Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06333-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06333-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06333-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06333 01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia que declaró la
carencia actual de objeto y en su lugar se declara
improcedente – Derecho de petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 5 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante el cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los ciudadanos Yeymy Marinela Vaca Delgado, Yasmin Marian Vaca Delgado, Jhon
Freddy Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres, actuando a través de
apoderado, promovieron acción de tutela en contra del Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección B y para ello, formularon las siguientes pretensiones1:
1. Se amparen los DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN Y
ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los
accionantes, frente a la omisión del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección B al no resolver la solicitud
presentada.
2. Que se ordene al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera Subsección B que, dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo, emita respuesta de fondo a la
solicitud de corrección de los nombres referidos en la sentencia del 4 de mayo
de 2022 dentro del proceso con radicado 810012339000201500025 01
(63303), conforme a lo ordenado por la providencia del 20 de febrero de 2025
emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Subsección A.
3. Que se ordene al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera Subsección B que, disponga de todas las medidas y acciones
positivas que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de
lo consagrado en la providencia del 20 de febrero de 2025 emitida por el
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06333 00.
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Accionantes: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
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Subsección A, en favor de mis mandantes, siendo esto, asegurando la
corrección de sus nombres en el fallo judicial.
4. Que se prevenga al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección B, sobre la obligación de
responder oportunamente las peticiones ciudadanas. [Mayúsculas y negrillas
del escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que fueron víctimas de desplazamiento forzado ocurrido
en el año 1998 en la vereda La Cabuya del municipio de Tame (Arauca), por lo que
fueron incluidos como beneficiarios en la sentencia proferida el 4 de mayo de 2022
por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, por la cual se modificó la
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca en la acción de grupo identificada
con el núm. 81001-23-39-000-2015-00025-00/01 y amplió el reconocimiento de las
víctimas. Sin perjuicio de lo anterior, advirtieron que en la citada providencia sus
nombres y apellidos fueron consignados con errores que impedían su correcta
identificación.
Continuaron relatando que mediante Resolución núm. 2696 del 2023 el Ministerio de
Defensa Nacional reconoció y ordenó el pago de una indemnización a favor de las
victimas incluidas en la precitada sentencia. Por tal razón, el 14 de junio de 2024
radicaron derecho de petición ante el Consejo de Estado solicitando la corrección de
sus nombres y apellidos. Resaltaron que, ante la falta de respuesta a dicha petición,
en ese mismo año promovieron acción de tutela.
Manifestaron que, en curso del trámite de dicha tutela, el 18 de noviembre de 2024, el
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B emitió un auto en el que negó
las solicitudes de corrección argumentando que los nombres allí consignados
correspondían a los registros probatorios obrantes en el expediente del medio de
control. En consecuencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo del
21 de noviembre de 2024, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado;
decisión que fue impugnada por los accionantes quienes alegaron que persistía la
vulneración de sus derechos fundamentales.
Señalaron que, el 20 de febrero de 2025, la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado revocó la citada sentencia de tutela de primera instancia e instó al
Consejo de Estado para que una vez los accionantes solicitaran la corrección de sus
datos, procedieran a resolverla en los términos del artículo 286 del Código General
del Proceso.
Indicaron que el 5 de agosto de 2025 presentaron nuevamente un derecho de petición
ante el Consejo de Estado para que se materializara la corrección de la sentencia
acusada, sin embargo, aseguraron que a la fecha de la interposición de esta acción
de tutela no se había emitido respuesta alguna, lo que, a su juicio, vulnera sus
derechos fundamentales a la petición y al acceso a la administración de justicia.
Finalmente, arguyeron que esta situación los afecta directamente, pues la
inconsistencia frente a sus nombres y apellidos pone en riesgo su derecho a la
reparación.
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Accionantes: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 8 de octubre 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta3 del Consejo de Estado, que por auto del 28 de noviembre de 20254
la admitió y dispuso notificar5 al Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B,
como parte accionada y vincular6 a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, al Tribunal Administrativo de Arauca, a los señores Holman Yesid
Silva Mendivelso, Lyda Isamar Silva Mendivelso y a todas las personas que
participaron en la acción de grupo identificada con el radicado núm. 81001 23 39 000
2015 00025 00/01.
3.2. El consejero de Estado de la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de
Estado, Alberto Montaña Plata, allegó escrito7 en el que señaló que en el expediente
de la acción de grupo reposan los argumentos y elementos suficientes para que el
juez de tutela adopte la decisión que en derecho corresponda.
3.3. La titular del despacho 002 del Tribunal Administrativo de Arauca presentó escrito8
en el que indicó solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en
su defecto, que se nieguen las pretensiones de la parte actora.
3.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, los señores Holman Yesid
Silva Mendivelso, Lyda Isamar Silva Mendivelso y las demás personas vinculadas
guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de febrero de 2026,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Para ello, expuso lo siguiente:
[…] la Sala considera que la acción de tutela carece de objeto porque el hecho
que originó su interposición dejó de existir en el curso del presente trámite. Esto
se debe a que mediante auto de 1 de diciembre de 2025 el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B corrigió los nombres de los tutelantes, en
consideración a que estos allegaron los soportes documentales requeridos que
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06333 00.
3 El asunto le correspondió por reparto a la Magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello, quien mediante
auto del 16 de octubre de 2025 manifestó su impedimento para conocer el proceso; sin embargo,
mediante auto del 5 de noviembre de 2025, el Magistrado Wilson Ramos Girón declaró infundado el
impedimento manifestado.
4 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06333 00.
5 Esta orden se cumplió el día 2 de diciembre de 2025. Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06333
00.
6 Ibidem.
7 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06333 00.
8 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06333 00.
3
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Accionantes: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
daban cuenta de sus nombres completos en las bases de datos
correspondientes.
(…)
De manera que, al haberse desplegado en el curso de la tutela la conducta
esperada por la parte accionante, que no era otra que la corrección de sus
nombres en la sentencia de segunda instancia, la situación objeto de estudio se
enmarca en la figura de la carencia actual de objeto. Por lo tanto, resulta inocuo
un pronunciamiento adicional por parte del juez de tutela […].
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, los accionantes lo impugnaron9 con
el fin de que se revoque dicha decisión y que, en su lugar, se ordene la corrección del
error material contenido en la parte resolutiva del auto del 1 de diciembre de 2025.
Sostuvo que si bien es cierto el auto del 1 de diciembre de 2025 realizó la corrección
pretendida, esta no se satisfizo en su totalidad debido a que en la parte considerativa
de la providencia sí se materializó, pero en la parte resolutiva se mantuvo el error
material.
Al respecto, explicó que el nombre correcto de una de las accionantes es “Yeymi” y
en la parte resolutiva del auto del 1 de diciembre se consignó como “Yeimy”.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112,
así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de
2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de
negocios entre las secciones.
9 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 06333 00.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar
informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la
recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual
comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el
1 de abril de 2019 en el Diario Oficial núm. 50913.
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6.2. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, los accionantes presentaron acción de tutela en contra de
la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado por la falta de respuesta a
la petición presentada el 5 de agosto de 2025, en la que solicitaron la corrección de la
sentencia de segunda instancia dictada el 4 de mayo de 2022 por dicha autoridad
judicial, en el sentido de corregir sus nombres y apellidos.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de febrero de
2026, declaró la carencia de objeto por hecho superado al considerar que, mediante
auto del 1 de diciembre de 2025 dictado por la autoridad judicial durante el trámite de
la presente acción de tutela, se satisfizo lo pretendido por la parte actora al haberse
corregido los nombres de los accionantes en la sentencia de segunda instancia de la
acción de grupo identificada con el radicado núm. 81001-23-39-000-2015-00025-
00/01.
A su turno, los accionantes, en el escrito de impugnación, solicitaron revocar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales
invocados en el escrito de tutela inicial al considerar que, aunque se haya proferido el
precitado auto, el error persiste respecto del nombre de la señora Yeymi Marinela
Vaca Delgado.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que debe revocarse el fallo de tutela de primera
instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y en su lugar
declarará la improcedencia de la acción de tutela por las razones que pasan a
explicarse.
6.2.1. Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales
Respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales, esta Sala ha
reiterado que su protección mediante la acción de tutela no procede cuando la
finalidad es obtener decisiones o pronunciamientos del juez, o dar impulso a un
proceso judicial, dado que para ello el legislador ha previsto mecanismos y trámites
específicos. En esa medida, corresponde al juez constitucional analizar si la solicitud
planteada versa sobre aspectos estrictamente judiciales o de naturaleza
administrativa, pues solo en este último supuesto resulta viable conceder la protección
de dicho derecho.
En ese orden, la Sala, en sentencia de 17 de noviembre de 201714, señaló lo siguiente
en relación con la procedencia de la acción de tutela cuyo objeto es la protección del
derecho de petición presentado ante autoridades judiciales:
En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales,
esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente
por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso,
pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De
igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de
determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001 03 15 000
2017 02583 00.
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judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del
Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción
de tutela radicada bajo el núm. 2008- 00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del
derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un
proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en
los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por
fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia,
pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales
en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida
a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir
transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;
pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces
pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de
otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las
normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso
Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones
judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del
proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO).
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los
cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del
accionante en detrimento de la actividad judicial (…)” (Negrillas y subrayas
fuera del texto).
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Descendiendo al análisis del caso concreto, se advierte que los accionantes, mediante
escrito referenciado como “DERECHO DE PETICIÓN”, solicitaron lo siguiente15:
1. Que de conformidad con lo dicho en la sentencia del 20 de febrero de 2025
del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección A M.P. Juan Camilo Morales Trujillo, su Honorable despacho
proceda a la corrección de los nombres de mis mandantes en la sentencia de
segunda instancia con radicado 810012339000201500025 01 (63303), de
fecha 4 de mayo de 2022, siendo esto de la siguiente forma:
En la sentencia se leen de la siguiente manera:
• Numeral 72: JHON FREDY VACA HERNANDEZ. En este caso en el
segundo nombre hace falta una “D” siendo “FREDDY”, adicionalmente el
segundo apellido no corresponde, el apellido real es “DELGADO”. En este
sentido, el nombre que se debe leer en la sentencia es JHON FREDDY
VACA DELGADO.
• Numeral 107: MARGOTH YANETH DELGADO. En este caso el error se
aprecia en que hace falta el segundo apellido de mi madre, siendo este,
“CACERES”. En este sentido, el nombre que se debe leer en la sentencia
es MARGOTH YANETH DELGADO CACERES.
• Numeral 147: YASMIN VACCA. La corrección en este caso ha de modificar
el primer apellido eliminando una “C” y se lea “VACA”, incluir el segundo
nombre de mi hermana “MARIAN” y su segundo apellido “DELGADO”. En
este sentido, el nombre que se ha de leer en la sentencia es YASMIN
MARIAN VACA DELGADO.
• Numeral 148: YEYMI MARINELLA DELGADO. En el caso de la suscrita, se
ha de hacer una corrección en el segundo nombre eliminando una “L” y se
lea “MARINELA” y de forma adicional se agregue mi primer apellido
“VACA”. En este sentido, el nombre que se ha de leer en la sentencia es
YEYMI MARINELA VACA DELGADO. [Mayúsculas y negrillas originales
del escrito de petición].
2. Que se allegue al suscrito la providencia judicial, del 4 de mayo de 2022 del
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección B M.P. Alberto Montaña Plata, donde se pueda apreciar la
materialización de las correcciones descritas.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela no es procedente
para solicitar el amparo del derecho fundamental de petición, pues la solicitud tiene
como propósito obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad judicial
accionada en el trámite de la acción de grupo en cuestión, orientado a obtener la
corrección de una providencia, actuación debe adelantarse conforme a las reglas
procesales establecidas para dicho fin y que no puede exigirse mediante el ejercicio
del derecho de petición.
En este sentido, la petición formulada implica que la autoridad judicial se pronuncie
sobre un asunto estrictamente ligado al desarrollo del proceso, el cual debe ser
atendido y resuelto siguiendo los procedimientos legalmente previstos para la
corrección de decisiones judiciales.
15 Visto en el índice 124 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
81001 23 39 000 2015 00025 01.
7
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En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente porque
desde su formulación la solicitud de amparo se sustentó en un uso inadecuado del
derecho de petición para obtener una actuación de naturaleza jurisdiccional.
Sin perjuicio de lo anterior, no sobra advertir que el ordenamiento jurídico prevé un
mecanismo para la corrección de errores en las providencias judiciales, esto es, el
contemplado en el artículo 286 del Código General del Proceso, aplicable a esta
Jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el cual
permite solicitar la corrección de errores por omisión, alteración o cambio de palabras,
incluso en la parte resolutiva de las decisiones judiciales, en cualquier tiempo, a
petición de parte o de oficio, así:
ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y
OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente
aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de
oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará
por aviso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión
o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella. [Resalta la Sala].
Finalmente, sobre la pretensión formulada por la parte accionante en el escrito de
impugnación relacionado con que se ordene a la autoridad judicial accionada que
corrija, lo que considera, el error material dispuesto en la parte resolutiva del auto del
1 de diciembre de 2025, la Sala advierte que no se pronunciará al respecto,
comoquiera que la presente acción de tutela no se promovió en contra de dicha
providencia, por lo tanto, realizar un pronunciamiento sobre un tema que no fue objeto
de la tutela inicial implicaría una vulneración del derecho de defensa y contradicción
de la parte accionada.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 5 de febrero de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
por las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del
30 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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