Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06314-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06314-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06314-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
15 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06314-001
Accionante : Leonor García León
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
:
Accionados Subsección F y Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP)
Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de
Vinculado :
Bogotá
Acción : Tutela
Derechos : Seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital
Tema : Tutela contra providencia judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala, a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por la señora Leonor García León, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
accionante, frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
El 7 de octubre de 2025, la señora Leonor García León, a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y UGPP
derechos fundamentales «al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social en pensiones, a la
legalidad de los actos y actuaciones administrativas, a la confianza legítima, al respeto por el acto propio,
a los derechos adquiridos, al mínimo vital y a la protección especial de las personas de la tercera edad»,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
(UGPP).
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del 26 de
agosto de 2025, mediante la cual, el Tribunal Administrativo del Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección F, «anuló la Resolución No. 511 del 23 de julio de 1991, expedida por la
Empresa Puertos de Colombia, que reconoció pensión de vejez especial al señor Juan Gabriel Armando
Gómez Chaparro (Q.E.P.D.), así como la Resolución RDP No. 023255 del 6 de septiembre de 2021, [por
medio de] la cual la UGPP reconoció pensión de sobrevivientes a la señora Leonor García León, con
efectos desde el 7 de diciembre de 2006, fecha del fallecimiento de su cónyuge». En su lugar, pidió
proferir una nueva decisión judicial, respetuosa del precedente constitucional y
jurisprudencial aplicable a la materia pensional de los extrabajadores de la extinta
Empresa Puertos de Colombia; además, de la confianza legítima y los derechos
fundamentales de la actora, manteniendo la vigencia de los actos administrativos que
reconocieron su derecho pensional.
Por último, pretendió que se ordene a la UGPP, mantener el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, en los mismos términos en que le fue reconocida mediante
Resolución RDP 023255 de 2021, garantizando la continuidad en el goce efectivo de su
derecho pensional a la seguridad social y al mínimo vital.
1.3 Hechos2
La accionante relató que, la UGPP, inició un proceso, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en procura de obtener la nulidad de la
Resolución 511 del 23 de julio de 1991, proferida por la Empresa Puertos de Colombia,
que reconoció «pensión especial de vejez» al señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro
(Q.E.P.D); y de la Resolución RDP 023255 de 6 de septiembre de 2021, expedida por la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, por medio de la cual,
reconoció pensión de sobrevivientes a la señora Leonor García León, a partir del 7 de
diciembre de 2006, con ocasión al deceso del precitado.
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y UGPP
Adujo que, mediante sentencia del 26 de octubre de 2023, el Juzgado Cincuenta y Uno
(51) Administrativo del Circuito de Bogotá, negó las pretensiones de la demanda; así que,
inconforme con tal decisión, la UGPP, interpuso recurso de apelación, el cual fue decidido
mediante sentencia del 26 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, quien revocó la providencia de primera
instancia y, en su lugar accedió a las pretensiones de la demanda.
Aseguró que, el tribunal de segunda instancia, incurrió en una vía de hecho judicial, por
desconocer el precedente constitucional y jurisprudencial aplicable a la materia pensional
de los extrabajadores de la extinta Empresa Puertos de Colombia. También cometió un
error sustancial, al homologar el cargo de «jefe de oficina», con el de «jefe Unidad Coordinadora
Banco Mundial», que desempeñó en vida el señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro,
sin que existiera prueba en el expediente, de algún acto administrativo de nombramiento,
ni de la correspondiente posesión; además, no realizó verificación alguna de las funciones
específicas asignadas a ambos empleos, omitiendo con ello, la carga probatoria mínima
exigida para establecer la equivalencia funcional o jerárquica.
Hizo énfasis, en que el tribunal accionado, se limitó a acoger, sin contraste probatorio, la
afirmación contenida en la demanda de la UGPP, apartándose del deber de fundamentar
su decisión en pruebas legalmente aportadas y valoradas conforme a las reglas de la
sana crítica; vulnerando así, lo dispuesto en los artículos 167 y 176 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y, el
precedente jurisprudencial de esta Corporación, que exige la demostración «fehaciente de
la naturaleza del vínculo y de las funciones desempeñadas para determinar la calidad de empleado público
o trabajador oficial».
Puntualizó que, la decisión objeto de reproche, pasó por alto la jurisprudencia del Consejo
de Estado, según la cual, no todo cargo con la denominación de «jefe» en la empresa de
Puertos de Colombia revestía la condición de empleo público, pues, dicha categoría,
estaba restringida a los cargos «expresamente señalados en los Acuerdos y Decretos reglamentarios
expedidos por la entidad»; no obstante, determinó, con fundamento en una convención
colectiva de trabajo, que el causante no ostentaba la calidad de trabajador oficial (a pesar
de su vinculación mediante contrato de trabajo), sino de empleado público, lo cual,
transgrede el principio de legalidad del empleo público, ya que, la naturaleza del vínculo
laboral con el Estado, no puede definirse ni alterarse por vía de negociación colectiva,
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
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sino, exclusivamente mediante disposición legal o reglamentaria; incurriendo así, en un
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al privilegiar una fuente
negocial (convención colectiva), sobre el marco jurídico imperativo que delimita la
naturaleza de los empleos en las empresas industriales y comerciales del Estado.
Por último, acusó la actuación de segunda instancia, de incurrir en defecto fáctico y
violación del debido proceso probatorio, ya que, trasladó en cabeza de la demandada
(beneficiaria de la pensión), la carga de la prueba, exigiéndole acreditar que el causante
conservaba, al momento de su retiro, la calidad de trabajador oficial; lo cual, resulta
desproporcionado e irrazonable, en la medida que, era la UGPP, quien debía acreditar,
con documentos ciertos y verificables, la supuesta existencia de un acto de nombramiento
y posesión que configurara la naturaleza de empleado público.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 8 de octubre
de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y a la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales; (ii) negó la medida provisional; y (iii) dispuso vincular
al Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción
2.1.1 El Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo de Bogotá3, se limitó a enviar
el expediente con radicado 11001-33-42-051-2022-00452-02, sin pronunciarse sobre los
hechos de la demanda.
2.1.2 La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales4, luego de hacer un recuento
detallado de las actuaciones administrativas adelantadas con ocasión a la «pensión especial
de jubilación» reconocida por la empresa Puertos de Colombia al señor Juan Gabriel
Armando Gómez Chaparro (Q.E.P.D), precisó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues, la inconformidad de la accionante radica en la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Enfatizó que
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Expediente digital en SAMAI, índice 9.
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Expediente digital en SAMAI, índice 10.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
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la Unidad, no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados como vulnerados por
la actora, por el contrario, su actuar se ha basado únicamente en el acatamiento de las
decisiones judiciales dictadas dentro del procedimiento correspondiente.
2.1.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, guardo silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela, en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2 Falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional5, ha
considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la
aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
La UGPP, en el escrito de intervención solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto no es la autoridad que profirió la providencia
cuestionada.
Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de
tercera con interés, por ser la entidad accionada dentro del medio de control en cuestión,
esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se negará
su solicitud.
3.3 La acción
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Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.
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Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.4 Problema jurídico
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 26 de agosto de
2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, revocó la providencia de 26 de octubre de 2023, en la que el Juzgado
Cincuenta y Uno (51) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la UGPP contra la
señora Leonor García León (expediente 11001-33-42-051-2022-00452-02); y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad,
seguridad social en pensiones y mínimo vital invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
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La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera
protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
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el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia
constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda transgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
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julio de 20127, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra
providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y
la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos8.
3.6 Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social en pensiones
de la tutelante, originada en el aparente desconocimiento, por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, del precedente
constitucional y jurisprudencial aplicable a la materia pensional de los extrabajadores de
la extinta Empresa de Puertos de Colombia; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de los aludidos derechos; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por
cuanto la providencia atacada fue notificada el 17 de septiembre de 20259 y la solicitud
de amparo se presentó el 7 de octubre siguiente es decir, dentro de los 6 meses y (v) la
sentencia acusada no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo las causales específicas denominadas defectos fáctico y sustantivo, además
del desconocimiento del precedente judicial, invocadas por la accionante.
No obstante, previo al estudio de fondo, se precisa que el desconocimiento del
precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su
origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente digital de segunda instancia. Radicado 11001334205120220045202. Consecutivo índice 42.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06314-00
Demandante: Leonor García León
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por la Corte Constitucional en su jurisprudencia10, y la segunda hace referencia a cuando
la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo 11
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe12.
Así las cosas, en atención a los argumentos con los que la actora fundamenta el defecto
de desconocimiento del precedente, la Sala advierte que se enmarca en la segunda
modalidad, por lo que, será estudiada en el defecto sustantivo.
3.6.1 Defecto sustantivo
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces
se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la
materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales 14.
En el asunto sub examine, la inconformidad de la accionante radica en que, desde su
10
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la
ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado
es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
11
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
12
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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criterio, el tribunal accionado en la sentencia objeto de reproche, omitió dar aplicación a
la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual, no todo cargo con la denominación
de «jefe» en la empresa de Puertos de Colombia revestía la condición de empleo público,
pues, dicha categoría, estaba restringida a los cargos expresamente señalados en la ley;
sin embargo, con fundamento en convenciones colectivas de trabajo, determinó que el
señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro (Q.E.P.D), no ostentaba la calidad de
trabajador oficial, pese a que ingresó a la entidad a través de contrato de trabajo. Advirtió
que, con ello, transgrede el principio de legalidad del empleo público, ya que, la naturaleza
del vínculo laboral con el Estado, no puede definirse ni alterarse por vía de negociación
colectiva, sino, exclusivamente mediante disposición legal o reglamentaria; incurriendo
así, en el defecto sustantivo.
Al respecto, la Sala advierte que, contrario a lo anterior, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el subtítulo 4.1 de la providencia
objeto de censura, realizó estudio de la naturaleza de los cargos de la empresa Puertos
de Colombia, así:
«[…] [L]a empresa Puertos de Colombia fue constituida como una empresa industrial y
comercial del Estado, razón por la cual, se precisa que estaba compuesta principalmente
por trabajadores oficiales vinculados por medio de contratos de trabajo; y empleados
públicos, de naturaleza legal y reglamentaria para los cargos de dirección y confianza.
(Decreto 561 de 1975)
El artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, que dispuso:
[…]
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de
dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
En atención a la norma, mediante el Decreto 2465 de 1981 se aprobó el Acuerdo número
857 de ese mismo año, originario de la Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia
"Colpuertos", que en su artículo 38, estableció que «Las personas que presten sus servicios
a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales, a excepción de los Subgerentes, los Jefes
de oficina, el Secretario General y el Asistente de la Gerencia General de la Oficina principal,
así como los Gerentes de los terminales, quienes son empleados públicos.»
Por medio del Decreto 2318 de 1988 se aprueba el Acuerdo número 0021 de 2 de
septiembre de ese año, en su artículo 2 estableció:
«El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981 aprobada por el Decreto número 2465
de 1981 quedará así: "Artículo 38. Las personas que trabajan al servicio de la Empresa
con las excepciones que a continuación se precisan son trabajadores oficiales vinculados
a ella por contrato de trabajo. Son empleados públicos de libre nombramiento y
remoción del nominador, además del Gerente General, las personas que por
ejercer funciones de dirección y confianza desempeñen los siguientes cargos:
a) En la oficina principal (Bogotá):
Gerente General, Subgerentes, Secretario General, Asistente de Gerencia General,
Jefes de Oficina, Director Financiero, Jefes de División, Jefe de Suministros,
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Asesores, Asistentes, Coordinadores, Auditores, Jefe Sección de Personal, Abogados,
Médicos, odontólogos, Ingenieros, Arquitectos, Jefe de Supervisión Administrativa
Laboral, Supervisor Administrativo Laboral, Evaluador de Programas Estadísticos
Analista de Investigaciones Económicas
[…]
Posteriormente, se expidió el Decreto 287 del 28 de enero de 1991 por medio del cual se
aprueba el Acuerdo número 0016 del 9 de octubre do 1990, en el que en su artículo 1,
dispone que «El Artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981, aprobado por Decreto número
2465 de 1981», quedará así:
"Artículo 38. Las personas que trabajan al servicio de la Empresa con las excepciones
que a continuación se precisan son trabajadores oficiales vinculadas a ellas por
contrato de trabajo. Son empleados públicos de libre nombramiento y remoción,
además del Gerente General, las personas que desempeñan los siguientes cargos:
a) En la Oficina Principal (Bogotá):
Subgerentes, Jefes de Oficina, Secretario General, Asistente de la Gerencia General,
Director Financiero, Jefes de División, Jefe de Suministro, Asesores, Asistentes,
Coordinadores, Auditores, Jefe de Sección de Personal, Abogados, Médicos,
Odontólogos, Ingenieros, Arquitectos, Jefe de Supervisión Administrativa Laboral,
Supervisor, Administrativo Laboral, Evaluador de Programas Estadísticos, Analista de
Investigaciones Económicas, Experto en Seguridad General.
[…]» [Negrillas en toda la cita originales del texto]
Conforme a tal estudio, estableció que «[…] para la oficina principal de Puertos de Colombia,
singularizó en el nivel de «jefe», que solo tenía el carácter de empleo público el cargo de Jefe de Oficina.
Luego con el Decreto 2318 de 1988 se amplió la excepción incluyendo los empleos de Jefes de División,
Jefe de Suministro, Jefe de Sección de Personal y Jefe de Supervisión Administrativa Laboral, y aquellos
cargos de dirección o confianza; mismos cargos que se mantuvieron con el Decreto 287 de 1991» .
Además, citó jurisprudencia de esta Corporación, respecto del tema, que «infiere de la lectura
de los diferentes Acuerdos que Colpuertos tenía cargos con la denominación «jefe» que no necesariamente
eran catalogados como jefes de oficina, es decir, como empleados públicos» 15.
Aunado a lo anterior, citó un pronunciamiento de esta Subsección16, según el cual «[…] si
la norma no contempla en forma expresa que un determinado cargo tiene el carácter de empleo público se
debe considerar como ejercido por trabajador oficial […]». No obstante, advirtió que, no podía pasar
por alto, que en las convenciones colectivas que suscribieron los trabajadores oficiales
de la oficina principal con Puertos de Colombia, se regularon aspectos relacionados con
la naturaleza de los cargos desempeñados.
De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada realizó un análisis normativo acorde
a las pretensiones de la demanda, con el que concluyó, «que el señor Juan Gabriel Armando
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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2020,
radicado 47001-23-33-000-2015-00108-01(1956-17).
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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B sentencia del 31 de julio de 2020,
radicado 47001-23-33-000-2016-00304-01(3433-17).
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Gómez Chaparro (q.e.p.d.) ejerció como último cargo el de jefe de Unidad en la Empresa Puertos de
Colombia, función que, según el Decreto 287 de 1991, está catalogada como empleo público».
Así las cosas, para la Sala no se advierte que la sentencia objeto de reproche haya
incurrido en un defecto sustantivo, pues, se realizó un estudio adecuado de la
normatividad aplicable al caso particular que, según la interpretación de la sala
mayoritaria del tribunal de instancia, implicaba que el cargo desempeñado por el causante
era en calidad de empleado público y no, trabajador oficial.
De otra parte, tampoco se evidencia desconocimiento del precedente jurisprudencial
invocado por la accionante, en la medida que, la sentencia que, según la actora, pasó
por alto el tribunal accionado, sí fue valorada en la providencia objeto de reproche; por lo
que, se insiste, la conclusión a la que llegó el Ad quem, estuvo debidamente
fundamentada en criterios normativos y jurisprudenciales, aplicables a la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa el
juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
3.6.1 Defecto fáctico
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 17.
La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra18.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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De la tutela se extrae que la actora invoca este defecto, pues, en su criterio, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, otorgó la calidad de empleado público al causante, sin
existir en el expediente prueba idónea (acto administrativo de nombramiento, ni la
correspondiente acta de posesión), de la vinculación en el cargo de «jefe Unidad
Coordinadora Banco Mundial»; trasladando a ella, como beneficiaria de la pensión, la carga
probatoria de la demostración de la calidad de tal empleo, a pesar que, en el expediente
existía la copia del contrato de trabajo con el que fue vinculado el señor Juan Gómez a
la empresa Puertos de Colombia, con el que queda demostrada su calidad de trabajador
oficial.
Conforme a tales argumentos, el escenario de estudio se centra en un aspecto negativo
del defecto fáctico, ya que, según la accionante existía prueba de la calidad de trabajador
oficial de su cónyuge y, pese a ello, el tribunal accionado determinó que era empleado
público.
Al respecto, la Sala advierte que, en la sentencia objeto de reproche el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, conforme a las pruebas allegadas al expediente,
evidenció que «el señor Gómez Chaparro se vinculó a Puertos de Colombia el 6 de noviembre de 1976,
mediante contrato de trabajo para desempeñar el cargo de “Instructor especializado CNCP” (expediente
principal, archivo 8, folio 256). Asimismo, se acredita que su último cargo fue el de Jefe de Unidad
Coordinador del Proyecto Banco Mundial, desempeñado hasta el 1 de junio de 1991. Sin embargo, no obra
prueba sobre la fecha exacta en que inició funciones en dicho cargo ni sobre la naturaleza jurídica del
vínculo que lo sustentaba.»; es decir que, contrario a lo asegurado por la accionante, el
contrato de trabajo obrante en el expediente del medio de control, correspondía era al del
empleo de instructor, no al último desempeñado por el causante, esto es, el de jefe de
unidad, el cual, fue el que sirvió de base para el reconocimiento de la pensión que dio
origen a la demanda impetrada por la UGPP.
Aunado a lo anterior, la autoridad accionada, aplicó el principio de la carga dinámica de
la prueba, «[…] según el cual corresponde asumir la carga probatoria a la parte que se encuentra en
mejor posición para acreditar los hechos relevantes, en aras de garantizar la prevalencia del derecho
sustancial y el equilibrio procesal.», determinando que «[…] tratándose de una pensión especial sujeta
a requisitos específicos —como la calidad de trabajador oficial beneficiario de la convención colectiva
vigente—, era la parte demandada quien debía demostrar que el causante cumplía efectivamente con tales
exigencias al momento de ejercer el cargo. Esta información se encuentra bajo el control de la beneficiaria,
quien ostenta el reconocimiento pensional y, por tanto, debía acreditar que el vínculo laboral del causante
se ajustaba a los parámetros del régimen convencional.».
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En efecto, para la Sala es válida tal interpretación si se tiene en cuenta que quien
reconoció la pensión especial de vejez al causante fue la empresa Puertos de Colombia,
no la UGPP, por lo que, la beneficiaria de la prestación, desde que tuvo conocimiento de
la demanda impetrada en su contra, pudo ejercer los mecanismos necesarios en procura
de allegar los medios probatorios idóneos que permitieran demostrar la calidad de
trabajador oficial de su cónyuge; ya que, del escrito de tutela se extrae que, para la actora
es clara la importancia de establecer la calidad de la vinculación del señor Gómez
Chaparro (Q.E.P.D); sin embargo, se advierte que no presentó contestación a la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, así como tampoco, solicitó ni allegó ningún
medio de prueba que permitiera reforzar su defensa.
Así las cosas, comoquiera que, durante el trámite del medio de control, la señora Leonor
García, pudo solicitar la prueba, que ahora echa de menos, así como ejercer su derecho
a la defensa y contradicción, no se evidencia por parte de esta Sala vulneración al debido
proceso probatorio que se invoca en la acción de tutela; por el contrario, se observa que
la providencia censurada no deviene de una interpretación caprichosa de la autoridad
accionada, toda vez que, sus afirmaciones estuvieron debidamente motivadas, conforme
a las pruebas que fueron aportadas en el proceso ordinario, situación de la que se colige
que no incurre en defecto fáctico.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora no
acreditó que la providencia del 26 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, hubiere incurrido en
defecto fáctico, defecto sustancial y desconocimiento del precedente jurisprudencial. Por
tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales.
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SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social en pensión, igualdad y mínimo vital, invocados por la señora Leonor
García León, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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