Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06245-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06245-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06245-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06245-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LO
PRETENDIDO POR LA PARTE ACTORA ES QUE EL JUEZ DE TUTELA
HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL A LAS PRUEBAS QUE FUERON
ALLEGADAS AL PROCESO ORDINARIO, ASÍ COMO DE CADA UNO DE
LOS ARGUMENTOS QUE PROPUSO EN ESTE, CON LA FINALIDAD DE
QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, VIDA DIGNA,
INTEGRIDAD FÍSICA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 13 de noviembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
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En adelante la Sección Cuarta
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06245-01
Actor: JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la
integridad física, al acceso a la administración de justicia y al principio
de reparación integral, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 al haber
proferido la sentencia de 26 de septiembre de 2025, dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2018-00206-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que el 16 de junio de 2016, mientras ejercía su labor como
transportador de carga, fue víctima de un ataque violento por parte
de dos sujetos que rociaron gasolina sobre su cuerpo y su vehículo
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En adelante el Tribunal
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en la vereda La Yolomba en el municipio de Dagua (Valle del Cauca),
durante el paro nacional de transportadores.
Indicó que, por lo anterior, junto con otras personas promovió
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJÉRCITO NACIONAL, la POLICÍA NACIONAL y el MUNICIPIO
DE DAGUA, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por las afectaciones padecidas, al
considerar que desconocieron sus deberes de seguridad y protección
en el marco de un paro nacional de transportadores.
Señaló que el citado proceso fue identificado con el número único de
radicación 2018-00206-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI3 que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2021, denegó las
pretensiones de la demanda.
Adujo que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 26 de
septiembre de 2025, confirmó la decisión del a quo.
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En adelante el JUZGADO.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
El actor afirmó que la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia excepcional, toda vez que se vulneraron
sus derechos fundamentales como víctima en condición de
discapacidad, así mismo, sostuvo que no existen otros mecanismos
judiciales que le permitan obtener una reparación integral.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otras, la sentencia de 4
de diciembre de 2020, proferida dentro del expediente número
20001-23 39-001-2015-00375-01, en la que se reiteró que: “[…] la
responsabilidad por omisión se configura cuando el riesgo es
evidente, conocido y exigible, sin necesidad de que se conozca el
modus operandi exacto […].
Resaltó que el Tribunal accionado también omitió valorar pruebas
que acreditaban la posición de garante del Estado que había asumido
públicamente el deber de proteger a los transportadores durante el
paro y existían órdenes operativas, minutas, solicitudes internas de
refuerzo y reconocimiento oficial del riesgo, que así lo demostraban.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 1. Que se ampare mi derecho fundamental al debido
proceso, vida digna, salud y acceso a la justicia.
2. Que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 26
de septiembre de 2025.
3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una
nueva sentencia, valorando integralmente las pruebas y
aplicando el precedente vinculante sobre responsabilidad estatal
por omisión.
4. Que se adopten medidas provisionales de protección y
atención médica si persiste el perjuicio irremediable. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente o, en su defecto,
denegar el amparo deprecado, toda vez que lo pretendido por el actor
es convertir la acción constitucional en una tercera instancia, pues
más que un defecto lo que alega es una inconformidad con la decisión
censurada, lo cual no habilita el ejercicio de la tutela contra
providencias judiciales.
Resaltó que, contrario a lo afirmado por el accionante, la decisión
proferida se fundamentó en el análisis probatorio necesario y la carga
argumentativa exigida para arribar a dicha conclusión.
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Por último, señaló que en la sentencia de segunda instancia lo que
se exigía era la necesidad de demostrar un riesgo concreto y
particular de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y no la acreditación de una previsibilidad
individual o modalidad específica del riesgo.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO luego de realizar un recuento del trámite surtido
tanto en primera como en segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa objeto de estudio, afirmó que lo que se advierte
es la inconformidad del actor al no haber accedido a sus
pretensiones, razón por la que para su defensa se remite a los
argumentos expuestos en el fallo que profirió el 16 de marzo de
2021.
I.6.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL solicitó no
acceder al amparo pretendido, por cuanto en ningún momento fueron
vulnerados los derechos fundamentales del actor, máxime cuando
dentro del proceso de reparación directa se le otorgaron todas las
garantías procesales.
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I.6.3.- El MUNICIPIO DE DAGUA indicó que los hechos que
fundamentan la acción constitucional de la referencia no tienen
relación directa con sus funciones, razón por la que, a su juicio, se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva. Igualmente,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto,
denegar las pretensiones del actor.
I.6.4.- Los señores JANNETH GRACIELA, RUTH HELENA y DORIS
MARLÉN VILLOTA BENAVIDES y JOSÉ LUIS VILLOTA CANO, a
través de apoderado judicial, manifestaron apoyar las pretensiones
formuladas por el accionante relativas a que se deje sin efecto la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal accionado y,
en su lugar, se ordene emitir una nueva providencia en la que se
valoren íntegramente las pruebas y se aplique el precedente
jurisprudencial sobre responsabilidad estatal por omisión.
Aunado a lo anterior, solicitaron que se amparen los derechos
fundamentales deprecados y se les garantice su participación
efectiva como terceros con interés directo dentro de la presente
tutela, de conformidad con lo ordenado en el auto admisorio de la
demanda y el principio de igualdad procesal.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 13 de noviembre de 2025, la SECCIÓN
CUARTA declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, al
considerar que lo pretendido es prolongar una discusión que ya fue
resuelta en el marco del proceso ordinario, pues el Tribunal accionado
resolvió los reparos que ahora son objeto de cuestionamiento en sede
de tutela, por lo que resaltó que la simple disparidad de criterio del
actor con la decisión cuestionada no constituye en sí misma una
vulneración de sus derechos fundamentales.
Para el efecto, señaló que la autoridad judicial accionada basó su
análisis a partir del reconocimiento del deber de protección de la
fuerza pública frente a la integridad de las personas y de sus bienes;
no obstante, precisó que el evento violento contra el actor fue
imprevisible, en la medida en que no se produjo en el lugar en el que
estaban aglomerados los manifestantes y en el que se concentró la
estrategia de seguridad de las entidades demandadas.
Asimismo, encontró que la parte demandada analizó todas las
pruebas obrantes en el expediente ordinario, entre estas, las minutas
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de policía, el oficio SETRA núm. 265 de 2016, los certificados
expedidos por la Policía Nacional frente a la ocurrencia de los hechos
y los disturbios presentados en la zona, los testimonios y recortes de
prensa relacionados con las medidas adoptadas frente al paro de
transportadores y, con base en estos, confirmó la decisión del a quo.
Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal accionado fundamentó su
decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
responsabilidad de la administración por la falla en el servicio por
omisión en el cumplimiento del deber de seguridad y protección, para
lo cual citó apartes de la sentencia de 5 de marzo de 2021, proferida
por la Sección Tercera -Subsección A- del Consejo de Estado (Rad.
64.562).
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia,
manifestando que el asunto sí reviste verdadera relevancia
constitucional, pues no se trata de una tercera instancia ni de una
simple inconformidad con la valoración probatoria, sino de la
protección de derechos fundamentales vulnerados por la omisión en
la valoración de pruebas determinantes y el desconocimiento del
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precedente jurisprudencial sobre responsabilidad estatal por
omisión.
Afirmó que aun cuando se agotaron los mecanismos ordinarios, estos
no garantizaron la protección efectiva de sus derechos
fundamentales, razón por la que, a su juicio, la subsidiariedad no
puede convertirse en un obstáculo absoluto cuando el proceso
ordinario dejó desprotegida a una víctima en condición de
discapacidad y el perjuicio es continuado y permanente, pues las
secuelas físicas y la pérdida patrimonial afectan de manera constante
su vida digna e integridad.
Insistió en que la autoridad judicial accionada sí incurrió en defecto
fáctico, toda vez que omitió valorar pruebas determinantes que
acreditaban la previsibilidad del riesgo y el deber de protección
estatal, tales como, las minutas de policía y órdenes operativas; el
Oficio SETRA núm. 265 de 18 de junio de 2016; la solicitud de
refuerzo antidisturbios no atendida; el reconocimiento oficial de
disturbios en el Km 74 y la activación de caravanas de seguridad
inmediatamente después del siniestro.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
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de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente caso, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 26 de septiembre de 2025, proferida por el
TRIBUNAL dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 76001-33-33-021-
2018-00206-01.
La controversia tiene origen en el hecho de que, a juicio del actor, se
debió declarar la responsabilidad patrimonial y administrativa del
Estado por los perjuicios que sufrió en el siniestro ocurrido en el
2016, durante el paro de camioneros.
El disenso del actor radica en que, en su sentir, el TRIBUNAL
incurrió en el defecto fáctico por omitir valorar pruebas, tales como,
las órdenes operativas, minutas, solicitudes internas de refuerzo y
reconocimiento oficial del riesgo que demostraban que el Estado
había fallado en su deber de proteger a los transportadores durante
el paro de camioneros y, además, desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en la que se ha reiterado que la responsabilidad
por omisión se configura cuando el riesgo es evidente, conocido y
exigible, sin necesidad de que se conozca el modus operandi exacto.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que declaró improcedente
la solicitud de amparo, al estimar que no se cumplió con el requisito
general de la relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido
era crear una instancia adicional del proceso ordinario.
En la impugnación el actor manifestó que, contrario a lo advertido
por el a quo, el asunto sí reviste verdadera relevancia constitucional,
pues están involucrados sus derechos fundamentales como víctima
en condición de discapacidad, los cuales continúan siendo vulnerados
por la omisión en la valoración de pruebas determinantes y el
desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre
responsabilidad estatal por omisión.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos alegados.
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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela están dirigidos a que el TRIBUNAL realice una
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nueva valoración de las pruebas frente al alcance de la
imprevisibilidad del hecho violento que sufrió el accionante y un
nuevo estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación
con la responsabilidad por la omisión de los deberes de protección y
seguridad por parte del Estado.
En efecto, revisada la providencia de 26 de septiembre, aquí
cuestionada, se advierte que las inconformidades que trae el
accionante a esta sede constitucional ya fueron resueltas por el
TRIBUNAL, quien realizó un análisis jurídico y probatorio del caso
propuesto por el actor, para concluir que debía confirmar en su
totalidad la decisión mediante la cual el JUZGADO denegó las
pretensiones, como se lee a continuación:
“[…] La Sala confirmará la sentencia apelada, en consideración
a que no hay sustento probatorio claro que permita asegurar que
las lesiones y pérdidas materiales, se produjeron por las aludidas
omisiones de las autoridades frente a los deberes de seguridad
y protección que ostentan, pues no se acreditó que las
autoridades tuvieran conocimiento específico y concreto del
riesgo que enfrentaba el señor Jaime Villota ni que este hubiese
solicitado una protección especial.
No existe prueba en el expediente que demuestre que las
entidades demandadas conocieran, de manera anticipada, la
inminencia de la agresión sufrida por la víctima. De igual modo,
se encuentra acreditado que la Policía Nacional desplegó
medidas preventivas y de control tales como patrullajes, retenes
y puestos de vigilancia en diversos sectores de la vía, lo cual
evidencia una actuación razonable conforme a sus
competencias.
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Por otro lado, el hecho de que los refuerzos Policiales solicitados
tanto en las minutas de guardia como en oficios de la policía, los
cuales arribaron con posterioridad al incidente no pueden
interpretarse como omisión constitutiva de responsabilidad,
pues ello obedece a la imposibilidad material de cubrir
simultáneamente todo el corredor vial de la vía Loboguerrero -
Buenaventura. Pretender lo contrario significaría exigir a la
Fuerza Pública la garantía absoluta de evitar cualquier hecho
delictivo, lo que excede los límites constitucionales y
jurisprudenciales de su deber de protección.
Igualmente, el Ejército Nacional aportó documento donde el
Batallón de alta montaña No. 3 realizó operaciones de control
territorial durante los días 13 al 19 de junio de 2016, los cuales
brindaron seguridad al eje vial Alejandro Cabal Pombo.
Asimismo, se tiene que no se demostró que el lesionado se
encontrara acompañado o se hubiese movilizado dentro de una
caravana programada, ni que los hechos hayan sido en un sitio
de aglomeración del paro, o que evidentemente las personas que
participaban de este, hayan sido quienes lo agredieron, pues de
los hechos de la demanda se afirma que el señor Villota
Benavidez decidió continuar con su labor de transportar
mercancía el día de su agresión, en razón a una alocución
presidencial donde el presidente de la época instaba a los
conductores a no involucrarse en el paro y continuar con sus
actividades de transporte, garantizándoles protección y
seguridad en la movilidad de carga por carretera.
Frente a ello debe decirse que no se encontró artículo alguno o
alocución aportada donde se encuentre lo afirmado, pues lo
único acreditado es que el Presidente pidió a los transportadores
no unirse al paro y que el Gobierno comunicó posteriormente la
creación de una póliza para cubrir daños a los vehículos, de
acuerdo a los artículos de noticias aportados.
En cuanto al desconocimiento de pruebas alegado por el
apelante, la Sala advierte que la valoración efectuada por el a-
quo fue correcta, en la medida en que el oficio No. 265 del 18
de junio de 2016 y demás documentos oficiales únicamente
reflejan circunstancias generales de alteración del orden público
en lugares específicos, sin que pueda deducirse de ellos la
existencia de un riesgo particular y concreto respecto de la
víctima.
El oficio mencionado da cuenta por parte del jefe de la Unidad
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de Reacción e Intervención Loboguerrero al Jefe Seccional de
Tránsito y Transporte del Valle sobre la novedad del 16 de junio
de 2016, afirmándose que las 12 unidades de policía se
encontraban distribuidas de la siguiente manera, 5 en el
kilómetro 45 vía Buenaventura – Buga, sector “El Naranjo”,
esperando la caravana que acompañaba el cuadrante de
Cisneros. Que 3 más en el km 74 sector Zabaletas realizando
control en concentración de personas, otras 2 unidades se
encontraban realizando controles disuasivos a la comisión de
hechos vandálicos en el sector Zabaletas y el alto calima, misma
labor que realizaban las 2 unidades restantes, pero en el sector
del peaje Loboguerrero y Zabaletas.
Se hace relevancia también en el informe de que en el sector “La
Yolomba” había paso restringido a un carril por derrumbe y
debido la cantidad de vehículos de carga, y que en el km 70,
sector de Zabaletas, se presentaban amenazas de disturbios al
orden público debido a la presencia de varios tractocamiones
estacionados con pancartas relacionadas con el paro de
transportadores, así como un grupo de personas que lanzaban
piedras contra los vehículos que transitaban por la vía. Por tal
motivo, se ordenó instalar un puesto fijo en el lugar y se elevó
solicitud de apoyo con personal antidisturbios al comando del
Distrito de Policía de Dagua.
De igual forma, es importante destacar que la previsibilidad de
disturbios de carácter general no convierte en exigible la
presencia permanente de la fuerza pública acompañando de
manera individual a cada transportador. La obligación de las
autoridades en materia de seguridad es de medio y no de
resultado, y en ningún caso puede interpretarse como un deber
de imposibles.
Tampoco se demostró que la forma de operar de los atacantes
hubiera sido conocida o recurrente con anterioridad, lo que
también descarta la posibilidad de imputar responsabilidad al
Estado bajo un criterio de previsibilidad directa del daño, por
manera que el testimonio allegado al proceso no permite concluir
que la agresión sufrida por el demandante fuera previsible o que
la autoridad estuviera en capacidad de prevenirla […]”.
Asimismo, el TRIBUNAL fundamentó su análisis en la jurisprudencia
del Consejo de Estado frente a la responsabilidad de la
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administración por la falla en el servicio por omisión en el
cumplimiento del deber de seguridad y protección, así:
“[…] En cuanto al incumplimiento de la obligación legal de
brindar protección y seguridad a la ciudadanía, el Consejo de
Estado ha manifestado lo siguiente:
“(…) Al respecto, recuerda la Sala que, en casos como el
formulado19, la jurisprudencia de esta Sección ha sido
reiterada hasta la actualidad, siendo una postura
consolidada aquella según la cual la Administración
responderá patrimonialmente, a título de falla en el
servicio por omisión en el cumplimiento del deber de
brindar seguridad y protección a las personas, al menos
en dos eventos:
‘i) cuando se solicita protección especial con indicación de
las especiales condiciones de riesgo en las cuales se
encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud
de protección alguna, de todas maneras, resulta evidente
que la persona la necesitaba en consideración a que
existían pruebas o indicios conocidos que permitieran
asegurar que la persona se encontraba amenazada o
expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón
de sus funciones.
De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado
responda por el incumplimiento de la obligación de brindar
protección y seguridad, se debe establecer que las
autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo
o peligro en que se encontraba la víctima, pues ‘tal
conocimiento es el que posibilita y hace exigible la
actuación y protección de las autoridades.
De modo que, si bien la fuerza pública tiene un deber
general de protección de la vida, honra y bienes de todos
los residentes en Colombia, según lo dispuesto en el
artículo 2 constitucional, para que surja la responsabilidad
del Estado por omisión del deber de seguridad, la
Administración debe conocer la situación de amenaza o
peligro, ya sea porque el interesado solicite protección
especial o porque su vulnerabilidad resulte evidente, pues
es el conocimiento de la situación el que hace exigible la
acción del Estado (…). “[…]”.
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Igualmente, frente a la inconformidad del actor relativa a que el
riesgo que enfrentaba era evidente y conocido y el Estado omitió su
deber constitucional de protegerlo, el TRIBUNAL accionado sostuvo
lo siguiente:
“[…] Respecto a la afirmación de que el riesgo era notorio
y previsible, debe precisarse que la sola existencia del
paro camionero, como hecho público y generalizado, no
implica la previsión concreta del ataque sufrido por el
demandante. La agresión fue ejecutada por dos
particulares en motocicleta, fuera de los puntos de
concentración masiva y sin que existieran antecedentes
que permitieran inferir dicha modalidad de violencia. En
consecuencia, no puede considerarse acreditado un riesgo
individualizado que obligara a las autoridades a desplegar
medidas específicas de protección en favor del actor.
En cuanto al marco constitucional e internacional invocado
por el apelante, debe precisarse que, aunque el Estado
tiene el deber de proteger la vida, la integridad y la
seguridad de los ciudadanos, este no es absoluto ni
ilimitado. Su alcance debe analizarse frente a las
condiciones reales de capacidad, recursos y medios de la
fuerza pública, lo cual impide exigir una protección total y
permanente frente a cualquier riesgo […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la
referencia carecen de una perspectiva constitucional, en la medida
en que su solución se deriva en que el juez de tutela haga un nuevo
examen integral de las pruebas que fueron allegadas al proceso
ordinario, así como de cada uno de los argumentos que propuso en
este, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad
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judicial accionada y se acoja la interpretación que propone el
accionante.
En efecto, se observa que, precisamente, tanto las pruebas como la
jurisprudencia que echa de menos el actor, fueron valoradas de
manera integral pues de la lectura de la providencia cuestionada la
Sala advierte que se analizaron y estudiaron cada una de las
inconformidades que ahora fundamentan la presente acción de
tutela.
Lo anterior pone de manifiesto que el TRIBUNAL fundamentó sus
decisiones de forma admisible y razonable y, en particular, que lo
pretendido con la presente acción de tutela es cuestionar esas
determinaciones como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional al proceso ordinario sin que, en todo caso, se
vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial.
La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez, más no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
lo que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por el
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actor, al no advertirse una actuación arbitraria por parte de la
autoridad accionada.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del precedente judicial tampoco cumple con la carga argumentativa
que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó
a citar una sentencia sin precisar la relación fáctica y jurídica que
pudiese existir entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso
ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
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requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque
la parte demandante no cumplió con el mínimo de carga
argumentativa para explicar la configuración de defecto alguno, sino
porque, además, pretende que en sede de tutela se estudien las
razones y fundamentos expuestos en la providencia dictada dentro
del medio de control de reparación directa, lo que torna la acción de
tutela improcedente, pues este mecanismo no está instituido para
ser ejercido como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador en los procesos ordinarios y constitucionales.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada que
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declaró improcedente la presente acción de tutela por carencia del
requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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