Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06276-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06276-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06276-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS HUMBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO
AL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES
JUDICIALES. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y DEFENSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 4 de noviembre de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El señor LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
1
En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la defensa y al
principio de seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL2, al no haber
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que
le envió vía electrónica el 11 de agosto de 2025, en la que pidió
conocer del estado del proceso y la certificación y/o constancia de
ejecutoria de la providencia de 13 de abril de 2023, proferida dentro
del expediente identificado con el número único de radicación 2021-
00021-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que los señores ÁNGELA MARÍA CORREA FERNÁNDEZ y
JOHN EDUARD PALACIOS SALAZAR formularon queja
disciplinaria en su contra por presuntas irregularidades en el marco
de un encargo profesional que involucró la administración de unos
bienes que tenían como objeto su liberación al ser víctimas de
secuestro extorsivo.
2
En adelante Comisión Nacional.
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Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
Relató que al proceso disciplinario le fue asignado el número único
de radicación 2021-00021-00 y le correspondió por reparto a la
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
BOGOTÁ3 que, ordenó la apertura de la actuación disciplinaria en su
contra y en la diligencia de pruebas y calificación provisional que se
llevó a cabo el 13 de abril de 2023, se dispuso la terminación
anticipada de la actuación por prescripción de la acción disciplinaria.
Adujo que inconformes con lo anterior, los señores ÁNGELA MARÍA
CORREA FERNÁNDEZ y JOHN EDUARD PALACIOS SALAZAR
interpusieron recurso de apelación ante la COMISIÓN NACIONAL
que, mediante providencia de 28 de agosto de 2023, revocó
parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar, ordenó continuar la
investigación disciplinaria en lo relacionado con la no rendición de
cuentas y entrega de frutos de bienes.
Mencionó que el 11 de agosto de 2025, solicitó mediante correo
electrónico a la COMISIÓN NACIONAL el estado del proceso y una
certificación y/o constancia de ejecutoria de la providencia dictada el
13 de abril de 2023.
3
En adelante la Comisión Seccional.
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I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que ha transcurrido más de cincuenta días hábiles desde
que radicó la solicitud, sin que se haya emitido una respuesta de
fondo y/o expedido la certificación solicitada.
Mencionó que “[…] el trámite del derecho de petición se ha limitado
a múltiples remisiones internas entre dependencias, sin que se haya
dado respuesta de fondo ni se haya expedido la certificación
solicitada […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a (sic) petición,
al debido proceso, a la defensa, y a la seguridad jurídica, los cuales
han sido vulnerados por la entidad accionada.
2. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que:
a) Respondan de fondo el derecho de petición radicado el 11 de
agosto de 2025, en un término no mayor a 48 horas.
b) Expidan certificación formal sobre si la providencia del 13 de
abril de 2023, mediante la cual se ordenó la terminación anticipada
del proceso disciplinario No. 11001250200020210002100, se
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encuentra ejecutoriada, indicando la fecha precisa de ejecutoria
[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL hizo un recuento de las
actuaciones adelantadas dentro del proceso objeto de estudio y
mencionó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.
Mencionó que no es la entidad responsable de atender las
pretensiones de la solicitud objeto de tutela, pues la constancia de
ejecutoria requerida está a cargo de la COMISIÓN NACIONAL.
I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL señaló que la solicitud de 11 de
agosto de 2025 fue remitida por competencia a la COMISIÓN
SECCIONAL el 27 de ese mes y año, circunstancia que le fue
informada al actor.
Manifestó que, con posterioridad, el actor presentó otras peticiones
en el mismo sentido, reiterando la de 11 de agosto de 2025, de la
cual se le dio respuesta a través del Oficio núm. DP25-ILMG-6960 de
6 de octubre de ese año.
Aseguró que no ha incurrido en vulneración o amenaza de los
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derechos fundamentales aludidos por el actor, pues no ha ejecutado
ninguna acción que produzca ese resultado.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 4 de noviembre de
2025, denegó el amparo deprecado al evidenciar que el
requerimiento efectuado por el demandante fue atendido por las
entidades accionadas, en la medida que respondieron la petición de
11 de agosto de 2025 y, además, enviaron el link del expediente
digital en el que se puede verificar el estado del proceso.
Señaló que la providencia de 13 de abril de 2023 no quedó
ejecutoriada, pues con ocasión del recurso de apelación que
presentaron los quejosos, en segunda instancia tal decisión fue
revocada parcialmente a través de auto de 28 de agosto de ese año.
Recalcó que “[…] el actor es un profesional del derecho que debe
conocer los efectos de las decisiones y su alcance, máxime si se
considera que, como lo informaron las accionadas y él mismo lo
reconoció en sus intervenciones, tiene acceso al expediente y ha sido
notificado de todas las actuaciones que se han surtido en dicho
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trámite […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, no valoró
de manera integral las pruebas que demuestran la vulneración de
sus garantías constitucionales.
Señaló que el Oficio núm. DP25-ILMG-6960 de 6 de octubre de 2025,
no satisface por completo sus pretensiones, por cuanto en aquel no
se certificó la ejecutoria del auto de 13 de abril de 2023 y tampoco
se indicaron las razones para no hacerlo.
Mencionó que el aludido oficio resulta “[…] una comunicación
aparente, carente de contenido material y totalmente insuficiente
para garantizar el derecho fundamental […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Caso concreto
En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo
de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la
defensa y al principio de seguridad jurídica, los cuales estima
vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL, al no haber recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le envió vía
electrónica el 11 de agosto de 2025, en la que pidió conocer del
estado del proceso y la certificación y/o constancia de ejecutoria de
la providencia de 13 de abril de 2023, proferida dentro del expediente
identificado con el número único de radicación 2021-00021-01.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 4 de noviembre de
2025, denegó la solicitud de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, pues, a su juicio, no valoró de manera
integral las pruebas que demuestran la vulneración de sus garantías
constitucionales.
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Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
Señaló que el Oficio núm. DP25-ILMG-6960 de 6 de octubre de 2025,
no satisface por completo sus pretensiones, por cuanto en aquel no
se certificó la ejecutoria del auto de 13 de abril de 2023 y tampoco
se indicaron las razones para no hacerlo.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos deprecados.
Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho
de petición ejercido ante autoridades judiciales.
En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido.
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De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de
que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.
Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
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procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
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Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)6.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia7 que le asigna la ley8 […]”.
Bajo ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor
con la solicitud presentada el 11 de agosto de 2025, entre otros, es
que la COMISIÓN NACIONAL expida una certificación y/o
constancia de ejecutoria del auto de 13 de abril de 2023, proferido
dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de
radicación 2021-00021-01.
En este aspecto, la Sala evidencia que tal pretensión está
encaminada a emitir un pronunciamiento dentro del proceso judicial,
esto si se tiene en cuenta que la providencia de la que se pretende
6
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
7
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
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Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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la expedición de la constancia de ejecutoria fue revocada por la
COMISIÓN NACIONAL que, mediante providencia de 28 de agosto
de 20239 dispuso continuar la investigación disciplinaria contra el
actor en lo relacionado con la no rendición de cuentas y entrega de
frutos de los bienes, por lo que tal circunstancia resulta
improcedente.
Por lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
respecto al derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la parte demandada
atendió el requerimiento presentado por el actor.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el 11 de
agosto de 2025 el demandante presentó, vía electrónica, petición
a través de la cual solicitó lo siguiente:
9
Ver folios 20-30 anexos de la demanda, visibles en el indicie núm. 02 expediente digital aplicativo
de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025062
76001100103
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Asimismo, se advierte que la COMISIÓN NACIONAL al contestar la
demanda10 informó que la solicitud presentada por el actor fue
atendida y enviada a su correo electrónico, de la siguiente manera:
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Índice No. 12, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001-03-15-000-2025-06276-00
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De igual manera, la Sala evidencia que la COMISIÓN SECCIONAL
mediante comunicación de 2 de septiembre de 2025, la cual fue
notificada el mismo día al correo electrónico del actor
lhuerfano@yahoo.com, atendió su requerimiento de 11 de agosto del
mismo año, remitiéndole el enlace de acceso al expediente digital del
proceso objeto de cuestionamiento, a fin de conocer su estado y la
totalidad de las actuaciones.
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Por lo precedente, la Sala encuentra que al actor se le dio respuesta
a la petición presentada, pues, de una parte la COMISIÓN
NACIONAL a través de su Secretaría otorgó respuesta a la solicitud
el 6 de octubre de 2025, fecha en la que el actor instauró la acción
constitucional11, y de otro lado, la COMISIÓN SECCIONAL
mediante comunicación de 2 de septiembre del ese año puso en
conocimiento el link del expediente digital, a fin de que el actor
conociera el estado de las actuaciones disciplinarias. En ese
entendido, para la Sala es evidente que las circunstancias fácticas
que generaron la presunta vulneración fueron atendidas por tales
autoridades.
Finalmente, la Sala advierte que las inconformidades formuladas en
la impugnación radican en la respuesta obtenida por parte de la
COMISIÓN NACIONAL, razón por la cual es importante precisar
que el hecho de que la respuesta no haya sido favorable a las
pretensiones de la misma no significa que hubo una vulneración a los
derechos deprecados, pues la solicitud se resolvió de fondo, clara,
precisa, de manera congruente y fue comunicada en debida forma.
11
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de octubre de 2025, conforme consta en el
índice 2 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
En consecuencia, se modificará parcialmente la decisión del a quo en
lo que respecta a la vulneración del derecho de petición ejercido ante
autoridades judiciales y, en su lugar, se declarará improcedente el
amparo solicitado, en lo demás, se confirmará la decisión, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, se
DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que respecta
a la vulneración del derecho de petición ejercido ante autoridades
judiciales, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En lo demás CONFIRMAR la sentencia impugnada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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