha reiterado que «la responsabilidad por omisión se configura cuando el riesgo es
evidente, conocido y exigible, sin necesidad de que se conozca el modus operandi exacto» y
referenció la sentencia del 4 de diciembre de 2020 con el radicado 20001-23-
39-001-2015-00375-01.
Al respecto, planteó que la exigencia de la prueba sobre el modus operandi
exacto del ataque que sufrió la víctima desnaturaliza el estándar de imputación
por omisión y trasladar al demandante una carga probatoria desproporcionada,
contraria a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.
3.3. Además, señaló que la autoridad judicial accionada omitió valorar pruebas que
acreditaban la posición de garante asumida por el Estado frente a los
transportadores, el reconocimiento institucional del riesgo en el corredor vial y
la reacción posterior al evento violento por parte de las autoridades, lo que
confirmaría la previsibilidad del daño y, en este mismo sentido, aseveró que
dejaron de analizar medios probatorios contenidos en el expediente
relacionados con el contexto del riesgo, como: las minutas de policía y órdenes
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operativas, el oficio SETRA No. 265 del 18 de junio de 2016, la solicitud de
refuerzo antidisturbios que no se atendió, el reconocimiento oficial de
disturbios en el Km 74 y la activación de caravanas de seguridad
inmediatamente después del siniestro.
3.4. Por otra parte, se indicó que se desconoció el principio de protección reforzada
en contextos de alteración del orden público, con lo que se vulneró el artículo
2 de la Constitución Política y la doctrina sobre el deber funcional de
protección.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 10 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela interpuesta por Jaime Alfonso Villota Benavides contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión y se vinculó, en
calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, Policía Nacional y al Municipio de Dagua, por ser las entidades
demandadas en el proceso ordinario; así mismo, a Doris Marlen Villota
Benavides, Rut Helena Villota Benavides, Janeth Graciela Villota Benavidez y
a JLVC, como demandantes en el proceso de reparación directa; de igual
forma, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Juzgado 21 Administrativo de Cali, este último por haber proferido
la sentencia de primera instancia.
De otra parte, se ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
notificara a los demandantes del proceso ordinario y para que remitiera en
medio digital la copia del expediente con el radicado 76001-33-33-021-00206-
00/01, así como al señor Jaime Alfonso Villota Benavides para que aportara
las direcciones de notificación de las referidas accionantes.
También se le ordenó a la Secretaría General fijar un aviso informándole a los
accionantes del proceso de reparación directa sobre la existencia de la
presente acción constitucional y, con el mismo objeto, se ofició a la Oficina de
Sistemas de la Corporación para que publicara en la página web un aviso,
haciéndoles saber que podían acudir al trámite de la tutela si lo consideraban
necesario.
4.2. El Juzgado 21 Administrativo de Cali, después de hacer un recuento del
trámite y de las decisiones adoptadas en el proceso contencioso
administrativo, tanto de primera como de segunda instancia, el juez a cargo de
ese despacho sostuvo que como la razón de la inconformidad del accionante
se resumía en que no se accedió a sus pretensiones, como defensa, se remitía
a los argumentos expuestos en el fallo que profirió el 16 de marzo de 2021, en
tanto que en este se plasmaron las razones de hecho y de derecho que
sirvieron de sustento para adoptar la decisión.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión,
a través del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, manifestó que
los defectos expuestos por la parte actora estaban dirigidos a lograr una
tercera instancia, lo cual resultaba improcedente. Señaló que la decisión que
adoptó la Sala contó con el análisis probatorio necesario y la carga
argumentativa exigida para arribar a esa conclusión.
Aunado a la expuesto, indicó que en la providencia de segunda instancia lo
que se exigía era la necesidad de demostración de un riesgo concreto y
particular, de conformidad con lo previsto por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, y no la acreditación de una previsibilidad individual o modalidad
específica del riesgo.
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Por lo expuesto, señaló que más que un defecto de la sentencia, lo que alegó
el accionante era más un desacuerdo con la decisión, lo cual no habilita el
ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que solicitó
que se declarara improcedente el amparo y se negaran las pretensiones de la
demanda.
4.4. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, pidió que no se accediera al
amparo solicitado, en tanto que en ningún momento se le vulneraron los
derechos del accionante, porque en el proceso de reparación directa se le
otorgaron todas las garantías, pero la parte actora no logró demostrar los
elementos necesarios para estructurar la responsabilidad del Estado en el
caso concreto.
4.5. Janneth Graciela Villota Benavides, Ruth Helena Villota Benavides, Doris
Marlén Villota Benavides y José Luis Villota Cano, en su calidad de
vinculados al proceso como terceros con interés, por ser demandantes dentro
del proceso de reparación directa, a través de apoderado judicial, manifestaron
que apoyaban las pretensiones formuladas por el señor Jaime Alfonso Villota
Benavides, en especial la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda
instancia y la emisión de una nueva providencia en la que se valoren
íntegramente las pruebas y se aplique el precedente jurisprudencial sobre
responsabilidad estatal por omisión.
Además, solicitaron que se les garantizara su participación efectiva en el
trámite de la tutela, como terceros con interés, de conformidad con lo ordenado
en el auto admisorio de la demanda y el principio de igualdad procesal, así
como que se ampararan los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.
4.6. El municipio de Dagua, a través de la jefe de la oficina jurídica, indicó que los
hechos que fundamentaron la acción constitucional no tienen relación directa
con las actuaciones del ente territorial, por lo que, a su juicio, se configura la
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio. Además,
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en relación con las
pretensiones del accionante o, en su defecto, que se negaran.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 4
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
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y especiales 5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un a mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera
el examen general de procedibilidad, en especial el presupuesto de relevancia
constitucional.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, incurrió
en defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial al proferir la
sentencia del 26 de septiembre de 2025 en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado No. 76001-33-33-021-2018-00206-01.
4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».7 Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, se debe constatar que los cargos expuestos en el respectivo medio
de control y los desarrollados en el escrito de tutela sean iguales; y si estos
fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4.2. En el caso en concreto, la inconformidad de la parte actora con el fallo de
primera instancia radica en que, a su juicio, no era procedente exigirle prueba
de solicitud individual de protección y en haber desconocido el tribunal
accionado el estándar de imputación por omisión, previsto en la jurisprudencia
del Consejo de Estado. Lo anterior, por exigirse la prueba sobre el modus
operandi exacto del ataque que sufrió la víctima, y por tanto, trasladarle una
carga probatoria desproporcionada.
Así mismo, adujo que se desconocieron medios de prueba que obraban en el
expediente, relacionados con el contexto del riesgo, tales como: (i) las minutas
de policía y órdenes operativas, (ii) el oficio SETRA No. 265 del 18 de junio de
2016, (iii) la solicitud de refuerzo antidisturbios que no se atendió, (iv) el
reconocimiento oficial de disturbios en el Km 74 y, (v) la activación de
caravanas de seguridad inmediatamente después del siniestro.
Finalmente, el accionante cuestionó que se hubiera desconocido el principio
de protección reforzada en contextos de alteración del orden público, con lo
que se vulneró el artículo 2 de la Constitución Política y la doctrina sobre el
deber funcional de protección.
7
Ibidem.
6
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4.3. De conformidad con lo anterior, resulta relevante destacar que en la sentencia
de primera instancia, proferida por el Juzgado 21 Administrativo de Cali negó
las pretensiones de la demanda, porque si bien encontró acreditado el daño,
al momento de analizar la imputación frente a las entidades demandadas, con
base en los elementos probatorios aportados al proceso, determinó que no se
acreditó omisión alguna del deber de protección por parte de las autoridades
competentes; contrastando los hechos en los que se produjo el ataque del que
fue víctima el señor Jaime Alfonso Villota Benavides y las actuaciones
desplegadas por la fuerza pública en el marco de la alteración del orden
público.
En esa instancia, se concluyó lo siguiente:
«En ese sentido, si bien la fuerza pública tiene el deber legal de proteger la vida, honra y
bienes de los residentes en Colombia, solo se le puede endilgar responsabilidad por omisión
del deber de seguridad cuando este conoce la situación de peligro, ya sea porque el afectado
solicitó protección especial o porque resultaba evidente la exposición al mismo. En ese orden de ideas, advierte el despacho que en el presente asunto no se encuentran
elementos probatorios que indiquen que las demandadas tenía conocimiento de la necesidad
de protección especial del señor Jaime A. Villota, pues si bien fue de público conocimiento el
paro nacional de transportadores que tuvo lugar a partir del 07 de junio de 2016, el cual se
prolongó por más de 30 días, lo cierto es que no obran pruebas en el plenario que indiquen
que, previo al fatídico incidente del 16 de junio, se requeriría de una labor de protección
especial diferente a las que ya estaba implementando la fuerza pública, tales como patrullajes,
controles en los sitios de concentración de personas, retenes y puestos de control en
diferentes puntos de las vías; aunado a ello, no reposa en el plenario prueba que dé cuenta
que el conductor afectado hubiera solicitado protección especial para realizar el recorrido en
el cual resultó agredido. Si bien el oficio No. 265 del 18 de junio de 2016, suscrito por la Policía Nacional - Seccional
Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, da cuenta de una afectación a la movilidad en el
km. 70 + 300 metros del sector la Yolomba, lugar cercano al de ocurrencia de los hechos, lo
cierto es que dicha afectación se debía al paso restringido de vehículos por derrumbe y la
cantidad de vehículos de carga que transitaban por esa vía; más adelante en el mismo informe,
se indica que en el km 74 del sector Zabaletas se estaban presentando alteraciones al orden
público, pues se encontraban allí vehículos tractocamión parqueados con pancartas alusivas
al paro de transportadores y una concentración de personas lanzando piedras a los vehículos,
razón por la se dispuso un puesto fijo en ese lugar y se solicitó apoyó con personal
antidisturbios al comandando del distrito de Policía de Dagua, sin tener respuesta positiva. Frente al último punto del informe anterior debe decirse, en primer lugar, que la alteración al
orden público se concentró en un punto específico y retirado por aproximadamente 4
kilómetros del lugar donde ocurrió el incidente reclamado, adicionalmente, si bien podría
decirse que la acciones de la Policía Nacional fueron insuficientes para controlar la situación
presentada por no atender la solicitud de personal antidisturbios, lo cierto es que dichos
escuadrones tienen la función de controlar disturbios ocasionados por multitudes, por lo cual
los mismos habrían sido ubicados en el Km. 74 del sector de Zabaletas, razón por la que su
presencia en dicho lugar no se traduce en garantía de seguridad para todo el corredor vial y,
por ende, su ausencia no es la causa directa en la producción del daño. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la agresión no fue causada en
un punto de aglomeración de manifestantes, sino que vino de dos sujetos que se movilizaban
en motocicleta por la vía, lo que implicaría que para evitar el daño por ellos causado era
menester que la fuerza pública hiciera acompañamiento personal al señor Villota, pero para
ello ese tipo de riesgo debió ser informado o ser, por lo menos, previsible, y dada la forma en
que operaron las personas que causaron el daño y ante la ausencia de elementos que
indiquen que ese era un modus operandi que se estaba presentando previo al día de los
hechos o en anteriores manifestaciones, no puede decirse que la fuerza pública estaba en la
capacidad de prevenirlo.
Adicionalmente, se tiene en cuenta que con inmediata posterioridad a la ocurrencia del
incidente, a partir de las 22:30 horas del mismo día de los hechos, la Policía Nacional dispuso
caravanas de seguridad para brindar acompañamiento y protección a los demás
transportadores, como se puede observar en las minutas de Policía, esa pronta reacción para
modificar sus estrategias a fin de prevenir más sucesos como el aquí debatido, es indicio de
que previo a su ocurrencia no se habían presentado alteraciones al orden público de tal
magnitud que ameritaran un cambio en las maniobras de prevención de daños que se estaban
implementando». 7
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De lo anterior, se evidencia que el juez de primera instancia configuró su
análisis a partir del reconocimiento del deber de protección de la fuerza pública
frente a la integridad de las personas y de sus bienes; no obstante, precisó
que el evento violento en contra del señor Villota Benavides fue imprevisible,
en la medida que no se produjo en el lugar en el que estaban aglomerados los
manifestantes y en el que se concentró la estrategia de seguridad de las
entidades demandadas.
De igual forma, el juzgado estudió el hecho de la falta de presencia del
personal antidisturbios, ante la solicitud de apoyo, y concluyó que ese factor
no incidió en la producción del hecho dañoso, porque sus funciones están
dirigidas al control de situaciones en las que se involucren multitudes y no
tenían a su cargo la vigilancia de todo el corredor vial. En el mismo sentido,
reconoció como sustento de la imprevisibilidad de la agresión, que una vez
ocurrida esta, las autoridades tomaron medidas y cambiaron la estrategia de
seguridad con la implementación de las caravanas de seguridad.
4.4. Por su parte, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los
accionantes, centrado en la reiteración de la omisión de protección de las
entidades demandadas, el desconocimiento de pruebas determinantes como
el informe de la Policía Nacional en que se reconocían las alteraciones de
orden público y en reprochar la afirmación como la imprevisibilidad y
notoriedad del riesgo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Tercera de Decisión, confirmó la decisión atacada, con similares argumentos
en cuanto a la falta de acreditación del nexo causal a cargo de la parte actora.
Al analizar la sentencia dictada por el ad quem, se encuentra que la autoridad
judicial accionada analizó las pruebas obrantes en el expediente, entre estas
las minutas de policía, el oficio SETRA No. 265 del 2016, los certificados
expedidos por la Policía Nacional frente a la ocurrencia de los hechos y los
disturbios presentados en la zona, los testimonios y recortes de prensa
relacionados con las medidas adoptadas frente al paro de transportadores y,
con base en estos, reiteró las consideraciones del a quo frente al alcance del
deber de protección de la fuerza pública y las condiciones de imprevisibilidad
sobre al ataque violento que sufrió el señor Villota Benavides, dados los
supuestos fácticos en los que se presentó el evento.
La autoridad judicial accionada enmarcó su análisis a partir del reconocimiento
de la postura del Consejo de Estado frente a la responsabilidad de la
administración por la falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del
deber de seguridad y protección, para ello citó los siguientes apartes de la
sentencia del 5 de marzo de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (Rad. 64.562):
«Al respecto, recuerda la Sala que, en casos como el formulado 8, la jurisprudencia de esta
Sección ha sido reiterada hasta la actualidad, siendo una postura consolidada aquella según
la cual la Administración responderá patrimonialmente, a título de falla en el servicio por
omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas, al
menos en dos eventos:
‘i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de
riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección
alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus
funciones’20.
8
Cita del original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia
del 20 de noviembre de 2020, exp. 76001-23-31-000-2012-00778-01 (54443). 20 Cita del original: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 76001 -23-
31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo Gómez.
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Demandante: Jaime Alfonso Villota Benavides
De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por el incumplimiento de la
obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que las autoridades tenían
conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba la víctima, pues ‘tal
conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades´9.
De modo que, si bien la fuerza pública tiene un deber general de protección de la vida, honra
y bienes de todos los residentes en Colombia, según lo dispuesto en el artículo 2
constitucional, para que surja la responsabilidad del Estado por omisión del deber de
seguridad, la Administración debe conocer la situación de amenaza o peligro, ya sea porque
el interesado solicite protección especial o porque su vulnerabilidad resulte evidente, pues
es el conocimiento de la situación el que hace exigible la acción del Estado».
En línea con lo anterior, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca estableció lo siguiente en relación con el alcance de los
deberes de protección y vigilancia de la fuerza pública, el desconocimiento de
la valoración probatoria endilgado por el recurrente al a quo y la
imprevisibilidad del evento violento del que fue víctima el ahora demandante:
«No existe prueba en el expediente que demuestre que las entidades demandadas
conocieran, de manera anticipada, la inminencia de la agresión sufrida por la víctima. De igual
modo, se encuentra acreditado que la Policía Nacional desplegó medidas preventivas y de
control tales como patrullajes, retenes y puestos de vigilancia en diversos sectores de la vía,
lo cual evidencia una actuación razonable conforme a sus competencias.
Por otro lado, el hecho de que los refuerzos Policiales solicitados tanto en las minutas de
guardia como en oficios de la policía, los cuales arribaron con posterioridad al incidente no
pueden interpretarse como omisión constitutiva de responsabilidad, pues ello obedece a la
imposibilidad material de cubrir simultáneamente todo el corredor vial de la vía Loboguerrero
• Buenaventura. Pretender lo contrario significaría exigir a la Fuerza Pública la garantía
absoluta de evitar cualquier hecho delictivo, lo que excede los límites constitucionales y
jurisprudenciales de su deber de protección.
[…]
Asimismo, se tiene que no se demostró que el lesionado se encontrara acompañado o se
hubiese movilizado dentro de una caravana programada, ni que los hechos hayan sido en un
sitio de aglomeración del paro, o que evidentemente las personas que participaban de este,
hayan sido quienes lo agredieron…
[…]
En cuanto al desconocimiento de pruebas alegado por el apelante, la Sala advierte que la
valoración efectuada por el a-quo fue correcta, en la medida en que el oficio No. 265 del 18
de junio de 2016 y demás documentos oficiales únicamente reflejan circunstancias generales
de alteración del orden público en lugares específicos, sin que pueda deducirse de ellos la
existencia de un riesgo particular y concreto respecto de la víctima.
[…]
De igual forma, es importante destacar que la previsibilidad de disturbios de carácter general
no convierte en exigible la presencia permanente de la fuerza pública acompañando de
manera individual a cada transportador. La obligación de las autoridades en materia de
seguridad es de medio y no de resultado, y en ningún caso puede interpretarse como un deber
de imposibles.
Tampoco se demostró que la forma de operar de los atacantes hubiera sido conocida o
recurrente con anterioridad, lo que también descarta la posibilidad de imputar responsabilidad
al Estado bajo un criterio de previsibilidad directa del daño, por manera que el testimonio
allegado al proceso no permite concluir que la agresión sufrida por el demandante fuera
previsible o que la autoridad estuviera en capacidad de prevenirla.
[…]
Respecto a la afirmación de que el riesgo era notorio y previsible, debe precisarse que la sola
existencia del paro camionero, como hecho público y generalizado, no implica la previsión
concreta del ataque sufrido por el demandante. La agresión fue ejecutada por dos particulares
en motocicleta, fuera de los puntos de concentración masiva y sin que existieran antecedentes
que permitieran inferir dicha modalidad de violencia. En consecuencia, no puede considerarse
acreditado un riesgo individualizado que obligara a las autoridades a desplegar medidas
específicas de protección en favor del actor.
9
Cita del original: Ibidem, reiterado por la Subsección A en sentencia del 19 de septiembre de 2019, exp. 70001-23-31-
000-2001-00946-01 (52417).
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Demandante: Jaime Alfonso Villota Benavides
En cuanto al marco constitucional e internacional invocado por el apelante, debe precisarse
que, aunque el Estado tiene el deber de proteger la vida, la integridad y la seguridad de los
ciudadanos, este no es absoluto ni ilimitado. Su alcance debe analizarse frente a las
condiciones reales de capacidad, recursos y medios de la fuerza pública, lo cual impide exigir
una protección total y permanente frente a cualquier riesgo».
Al contrastar el contenido tanto de la sentencia de primera instancia como de
la providencia cuestionada proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con los fundamentos del escrito de tutela, se concluye que, en efecto,
lo que se pretende es prolongar una discusión que ya fue resuelta en el marco
del proceso ordinario, en la medida que el Tribunal accionado reconoció el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con la
responsabilidad por la omisión de los deberes de protección y seguridad por
parte del Estado y, de igual forma, se refirió al supuesto desconocimiento de
pruebas por parte del a quo y precisó sobre las condiciones y el alcance de la
imprevisibilidad del hecho violento que sufrió la víctima, es decir, resolvió los
reparos que ahora son objeto de cuestionamiento en sede de tutela.
4.5. A ese respecto, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
Es por tal motivo que, de manera reiterada, se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso, en tanto que los argumentos expuestos por la autoridad
judicial accionada tienen sustento en el análisis de las condiciones fácticas en
las que se produjo el ataque violento del que fue víctima el señor Villota
Benavides, en la valoración probatoria, en las consideraciones frente al
alcance del deber de protección que tiene el Estado, y acudiendo al precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.
Así las cosas, para esta Sala no se acredita un real escenario de vulneración
de los derechos fundamentales invocados o un yerro en la providencia
cuestionada que justifique el conocimiento de fondo de la tutela, pues la
petición de amparo se sustenta en inconformidades respecto de las cuales el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, abordó
y resolvió íntegramente con el debido sustento, por lo que se recuerda que no
es posible acudir a la acción constitucional para prolongar un debate zanjado
por el juez natural de la controversia, en tanto que la tutela no se puede
convertir en una tercera instancia para insistir en los motivos de inconformidad
de una decisión que no le resulte favorable a alguna a las partes.
5. Conclusión
Por lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por el señor Jaime Alfonso Villota Benavides, dado que no se acreditó
el requisito de relevancia constitucional, al advertir que las inconformidades frente
a la decisión judicial controvertida ya fueron abordadas y resueltas por el juez
natural de la controversia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Jaime Alfonso Villota Benavides
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Jaime
Alfonso Villota Benavides, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte considerativa de este fallo.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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