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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06276-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06276-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, se DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que respecta a la vulneración del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En lo demás CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01 Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06276-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS HUMBERTO HUÉRFANO FLÓREZ

TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO
AL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES
JUDICIALES. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 4 de noviembre de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

El señor LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición, al debido proceso, a la defensa y al

principio de seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por la

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL2, al no haber

recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que

le envió vía electrónica el 11 de agosto de 2025, en la que pidió

conocer del estado del proceso y la certificación y/o constancia de

ejecutoria de la providencia de 13 de abril de 2023, proferida dentro

del expediente identificado con el número único de radicación 2021-

00021-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que los señores ÁNGELA MARÍA CORREA FERNÁNDEZ y

JOHN EDUARD PALACIOS SALAZAR formularon queja

disciplinaria en su contra por presuntas irregularidades en el marco

de un encargo profesional que involucró la administración de unos

bienes que tenían como objeto su liberación al ser víctimas de

secuestro extorsivo.

2
En adelante Comisión Nacional.

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Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ

Relató que al proceso disciplinario le fue asignado el número único

de radicación 2021-00021-00 y le correspondió por reparto a la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ3 que, ordenó la apertura de la actuación disciplinaria en su

contra y en la diligencia de pruebas y calificación provisional que se

llevó a cabo el 13 de abril de 2023, se dispuso la terminación

anticipada de la actuación por prescripción de la acción disciplinaria.

Adujo que inconformes con lo anterior, los señores ÁNGELA MARÍA

CORREA FERNÁNDEZ y JOHN EDUARD PALACIOS SALAZAR

interpusieron recurso de apelación ante la COMISIÓN NACIONAL

que, mediante providencia de 28 de agosto de 2023, revocó

parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar, ordenó continuar la

investigación disciplinaria en lo relacionado con la no rendición de

cuentas y entrega de frutos de bienes.

Mencionó que el 11 de agosto de 2025, solicitó mediante correo

electrónico a la COMISIÓN NACIONAL el estado del proceso y una

certificación y/o constancia de ejecutoria de la providencia dictada el

13 de abril de 2023.

3
En adelante la Comisión Seccional.

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I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que ha transcurrido más de cincuenta días hábiles desde

que radicó la solicitud, sin que se haya emitido una respuesta de

fondo y/o expedido la certificación solicitada.

Mencionó que “[…] el trámite del derecho de petición se ha limitado

a múltiples remisiones internas entre dependencias, sin que se haya

dado respuesta de fondo ni se haya expedido la certificación

solicitada […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a (sic) petición,
al debido proceso, a la defensa, y a la seguridad jurídica, los cuales
han sido vulnerados por la entidad accionada.

2. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que:

a) Respondan de fondo el derecho de petición radicado el 11 de
agosto de 2025, en un término no mayor a 48 horas.

b) Expidan certificación formal sobre si la providencia del 13 de
abril de 2023, mediante la cual se ordenó la terminación anticipada
del proceso disciplinario No. 11001250200020210002100, se

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encuentra ejecutoriada, indicando la fecha precisa de ejecutoria
[…]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL hizo un recuento de las

actuaciones adelantadas dentro del proceso objeto de estudio y

mencionó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.

Mencionó que no es la entidad responsable de atender las

pretensiones de la solicitud objeto de tutela, pues la constancia de

ejecutoria requerida está a cargo de la COMISIÓN NACIONAL.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL señaló que la solicitud de 11 de

agosto de 2025 fue remitida por competencia a la COMISIÓN

SECCIONAL el 27 de ese mes y año, circunstancia que le fue

informada al actor.

Manifestó que, con posterioridad, el actor presentó otras peticiones

en el mismo sentido, reiterando la de 11 de agosto de 2025, de la

cual se le dio respuesta a través del Oficio núm. DP25-ILMG-6960 de

6 de octubre de ese año.

Aseguró que no ha incurrido en vulneración o amenaza de los

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derechos fundamentales aludidos por el actor, pues no ha ejecutado

ninguna acción que produzca ese resultado.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 4 de noviembre de

2025, denegó el amparo deprecado al evidenciar que el

requerimiento efectuado por el demandante fue atendido por las

entidades accionadas, en la medida que respondieron la petición de

11 de agosto de 2025 y, además, enviaron el link del expediente

digital en el que se puede verificar el estado del proceso.

Señaló que la providencia de 13 de abril de 2023 no quedó

ejecutoriada, pues con ocasión del recurso de apelación que

presentaron los quejosos, en segunda instancia tal decisión fue

revocada parcialmente a través de auto de 28 de agosto de ese año.

Recalcó que “[…] el actor es un profesional del derecho que debe

conocer los efectos de las decisiones y su alcance, máxime si se

considera que, como lo informaron las accionadas y él mismo lo

reconoció en sus intervenciones, tiene acceso al expediente y ha sido

notificado de todas las actuaciones que se han surtido en dicho

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trámite […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, no valoró

de manera integral las pruebas que demuestran la vulneración de

sus garantías constitucionales.

Señaló que el Oficio núm. DP25-ILMG-6960 de 6 de octubre de 2025,

no satisface por completo sus pretensiones, por cuanto en aquel no

se certificó la ejecutoria del auto de 13 de abril de 2023 y tampoco

se indicaron las razones para no hacerlo.

Mencionó que el aludido oficio resulta “[…] una comunicación

aparente, carente de contenido material y totalmente insuficiente

para garantizar el derecho fundamental […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Caso concreto

En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo

de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la

defensa y al principio de seguridad jurídica, los cuales estima

vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL, al no haber recibido una

respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le envió vía

electrónica el 11 de agosto de 2025, en la que pidió conocer del

estado del proceso y la certificación y/o constancia de ejecutoria de

la providencia de 13 de abril de 2023, proferida dentro del expediente

identificado con el número único de radicación 2021-00021-01.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 4 de noviembre de

2025, denegó la solicitud de amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, pues, a su juicio, no valoró de manera

integral las pruebas que demuestran la vulneración de sus garantías

constitucionales.

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Señaló que el Oficio núm. DP25-ILMG-6960 de 6 de octubre de 2025,

no satisface por completo sus pretensiones, por cuanto en aquel no

se certificó la ejecutoria del auto de 13 de abril de 2023 y tampoco

se indicaron las razones para no hacerlo.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad

judicial accionada vulneró los derechos deprecados.

Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala

considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho

de petición ejercido ante autoridades judiciales.

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido.

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De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la

obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue

cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de

que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí

resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175, en

la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.

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mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los

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procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace

referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su

conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le

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corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)6.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia7 que le asigna la ley8 […]”.

Bajo ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor

con la solicitud presentada el 11 de agosto de 2025, entre otros, es

que la COMISIÓN NACIONAL expida una certificación y/o

constancia de ejecutoria del auto de 13 de abril de 2023, proferido

dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 2021-00021-01.

En este aspecto, la Sala evidencia que tal pretensión está

encaminada a emitir un pronunciamiento dentro del proceso judicial,

esto si se tiene en cuenta que la providencia de la que se pretende

6
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
7
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
8
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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la expedición de la constancia de ejecutoria fue revocada por la

COMISIÓN NACIONAL que, mediante providencia de 28 de agosto

de 20239 dispuso continuar la investigación disciplinaria contra el

actor en lo relacionado con la no rendición de cuentas y entrega de

frutos de los bienes, por lo que tal circunstancia resulta

improcedente.

Por lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado

respecto al derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la parte demandada

atendió el requerimiento presentado por el actor.

De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el 11 de

agosto de 2025 el demandante presentó, vía electrónica, petición

a través de la cual solicitó lo siguiente:

9
Ver folios 20-30 anexos de la demanda, visibles en el indicie núm. 02 expediente digital aplicativo
de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025062
76001100103

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Asimismo, se advierte que la COMISIÓN NACIONAL al contestar la

demanda10 informó que la solicitud presentada por el actor fue

atendida y enviada a su correo electrónico, de la siguiente manera:

10
Índice No. 12, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001-03-15-000-2025-06276-00

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De igual manera, la Sala evidencia que la COMISIÓN SECCIONAL

mediante comunicación de 2 de septiembre de 2025, la cual fue

notificada el mismo día al correo electrónico del actor

lhuerfano@yahoo.com, atendió su requerimiento de 11 de agosto del

mismo año, remitiéndole el enlace de acceso al expediente digital del

proceso objeto de cuestionamiento, a fin de conocer su estado y la

totalidad de las actuaciones.

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Por lo precedente, la Sala encuentra que al actor se le dio respuesta

a la petición presentada, pues, de una parte la COMISIÓN

NACIONAL a través de su Secretaría otorgó respuesta a la solicitud

el 6 de octubre de 2025, fecha en la que el actor instauró la acción

constitucional11, y de otro lado, la COMISIÓN SECCIONAL

mediante comunicación de 2 de septiembre del ese año puso en

conocimiento el link del expediente digital, a fin de que el actor

conociera el estado de las actuaciones disciplinarias. En ese

entendido, para la Sala es evidente que las circunstancias fácticas

que generaron la presunta vulneración fueron atendidas por tales

autoridades.

Finalmente, la Sala advierte que las inconformidades formuladas en

la impugnación radican en la respuesta obtenida por parte de la

COMISIÓN NACIONAL, razón por la cual es importante precisar

que el hecho de que la respuesta no haya sido favorable a las

pretensiones de la misma no significa que hubo una vulneración a los

derechos deprecados, pues la solicitud se resolvió de fondo, clara,

precisa, de manera congruente y fue comunicada en debida forma.

11
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de octubre de 2025, conforme consta en el
índice 2 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.

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21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ

En consecuencia, se modificará parcialmente la decisión del a quo en

lo que respecta a la vulneración del derecho de petición ejercido ante

autoridades judiciales y, en su lugar, se declarará improcedente el

amparo solicitado, en lo demás, se confirmará la decisión, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, se

DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que respecta

a la vulneración del derecho de petición ejercido ante autoridades

judiciales, de conformidad con las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En lo demás CONFIRMAR la sentencia impugnada, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06276-01
Actor: LUIS ALBERTO HUÉRFANO FLÓREZ

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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