Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06263-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06263-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06263-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)
Accionantes: Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa
Accionados: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos sustantivo y
fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por los señores Diego Javier Gómez Franco y
Luis Guillermo Gómez Atehortúa en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa
presentaron escrito con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a
la reparación integral, debido proceso, seguridad jurídica, propiedad privada,
confianza legítima y de acceso a la administración de justicia, que consideraron
vulnerados por las autoridades judiciales que declararon probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)
Accionantes: Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa
Accionados: Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de Antioquia
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. Los señores Luis Guillermo Gómez Atehortúa, Miryam Franco Mejía, Diego
Javier Gómez Franco, Juan Gregorio Gómez Franco y Juliana Gómez Franco
interpusieron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra del municipio de Rionegro y las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., con
el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial derivada de una ocupación
temporal en el predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 020-408881. En
consecuencia, solicitaron que se condenara a esas entidades a pagar los perjuicios
por concepto de daño moral y lucro cesante.
3. Mediante auto del 26 de febrero de 2025 2, el Tribunal Administrativo de
Antioquia decidió las excepciones previas propuestas en el trámite de la demanda
y declaró la caducidad del medio de control. Consideró que el término de caducidad
debía contarse desde la ocurrencia de los hechos constitutivos del daño alegado.
En ese sentido, entendió que estos se remontaban a octubre de 2018, toda vez que
en la demanda se afirmó que el daño antijurídico derivó de la tala de 50 árboles
dentro del inmueble señalado y del inicio de labores de explanación para la
construcción de una vía.
4. Los demandantes afirmaron que no operaba la caducidad en este asunto, al
invocar una confianza legítima derivada de las negociaciones adelantadas con la
entidad territorial para la adquisición del inmueble. Sin embargo, la autoridad judicial
concluyó que, conforme a la norma aplicable y a la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, el cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa debía empezar a
contabilizarse desde octubre de 2018. Contra esta decisión se interpuso recurso de
apelación3.
5. Frente a los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, los
demandantes señalaron que el interés del municipio de Rionegro en el inmueble
estuvo acompañado de manifestaciones expresas y tácitas orientadas a negociar
su adquisición. Tal aspecto, a su juicio, generó en ellos la expectativa legítima de
recibir pago o compensación tras permitir las intervenciones reprochadas. En ese
contexto, manifestaron que el impacto no correspondió a un evento único, sino a un
daño continuado cuya prolongación obedeció a las reiteradas promesas de
1 Samai, expediente digital, índice 11, 9RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_16102025z(.zip) NroActua 11,
01_ExpedienteDigital-Anexos.pdf.
2 Ibidem. 15_AutoResuelve.pdf.
3 Ibidem. 17_PresentacionRecurso.pdf.
2
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negociación del municipio entre 2018 y 2023, pues la afectación definitiva fue
cuando se comunicó la decisión de no adquirir el inmueble.
6. Finalmente, expusieron que la confianza que depositaron en las negociaciones
adelantadas fue tan sólida que decidieron no acudir a la administración de justicia
para reprochar la ocupación que consideraban irregular. En ese orden de ideas,
refirieron que fueron defraudados, pues esperaban ser compensados
económicamente por las intervenciones realizadas. Por consiguiente, afirmaron que
la frustración de esa expectativa legítima era indemnizable, en tanto generó el daño
y los perjuicios cuya reparación reclaman.
7. Por medio de auto del 3 de junio de 20254, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia. Advirtió que el daño consistió en las graves afectaciones de las
intervenciones ejecutadas en el inmueble por el municipio de Rionegro y no en la
ausencia de negociación sobre el mismo, sin desconocer que esas consecuencias
pudieran agravarse y generar mayores perjuicios con el paso del tiempo.
Adicionalmente, estimó que, tratándose de obras públicas, no procedía la figura de
daño continuado, pues era posible identificar el momento en el que ocurrió el hecho
alegado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en su escrito de tutela5, lo siguiente:
4.1. DECLÁRESE que las decisiones judiciales emitidas por el Tribunal
Administrativo De Antioquia – Sala Segunda De Decisión, integrada por los
Magistrados Jaiver Camargo Arteaga (Ponente); Álvaro Cruz Riaño; y Verónica
Gutiérrez Tobón; y el Consejo De Estado – Sala De Lo Contencioso Administrativo
• Sección Tercera – Subsección B, integrada por los Consejeros Alberto Montaña
Plata (Ponente) y Fredy Ibarra Martínez, calendadas 26 de febrero de 2025 y 03
de junio de 2025, respectivamente, ambas dentro del medio de control de
reparación directa con Radicado 05001 23 33 000 2024 00737 00, incurren en vía
de hecho por defectos: sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución,
vulnerando en consecuencia los derechos fundamentales del extremo tutelante, al
acceso a la administración de justicia; a la reparación integral; a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima y a la propiedad privada.
4.2. ORDENAR a los tutelados emitir las órdenes correspondientes, que permitan
adelantar y llevar hasta su culminación el medio de control incoado6.
9. Como fundamento de sus pretensiones, indicaron que las decisiones
judiciales cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la reparación
integral, debido proceso, seguridad jurídica, propiedad privada, confianza legítima y
de acceso a la administración de justicia. Reiteraron que el actuar del municipio de
Rionegro fue irregular, pues, a su juicio, generó un daño grave e irreversible,
4 Samai, expediente digital, índice 2.
5 Ibidem.
6 Transcripción incluso con errores.
3
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dilataron durante años la negociación y desconocieron cualquier obligación de
reparación.
10. Precisaron que la presente acción de tutela cumple con todos los requisitos
generales de procedibilidad. Además, explicaron que las decisiones judiciales
cuestionadas desatendieron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
flexibilizado el término de caducidad en el medio de control de reparación directa,
en cuanto se ha evitado fijar un momento único y rígido a partir del cual deba
iniciarse su contabilización. En otras palabras, afirmaron que se pasó por alto el
deber del juez de examinar las circunstancias propias del caso con miras a
establecer el momento en que se tuvo certeza del daño
11. Consideraron que la ausencia de un pronunciamiento judicial de fondo les
generó un perjuicio irremediable, grave, cierto, inminente e irreparable, pues fueron
privados de la posibilidad de obtener una reparación integral y produjeron un
despojo de su derecho de propiedad sin compensación. Por esa razón, a su juicio,
se hacía necesaria la intervención del juez constitucional para evitar que se
consolidara una vulneración de sus derechos fundamentales. Asimismo, reiteraron
argumentos expuestos en el recurso de apelación en contra del auto que declaró
probada la caducidad del medio de control.
12. Así las cosas, argumentaron que las decisiones judiciales cuestionadas
incurrieron en un defecto sustantivo porque el análisis de la caducidad fue rígido y
no valoró las circunstancias particulares del caso. Indicaron que también se
presentó un defecto fáctico, pues expusieron que no se valoró que el 18 de agosto
de 2023 fueron informados de que el municipio de Rionegro no adelantaría
negociación alguna sobre el inmueble. Finalmente, observaron configurada una
violación directa de la Constitución Política, fundada en las mismas razones
expuestas para alegar el defecto sustantivo, y adicionaron una serie de
consideraciones jurídicas respecto de las providencias judiciales cuestionadas.
2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente, mediante auto del 9 de octubre de 20257, admitió la
solicitud de amparo, vinculó a los señores Miryam Franco Mejía, Juan Gregorio
Gómez Franco y Juliana Gómez Franco, así como al municipio de Rionegro y a
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., requirió en medio digital el expediente con
radicado núm. 05001-23-33-000-2024-00737-00/01 y tuvo como pruebas los
documentos aportados con el escrito de tutela.
2.4. Intervenciones
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 8, a través
del magistrado ponente, consideró que la providencia proferida y el expediente del
7 Samai, expediente digital, índice 5.
8 Samai, expediente digital, índice 9.
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Accionantes: Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa
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proceso ordinario contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. Por ende,
afirmó que estará dispuesta para atender lo decidido.
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia9, a través del magistrado ponente,
señaló que, frente a lo pretendido en la acción de tutela, se atenía a lo probado en
el trámite correspondiente.
16. Empresas Públicas de Medellín E.S.P.10 sostuvo que el caso planteado en la
presente acción de tutela no constituye un asunto de relevancia constitucional, sino
una discrepancia con la aplicación del término de caducidad establecido en el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA). A su vez, añadió que: i) no se configuró una
irregularidad procesal determinante; ii) los hechos vulneradores señalados fueron
identificados de manera inadecuada; y iii) no se acreditó ninguno de los requisitos
específicos exigidos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
17. El municipio de Rionegro11 manifestó que no existió un defecto sustantivo en
las decisiones judiciales cuestionadas, pues fueron producto de la aplicación del
derecho a partir de los hechos y pretensiones esbozados en el escrito de la
demanda. Además, señaló que los accionantes intentan revertir la caducidad al
modificar en sede de tutela la fuente del daño, pues las pretensiones resarcitorias
se encaminaron a la ocupación del inmueble y no a su negociación. Por último,
indicó que lo que buscan es que el juez de tutela reconfigure el daño antijurídico
planteado en la demanda para imponer un nuevo punto de partida en el término de
caducidad, lo que desnaturalizaría la acción constitucional.
18. Los demás sujetos vinculados a la presente acción de tutela guardaron
silencio.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
9 Samai, expediente digital, índice 11, 10RECIBEPRUEBAS_Oficio19Contestacion(.pdf) NroActua 11.
10 Samai, expediente digital, índices 12 y 14.
11 Samai, expediente digital, índice 13.
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Accionantes: Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa
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3.2. Legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa por activa de los señores Diego Javier Gómez
Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa se encuentra acreditada, por cuanto
fueron demandantes en el proceso ordinario en donde se profirieron las decisiones
judiciales objeto de tutela y, por lo tanto, son los titulares de los derechos que
consideran vulnerados.
21. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Antioquia, ya que fueron las autoridades judiciales que dictaron
las providencias cuestionadas que, según afirmaron los accionantes, quebrantaron
sus derechos fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar
22. La Sala observa que los accionantes formularon dos cargos diferentes: uno por
defecto sustantivo, fundado en la interpretación del término de caducidad aplicable
al caso concreto, y otro por violación directa de la Constitución Política, basado en
el supuesto desconocimiento de los pronunciamientos de la Corte Constitucional
que han reconocido la necesidad de flexibilizar dicho término. No obstante, ambos
reproches se ubican en el ámbito del defecto sustantivo en los términos de la
jurisprudencia constitucional12, razón por la cual se examinarán conjuntamente los
cargos bajo ese requisito específico de procedibilidad.
23. Igualmente, y tal como se ha considerado en ocasiones anteriores 13, por
más que el escrito de tutela se dirija en contra de las decisiones de primera y
segunda instancia del proceso ordinario, los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se formulan en
términos similares frente a ambas providencias. Por consiguiente, el estudio del
presente asunto se centrará en el auto de segunda instancia, toda vez que
confirmó la decisión que declaró probada la excepción de caducidad.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
12
Al respecto, se ha dicho que «[e]ste defecto sustantivo en modalidad de no sujeción a las decisiones judiciales
vinculantes se presenta cuando el juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la
norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autorizada, o al variar la manera en la que
el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, surge un error en la aplicación uniforme de la
norma». Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-298 del 21 de mayo de 2015, proceso con radicado T-
4.615.005. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2025, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2025-05003-00. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso
con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional15.
25.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales16 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución17.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional18 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-813 del 4 de octubre de 2007, proceso con radicado T-
1334615 (acumulados). M.P. Jaime Araújo Rentería.
16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-024 del 5 de abril de 2018, proceso con radicado T- 6.221.520.
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, proceso con radicado
T-2.021.124. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de junio
de 2018, proceso con radicado T-6.304.188. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-
8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
29. Así pues, la Corte Constitucional19 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»20 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»21;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en las
providencias judiciales cuestionadas se configuró un desconocimiento del
ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión
ajustada a derecho.
31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ordinario en el que se profirieron las decisiones objeto de tutela.
32. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la
providencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación, objeto de reparo, es del 3 de junio de 2025 y la demanda de tutela se
presentó el 6 de octubre de 202522, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional23 y el Consejo de Estado24 como razonable.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Samai, expediente digital, índice 2.
23 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-466 del 19 de diciembre de 2022, proceso con
radicado T-8.338.820. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso
con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
34. Finalmente, las providencias reprochadas no fueron emitidas dentro de un
trámite de tutela, sino que se dictaron al interior de un proceso ordinario.
35. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continuará con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Para ello, se abordará el siguiente problema jurídico:
37. ¿Configura un defecto sustantivo o fáctico la decisión que declaró probada la
caducidad del medio de control de reparación directa al determinar que la fuente del
daño fue la ocupación temporal del inmueble, sin considerar la existencia de una
confianza legítima derivada de las negociaciones sobre el mismo?
38. En ese sentido, se estudiarán las generalidades de las causales específicas
invocadas y el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
39. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado25.
40. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
25 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T-
3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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41. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a
la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se
administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales
que son de forzosa aplicación […]26.
42. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
43. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)27.
3.5.2. El defecto fáctico
44. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»28. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión29» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
45. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
26
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-284 del 5 de abril de 2006, proceso con radicado
T-1.244.552. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; criterio reiterado en sentencia T-450 del 19 de noviembre de
2018, proceso con radicado T-6.388.862. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T-
5.375.361. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-062 del 7 de junio de 2018, proceso con radicado T-
6.439.129. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
29 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994, proceso con
radicado T-39.775. M.P. Antonio Barrera Carbonell; criterio reiterado en la sentencia SU-048 del 16 de febrero
de 2022, proceso con radicado T-8.303.929. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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una valoración por “completo equivocada”»30. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»31.
46. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no
se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva;
(iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando
se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo
fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso32.
47. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»33.
48. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
30 Ibidem.
31 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 9 de mayo de 2024, proceso con radicado T-
9.665.657. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
32 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-781 del 20 de octubre de 2011, proceso con
radicado T-3.106.156. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
33 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-146 del 4 de marzo de 2010, proceso con
radicado T-3.106.156. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]34.
3.6. Caso concreto
49. Los señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa
presentaron acción de tutela en contra de los autos que encontraron probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa. Aducen que
esas decisiones judiciales incurrieron en un: i) defecto sustantivo porque no se
analizó la caducidad bajo las particularidades del caso y se desatendió la
jurisprudencia constitucional sobre la flexibilización de ese instituto jurídico-
procesal; y ii) defecto fáctico porque no se tuvo en cuenta que solo hasta el 18 de
agosto de 2023 fueron informados de que no habría negociación sobre el inmueble
afectado.
50. Teniendo en cuenta lo expuesto, se encuentra que la providencia proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación interpretó el escrito de
la demanda para establecer la consolidación del daño alegado y, con base en ello,
determinar el cómputo del término de caducidad del medio de control.
Concretamente, observó que la solicitud de reparación iba encaminada a la
afectación del predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 020-40888 por las
intervenciones realizadas por el municipio de Rionegro, mas no sobre la existencia
de una confianza legítima generada por las negociaciones para adquirir el bien
inmueble.
51. En otras palabras, para establecer la caducidad del medio de control de
reparación directa, resultaba esencial determinar la fuente del daño, por lo que el
juez de segunda instancia delimitó el alcance de los hechos y las pretensiones de
la demanda, cuyos apartes fueron transcritos en las notas al pie 16 y 17 de la
providencia judicial. Por ende, y a partir de esa interpretación, explicó que «el daño
no constituyó un daño continuado ni sucesivo, comoquiera que se configuró en un
momento preciso, esto es, cuando fue intervenido en octubre de 2018».
52. La Sala advierte que el análisis realizado por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta corporación se mantuvo dentro de su autonomía funcional y efectuó
una interpretación razonable de los supuestos de hecho subsumibles al artículo 164
del CPACA. En ese sentido, no se configuró un defecto sustantivo ni fáctico, toda vez
que la conclusión adoptada se fundamentó en el análisis de los hechos y las
pretensiones de la demanda, los cuales, en últimas, delimitaron el ámbito de
actuación del juez conforme al principio de justicia rogada.
34 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 9 de mayo de 2024, proceso con radicado T-
9.665.657. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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53. Aunque los demandantes sostuvieron que el daño se consolidó cuando se les
informó la decisión de no adquirir el predio, lo cierto es que resulta razonable
entender que las pretensiones de la demanda estaban orientadas al resarcimiento
de los perjuicios derivados de la ocupación temporal del inmueble. Lo anterior se
comprende toda vez que no se planteó una responsabilidad precontractual del
Estado por culpa in contrahendo ni se buscó una indemnización por la frustración
del eventual negocio jurídico35, tal como se muestra a continuación:
4. PRETENSIONES
4.1. Declárese que, el MUNICIPIO DE RIONEGRO y las EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., son administrativa y solidariamente responsables por
el daño antijurídico causado a la parte demandante debido a las irregulares
intervenciones por ellos realizadas en el predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 020-40888, de propiedad de los accionantes, y que derivaron
en graves daños y afectaciones tanto al predio como a sus propietarios; y
como consecuencia de esta declaración, se solicita se CONDENE al pago de las
siguientes indemnizaciones:
Condénese al MUNICIPIO DE RIONEGRO y las EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN S.A. E.S.P., a pagar solidariamente, por concepto de PERJUICIOS
MORALES SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales que a continuación se
indican y se reclaman por el daño causado en los demandantes indicados en el
numeral 3 supra, por las irregulares intervenciones realizadas por las
convocadas en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 020-
40888, de propiedad de los demandantes, y que derivaron en graves daños y
afectaciones tanto al predio como a sus propietarios […]
Condénese al MUNICIPIO DE RIONEGRO y las EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN S.A. E.S.P., a pagar solidariamente, por concepto de PERJUICIOS
MATERIALES en la modalidad de lucro cesante, la suma de DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($2.151.229.592,oo) a favor del grupo demandante
de conformidad con la estimación contenida en el dictamen pericial aportado […]
(negrillas fuera del texto).
54. Asimismo, en el acápite de los fundamentos de derecho, además de exponer
una serie de consideraciones relativas al derecho de propiedad privada y a la
indemnización derivada de la ocupación temporal o permanente de bienes
inmuebles por parte del Estado, se afirmó lo siguiente:
El daño causado a los demandantes, con ocasión a la irregular intervención del
lote de propiedad de estos identificado con matrícula inmobiliaria No. 020-
40888, que generó el daño del cien por ciento (100%) del mismo como
consecuencia de los trabajos allí realizados en cabeza del municipio de
Rionegro, Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, implica una
35 Sobre el particular, la jurisprudencia ha explicado que: «[l]os tratos preliminares no son indiferentes o
intrascendentes para el derecho […] porque quienes se encuentran en su fase de formación deben observar las
reglas de conducta […] que tiene como fin asegurar protección contra la mala fe, la ligereza de su contraparte
o el abuso de su libertad para concluir o no el contrato. Esa reglas suponen que una interrupción intempestiva
o una ruptura abrupta y sin justificación alguna de las negociaciones previas al contrato pueden genera una
responsabilidad extracontractual por culpa in contrahendo, que da derecho a una indemnización por el daño
consecuencia de la frustración del negocio jurídico por la violación del “principio y deber” de actuar de buena
fe». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, proceso con
radicado 05001-23-31-000-1996-00657-01(31.628). M.P. Guillermo Sánchez Luque.
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responsabilidad de estos en reparar los perjuicios originados por la ocupación
temporal o permanente del inmueble por los trabajos públicos allí realizados, lo
que implica la declaratoria de responsabilidad de dichas entidades; situación que
denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, que no tienen por
qué asumir los afectados (negrillas fuera del texto).
55. Como se puede observar, el escrito de la demanda se orientó a aducir un daño
antijurídico de la ocupación temporal del bien inmueble por parte del municipio de
Rionegro y de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Por tanto, la conclusión de las
autoridades judiciales accionadas en el sentido de que el daño se consolidó en
octubre de 2018 obedece al deber que les asiste de interpretar la demanda y sus
pretensiones para establecer el cómputo del término de caducidad. Al respecto, la
Sección Tercera de esta corporación ha explicado que:
En el caso concreto, la Sala considera necesario determinar la causa petendi de la
demanda, para precisar el supuesto de hecho que debe ser tenido en cuenta para
el conteo del término de caducidad.
Al respecto, se aclara que el juez tiene el deber de interpretar la demanda con el
fin de establecer lo pretendido por quien acude a la jurisdicción, sin llegar a
suplantar su voluntad al punto de modificar la causa petendi y el petitum36.
56. Por otra parte, corresponde señalar que la interpretación asumida por las
autoridades judiciales accionadas resulta coherente con el criterio unificado por la
Sala Plena de la Sección Tercera37, según el cual el término de la caducidad debe
computarse desde la fecha en que cesa la ocupación del inmueble, ya que esta
«opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los
interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término»38. Por lo anterior,
no les era posible acoger la posición de los demandantes de iniciar el cómputo de
la caducidad desde agosto de 2023, pues una manifestación de negocio sobre el
inmueble no suspendía dicho término.
57. Si bien los accionantes citaron pronunciamientos de la Corte Constitucional que
resaltan la necesidad de examinar las circunstancias fácticas que permitieron a los
demandantes advertir el daño antijurídico susceptible del medio de control de
reparación directa39, la autoridad judicial accionada, a partir de la distinción entre
daño y perjuicio, concluyó que el daño se configuró en octubre de 2018, con
independencia de que los perjuicios se hayan intensificado con el paso del tiempo.
En consecuencia, sí se examinaron las circunstancias particulares de los señores
Gómez Franco y Gómez Atehortúa y, con ese análisis, se desarrollaron las
consideraciones jurídicas que se estimaron pertinentes.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2021, proceso con radicado
05001-23-31-000-1999-00313-01(52028). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de febrero de 2011, proceso con radicado 54001-23-31-000-
2008-00301-01(38271). M.P. Danilo Rojas Betancourth.
38 Ibidem.
39 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-376 del 10 de septiembre de 2024, proceso con
radicado T-9.834.079. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; en igual sentido: sentencia T-269 del 10 de julio de
2024, proceso con radicado T-9.701.567. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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58. Finalmente, es pertinente precisar que la flexibilización del término de caducidad
en el medio de control de reparación directa no aplica de manera general a todos
los asuntos que conoce esta jurisdicción. La caducidad es una regla de orden
público que asegura la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el debido proceso.
De ahí que su carácter flexible este condicionado para garantizar el acceso efectivo
a la justicia y la reparación integral de las víctimas, conforme lo ha reconocido la
Corte Constitucional40. Sin embargo, nada de ello ocurre aquí, pues la parte
demandante pudo acudir a la jurisdicción desde octubre de 2018, fecha en que cesó
la ocupación del inmueble y de la cual se tuvo pleno conocimiento.
4. CONCLUSIÓN
59. La Sala concluye que los señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo
Gómez Atehortúa no demostraron los defectos que atribuyeron a las decisiones
judiciales cuestionadas. En efecto, dichas autoridades judiciales interpretaron de
manera razonable los hechos y pretensiones de la demanda al establecer que la
fuente del daño, para efectos del cómputo de la caducidad, fue el momento en que
cesó la ocupación del inmueble, con independencia de la existencia de
negociaciones sobre su adquisición. Por esa misma razón, no era procedente
flexibilizar el término de caducidad del medio de control, ya que no se acreditó
circunstancia alguna que lo ameritara.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por los
señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa en contra
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
40 Ibidem.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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