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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06263-01

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06263-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que denegó el amparo pretendido en la presente acción de tutela. En su lugar se dispone: 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06263-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

10 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-01
Demandante: Diego Javier Gómez Franco y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 9 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06263-01
Demandante: DIEGO JAVIER GÓMEZ FRANCO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Caducidad. Relevancia constitucional. Revoca fallo que niega y
declara improcedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 4
de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, que denegó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 6 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, Diego Javier Gómez Franco
y Luis Guillermo Gómez Atehortúa, actuando en nombre propio, pidieron la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la providencia del 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que confirmó la decisión que declaró probada la
excepción de caducidad dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 5001-
23-33-000-2024-00737-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
4.1. DECLÁRESE que las decisiones judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo De Antioquia
– Sala Segunda De Decisión, integrada por los Magistrados Jaiver Camargo Arteaga (Ponente);
Álvaro Cruz Riaño; y Verónica Gutiérrez Tobón; y el Consejo De Estado – Sala De Lo Contencioso

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-01
Demandante: Diego Javier Gómez Franco y otros

Administrativo - Sección Tercera – Subsección B, integrada por los Consejeros Alberto Montaña
Plata (Ponente) y Fredy Ibarra Martínez, calendadas 26 de febrero de 2025 y 03 de junio de 2025,
respectivamente, ambas dentro del medio de control de reparación directa con Radicado 05001 23
33 000 2024 00737 00, incurren en vía de hecho por defectos: sustantivo, fáctico y violación directa
de la Constitución, vulnerando en consecuencia los derechos fundamentales del extremo tutelante,
al acceso a la administración de justicia; a la reparación integral; a la seguridad jurídica, a la confianza
legítima y a la propiedad privada.

4.2. ORDENAR a los tutelados emitir las órdenes correspondientes, que permitan adelantar y llevar
hasta su culminación el medio de control incoado.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Los señores Luis Guillermo Gómez Atehortúa, Miryam Franco Mejía, Diego Javier Gómez
Franco, Juan Gregorio Gómez Franco y Juliana Gómez Franco interpusieron demanda,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra del municipio de
Rionegro y las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., con el fin de que se declarara la
responsabilidad patrimonial derivada de una intervención irregular en el predio
identificado con matrícula inmobiliaria 020-408881. En consecuencia, solicitaron que se
condenara a esas entidades a pagar los perjuicios por concepto de daño moral y lucro
cesante.

El asunto se adelantó bajo el radicado 05001-23-33-000-2024-00737-00 y correspondió
al Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante auto del 26 de febrero de 2025,
decidió las excepciones previas propuestas en el trámite de la demanda y declaró la
caducidad del medio de control. Consideró que el término de caducidad debía contarse
desde la ocurrencia de los hechos constitutivos del daño alegado.

En ese sentido, entendió que estos se remontaban a octubre de 2018, toda vez que en
la demanda se afirmó que el daño antijurídico derivó de la tala de 50 árboles dentro del
inmueble señalado y del inicio de labores de explanación para la construcción de una vía.
Por consiguiente, precisó que, conforme a la norma aplicable y a la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado1 y de la Corte Constitucional2, el cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa debía empezar a contabilizarse
desde octubre de 2018.

Inconformes, los demandantes apelaron y argumentaron que no operaba la caducidad
en este asunto, pues existió confianza legítima derivada de las negociaciones
adelantadas con la entidad territorial para la adquisición del inmueble. Alegaron que el
interés del municipio de Rionegro en el inmueble estuvo acompañado de manifestaciones
expresas y tácitas orientadas a negociar su adquisición. Tal aspecto, a su juicio, generó

1 Rad 76001-23-31-000-2011-01841 01(55761) M.P Nicolás Yepes Corrales. 13 de agosto de 2020.
2 Sentencia c-394 de 2002 M.P Álvaro Tafur Galvis

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Demandante: Diego Javier Gómez Franco y otros

en ellos la expectativa legítima de recibir pago o compensación tras permitir las
intervenciones reprochadas. En ese contexto, manifestaron que el impacto no
correspondió a un evento único, sino a un daño continuado cuya prolongación obedeció
a las reiteradas promesas de negociación del municipio entre 2018 y 2023, pues la
afectación definitiva fue cuando se comunicó la decisión de no adquirir el inmueble.

En providencia de 3 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, desató negativamente el recurso, por considerar que el daño consistió en las graves
afectaciones de las intervenciones ejecutadas en el inmueble por el municipio de
Rionegro y no en la ausencia de negociación sobre el mismo, sin desconocer que esas
consecuencias pudieran agravarse y generar mayores perjuicios con el paso del tiempo.
Agregó que, tratándose de obras públicas, no procedía la figura de daño continuado, pues
era posible identificar el momento en el que ocurrió el hecho alegado.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:

Defecto sustantivo porque el análisis de la caducidad por parte de las autoridades
judiciales demandadas fue absolutamente rígido, sin hacer análisis de las circunstancias
especiales del caso en concreto y fuera de toda línea o fáctica ordinaria.

Defecto fáctico, por cuanto se desconoció que, aunque los hechos que implicaron
intervención del predio efectivamente tuvieron origen durante la vigencia 2018, los
demandantes siempre estuvieron prestos a negociar y la Administración Municipal de
Rionegro, en claro y malintencionado abuso de su posición dominante, burló la buena
voluntad de los propietarios, y solo hasta el 18 de agosto de 2023, fueron informados de
que no iba a existir negociación alguna por parte de la Administración Municipal de
Rionegro, sobre el predio que les destruyeron.

Que en ambas instancias se declaró la caducidad a partir de una apreciación irrazonable,
arbitraria y omisiva del debido análisis de las pruebas, dado que la manifestación expresa
de la voluntad de la administración en el sentido indicado reposa efectivamente aportada
al plenario, lo que sin duda condujo al Juez a una conclusión equivocada sobre los hechos
del caso y, por ende, a una decisión que no tiene el apoyo probatorio suficiente para
sustentarla.

Violación directa de la Constitución pues la posición esgrimida por la Sala de Decisión
al declarar configurada la extinción de la acción, favorece el enriquecimiento sin causa
que consolidó la administración municipal de Rionegro a su favor; convalidando a su vez
la burla de la confianza legítima de los demandantes ante el actuar temerario y doloso de

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la administración municipal; con el agravante de que nunca vieron compensada la pérdida
de su predio, pues nunca por ninguna vía, se les pagó la intervención que tanto el
municipio de Rionegro como las Empresas Públicas de Medellín efectuaron sobre el
mismo; de suerte que sin temor puede decirse que la Administración Pública despojó del
derecho de propiedad a unos particulares sin haber adelantado procedimiento judicial o
administrativo que convalidara la situación.

5. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de la
decisión cuestionada, indicó que la providencia proferida y el expediente del proceso
ordinario contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción
de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. Agregó que estará dispuesto
para atender lo decidido.

El Magistrado ponente de la decisión de primera instancia adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia indicó que se atiene a lo probado en el trámite.

Empresas Públicas de Medellín pidió que se declarara improcedente por incumplir con
el requisito general de relevancia constitucional, pues se plantea una discrepancia con la
aplicación del término de caducidad establecido en el artículo 164 del CPACA. A su vez,
añadió que: i) no se configuró una irregularidad procesal determinante; ii) los hechos
vulneradores señalados fueron identificados de manera inadecuada; y iii) no se acreditó
ninguno de los requisitos específicos exigidos para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

El municipio de Rionegro manifestó que no se configuró un defecto sustantivo en las
decisiones judiciales cuestionadas, pues fueron producto de la aplicación del derecho a
partir de los hechos y pretensiones esbozados en el escrito de la demanda. Agregó que
los accionantes intentan revertir la caducidad al modificar en sede de tutela la fuente del
daño, pues las pretensiones resarcitorias se encaminaron a la intervención del inmueble
y no a su negociación.
Indicó que los accionantes buscan que el juez de tutela reconfigure el daño antijurídico
planteado en la demanda para imponer un nuevo punto de partida en el término de
caducidad, lo que desnaturalizaría la acción constitucional.

Los terceros vinculados Miryam Franco Mejía, Juan Gregorio Gómez Franco y Juliana
Gómez guardaron silencio a pesar de haber sido debidamente notificados.

6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia dictada el 4 de
noviembre de 2025, denegó la solicitud de amparo, al estimar que el análisis realizado
por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación se mantuvo dentro de su

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autonomía funcional y efectuó una interpretación razonable de los supuestos de hecho
subsumibles al artículo 164 del CPACA.

Que no se configuró un defecto sustantivo ni fáctico, toda vez que la conclusión adoptada
se fundamentó en el análisis de los hechos y las pretensiones de la demanda, los cuales,
en últimas, delimitaron el ámbito de actuación del juez conforme al principio de justicia
rogada.

Precisó que, aunque los demandantes sostuvieron que el daño se consolidó cuando se
les informó la decisión de no adquirir el predio, lo cierto es que resultaba razonable
entender que las pretensiones de la demanda estaban orientadas al resarcimiento de los
perjuicios derivados de la intervención irregular del inmueble. Que no se planteó una
responsabilidad precontractual del Estado por culpa in contrahendo ni se buscó una
indemnización por la frustración del eventual negocio jurídico.

Explicó que el escrito de la demanda se orientó a aducir un daño antijurídico de la
intervención irregular del bien inmueble por parte del municipio de Rionegro y de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Por tanto, consideró que la conclusión de las
autoridades judiciales accionadas en el sentido de que el daño se consolidó en octubre
de 2018 obedeció al deber que les asistía de interpretar la demanda y sus pretensiones
para establecer el cómputo del término de caducidad.

Indicó que la interpretación asumida por las autoridades judiciales accionadas resultaba
coherente con el criterio unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera, según el cual
el término de la caducidad debe computarse desde la fecha en que cesa la intervención
del inmueble, ya que esta “opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad
de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término. Por lo anterior, no les era
posible acoger la posición de los demandantes de iniciar el cómputo de la caducidad desde
agosto de 2023, pues una manifestación de negocio sobre el inmueble no suspendía dicho
término”.

Advirtió que la autoridad judicial accionada, a partir de la distinción entre daño y perjuicio,
concluyó que el daño se configuró en octubre de 2018, con independencia de que los
perjuicios se hubieran intensificado con el paso del tiempo. En consecuencia, sí se
examinaron las circunstancias particulares de los señores Gómez Franco y Gómez
Atehortúa y, con ese análisis, se desarrollaron las consideraciones jurídicas que se
estimaron pertinentes.

Finalmente, sostuvo que la flexibilización del término de caducidad en el medio de control
de reparación directa no aplica de manera general a todos los asuntos que conoce esta
jurisdicción. La caducidad es una regla de orden público que asegura la igualdad ante la
ley, la seguridad jurídica y el debido proceso. De ahí que su carácter flexible esté
condicionado para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral de las
víctimas, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional. Sin embargo, nada de ello

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ocurre aquí, pues la parte demandante pudo acudir a la jurisdicción desde octubre de
2018, fecha en que cesó la intervención del inmueble y de la cual se tuvo pleno
conocimiento.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Afirmó que el juez de tutela, al igual que el juez de lo contencioso administrativo,
desconoció el hecho que configuró el daño antijurídico, pues, aunque no se habían
decretado las pruebas por cuanto el proceso feneció en la etapa de decisión de
excepciones previas, tenía en todo caso cómo verificar con la prueba documental
allegada con el medio de control primigenio que no se configuró la caducidad.

Resaltó que tanto el juez de tutela como el juez de lo contencioso administrativo dieron
prioridad al argumento “cómodo” de considerar que, al advertirse prima facie una
intervención irregular de inmueble, sin tener en cuenta que la jurisprudencia se ha
inclinado a estimar que la caducidad inicia su conteo cuando se tiene conocimiento del
hecho.

Afirmó que el problema jurídico plateado por la parte demandante consistió en que, lejos
de considerar la simple y llana intervención del inmueble, se materializó un abuso de la
administración sobre particulares quienes, con buena fe, avizoraban la ejecución de un
negocio jurídico con el municipio. Insistió en que la decisión judicial vigente, “tanto en una
como en otra sede, legitiman, avalan, y viabilizan un acto delincuencial cometido por el Municipio
de Rionegro, defraudando de forma burda la buena fe del extremo más débil de la relación Estado
– Administrado”.

Reiteró cómo en la demanda se explicó de manera suficiente que los hechos que
implicaron intervención del predio efectivamente tuvieron origen durante la vigencia 2018,
pero siempre los demandantes estuvieron prestos a negociar, y la administración
municipal de Rionegro, en claro y malintencionado abuso de su posición dominante, burló
la buena voluntad de los propietarios, y solo hasta el 18 de agosto de 2023, les informó
que no iba a existir negociación alguna sobre el predio que habían ocupado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

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La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, para en su lugar declarar la
improcedencia de la acción, pues los argumentos formulados por los demandantes en la
solicitud de amparo coinciden con los que se desestimaron en la providencia cuestionada,
de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo judicial como una tercera instancia.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en la
impugnación, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2024-00737-01.

Básicamente, tanto en la acción de tutela de referencia, como en el proceso de reparación
directa antes referido, la parte actora alegó que la demanda se presentó en tiempo, por
cuanto, aunado a que la autoridad municipal intervino un inmueble de su propiedad en el
año 2018, se configuró un agravio injustificado que afectó la confianza legítima de los
demandantes, pues se les prometió la realización de un negocio jurídico y solo hasta el
año 2023 se le informó que tal trato no se llevaría a cabo.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia
dictada el 26 de febrero de 2025, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se lee lo
siguiente:
Así las cosas, la posición esgrimida por la Sala de Decisión al declarar configurada la extinción de la
posibilidad de mis representados para acudir a la Administración de Justicia a reclamar una decisión
en derecho, favorece el enriquecimiento sin causa que consolidó la Administración Municipal de
Rionegro a su favor; convalidando a su vez la burla de la confianza legítima de los demandantes
ante el actuar temerario y doloso de la Administración Municipal de Rionegro; con el agravante de
que nunca vieron compensada la pérdida.

de su predio, pues nunca por ninguna vía, se les pagó la intervención que tanto el Municipio de
Rionegro como las Empresas Públicas de Medellín efectuaron sobre el mismo; de suerte que sin
temor puede decirse que la Administración Pública despojó del derecho de propiedad a unos
particulares sin haber adelantado procedimiento judicial o administrativo que convalidara la situación.

Contrario a lo insinuado por la Sala de Decisión en el caso planteado, no busca la parte actora evadir
o revivir el fenómeno de la caducidad de la acción, pues somos conscientes a plenitud de que los
hechos que implicaron intervención del predio, efectivamente tuvieron origen durante la vigencia
2018, pero la demanda y el devenir probatorio, demostrará que siempre los demandantes estuvieron
prestos a negociar, y la Administración Municipal de Rionegro, en claro y malintencionado abuso de
su posición dominante burló la buena voluntad de los propietarios; por ello no hay lugar a estimar la
caducidad a partir del 2018 cuando claramente a los mismos les asistía toda la voluntad de negociar
el predio, no pasando por su mente el interés de acudir a la vía judicial, ya que se reitera, confiaban
en las manifestaciones de la Administración.
Por ello, el conocimiento del hecho debe partir necesariamente del momento en que la
Administración Municipal de Rionegro les indica que no están interesados en el proceso de

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negociación, esto es, en agosto de 2023, tal como se encuentra probado desde ahora con el oficio
allegado al plenario.

La buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política, se presume en todas las
actuaciones de los particulares ante las autoridades. En este caso, los demandantes actuaron de
buena fe al confiar en las reiteradas promesas y manifestaciones del Municipio de Rionegro sobre la
adquisición del predio. Esta confianza se vio reforzada por la serie de acciones y comunicaciones
que la administración llevó a cabo, creando una expectativa legítima de que la negociación se
concretaría. La confianza legítima, como proyección del principio de buena fe, protege a los
ciudadanos frente a los cambios abruptos e intempestivos de la administración. En este caso, el
Municipio de Rionegro generó una serie de expectativas que indujeron a los demandantes a creer
que la adquisición del predio se llevaría a cabo, postergando así la necesidad de acudir a la vía
judicial. Es de resaltar que la administración, no solo actuó de mala fe, sino que indujo a los
demandantes a no acudir a los medios judiciales, por medio de la esperanza de la compra del predio.
Por lo cual, no puede ahora, beneficiarse de su actuar.
(…)

Así, se concluye que los demandantes fueron defraudados en su confianza de ser compensados
económicamente por la intervención de su predio; no puede desconocerse que con ocasión de las
señales inequívocas, ciertas, determinables del Municipio de Rionegro, se forjó en los actores una
expectativa de consolidación del derecho que creyeron legítimamente merecer.

En este orden de ideas, esta defraudación de la expectativa legítima de los demandantes es
indemnizable en la medida en que ocasionó en ellos el daño y los consecuentes perjuicios
reclamados.

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:
Al respecto, es imperioso decir, si es cierto que los hechos fueron conocidos en el 2018, pero para
ese entonces constituyeron el fundamento de tratativas negociales previas entre las partes, que
fundaron indiscutiblemente la consolidación de una expectativa legítima para los propietarios del
predio, de que iban a ser finalmente satisfechos en su derecho, igualmente legítimo, sobre el lote de
su propiedad; no eran ocupantes de hecho, no eran poseedores irregulares, no eran usurpadores,
eran los legítimos titulares del derecho de dominio de un bien irregularmente afectado por unas
entidades públicas.

Aun cuando se pensara que el predio afectado tenía como propósito el interés general fundado en
el paso de una red de acueducto y alcantarillado, surgen nuevas preguntas: ¿Dónde está el proceso
judicial que autorizó la imposición de la servidumbre de acueducto y alcantarillado?; ¿Dónde está la
negociación directa entre la empresa de servicios públicos y/o el municipio con los propietarios del
predio para su afectación?; ¿Dónde está el proceso de expropiación administrativa que legitime la
afectación del predio? (…)

¿Cómo es posible que indique el Ad Quem que el daño antijurídico demandado no comprende la
falta de negociación del lote, cuando fue precisamente la artimaña que el Municipio de Rionegro
utilizó para disimular la irregular ocupación y de paso apropiación del inmueble que precisamente se
cuestionó con el medio de control incoado?

Se reitera que era importante que tanto A Quo como Ad quemhubieran dado lectura a la prueba
documental allegada con el libelo progenitor para imprimir el debido análisis jurídico al problema
planteado y garantizar así el debido acceso de los demandantes a la administración de justicia, en
los términos del derecho constitucional de que goza toda persona.

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Así las cosas, la posición esgrimida por la Sala de Decisión al declarar configurada la extinción de la
posibilidad de mis representados para acudir a la Administración de Justicia a reclamar una decisión
en derecho, favorece el enriquecimiento sin causa que consolidó la Administración Municipal de
Rionegro a su favor; convalidando a su vez la burla de la confianza legítima de los demandantes
ante el actuar temerario y doloso de la Administración Municipal de Rionegro; con el agravante de
que nunca vieron compensada la pérdida de su predio, pues nunca por ninguna vía, se les pagó la
intervención que tanto el Municipio de Rionegro como las Empresas Públicas de Medellín efectuaron
sobre el mismo; de suerte que sin temor puede decirse que la Administración Pública despojó del
derecho de propiedad a unos particulares sin haber adelantado procedimiento judicial o
administrativo que convalidara la situación.

Contrario a lo insinuado por la Sala de Decisión en el caso planteado, no busca la parte actora evadir
o revivir el fenómeno de la caducidad de la acción, pues somos conscientes a plenitud de que los
hechos que implicaron intervención del predio, efectivamente tuvieron origen durante la vigencia
2018, pero la demanda y el devenir probatorio, demostrará que siempre los demandantes estuvieron
prestos a negociar, y la Administración Municipal de Rionegro, en claro y malintencionado abuso de
su posición dominante burló la buena voluntad de los propietarios; por ello no hay lugar a estimar la
caducidad a partir del 2018 cuando claramente a los mismos les asistía toda la voluntad de negociar
el predio, no pasando por su mente el interés de acudir a la vía judicial, ya que se reitera, confiaban
en las manifestaciones de la Administración.
Por ello, el conocimiento del hecho debe partir necesariamente del momento en que la
Administración Municipal de Rionegro les indica que no están interesados en el proceso de
negociación, esto es, en agosto de 2023, tal como se encuentra probado desde ahora con el oficio
allegado al plenario.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en providencia dictada el 3 de junio de 2025, en la que se consideró:
17. Expuesto lo anterior, se debe indicar, en primer lugar, que la Sala advierte que, de los hechos y
de las pretensiones, es posible concluir que el daño consistió en las graves afectaciones ocasionadas
por las intervenciones realizadas en el predio de la parte actora realizadas por el Municipio de
Rionegro y no, en la falta de negociación del lote, como lo señaló la recurrente en la apelación. En
esa medida, se tiene que el daño no constituyó un daño continuado ni sucesivo, comoquiera que se
configuró en un momento preciso, esto es, cuando fue intervenido en octubre de 2018. Lo anterior,
sin que se desconozca que puede agravarse y ocasionar mayores perjuicios. Adicionalmente, esta
Sala considera preciso señalar que, tratándose de casos de obra pública, no procede la figura de
daño continuado, pues es posible identificar el momento en el que ocurre el daño.

18. Con fundamento de lo expuesto, el término de caducidad, en principio, corrió entre octubre de
2018 y octubre de 2020. No obstante, como consecuencia de la pandemia por covid-19, el Consejo
Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de los términos judiciales entre el 16 de marzo 19 y
el 30 de junio de 2020. Respecto de la suspensión de términos de prescripción y caducidad dispuso
el Decreto Legislativo 564 de 2020 (…).

19. De acuerdo con lo anterior, los términos de prescripción y caducidad se suspendieron entre el
16 de marzo y el 30 de junio de 2020, por lo que la Sala difiere del conteo realizado por el tribunal,
en la medida en que no tuvo en cuenta la suspensión de términos. Sin embargo, en todo caso, la
demanda fue extemporánea, toda vez que la oportunidad de ejercer el medio de control venció en
febrero de 2021 y, como la demanda se presentó el 6 de junio de 2024, es evidente que su
presentación ocurrió por fuera del término establecido. Asimismo, la Sala considera pertinente
advertir que la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 2 de abril de 2024; por lo tanto,
no suspendió el término de caducidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-01
Demandante: Diego Javier Gómez Franco y otros

Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Consejo de
Estado que concluyó que, en el presente caso el hecho generador del daño se planteó
en la demanda respecto de la intervención del inmueble propiedad de los accionantes, lo
cual ocurrió en el año 2018 y no sobre la presunta expectativa de la realización de un
negocio jurídico con el municipio.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2024-00737-01, finalidad para la
que no está previsto este mecanismo constitucional.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de reparación directa, lo
que denota que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito de relevancia
constitucional, de ahí que deba revocarse la sentencia impugnada, que la estudió de
fondo para en su lugar, declararla improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-01
Demandante: Diego Javier Gómez Franco y otros

III. FALLA

1. Revocar la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que denegó el amparo pretendido en la presente
acción de tutela. En su lugar se dispone:

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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