Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06326-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06326-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06326-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06326-01
Accionante: Jury Liceth Pérez Rivera
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho1
Decisión: Revocar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela por
falta del requisito de inmediatez para, en su lugar,
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada la parte actora contra la providencia del 12 de diciembre de
2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Jury Liceth Pérez Rivera en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó el acto administrativo por medio del cual el
Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez negó el reconocimiento de una
relación laboral encubierta o subyacente.
3. El proceso correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de
Medellín autoridad que, mediante sentencia del 13 de junio de 2019, resolvió acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que se demostraron los
elementos constitutivos de un vínculo laboral, esto es, la prestación personal,
subordinación y remuneración.
4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión por medio de sentencia del 20 de enero de 2025 revocó la anterior
providencia para en, su lugar, negar las pretensiones de la demanda porque no se
acreditó el elemento de subordinación, decisión que fue notificada en la misma fecha
en que se profirió.
1 La acción de tutela fue presentada el 7 de octubre de 2025
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Accionante: Jury Liceth Pérez Rivera
5. El 5 de febrero de 2025, presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, el cual fue rechazado por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante proveído del 28 de marzo de 2025.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte actora, alegó que la decisión del 20 de enero de 2025 vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección al incurrir en el defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio, particularmente hizo referencia a los contratos de
prestación de servicios en los cuales se podía demostrar la duración del vínculo laboral
y la naturaleza de las funciones asignadas; así como también el manual de funciones
de Coopfenix, Corfenix y Darser y los cuadros de turnos asignados por las
cooperativas, material probatorio que permitía demostrar los elemento constitutivo de
subordinación en la relación laboral.
7. Asimismo, sostuvo que la decisión adolece de un desconocimiento de precedente
de la Sección Segunda del Consejo de Estado contenido en la sentencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 en la que se fijaron unos parámetros respecto de la
temporalidad y la solución de continuidad los contratos de prestación de servicios.
8. Así como también de las sentencias del 1.° de septiembre de 20222 y del 29 de junio
de 20233 en las que el elemento de subordinación se presume por desempeñar la
labor se auxiliar de enfermería.
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita a continuación:
«(…)
PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y al
acceso a la administración de justicia de la señora Jury Liceth Pérez Rivera, dentro de
la acción de tutela instaurada contra la sala quinta del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
SEGUNDA: Ordene a la SALA QUINTA DE DECISIÓN DEL
TRIBUNALADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, integrada por las magistradas:
SANDRA LILIANA PÉREZ HENAO, JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ Y LILIANA
PATRICIA NAVARRO GIRALDO, proferir una nueva decisión, mediante la cual, se
valoren correctamente todas pruebas recaudadas en el proceso, y se dé aplicación al
precedente judicial establecido por la Corte Constitucional.»
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 28 de octubre de 2025 por medio
del cual ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Quinta de
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A sentencia del 1º de septiembre de 2022, radicación: 05001-
23-33-000-2017-02520-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencia del 29 de junio de 2023, radicación: : 05-001-
23-33-000-2017-02041-01, C.P. César Palomino Cortés.
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Decisión como accionado y al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín y al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez como terceros
interesados en el resultado del proceso.
11. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en
tanto, lo que se pretende con su interposición es una instancia adicional; así como
tampoco se cumple el presupuesto de inmediatez porque entre la decisión
cuestionada y la interposición de tutela transcurrieron más de 6 meses del plazo
contemplado para tal efecto.
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Quinta de Decisión no rindió
informe al respecto, pero remitió el link de proceso.
13. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 12 de diciembre de 2025 resolvió declarar improcedente la acción de tutela por
falta del requisito de inmediatez.
15. Al respecto, indicó que la sentencia cuestionada fue notificada en la misma fecha
en que se profirió, esto es, el 20 de enero de 2025, por lo tanto, el término máximo
para interponer la acción de tutela vencía el 21 de julio de 2025. No obstante, la
demanda fue presentada el 7 de octubre de 2025, es decir, 2 meses y 16 días después
de vencido el término, incumpliendo así el requisito de inmediatez.
16. Ahora, tampoco se observó imposibilidad alguna para que la actora hubiera
presentado la acción de tutela oportunamente, luego de rechazado el trámite del
recurso extraordinario de unificación mediante proveído del 28 de marzo de 2025,
decisión que fue notificada el 7 de abril de 2025.
2.6. Impugnación
17. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda de tutela
manifestó que interpuso la acción de tutela dentro del término razonable y
proporcionado, puesto que la providencia que resolvió el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia fue notificada el 7 de abril de 2025, cobró ejecutoria el
10 de del mismo mes y año, y la acción de tutela fue radicada el 7 de octubre de la
misma anualidad.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
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19. En el presente caso, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su
impedimento para conocer de la presente acción de tutela, apoyado en la causal del
numeral 6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que señala:
«Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o
civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.»
20. Al respecto, sustentó la manifestación de impedimento en que profirió el auto del 7
de octubre de 2020 dentro del proceso objeto de la acción de tutela, proveído en el
que admitió el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
21. En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada por
el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en la aludida
disposición normativa, en tanto profirió el auto que admitió el recurso de alzada, dentro
del proceso de nulidad de restablecimiento del derecho.
3.4. Problema jurídico
22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, al proferir la
sentencia del 20 de enero de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad porque incurrió
presuntamente en un defecto fáctico y en desconocimiento de precedente.
23. Previamente, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de
la inmediatez cuyo cumplimiento no fue encontrado satisfecho en primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
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autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la Carta le impone.
26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Contrario a lo manifestado por el a quo se observa que la interposición del
mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», teniendo
en cuenta que, si bien la sentencia del 20 de enero de 2025 objeto del presente
mecanismo constitucional cobró ejecutoria el 27 de enero de 2025, lo cierto es que el
5 de febrero de 2025, la parte actora presentó oportunamente el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 256 del CPACA, el cual
fue rechazado de plano mediante proveído del 28 de marzo de 2025.
28. Ahora, es menester señalar que esta Sala de Subsección tiene el criterio que
cuando se alega el desconocimiento de precedente de una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, la parte actora tiene a su disposición el recurso extraordinario
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de unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 256 del CPACA, requisito
que en el presente asunto se encuentra acreditado, tal como se indicó en precedencia.
29. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente flexibilizar la inmediatez, teniendo
en cuenta que la parte actora agotó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, mecanismo idóneo para controvertir el eventual desconocimiento del
precedente de una sentencia de unificación. En consecuencia, el término de seis (6)
meses será contabilizado a partir de la ejecutoria de la decisión proferida el 28 de
marzo de 2025, esto es, el 21 de abril de 2025.
30. Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue radicada el 7 de octubre de
2025, la Sala encuentra que la interpuso en término, razón por la que procederá a
revocar la decisión que declaró improcedente el mecanismo constitucional por falta
del requisito de inmediatez para, en su lugar, resolver el fondo de la controversia
planteada.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y vida, al incurrir en
los defectos fáctico y desconocimiento de precedente, los cuales se encuentran
razonadamente fundamentados.
31. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
32. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
33. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»7.
34. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
35. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18968, precisó que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por
tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos
anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión».
36. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de
2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez,
constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
37. Respecto del precedente vertical9, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
38. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido
a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de
la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos
relevantes de cada caso10.
39. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en
casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de
la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad
ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de
discriminación11.
40. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por
parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
8 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
11 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3.7. Análisis de los presuntos defectos fáctico y desconocimiento de precedente
41. La parte actora alega que la decisión cuestionada adolece de un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, particularmente hizo referencia a los contratos de
prestación de servicios; así como también al manual de funciones de Coopfenix,
Corfenix y Darser y los cuadros de turnos asignados por las cooperativas, material
probatorio que, según la parte actora, permitía demostrar el elemento constitutivo de
subordinación en la relación laboral.
42. Asimismo, sostiene que la decisión adolece de un desconocimiento de precedente
de la Sección Segunda del Consejo de Estado contenido en la sentencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 en la que se fijaron unos parámetros respecto de la
temporalidad y la solución de continuidad los contratos de prestación de servicios. Así
como también de las sentencias del 1.° de septiembre de 2022 y del 29 de junio de
2023 en las que el elemento de subordinación se presume por desempeñar la labor
se auxiliar de enfermería.
43. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión en la providencia cuestionada consideró:
«Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del concepto de
empleo público (relación de trabajo), se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de
unificación del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso radicado
No. 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, en la cual fijó pautas en
relación con (i) el componente temporal de los contratos de prestación de servicios; (ii) la
determinación de la solución de continuidad respecto de sucesivos contratos de esta
naturaleza, para establecer la prescripción de los derechos derivados de la relación laboral
subyacente; y (iii) la improcedencia de devolución de los aportes en salud que realizó el
contratista en el marco del vínculo celebrado. Dicha Corporación se pronunció en el
siguiente sentido:
(…)
6.1 De la existencia de la relación laboral
En relación con este punto, debe indicarse que en el plenario se encuentra probado lo
siguiente:
Que entre el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN y la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO -COOPFÉNIX, se suscribieron contratos cuyo objeto fue prestar al Hospital
servicios de trabajo asociado en los procesos de enfermería a nivel profesional y enfermería
a nivel auxiliar, en diferentes dependencias y especialidades, estos son:
(…)
Que el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN también suscribió con FEDERACIÓN
GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD-FEDSALUD, los siguientes contratos, con
la finalidad que la Federación prestara al Hospital, servicios especializados para atender las
actividades e intervenciones y procedimientos tanto electivos como urgentes en los
subprocesos que se describen en cada contrato, estos son:
(…)
También obran en plenario contratos suscritos entre el HOSPITAL GENERAL DE
MEDELLÍN y CORFÉNIX, cuyo objeto es prestar al Hospital servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y procedimientos tanto electivos como urgentes en
los subprocesos que se describen en cada uno de los contratos, estos son:
(…)
Así mismo, se pudo corroborar que para el cumplimiento de los anteriores contratos y según
certificación de la Cooperativa de Trabajo Asociado “COOPFÉNIX” la demandante prestó
sus servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Medellín desde el 28 de
julio de 2010 hasta el 31 de julio de 2011; con la Corporación para la Salud FÉNIX
“CORFÉNIX” prestó iguales servicios en el mismo Hospital desde el 1º de agosto de 2011
hasta el 7 de marzo de 2013. Adicionalmente en la prueba documental allegada por el
Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud -DarSer-, se verificó que la señora Jury
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Liceth Pérez Rivera, participó como afiliada en la ejecución del contrato sindical suscrito con
el Hospital General de Medellín como auxiliar de enfermería desde el 1º de octubre de 2013
hasta el 6 de junio de 2014.
De igual forma se observa en la historia laboral consolidada remitida por Porvenir que por el
lapso de agosto de 2011 a septiembre de 2013, fue CORFÉNIX quien efectuó las
cotizaciones a pensión.
(…)
Con lo anterior, se encuentra probada la prestación personal y permanente del servicio por
parte de la señora Jury Liceth Pérez Rivera como auxiliar de enfermería en las instalaciones
de la E.S.E. Hospital General de Medellín entre el 28 de julio de 2010 al 6 de junio de 2014,
en virtud de las certificaciones expedidas por COOPFÉNIX, CORFÉNIX, DarSer y Porvenir.
Adicionalmente, se verifica esa prestación del servicio a través del Sindicato DarSer en los
cuadros de turnos que allegó como respuesta a un exhorto, en los que se puede apreciar la
programación de horarios a cumplir por la señora Jury Pérez en las instalaciones del Hospital
General de Medellín. También obran cuadros de turnos correspondientes a los meses de
diciembre de 2011 y enero, febrero, septiembre, octubre y diciembre de 2012, así como de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre de 2013, en los que se puede
ver la programación de horarios elaborados por COOPFÉNIX que debía cumplir la
demandante, como auxiliar de enfermería, en las instalaciones del Hospital General de
Medellín.
Asimismo, obra una certificación de DarSer del 13 de noviembre de 2018, en la que da
cuenta que la señora Jury Liceth Pérez Rivera estuvo afiliada a dicho Sindicato como auxiliar
de enfermería desde el 1º de octubre de 2013 hasta el 6 de junio de 2014, bajo la modalidad
de contrato sindical. También dio a conocer que la demandante participó en el contrato
suscrito por FEDSALUD con el Hospital General de Medellín durante el tiempo que estuvo
afiliada al sindicato, realizando las siguientes funciones:
(…)
Igualmente, obra convenio de trabajo asociado suscrito entre la demandante y la
Cooperativa de Trabajo Asociado -COOPFENIX- Servicios Integrales, suscritos el 28 de julio
de 2010, del cual se destacan las siguientes cláusulas:
(…)
Por otra parte, se encuentra en el expediente el contrato de trabajo de duración por obra o
labor determinada No. 00150, suscrito entre la Corporación CORFÉNIX y la señora Jury
Liceth Pérez Rivera el 1° de agosto de 2011, como empleador y trabajadora
respectivamente, documento en el que se observan las siguientes cláusulas relevantes para
este asunto:
(…)
Se puede observar que, aunque la vinculación al servicio de la entidad demandada
entre los años 2010 a 2014 se dio a través de terceros, se revela no sólo la prestación
personal del servicio por parte de la señora Jury Pérez en el Hospital General de Medellín,
sino el carácter permanente y continuado de las funciones cumplidas como Auxiliar de
Enfermería en el Hospital demandado.
Dicha situación se ratifica a partir de los cuadros de turnos aportados, el convenio de trabajo
y el contrato de labor y obra determinada suscrito entre la actora y COOPFÉNIX,
CORFÉNIX, así como las certificaciones de éstas y de DARSER ya mencionadas.
En punto a la remuneración percibida, en el expediente reposan los soportes de las
compensaciones generadas y pagadas por DarSer a la afiliada Jury Pérez Rivera, desde el
mes de octubre de 2013 a junio de 2014 (…).
(…)
De igual manera, según la historia laboral de la demandante emitida por el Fondo de
Pensiones Porvenir aparece demostrado que COOPFÉNIX, CORFÉNIX y DarSer
cumplieron con el pago de los aportes pensionales de la demandante en los mismos
periodos en los que reposa prueba de la prestación del servicio de la actora como auxiliar
de enfermería en el Hospital General de Medellín. Así se desprende de la historia laboral de
la demandante, en la que consta que entre junio de 2010 a julio de 2011, COOPFÉNIX
realizó los aportes pensionales; desde agosto de 2011 a septiembre de 2013 las
cotizaciones se cumplieron por CORFÉNIX, y desde octubre de 2013 a junio de 2014, el
DarSer fue el responsable de cumplir con tales aportes.
La prueba aludida denota que los pagos realizados responden a la retribución que
ordinariamente debía recibir la actora por parte de las citadas organizaciones, sin que
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el Hospital General de Medellín apareciera referenciado en ellas y durante el lapso del
cual se predica la relación contractual con ésta. En suma, el elemento relativo a la
remuneración no se logra acreditar.
(…)
Así entonces, para desvirtuar el elemento de la subordinación se procederá a revisar cada
uno de los indicios a los que se refiere el Consejo de Estado, todo ello con base en la prueba
documental y testimonial que obra en el expediente:
i) El lugar de trabajo. La demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en
las instalaciones del Hospital General de Medellín, con la finalidad de cumplir el objeto de
los contratos celebrados entre el Hospital y las entidades COOPFÉNIX, CORFÉNIX y
DarSer, según se puede leer en el objeto de cada uno de los contratos mencionados en
párrafos anteriores. Además, esa actividad se prestó entre el 28 de julio de 2010 al 6 de
junio de 2014, según las certificaciones expedidas por la Cooperativa, la Corporación y el
Sindicato.
Sin embargo, de la declaración rendida por Jorge Uriel Urrego Herrera se extracta que la
prestación del servicio que hacían las personas tercerizadas era por la naturaleza del
servicio contratado y que tenían espacios exclusivos para ellos como urgencias,
unidades de cuidado intensivo o cirugía, e inclusive pisos de hospitalización. Aunado
a esto, las instituciones contratadas pagaban arriendo por el espacio de oficina en la
que se ubicaban las coordinadoras.
Por su parte, la testigo Liliana Bermúdez Carvajal también señaló que la empresa
tercerizada tenía sus espacios designados en los que desarrollaba lo contratado con su
personal.
En consecuencia, aunque la señora Jury Liceth Pérez Rivera prestó sus servicios en el
Hospital General de Medellín, ello fue así en virtud de las actividades específicas
contratadas y para las áreas y servicios específicamente designados por la
cooperativa, corporación y sindicato.
(…)
De acuerdo con las declaraciones de Jorge Uriel Urrego Herrera y Liliana Bermúdez
Carvajal, así como las obligaciones contractuales pactadas entre CORFÉNIX, COOPFÉNIX,
FEDSALUD y el Hospital, lo que tenían que garantizar esas organizaciones era el
cubrimiento de los servicios contratados por espacio de 24 horas, por lo que tenían libertad
de escoger los turnos en que el personal tendría que desarrollar sus funciones. Es decir, el
Hospital no tenía intromisión en la elaboración del cuadro de turnos del personal
tercerizado, lo que queda constatado con los cuadros de turnos que obran en el
expediente.
Conforme con lo anterior, encuentra la Sala que la demandante estaba sujeta a unos
cuadros de turnos que definían su horario de prestación de servicios como auxiliar de
enfermería, pero éstos eran elaborados por la coordinadora de CORFÉNIX, de COOPFÉNIX
o de FEDSALUD y no por el personal del Hospital General de Medellín. De allí que no sea
de recibo la afirmación que hizo la señora Alba Rocío Montoya en su declaración acerca de
que el personal vinculado y tercerizado tenía el mismo cuadro de turno, máxime que, al
revisarse los cuadros de turnos allegados al expediente, no se observó que tuvieran algún
sello o identificación de ser elaborados por el Hospital General de Medellín.
(…)
También se extracta de sus declaraciones que tenían coordinadoras en una oficina
arrendada en el Hospital encargadas del manejo del personal adscrito a ellas,
supervisaban el trabajo, daban órdenes, llamaban la atención a sus trabajadoras, se
encargaban de los permisos y cualquier otra situación administrativa. Es decir, eran
totalmente autónomas en el manejo de su personal.
(…)
En todo caso, la consistencia de los testimonios de Jorge Uriel Urrego Herrera y Liliana
Bermúdez Carvajal y la prueba documental, dan cuenta que eran CORFÉNIX, COOPFÉNIX
y DarSer las encargadas del manejo de su personal en el Hospital General de Medellín,
desde todo punto de vista.
(…)
De conformidad con lo analizado, encuentra este Tribunal que le asiste razón a la entidad
demandada en cuanto a que la presunción de la subordinación aplicado por la Juez de
instancia, se desvirtuó con la prueba testimonial y documental allegada al proceso pues de
ella se infiere que las funciones que cumplió la señora Jury Liceth Pérez Rivera
correspondieron a los contratos de prestación de servicios suscritos entre COOPFÉNIX,
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CORFÉNIX y DarSer con el Hospital General de Medellín para atender actividades,
intervenciones y procedimiento electivos y urgentes en los subprocesos pactados en cuanto
al servicio de auxiliar de enfermería.
Dichas labores se realizaron bajo el sistema de cuadros de turnos y la dirección de
coordinadoras de cada una de esas organizaciones en el espacio designado para el
personal contratado, sin que existiera intrusión del Hospital General de Medellín en dicho
manejo.
Aunado a ello se tiene el hecho que no se comprobó que el Hospital General de Medellín
hubiese efectuado pagos a la demandante por la prestación de sus servicios como auxiliar
de enfermería, pues tal como fue acreditado en este proceso, la relación contractual de las
actividades de enfermería fue entre las cooperativa y corporación con el Hospital y no con
alguna personal natural o personal que aquellas designaron.
Bajo ese entendido y a diferencia de lo que sostenido por la Juez a quo en el fallo apelado,
esta Corporación concluye que en este caso no se logró desnaturalizar el vínculo contractual
y estructurar la existencia de la relación laboral alegada por la señora Jury Liceth Pérez
Rivera, ya que el Hospital General de Medellín logró desvirtuar la presunción de
subordinación que opera en este tipo de asuntos y aunado a que no se compró que hubiese
existido una remuneración o contraprestación de la entidad demandada a favor de la actora
por los servicios que prestó pues tal como se explicó, lo que existió fue una relación
contractual entre COOPFÉNIX, CORFÉNIX y DarSer con el Hospital.»
44. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la
sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía negar las
pretensiones de la demanda porque no se logró desvirtuar los elementos constitutivos
de una relación laboral, en particular los de remuneración y subordinación.
45. Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial sustenta su decisión en el
acervo probatorio allegado al plenario, en particular relaciona los contratos celebrados
entre Hospital General de Medellín y las organizaciones COOPFÉNIX, CORFÉNIX y
DARSER, las certificaciones expedidas por dichas entidades, los cuadros de turnos,
el convenio de trabajo asociado, el contrato de obra o labor determinada suscrito con
CORFÉNIX; así como la historia laboral de la señora Pérez Rivera y las declaraciones
testimoniales practicadas dentro del proceso.
46. En efecto, es a partir de dicho material probatorio que concluye que, si bien se
acreditaba la prestación personal y continuada del servicio, lo cierto es que no se
encontraba demostrada la existencia del elemento de subordinación directa respecto
del Hospital General de Medellín ni el pago de una remuneración proveniente dicha
entidad.
47. Sobre el particular, el Tribunal consideró que la programación de turnos, la
supervisión de labores y el manejo administrativo del personal correspondían a las
cooperativas, las cuales tenían personal encargado para dirigir a sus afiliados o
asociados.
48. En ese orden de ideas, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque la
autoridad judicial accionada no ignoró el material probatorio relevante ni efectuó una
valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que lo examinó de
manera detallada e integra.
49. En consecuencia, la inconformidad de la accionante se dirige realmente a
cuestionar las conclusiones a las que arribó el Tribunal, lo cual corresponde a una
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discrepancia interpretativa que no alcanza a configurar un defecto fáctico, pues en
efecto la decisión cuestionada no se basó en la omisión o exclusión injustificada de
medios de prueba, sino en una ponderación suficientemente razonada de los
elementos obrantes en el expediente, incluidos aquellos señalados por la parte actora
como indebidamente valorados.
50. Es necesario señalar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es de
corrección sino de validez12, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.
51. Lo mismo ocurre respecto del presunto desconocimiento de precedente fijado por
la sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la medida que es a partir de los criterios allí fijados relacionados
con la configuración de la relación laboral en casos de contratación de prestación de
servicios, particularmente los referidos a los elementos de subordinación y
permanencia, que infiere que en el presente asunto no se logró acreditar dicho
elemento esencial de toda relación laboral.
52. En consecuencia, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya
desconocido los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021, sino que, por el contrario, lo utilizó como marco de referencia para efectuar
el análisis del caso concreto, el cual resultó desfavorable a sus intereses.
53. Ahora, para la sala es menester señalar que las 1.º de septiembre de 2022 y del
29 de junio de 2023 invocadas por la accionante como desconocidas no constituyen
un precedente de obligatorio cumplimiento, en tanto, no son sentencias de unificación
en los que se fijas unos parámetros de obligatorio cumplimiento.
54. Sobre el particular, la Sala observa que estas decisiones desarrollan criterios
probatorios para inferir la subordinación en ciertos contextos de prestación de
servicios en el sector salud. Sin embargo, no es óbice para que en todos se falle de la
misma manera, pues depende de las circunstancias fácticas acreditadas en cada
proceso.
55. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales.
56. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.
57. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
12 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
58. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a revocar
la decisión de primer grado que declaró improcedente la acción de tutela para, en su
lugar negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia.
Segundo: Revocar la sentencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente
el mecanismo constitucional, por las consideraciones expuestas en el presente
proveído.
Tercero: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Jury Liceth Pérez Rivera
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Quinto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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