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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06307-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06307-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Beatriz Elena Acevedo Lopera, por las razones expuestas en la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06307-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06307-00
Demandante BEATRIZ ELENA ACEVEDO LOPERA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA
DE ORALIDAD Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa
de la Constitución Política. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Contrato realidad instructor SENA.
Caducidad de la acción. Requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Beatriz Elena Acevedo Lopera, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de octubre de 20251, la señora Beatriz Elena Acevedo Lopera interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al mínimo vital, con ocasión del auto del 25 de septiembre
de 2025 por el que se confirmó la decisión del 5 de noviembre de 2024 de rechazar
por caducidad la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-33-33-036-2024-00240-00/01.

En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante BEATRIZ ELENA
ACEVEDO LOPERA al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
mínimo vital.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia del 25 de septiembre de 2025,
proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo que
respecta a la confirmación del rechazo por caducidad de las pretensiones de salarios y
prestaciones sociales.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una nueva
decisión en la que, aplicando el precedente judicial vinculante, revoque en su totalidad el auto
del 5 de noviembre de 2024 del Juzgado 37 Administrativo de Medellín y, en su lugar, ordene
a dicho juzgado admitir la demanda para todas las pretensiones y continuar con el trámite de
ley».

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Tutela radicada a través del correo de tutelas en línea.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00
Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

2.1. La señora Beatriz Elena Acevedo Lopera se vinculó al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA desde el 10 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2023 a
través de la suscripción de contratos de prestación de servicios, para
desempeñarse como instructor en las áreas de tecnología de confección
industrial, diseño de modas y gestión de mercados.

2.2. El 7 de febrero de 2024 la accionante presentó solicitud al SENA con el fin de
que se reconociera la existencia del contrato realidad y en consecuencia le
fueran canceladas las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral.

Mediante oficio del 16 de febrero de 2024 el SENA negó lo solicitado por la
parte actora.

2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la
señora Acevedo Lopera demandó al SENA con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo por el que se negó la existencia del contrato
realidad y el consecuente pago de las prestaciones sociales.

En consecuencia, pidió el reajuste de salarios, prestaciones sociales, legales
y extralegales que hubiere devengado de haber sido vinculada a través de una
relación legal y reglamentaria en el cargo de instructor como empleada pública;
pidió además la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones teniendo en cuenta la asignación que hubiere percibido en caso de
haber sido vinculada mediante una relación legal y reglamentaria como
empleada pública.

2.4. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín (Expediente 05001-33-33-
036-2024-00240-00/01) a quien correspondió conocer del asunto en primera
instancia2, por auto del 5 de noviembre de 2024 rechazó la demanda por
caducidad de la acción.

Señaló que el oficio demandado se había notificado por correo electrónico el
16 de febrero de 2024 por lo que, al no existir solicitud de conciliación
prejudicial por ser facultativa, la parte actora tenía hasta el 17 de junio de 2024
para presentar la demanda pero que se presentó el 26 de agosto de 2024, por
lo que había operado la caducidad de la acción.

Dijo que, en gracia de discusión, si la demanda se hubiera interpuesto
contando el término de caducidad desde el día siguiente al vencimiento del
término para interponer recursos, este habría expirado el 1º de marzo de 2024
y la demanda debía interponerse a más tardar el 2 de julio de 2024 lo que
tampoco ocurrió.

2.5. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. El juzgado en providencia del 21 de julio
de 2025 resolvió no reponer la decisión y concedió el recurso de apelación
ante el superior.

2.6. En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Oralidad en providencia del 25 de septiembre de 2025 (notificada por estado
fijado el 26 de septiembre de 2025) revocó parcialmente la decisión del juzgado.

En criterio del tribunal, debía adoptarse la posición de unificación de la Sección
Segunda del Consejo dada en la sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto
de 2016 en la que se estudió la figura del contrato realidad de cara a la
protección del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y en la

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Inicialmente la demanda fue repartida al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín, pero el juez se declaró
impedido para conocer del presente asunto.

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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

que concluyó que era de carácter irrenunciable e imprescriptible y por tanto no
sujeto al término de caducidad de la acción.

De acuerdo con lo anterior, sostuvo que le asistió razón al juez de primera
instancia al rechazar la demanda por caducidad respecto a la pretensión de
restablecimiento del derecho frente a las acreencias laborales diferentes a las
de cotización al sistema de pensiones al no ser prestaciones periódicas y
haberse pedido por fuera del término de los 4 meses establecidos en la norma
contabilizados desde la notificación de la decisión demandada.

Sin embargo, dijo que no ocurría lo mismo con la pretensión relacionada con
el reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
toda vez que esta constituía un derecho irrenunciable por su carácter de
imprescriptibilidad y prestación periódica, por lo que en su criterio debía
admitirse la demanda en relación con este aspecto puntualmente.

En consecuencia, revocó parcialmente el auto impugnado solo en relación con
la caducidad respecto de la solicitud de reliquidación de los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones, para que en su lugar se estudiara su
procedencia y confirmó en lo demás.

3. Fundamentos de la acción

La accionante consideró que la decisión del 25 de septiembre de 2025 emitida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en los defectos sustantivo
por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa de la
Constitución Política. Las razones que expuso para fundamentar los defectos
mencionados fueron las siguientes:

3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Indicó que el tribunal aplicó de forma prevalente y descontextualizada la norma
relacionada con la caducidad consagrada en el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
desconociendo la regla jurisprudencial unificada del Consejo de Estado en
casos de contrato realidad.

Dijo que se le dio a una norma procesal, esto es, la caducidad de 4 meses, un
alcance que anula la norma sustancial y la jurisprudencia que protege
derechos laborales, esto es, la prescripción de 3 años.

Sostuvo que el Consejo de Estado ha establecido que la oportunidad del
trabajador para reclamar sus derechos no se mide por la caducidad de la
acción contenciosa sino por el término de prescripción para reclamar el
derecho mismo.

Citó concretamente la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 que dijo, era
el precedente judicial que había sido desconocido por el Tribunal y que era en
esa providencia donde estaba la regla que debió ser aplicada, citando el
siguiente aparte:

«En ese orden, la Sala unifica la jurisprudencia en la materia para señalar que, quien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres
años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. Con la reclamación
del derecho ante la Administración se interrumpe el término de prescripción, el cual comenzará
a contarse nuevamente una vez quede en firme la decisión que resuelva la petición».

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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

En esa línea, consideró que había cumplido rigurosamente la regla, pues que
su vínculo finalizó el 30 de junio de 2023 y que presentó reclamación
administrativa el 7 de febrero de 2024, es decir, dentro de los 3 años de
prescripción interrumpiéndola y consolidando su derecho de acudir a la
jurisdicción.

Que el Tribunal pese a lo anterior emitió una decisión contradictoria y carente
de coherencia, pues que, de un lado, aplicó correctamente el citado
precedente para dejar a salvo de la caducidad la pretensión relacionada con
los aportes a pensión pero, de otro, de manera ilógica e injustificada se negó
a aplicar la misma ratio decidendi en cuanto a los salarios y las prestaciones
sociales que tenían el mismo hecho generador que era la existencia de una
relación laboral.

3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Citó el artículo 53
de la Constitución Política en cuanto a la irrenunciabilidad de los derechos
mínimos de los trabajadores y la primacía de la realidad sobre las
formalidades. Concluyó lo siguiente:
«Al anteponer una formalidad procesal (el plazo de 4 meses de la caducidad) sobre el derecho
sustancial a reclamar salarios y prestaciones que fueron legalmente reclamados dentro del
término de prescripción, el Tribunal está permitiendo que una forma anule la realidad de una
posible relación de trabajo de más de 15 años. Le está negando a la accionante la posibilidad
de que un juez analice si, en efecto, existió un vínculo laboral, violando así el núcleo esencial
de este principio constitucional. La decisión judicial se convierte en una barrera de acceso a
la justicia que perpetúa la desprotección de un derecho fundamental».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 14 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela promovida
por la señora Beatriz Elena Acevedo Lopera contra Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y al Juzgado Treinta y Siete
Administrativo de Medellín; vinculó al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
(parte demandada en el medio de control), al Ministerio público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (autoridades que fueron vinculadas en
el trámite ordinario).

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
manifestó en el escrito de oposición que lo pretendido por la accionante era
convertir la tutela en una instancia adicional para reabrir el debate sobre la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se debate la existencia de una relación laboral encubierta para lo cual
no estaba instituida la presente acción constitucional.

4.3. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín, indicó que lo
pretendido por la actora era convertir la tutela en una instancia adicional.

Explicó que la caducidad era un límite a la competencia del juez para decidir
sobre determinada pretensión; indicó que el caso no comportaba relevancia
constitucional y, en consecuencia dijo que se daría el trámite correspondiente
al proceso en los términos indicados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.

4.4. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, manifestó no contar con
legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional
al no haber sido notificado de las decisiones ni del juzgado ni del tribunal que
rechazaron la demanda por caducidad de la acción, razón por la que pidió ser
desvinculado de la presente acción.

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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

Manifestó que conocen del caso hasta este momento en el que se presentan
los hechos de la demanda ordinaria como sustento de lo ocurrido y con
respecto a lo que anunciaron estar de acuerdo en que se hubiera declarado la
caducidad del medio de control.

Aclaró que la parte actora confunde los fenómenos de prescripción y
caducidad y que todo lo que tenga que ver con lo reclamado por la actora será
objeto de pronunciamiento en el momento procesal que corresponda luego de
ser vinculados.

4.5. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no
pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 4
y especiales 5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o ame nazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

5

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3. Cuestión Previa. Legitimación en la causa por pasiva
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, pidió ser desvinculado de la presente
acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

La Sala precisa que según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,
el SENA fue vinculado al proceso constitucional en calidad de tercero con interés y
no como parte demandada.

Esto por cuanto, verificado el expediente digital aportado por el juzgado que conoció
del proceso ordinario en primera instancia, se evidencia, de una parte, que el
apoderado de la accionante manifestó en el escrito del recurso de reposición y en
subsidio apelación presentado el 7 de noviembre de 2024 contra la decisión de
rechazo de la demanda por caducidad de la acción que, de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral 3º de la Ley 2213 de 2022 remitiría dicho memorial a la entidad SENA
al correo electrónico servicioalciudadano@sena.edu.co.

También se advierte que obra en el expediente ordinario poder especial otorgado
por parte de la Directora (e) del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional
Antioquia al abogado Cesar Augusto Muñoz Lopera para representar a la entidad
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-036-
2024-00240-00, demandante Beatriz Elena Acevedo Lopera.

En tal virtud, contrario a lo afirmado por el SENA en el informe rendido dentro del
presente trámite constitucional, sí tuvo conocimiento de la existencia del proceso
cuyas decisiones se cuestionan a través de la presente acción, por lo que se ordenó
vincularlo como tercero con interés.

De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991 7, le asiste interés legítimo en el resultado de este proceso
constitucional y por tal motivo debe permanecer vinculado a éste en la calidad de
tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala
negará la solicitud de desvinculación propuesta.

4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

4.1. En primer término, precisa la Sala que si bien la parte actora se refiere a la
presunta configuración de los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente y por violación directa de la Constitución Política, en realidad frente
a este último defecto no existe una sustentación que permita su estudio, pues
su argumento se limita a señalar lo dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución Política como refuerzo de su motivo de inconformidad con la
decisión ordinaria, razón por la que, el estudio que se haga será solamente en
relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

4.2. Aclarado lo anterior, y considerando que en el caso bajo estudio se promovió
una tutela contra providencia judicial, le corresponde a la Sala establecer si se
cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
concretamente, los de subsidiariedad y relevancia constitucional.

De encontrar superado este requisito, se determinará si al proferir el auto 25
de septiembre de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 05001-33-33-036-2024-00240-00/01, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

7
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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5. Sobre el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando el medio de control se encuentra en
trámite

Si bien esta Sala ha establecido que, por regla general, no procede la acción
de tutela cuando se discuten autos emitidos en el curso de un proceso que
continúa en trámite, como es el caso que se analiza, lo cierto es que esta regla
tiene excepciones.

Conviene recordar que la Corte Constitucional 8 ha permitido la intervención
excepcional del juez de tutela para discutir autos interlocutorios emitidos en
procesos que se encuentran en trámite, cuando se presentan las siguientes
circunstancias: (i) la protección de los derechos presuntamente conculcados
no se puede procurar a través de otros medios de defensa, siempre que s e
hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes contra el auto que se
ataca; (ii) los mecanismos judiciales existentes no son idóneos para garantizar
los derechos fundamentales invocados; y (iii) la intervención del juez de tutela
es necesaria y urgente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.

Entonces, el hecho de que el proceso aún se encuentre en trámite no excluye,
por sí mismo, la posibilidad de que se examine mediante acción de tutela la
declaratoria parcial de caducidad de algunas pretensiones de la demanda en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En este caso, no se identifica otro mecanismo de defensa judicial que permita
proteger de forma eficaz los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, toda vez que la parte demandante agotó los recursos ordinarios a su
alcance para lograr el estudio de fondo de todas sus pretensiones.
Circunstancia que, en principio, justifica la intervención excepcional del juez
constitucional para determinar si las decisiones cuestionadas vulneran el
derecho al debido proceso de la parte.

La Corte Constitucional ha indicado que el derecho al acceso a la
administración de justicia comprende diferentes facetas en, al menos, tres
categorías: (i) aquellas relativas al acceso efectivo al aparato judicial; (ii) las
previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente, las atinentes a la
decisión y cómo debe darse fin a la controversia. Esto quiere decir que, «el
acceso a la justicia debe entenderse no solo como la posibilidad de acudir a los jueces
competentes para dirimir una determinada controversia o conflicto, sino que además se
debe entender como la posibilidad de que dicho planteamiento se haga efectivo, a través
de la culminación del proceso con la determinación final del juez sobre el caso y el
cumplimiento de la sentencia» 9.

Y en la sentencia T-329 del 18 de julio de 1994, señaló que «El acceso a
la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 Superior, no implica
solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la
normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que
se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida
ejecución de ella… (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-329 del 18 de julio de
1994)».

Por lo anterior, pese a que el medio de control se encuentra en trámite, se
supera el requisito general de la subsidiariedad en el caso sometido al estudio
de la Sala.

8
Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales y sentencia SU-695 de 2015. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Corte Constitucional- Sentencia T-608 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

6. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso concreto

6.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”7. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, se debe constatar que los cargos expuestos en el respectivo medio
de control y los desarrollados en el escrito de tutela sean iguales; y si estos
fueron resueltos integralmente por el juez natural.

6.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de
procedibilidad, pues al verificar los argumentos presentados en el recurso de
apelación contra la decisión del Juzgado Treinta y Siete Administrativo de
Medellín se evidencia que reitera los argumentos presentados en su momento

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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

al juez natural, ahora en esta instancia constitucional al amparo de un presunto
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

Los argumentos presentados en el recurso de apelación, fueron los siguientes:

(i) Se refirió a la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 y dijo que existía un
tratamiento diferente entre caducidad y prescripción.

(ii) Que previo a cumplirse el término de prescripción presentó la respectiva
reclamación con el fin de obtener las prestaciones y demás acreencias
laborales lo que se negó mediante acto administrativo y por lo que se acudió a
demandarlo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

(iii) Dijo que su caso estaba exceptuado del término contemplado en el literal d),
numeral 2º del artículo 164 del CPACA ya que se trataba de un acto
administrativo que negó una prestación periódica, tema desarrollado además
en la jurisprudencia del Consejo de Estado y por lo que le era aplicable en
consecuencia el literal c) del numeral 1º de la mencionada norma.

La providencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, resolvió el problema
jurídico de la siguiente manera:
«Se concluye entonces que, le asiste la razón a la Juez de primera instancia al rechazar por
caducidad la demanda, respecto a la pretensión de restablecimiento del derecho frente a las
acreencias laborales diferentes a las de cotización al sistema de pensiones, pues estas no
son prestaciones periódicas y se solicitaron por fuera del término de los cuatro (4) meses
establecidos en la norma, una vez notificada su negativa el dieciséis (16) de febrero de 2024,
radicando la demanda seis (6) meses después, el 26 de agosto de 2024.

Sin embargo no sucede lo mismo con la pretensión que tiene que ver con el reconocimiento
de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, toda vez que esta constituye un
derecho irrenunciable, por su carácter de imprescriptibilidad y prestación periódica, de lo que
resulta imperioso que se trabe la litis en orden a verificar o desvirtuar la configuración del
supuesto de hecho y de derecho en que la Accionante edifica esa pretensión».

La parte actora insistió en su argumento en el escrito de tutela bajo la presunta
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente:

(i) Sostuvo que el tribunal aplicó de forma prevalente y descontextualizada la
norma relacionada con la caducidad consagrada en el artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
desconociendo la regla jurisprudencial unificada del Consejo de Estado en
casos de contrato realidad.
(ii) Dijo que se le dio a una norma procesal, esto es, la caducidad de 4 meses, un
alcance que anula la norma sustancial y la jurisprudencia que protege derechos
laborales, esto es, la prescripción de 3 años y que la oportunidad del trabajador
para reclamar sus derechos no se mide por la caducidad de la acción
contenciosa sino por el término de prescripción para reclamar el derecho
mismo.
(iii) Citó concretamente la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 que dijo, era
el precedente judicial que había sido desconocido por el Tribunal, que era en
esa providencia donde estaba la regla que debió ser aplicada y que solo se
aplicó lo relacionado con los aportes pensionales y no lo relacionado con el
pago de las prestaciones sociales pretendidas.

(iv) En esa línea, consideró que había cumplido rigurosamente la regla, pues que
su vínculo finalizó el 30 de junio de 2023 y que presentó reclamación
administrativa el 7 de febrero de 2024, es decir, dentro de los 3 años de
prescripción interrumpiéndola y consolidando su derecho de acudir a la
jurisdicción.
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De acuerdo con lo anterior, es posible evidenciar que el tribunal accionado
resolvió el punto relacionado con la caducidad desde dos aspectos, uno frente
a los aportes pensionales y a la imposibilidad que operara el fenómeno de la
caducidad, con respecto a lo que no hay discusión, y otro, en cuanto al punto
de la caducidad frente a la reclamación de los derechos prestacionales y
salariales con respecto a lo que estuvo de acuerdo con el juez de primera
instancia en cuanto sí operaba el término de caducidad al no tratarse de una
prestación periódica como lo anunciaba la accionante en el recurso de
apelación y al haberse superado el término de 4 meses luego de verificar la
fecha en que se notificó la decisión del SENA y la fecha de presentación de la
demanda.

6.3. En este orden de ideas, la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional pues más allá de advertirse la concreción de un defecto en la
providencia que afectara el derecho al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital de la parte actora, lo
que busca es reabrir el debate en relación con la caducidad del medio de
control, insistiendo en que en este tipo de asuntos no operaba dicho fenómeno
y haciendo mención a la figura de la prescripción que anunció desde el recurso
de apelación pero que desarrolló en el escrito de tutela al afirmar, de manera
equivocada, que se desconocían sus derechos laborales al desconocerse el
término de prescripción de 3 años con el que contaban los trabajadores para
reclamar sus derechos.

Para la Sala la autoridad judicial resolvió el asunto con argumentos suficientes,
razón por la que no puede pretenderse un análisis del tema ahora en sede de
tutela, pues conviene recordar que, conforme lo ha establecido la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional 10, la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Ello es así
porque el análisis de las sentencias y de los autos por vía de tutela, involucra
los principios de independencia y autonomía judicial, la preclusión de los
procesos y la cosa juzgada que se predica de las providencias judiciales con
miras a definir los litigios puestos en conocimiento de los jueces de la
República.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedencia de
este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, concretamente el de
la relevancia constitucional, lo que impide un estudio de fondo del asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

10
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Beatriz Elena
Acevedo Lopera, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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