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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06297-01

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06297-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Édgar Ceballos Mendoza, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01 Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06297-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / diferencias salariales asignación de retiro FFMM /
Defecto sustantivo y fáctico.
Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Édgar Ceballos Mendoza, en contra
de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia y declaró su improcedencia.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Édgar Ceballos Mendoza promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales a la seguridad social, al debido
proceso, a la igualdad y al mínimo vital, con ocasión de la sentencia proferida el 25
de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001333502020230038101.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil emitió la Resolución 4282 de
25 de octubre de 2010 con la que reconoció a Édgar Ceballos Mendoza la
asignación mensual de retiro, en el grado de mayor general, efectiva a partir del 7
de enero de 2011.

2.2. El 24 de abril de 2023, Édgar Ceballos Mendoza presentó petición ante la

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_ACCIONDETUTELACONTRAPROVIDENCIAJUDICIAL(.pdf) NroActua 2»
2 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se ordenara el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y de las prestaciones sociales
reajustadas al valor del IPC por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
Petición que fue resuelta de manera desfavorable a través de Oficio
2023317001393911 del 26 de junio de 2023.

2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
con el fin de que se declarara la excepción de inconstitucionalidad y de ilegalidad
de los Decretos 122/97, 062/99, 1463/01, 745/02, 3552/03 y 4158/04; se declarara
la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la reclamación
administrativa formulada con el fin de que se pagaran las diferencias salariales y
prestacionales, suscitada con motivo de la fijación del salario en un porcentaje
inferior al IPC de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004; y, como
restablecimiento, se dispusiera el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que se suscitaron como consecuencia de la fijación del
salario por debajo del IPC por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, desde
el momento en que se causaron hasta la fecha de terminación de la relación laboral,
debidamente indexadas.

2.4. El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, en sentencia del 5 de julio de 2024
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, durante los años 1997,
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, el aumento de su salario fue en cumplimiento de
los decretos expedidos por el presidente de la República en desarrollo de la Ley 4
de 1992, en aplicación de la escala gradual porcentual, la cual es el resultado del
ejercicio de facultades constitucionales y legales que no pueden modificarse por
orden judicial, contrario a lo que se presente con las asignaciones de retiro o las
pensiones, pues su cálculo se basa en el principio de oscilación, y con esto se busca
mantener un equilibrio entre los incrementos efectuados al personal activo y los
realizados al personal en retiro.

2.5. La parte demandante solicitó la adición de la sentencia de primera instancia para
que se abordaran temas como el control de convencionalidad, frente a lo cual el
juzgado emitió la providencia del 10 de septiembre de 2024 con la que accedió a tal
requerimiento para concluir que no se desconocieron normas nacionales e
internacionales. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra los
anteriores pronunciamientos.

2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia del 25 de marzo de 2025 confirmó en todas sus partes el fallo de
primera instancia con el argumento de que el aumento del salario del demandante
podía limitarse en el sentido de ser actualizado en un monto inferior a la variación
del índice de precios al consumidor, sin que esta restricción constituya una
vulneración del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo del salario, como
quiera que la actualización conforme al IPC solo es obligatoria para quienes
perciben menos de dos salarios mínimos.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo y fáctico, porque se desconocieron los artículos 13, 29, 48,
93, 334 y 373 de la constitución política, además de que, aun cuando citó
jurisprudencia de la Corte Constitucional que desarrolló el derecho convencional, se
valoró de manera inadecuada.

1.2. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dictar una sentencia de reemplazo
en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad y restablecimiento del
derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en su defecto, que el mismo órgano
encargado de resolver esta acción, dicte la aludida sentencia en los términos solicitados.
[…]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A3 solicitó que se declare improcedente la solicitud de tutela, por cuanto la decisión
cuestionada se adoptó con base en el análisis normativo, jurisprudencial y
probatorio, además de señalar que lo pretendido es reabrir un debate jurídico y
probatorio que se fue surtido en el proceso ordinario.

5. El Juzgado Veinte Administrativo de Circuito Judicial de Bogotá y los demás
terceros interesados guardaron silencio.

1.4. Sentencia de primera4

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 14 de
noviembre de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no
se acreditó relevancia constitucional pues la solicitud de amparo no puede usarse
como tercera instancia. Así estableció que el demandante pretendía reabrir
discusiones resueltas por el juez natural. Además, que no se demostró la
transgresión de los derechos fundamentales invocados en la providencia
cuestionada.

1.5. Escrito de impugnación5

7. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia, al considerar que la solicitud de tutela sí tiene
relevancia constitucional, pues la decisión del tribunal afectó los derechos
fundamentales invocados.

3
Ver índic10 de Samai.
4 Ver índice 15 de Samai.
5 Ver índice 19 de Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico; iii)
procedencia de la tutela y marco jurídico aplicable; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 9. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

10
12. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la

6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-

2009- 01328-01, M.P. María Elizabeth García González
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema Jurídico

16. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de Édgar Ceballos
Mendoza con ocasión de la sentencia del 25 de marzo de 2025, mediante la cual
confirmó la negativa a sus pretensiones de reconocimiento y pago de diferencias
salariales y prestacionales, con la que incurrió, presuntamente, en defectoS
sustantivo y fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

17. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

2.4.2. Del defecto sustantivo

18. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto14. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta15, para lo cual precisó
que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

19. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

20. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 16.

2.4.3. Del defecto fáctico

21. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La

14 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
19 SentenciaSU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.

23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.4. Sobre el caso concreto

24. Édgar Ceballos Mendoza acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 25 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A con la que confirmó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda al considerar que el salario del demandante podía ser
actualizado en un monto inferior a la variación del IPC sin que esto implicara una
vulneración a sus derechos.

25. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió defectos sustantivo y
fáctico, porque se desconocieron los artículos 13, 29, 48, 93, 334 y 373 de la
constitución política, además de que, aun cuando citó jurisprudencia de la Corte
Constitucional que desarrolló el derecho convencional, se valoró de manera
inadecuada.

26. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
la sentencia enjuiciada, respecto de la negativa del reajuste de la asignación
básica y la reliquidación de la asignación de retiro, en los siguientes términos:

«[…] En el presente asunto, el señor Edgar Ceballos Mendoza, pretende que le sea
reajustada la asignación básica pagada conforme a los decretos anuales expedidos por
el Gobierno Nacional tomando como base la variación del Índice de Precios al
Consumidor para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pues considera
que debe mantenerse el valor adquisitivo del salario en los mismos términos que le fue
garantizado a las asignaciones de retiro bajo lo previsto en la Ley 238 de 1995.

El juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al estimar que el
salario del demandante fue reajustado conforme las normas aplicables, esto es, bajo los
lineamientos de la escala salarial. Adicionalmente, que para los años dentro de los cuales
solicita el reajuste conforme el IPC, este se encontraba en servicio activo, por lo que, el
aumento de su salario fue en cumplimiento de los decretos expedidos por el Presidente
de la República, en desarrollo de la Ley 4 de 1992.

La parte actora en el recurso de apelación insiste en los argumentos expuestos dentro
del curso del proceso, reitera que el Gobierno Nacional en vez de fijar el salario de los
miembros de la Fuerza Pública, por encima de la inflación para mantener el poder
adquisitivo, hizo todo lo contrario, en ese orden con la expedición de los decretos paso
por alto el principio de progresividad de los derechos laborales y de no regresividad,
violando también el bloque de constitucionalidad.

20 Sentencia T-538 de 1994.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06297-01
Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

Mencionó que en la sentencia no se pronunció a fondo sobre el principio de progresividad
y de no regresividad, que no se realizó un análisis del control de convencionalidad y que
no se desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad de naturaleza iuris tantum,
destacando que los decretos con los cuales se fijaron los salarios de los miembros de la
Fuerza Pública no se encuentran motivados y fueron expedidos de manera unilateral por
el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el marco jurídico expuesto en esta providencia, los miembros de la
Fuerza Pública tienen un régimen especial y en esa medida, siguiendo lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional fijó una escala gradual porcentual
para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, tal como ocurrió con la
expedición de los Decretos 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de
2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.

El actor indica que al menos para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004,
su asignación básica debe reajustarse conforme la inflación del año anterior. Al respecto,
conviene señalar que la regla y medida para reajustar su salario, cuyo monto lo
determinó el Gobierno Nacional, no puede modificarse a través de esta sentencia, en
virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual “Todo régimen
salarial o prestacional que se establezca contraviniendo… los decretos que dicte el
Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos”. En consecuencia, si su inconformidad radica en la forma prevista
en los citados decretos para reajustar los salarios debió discutir su legalidad, ya que
constituyen el fundamento de la negativa de la administración.

En este sentido conviene recordar lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia de 7
de abril de 202221, cuando señalo:

“Visto lo anterior y bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del
demandante en la Policía Nacional, la Sala precisa que para regular los salarios del
personal en actividad de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional aplica la escala
gradual, razón por la cual, ésta no puede ser modificada por decisión judicial, mientras
que, para calcular las asignaciones de retiro, se basa en el principio de oscilación, con
el fin de mantener el equilibrio entre los incrementos efectuados al personal activo y
los realizados al personal en retiro que disfruta de una pensión o asignación de retiro.

Nótese que tal y como se expuso en el anterior acápite, el Gobierno nacional, con
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992, es quien
fija el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, acatando
lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política.

Así las cosas, como lo pretendido por el demandante es que se le reajuste su
asignación básica conforme a la variación porcentual arrojada por el índice de precios
al consumidor para las anualidades mencionadas así como su asignación de retiro,
por considerar que este fue mayor al efectuado conforme los decretos proferido por
el Gobierno nacional, resulta improcedente acceder a ello, puesto que, al personal en
actividad se le efectúa el reajuste de su salario de conformidad con la escala gradual
porcentual, a la cual se hizo alusión en líneas precedentes”.

Ahora bien, el demandante asegura que debe respetarse el precepto constitucional
consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que prevé el derecho a percibir una
remuneración vital y móvil –poder adquisitivo–. Respecto a este punto, cabe aclarar que
ese derecho no es absoluto, tal como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-
1017 de 2003 –al tener como precedente jurisprudencial la C-1064 2001 – cuando afirmó
“…el reajuste de sus salarios podrá ser inferior a la inflación causada el año

21 C.E., Sec. Segunda. Sent. 250002342000201705923 01, abr. 07/2022. MP Sandra Lisset Ibarra

Vélez.

8

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Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

inmediatamente anterior, a partir de los parámetros que determine el Ejecutivo respecto
del peso que ha de darse a la inflación esperada, a los niveles salariales, al tamaño de
las escalas salariales a la productividad, entre otros criterios relevantes…”.

En igual sentido, el Consejo de Estado en sentencia de 14 de septiembre de 202222
manifestó que el principio de mantener el poder adquisitivo puede limitarse para quienes
devengan una asignación básica mayor a dos salarios mínimos. Al respecto aseguró:

“En esa medida, el órgano guardián de la constitución, tomó distancia respecto de los
precedentes invocados en los que estableció un aumento salarial a partir de una
fórmula única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación del año anterior
como criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una fórmula única y específica
de indexación salarial para cualquier nivel salarial no es compatible con la ratio
decidendi de las sentencias que constituyen precedente inmediato y directo de la C-
1433 de 2000.

Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que puede ser
tenida en cuenta para establecer el aumento anual de los salarios de los servidores
públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula aplicable para ello, pues,
también lo son el peso de la situación real del país, las finalidades de la política
macroeconómica, la ponderación racional del gasto público entre otras.

Se colige entonces en primer orden por parte de esta sala a partir de lo analizado que,
para las anualidades en que reclama el actor el ajuste reconocimiento, reliquidación
de su sueldo y prestaciones sociales incorporando los porcentajes del IPC dejados
de incluir, ello per se no desconoce el ordenamiento constitucional y legal, puesto que,
la Carta Superior protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo
del salario y que ello conlleva a que cada año éste sea reajustado para todos los
servidores cobijados por la ley anual de presupuesto, pero no necesariamente, que
dicho incremento deba hacerse con aplicación únicamente de la variación porcentual
del IPC del año inmediatamente anterior.

Además, conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional C-1433
de 2000, se tiene que no puede el Gobierno nacional hacer incrementos inferiores al
IPC a quien devengue hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(…)” (Resaltado fuera de texto)

En la misma sentencia y atendiendo lo señalado por la Corte Constitucional en la C-931
de 2004, indicó: “... si bien el índice de precios al consumidor es una variable económica
que puede ser tenida en cuenta para establecer el aumento anual de los salarios de los
servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula aplicable para ello,
pues, también lo son el peso de la situación real del país, las finalidades de la política
macroeconómica, la ponderación racional del gasto público entre otras”.

Luego entonces, pese a que constituye una obligación del Gobierno Nacional
incrementar los salarios conforme al costo de vida –IPC– este mandato solo procede de
forma absoluta cuando se devenga hasta dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes. En el presente caso, no hay lugar a ordenar tal reajuste para los años 1997,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pues, según certificado de nómina, el actor
percibió una asignación básica superior a dos salarios mínimos.

Así las cosas, para la sala es evidente que el aumento del salario del demandante podía
limitarse en el sentido de ser actualizado en un monto inferior a la variación del índice de
precios al consumidor, sin que esta restricción constituya una vulneración del derecho al
mantenimiento del poder adquisitivo del salario, como quiera que la actualización
conforme al IPC, como se ha reiterado a lo largo de la sentencia, solamente es obligatoria

22 C.E., Sec. Segunda. Sent. 25000234200020170435201, sep. 14/2022. MP Sandra Lisset Ibarra

Vélez.

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Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

para quienes perciben menos de dos salarios mínimos.

Por lo tanto, la sala concluye que la entidad demandada reajustó en debida forma la
asignación básica del demandante y en esa medida no se vulnera el principio de
mantenimiento del poder adquisitivo consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política. Luego entonces, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demandada. […]». [sic]

27. Como se observa, y a partir de una lectura integral de la sentencia, la Sala
concluye que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el análisis de la
autoridad judicial demandada está debidamente sustentado en las pruebas
aportadas junto con la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, caso distinto,
es que del mismo concluyó que, el Gobierno Nacional estableció los salarios del
personal activo de la Fuerza Pública mediante una escala gradual, y definió las
asignaciones de retiro con base en el principio de oscilación. Este esquema se
aplicó en dos etapas: la primera, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC)
hasta el 31 de diciembre de 2004; la segunda, a partir de esa fecha, mediante el
principio de oscilación, el cual permite aumentos anuales a partir de la última
mesada reconocida en ese año.

28. Asimismo, la demanda presentada por Édgar Ceballos Mendoza fue negada, al
considerarse improcedente la pretensión de reliquidar su asignación de retiro con
base en el IPC, ya que su salario como miembro de la Fuerza Pública fue ajustado
conforme a los decretos anuales del Gobierno nacional bajo la Ley 4 de 1992.
Además, se concluyó que el reajuste con base en el IPC solo aplicaba para
prestaciones reconocidas entre 1997 y 2004, periodo que no cubría su caso.

29. Ahora bien, pese a la insistencia en esta sede, la autoridad judicial demandada
le explicó que, aunque se invocó la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, que reconoce el derecho del servidor público a mantener el poder
adquisitivo del salario, el reajuste con base en el IPC no procedía en este caso, ya
que entre 1992 y 2004 el Gobierno no estaba obligado legalmente a aplicar ese
índice, y además, los decretos que fijaron los aumentos salariales no fueron
impugnados en la demanda.

30. En cuanto a las demás pretensiones, la Sala aclara que este no constituye el
escenario adecuado para evaluar la legalidad o inconstitucionalidad de las múltiples
normas cuestionadas. Existen mecanismos idóneos dentro del ordenamiento
jurídico para promover dicho análisis, por lo tanto, cualquier pronunciamiento sobre
ese aspecto excede la competencia del juez de tutela.

31. Pese a que la parte demandante insiste en la falta de estudio desde una
perspectiva constitucional y del control de convencionalidad, se limitó a exponer
argumentos genéricos en tal sentido sin precisar la manera en que incidía la
jurisprudencia, cuya aplicación pretende, en la solución del litigio sometido al juez
natural del asunto.

32.Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en los defectos fáctico o sustantivo alegados, debido a que

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Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

la providencia acusada fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia
reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio
obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al
caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza
de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

33. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo
que conduce a la denegatoria del recurso de amparo.

34. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

35. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia para, en su lugar, negar
el amparo de los derechos fundamentales invocados por Édgar Ceballos Mendoza,
en la solicitud de tutela presentada contra el del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Édgar Ceballos Mendoza, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandante: Édgar Ceballos Mendoza

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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