Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06319-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06319-00
Demandante: Darwin David Vargas Rincón
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Nulidad
electoral. Solicitud de aclaración y adición. Mora judicial.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Darwin David Vargas Rincón contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 7 de octubre de 2025, la parte actora presentó una acción de tutela en la
que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia. Según expuso en su escrito, dichas garantías
fundamentales fueron transgredidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado
por una presunta mora judicial dentro de un proceso de nulidad electoral1.
2. A título de amparo, solicitó que (i) se ordenara a la Sección Quinta del
Consejo de Estado para que emitiera un pronunciamiento sobre la solicitud de
aclaración interpuesta contra la Sentencia de 4 de septiembre de 2025; (ii) se
dispusiera la expedición inmediata del certificado de ejecutoria de dicha providencia;
(iii) se ordenara al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Departamental de
Santander que adelantaran las actuaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de la sentencia de nulidad electoral; y (iv) se previniera a la Sección
Quinta del Consejo de Estado para que adoptara las medidas tendientes a asegurar
la resolución oportuna de las solicitudes incidentales dentro de los procesos de
carácter electoral.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, relató que Mauricio
Gómez Niño y Tanía Lizeth Bautista Peñaloza radicaron una demanda de nulidad
electoral contra la elección de Giovanni Heraldo Leal Ruiz, quien fue elegido
diputado del Departamento de Santander para el período 2024–2027.
4. El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la
nulidad del formulario E26 ASA de 29 de octubre de 2023, mediante el cual se eligió
1
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00827-02 (principal), 68001-23-33-000-2024-00080-00 (acumulado).
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al señor Leal Ruiz como diputado por el partido Alianza Verde para el período 2024–
2027 y, en consecuencia, dispuso la cancelación de la credencial que le había sido
entregada por la Comisión Escrutadora.
5. El 8 de abril de 2025, Giovanni Heraldo Leal Ruiz interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Consideró que la decisión se
sustentaba únicamente en una delegación de funciones realizada con anterioridad
a los comicios a favor de su hermana Luz Dana Leal Ruiz. Sostuvo que dicha
circunstancia no podía configurarse como causal de inhabilidad, pues se estaba
aplicando sin tener en cuenta el momento en que efectivamente se ejercieron las
funciones de autoridad administrativa vinculadas con la celebración de contratos.
6. El 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó la Sentencia de 14 de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la nulidad del acto de elección de Giovanni Heraldo Leal
Ruiz como diputado de Santander. La Sala concluyó que la función contractual
delegada a Luz Dana Leal Ruiz implicaba el ejercicio de autoridad administrativa en
todo el territorio nacional, lo que comprendía al departamento de Santander, donde
el señor Leal Ruiz resultó elegido, razón por la cual le era aplicable la causal de
inhabilidad establecida en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 20222.
7. El 9 de septiembre de 2025, Giovanni Heraldo Leal Ruiz presentó un
memorial en el que solicitó que se aclarara si los efectos de la declaratoria de
nulidad del acto de elección eran ex tunc o ex nunc. Igualmente, pidió que se
precisara si la confirmación de la sentencia de primera instancia abarcaba tanto el
expediente principal como el acumulado, con efectos de cosa juzgada frente a
ambos radicados.
8. El 18 de septiembre de 2025, Tanía Lizeth Bautista Peñaloza, en calidad de
demandante, solicitó la expedición del certificado de ejecutoria de la sentencia, tras
considerar que el memorial de aclaración y adición debía interponerse y resolverse
dentro del término de ejecutoria de la providencia, esto es, dentro de los 3 días
hábiles siguientes a la notificación. Sostuvo que, una vez vencido dicho plazo, la
sentencia adquiría firmeza, por lo que cualquier decisión posterior sobre la
aclaración resultaba extemporánea e ineficaz.
9. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que, en
su condición de ciudadano colombiano y candidato en las elecciones
departamentales de Santander, acudió a la acción de tutela para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Explicó que, para la fecha de presentación de la acción,
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«Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el
Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado: […] 6. Quien tenga vínculo por
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa
o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o
unión permanente o parentesco dentro del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por
el mismo partido o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento
en la misma fecha. […]»
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la Sección Quinta del Consejo de Estado no había emitido pronunciamiento alguno
respecto de la solicitud de aclaración de la sentencia ni había expedido el certificado
de ejecutoria correspondiente, lo que mantenía suspendida la eficacia de la decisión
judicial que declaró la nulidad de la elección del señor Giovanni Heraldo Leal Ruiz.
10. Señaló que dicha situación no solo afectaba la efectividad del fallo judicial,
sino también sus derechos fundamentales, tanto en su calidad de ciudadano que
participó legítimamente en el proceso electoral como en su condición de candidato
con vocación jurídica para ocupar el cargo una vez declarada la nulidad. Sostuvo
que contaba con un interés legítimo, personal y actual en la pronta ejecución de la
decisión. Finalmente, afirmó que la inactividad del despacho judicial configuraba una
omisión, pues evidenciaba una mora injustificada en la adopción o ejecución de las
providencias judiciales.
Intervenciones3
11. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, mediante Auto de 16
de octubre de 2025, había negado la solicitud de aclaración y adición interpuesta
contra la Sentencia de 4 de septiembre de 2025. Sostuvo que la acción de tutela
carecía de fundamento, por cuanto el planteamiento del accionante evidenciaba un
desconocimiento total del artículo 302 del Código General del Proceso4.
12. Indicó que el señor Vargas Rincón ignoraba que las providencias proferidas
por fuera de audiencia, como ocurrió en el caso concreto, quedaban ejecutoriadas
3 días después de notificadas, siempre que no procedieran recursos o que hubieran
vencido los términos sin que estos se interpusieran, o cuando se encontrara
ejecutoriado el proveído que resolviera los recursos formulados. Finalmente, adujo
que el actor también desconocía que, en los casos en que se solicitara la aclaración
o la adición de una providencia, esta solo adquiría ejecutoria una vez se resolviera
la respectiva petición.
13. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación del trámite de
tutela, tras considerar que se configuraba una falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no era la autoridad competente para satisfacer las pretensiones
del accionante. Señaló que su vinculación no estaba llamada a prosperar, por
cuanto, de su parte, no se había producido vulneración alguna de los derechos
fundamentales del actor.
3
Mediante Auto de 14 de octubre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado y, vinculó al Tribunal Administrativo de Santander, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a la Asamblea Departamental de Santander y a Tania Lizeth Bautista Peñaloza, Mauricio Gómez
Niño, Giovanni Heraldo Leal Ruiz, Germán Ernesto Escobar Higuera, John Jairo Moncada Cepeda, Ángel María Álvarez
Álvarez y Luis David Rojas Cruz.
4
«Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen
de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»
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14. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación,
comoquiera que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que,
conforme a sus competencias y funciones constitucionales y legales, no tenía
injerencia en las decisiones que adoptaran los jueces o magistrados en ejercicio de
sus funciones jurisdiccionales.
15. El Tribunal Administrativo de Santander, la Asamblea Departamental de
Santander, Tania Lizeth Bautista Peñaloza, Mauricio Gómez Niño, Giovanni Heraldo
Leal Ruiz, Germán Ernesto Escobar Higuera, John Jairo Moncada Cepeda, Ángel
María Álvarez Álvarez y Luis David Rojas Cruz, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
17. En su intervención, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil solicitaron que se desvinculara del presente trámite
constitucional, al considerar que no eran las entidades competentes para atender
las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto, la Sala negará la solicitud de
desvinculación comoquiera que el resultado de la controversia podría ser de su
interés, teniendo en cuenta que son terceros intervinientes con interés dentro del
proceso de nulidad electoral con radicado No. 68001-23-33-000-2023-00827-02.
Problema Jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia por la presunta mora judicial en la resolución de la solicitud de aclaración
y adición dentro del proceso de nulidad electoral.
Procedibilidad de la acción de tutela
19. La Sala declara improcedente la acción de tutela, por cuanto no se acreditó
la legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo que a continuación se
expone:
20. Revisado el expediente del proceso de nulidad electoral adelantado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, se constató que el accionante no figura
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como parte dentro del proceso, ni ostentó la calidad de coadyuvante ni de tercero
con interés directo en la controversia. En consecuencia, no le asiste titularidad para
promover la presente acción de tutela, toda vez que este mecanismo está diseñado
para la protección de derechos fundamentales de personas que acrediten un interés
directo, particular y concreto frente a la situación jurídica debatida.
21. En esa medida, la ausencia de legitimación en la causa por activa impide
reconocer en el accionante una afectación real o inmediata derivada del trámite
judicial cuestionado. No basta con invocar una inconformidad o un interés
meramente moral o social sobre el desarrollo del proceso, pues la acción de tutela
exige demostrar un vínculo cierto entre la actuación judicial y la presunta vulneración
alegada. Permitir que terceros sin interés directo acudan a este mecanismo
excepcional desnaturalizaría su finalidad protectora, convirtiéndolo en un
instrumento abstracto de revisión de decisiones judiciales, lo cual contraviene su
carácter personal, concreto y residual.
22. En gracia de discusión, el reparo del accionante frente a la presunta mora
judicial por no haber resuelto la solicitud de aclaración o adición tampoco tiene
vocación de prosperidad, comoquiera que la autoridad judicial, mediante Auto de 16
de octubre de 2025, resolvió dichas solicitudes, quedando notificado el 17 de
octubre de 2025 por estado y mensaje de datos correspondientemente.
23. De este modo, resulta evidente que la actuación del despacho judicial se
ajustó a los tiempos y medios procesales previstos, lo cual desvirtúa cualquier
alegato de inactividad o dilación indebida. Aun si el accionante hubiese ostentado
legitimación, no podría configurarse una vulneración de derechos fundamentales
cuando la autoridad competente ha cumplido su deber de resolver las peticiones
dentro del curso regular del proceso. Pretender lo contrario implicaría desconocer
la autonomía y el margen razonable de actuación que poseen los jueces para
tramitar y decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, así como el respeto al
principio de seguridad jurídica que debe amparar toda actuación judicial.
Conclusión
24. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela interpuesta por el accionante, al no haber
acreditado la legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a
la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Darwin David Vargas Rincón
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Darwin David Vargas Rincón, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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