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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06336-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06336-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la presente acción de tutela instaurada por el señor Luis José Escamilla Moreno, de conformidad con lo razonado. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06336-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06336-00
Demandante: Luis José Escamilla Moreno

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06336-00
Demandante: LUIS JOSÉ ESCAMILLA MORENO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / SUBSIDIARIEDAD – Exige probar que se agotaron los mecanismos dispuestos por
el legislador para cuestionar una providencia judicial o resolver una situación jurídica concreta.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis José Escamilla Moreno
contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 8 de octubre de la presente anualidad, el señor Luis José Escamilla Moreno
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la función pública2, con ocasión de la falta de integración del contradictorio, en el proceso
de nulidad con radicado 680012333000-2025-00573-00. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción textual, con posibles errores incluidos):

PRIMERO. Ordenar la vinculación de todos los participantes inscritos del del proceso
de elección de contralor departamental de Santander, en la presente tutela, los cuales
se pueden notificar a través de los medios e información que tiene y reposa en la
asamblea departamental de Santander y la universidad POLITÉCNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

SEGUNDO. Ordenar en el auto que admita la tutela que se remita al despacho la
información completa del proceso con radicado con radicado 680012333000-2025-
00573-00 del tribunal administrativo de Santander y de todo el proceso
administrativo de convocatoria, regulado por la resolución 077 de 2025: “POR MEDIO
DE LA CUAL SE DA APERTURA Y SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DEL CONTRALOR(A)
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2026- 2029.

1
Se advierte que el 30 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 El accionante también estimó desconocidas las garantías de «mérito para acceder a cargos públicos» y

de defensa.

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1

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TERCERO. TUTELAR los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia
ORDENAR Al tribunal administrativo de Santander, revocar el auto de 7 de octubre
de 2025, profiriendo nuevo auto que vincule al proceso de nulidad simple a todos los
participantes inscritos del proceso de elección de contralor departamental de
Santander.

CUARTO. Resultado de lo anterior numeral, ORDENAR a asamblea departamental
de Santander y la universidad POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID continuar con el cronograma establecido hasta tanto se resuelva de
fondo la presente tutela.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

3. Mediante Resolución 077 del 22 de agosto de 2025, la Asamblea Departamental de
Santander reglamentó y anunció la «Convocatoria Pública para la Elección del Cargo del
Contralor(A) Departamental del Departamento de Santander para el Periodo
Constitucional 2026-2029», a la cual se inscribió el accionante.

4. A través de Resolución 082 del 8 de septiembre de 2025, se modificó el cronograma
de la convocatoria así: i) 29 de septiembre, aplicación de prueba de conocimientos; ii) 30
de septiembre, publicación de resultados preliminares; iii) del 6 al 7 de octubre,
reclamaciones frente a resultados preliminares; y iv) 14 de octubre, publicación de la
respuesta de las reclamaciones.

5. De conformidad con el cronograma, el 30 de septiembre se publicaron los resultados
de las pruebas de conocimiento, en las que el actor obtuvo una calificación de 76 sobre
100 puntos.

6. Inconforme con la calificación, el 6 de octubre de 2025, el señor Escamilla Moreno
presentó reclamación sobre 7 preguntas y solicitó que se realizara una recalificación de
su prueba.

7. El 7 de octubre, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del proceso de
nulidad del acto administrativo de la convocatoria, que se tramita bajo el radicado
680012333000-2025-00573-00, profirió auto admisorio y decretó como medida cautelar
la suspensión provisional del proceso de elección hasta que se defina el asunto.

8. En el escrito de tutela, el señor Luis José Escamilla Moreno adujo que el Tribunal
Administrativo de Santander vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso, al haber dictado el auto que decretó la suspensión provisional de la
elección sin haberlo vinculado al proceso. Ello, a pesar de que le asiste interés en el
mismo, dada su participación en la convocatoria y la expectativa legítima de estar en la
terna para la elección de contralor.

9. A su juicio, la falta de vinculación constituye una indebida integración del
contradictorio, que calificó de arbitraria.

10. Sobre el requisito de subsidiariedad, expresó que, aunque cuenta con recursos
ordinarios y extraordinarios contra el auto del 7 de octubre, tales mecanismos judiciales
resultan inidóneos para la protección de sus derechos fundamentales, dada la congestión

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judicial y el número de asuntos que se tramitan ante la Corporación accionada, lo cual
impediría que se dé una respuesta oportuna a sus inconformidades.

11. Aseguró que, sumado a lo anterior, en este caso se está ante la inminente
configuración de un perjuicio irremediable, pues la afectación cumple con los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional para que se considere como tal. En primer lugar,
alegó que el daño era cierto, en la medida en que está demostrado que el Tribunal
accionado le impidió participar en el proceso de nulidad y ejercer su derecho de defensa,
pese a estar legitimado por haber participado en la convocatoria y haber obtenido un
buen puntaje (que podría mejorar luego de la recalificación). Por otro lado, sostuvo que
la vulneración era grave, como quiera que no le ha sido posible defender la legalidad de
la convocatoria y, por último, indicó que la intervención era urgente, porque busca la
prevención de un daño irremediable, dado el tiempo que tomaría resolver de fondo el
proceso de nulidad.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 17 de octubre de 20253, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y vinculó al
señor Carlos Arturo Guevara Villacorte, al presidente de la Asamblea Departamental de
Santander y al gobernador del Departamento de Santander, en calidad de terceros con
interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

13. La Asamblea Departamental de Santander4 solicitó que se amparen los derechos
fundamentales del accionante, por considerar que el auto que decretó la medida cautelar
de suspensión provisional vulneró, tanto sus derechos fundamentales, como los de los
particulares inscritos a la convocatoria.

14. En su criterio, la ratio decidendi de la decisión censurada se fundamentó en una
simple hipótesis a la que se le dio plena credibilidad, sin acudir a las pruebas que allegó
al proceso de nulidad para su defensa.

15. De otra parte, alegó que el acto administrativo demandado tiene naturaleza
eminentemente preparatoria, es decir, se profiere como un trámite previo a la expedición
del acto definitivo de elección, el cual, según señaló, es susceptible de ser demandado
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de
nulidad electoral.

16. En suma, adujo que coadyuva las pretensiones de la demanda, porque no se ha
agotado el medio de control de nulidad electoral contra la eventual elección, mecanismo
que resultaría eficiente, como quiera que los efectos de la sentencia que eventualmente
invalidara la elección serían ex tunc, lo que da cuenta de que si no se decretara la medida
de suspensión provisional tampoco se estaría ante la configuración de un perjuicio
irremediable. De modo que tal medida fue innecesaria y excesiva.

17. Por otro lado, señaló que, de conformidad con el cronograma, el análisis sobre la
experiencia y otros criterios de ponderación se había previsto para el 22 de octubre, es

3
SAMAI, índice 5.
4 SAMAI, índice 11.

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decir, la medida cautelar se adoptó sin que aún se hubieran agotado los mecanismos
dispuestos en la propia convocatoria, para hacer control a los requisitos aportados por
los participantes y tampoco se ha agotado el plazo para que la ciudadanía haga
observaciones a los ternados.

18. Sostuvo, además, que el hecho de no conceder el amparo solicitado afectaría el
interés general, pues existe una norma expresa que dispone que el contralor debe
elegirse en el último periodo de sesiones ordinarias previo al inicio del periodo
constitucional del contralor a elegir, so pena de dejar «acéfalo el órgano de control fiscal
departamental». Sin embargo, sin ponderar que la decisión podía resultar más gravosa
al interés general, el despacho que sustancia el proceso de nulidad decidió
injustificadamente decretar una medida cautelar, que, insistió, era innecesaria.

19. El señor Carlos Arturo Guevara Villacorte5 pidió que se negara el amparo
solicitado, pues, en su criterio, contrario a lo que sostuvo el accionante, el medio de
control de nulidad persigue la protección y restablecimiento de la legalidad, mediante la
desaparición de un acto administrativo del mundo jurídico por haberse expedido
irregularmente, lo que implica que cualquier persona pueda proponerlo, sin que sea
necesario acreditar un interés directo o un perjuicio.

20. Agregó que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 171 del CPACA, no
existe en este caso un interés directo que se derive del acto demandado que implique
que su legalidad no pueda ser analizada sin la comparecencia del accionante o de los
inscritos en la convocatoria pública y, en ese sentido, el Tribunal Administrativo de
Santander no está obligado a vincular al señor Escamilla Moreno al referido trámite.

21. Quiere decir lo anterior, que, a su modo de ver, no existe una relación sustancial que
vincule al accionante con el Departamento de Santander y la Asamblea Departamental,
en virtud de la cual sustentar su participación en el proceso de nulidad.

22. El Tribunal Administrativo de Santander6 solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela, por considerar que el accionante no acreditó el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad para controvertir una providencia judicial.

23. En su criterio, el accionante tiene la posibilidad de acceder a la administración de
justicia con el propósito de coadyuvar al extremo pasivo del litigio y defender la legalidad
del acto administrativo impugnado. De manera que la acción de tutela no puede utilizarse
como un mecanismo alternativo para cuestionar providencias judiciales, sin haber
acudido a los mecanismos ordinarios previstos en el CPACA para tal efecto.

24. Asimismo, precisó que, conforme al artículo 137 del CPACA, el sujeto pasivo del
medio de control de nulidad es la autoridad que expidió el acto demandado, en este caso,
la Asamblea Departamental de Santander y el Departamento de Santander, luego la
vinculación de terceros interesados es facultativa, no necesaria.

5 SAMAI, índice 11.
6 SAMAI, índice 14.

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25. Sobre la urgencia de la medida, justificó que la misma se decretó teniendo en cuenta
la inminente ejecución del cronograma de la convocatoria y con el objeto de evitar que
se efectúe una elección basada en un acto que podría estar viciado de nulidad.

26. Finalmente, adujo que, con todo, al momento de la suspensión del acto, el señor
Escamilla Moreno solo tenía una mera expectativa de continuar en el proceso de
selección, pero no ostentaba un derecho adquirido y, señaló, que el derecho de acceso
a cargos públicos solo se materializa cuando existe la designación de una persona «en
propiedad».

27. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Departamento de Santander
no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la
demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

28. Previo a resolver la solicitud de amparo formulada por el accionante, la Sala estima
necesario pronunciarse sobre la intervención de la Asamblea Departamental de
Santander, vinculada al presente trámite en calidad de tercera con interés. Intervención
en la cual manifestó actuar como coadyuvante del accionante.

29. No obstante, la Sala advierte que las premisas expuestas por la aludida entidad para
respaldar las pretensiones del señor Escamilla Moreno no tienen relación con los
supuestos fácticos en los que este estructuró la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales, sino que, al contrario, se erigen como reproches directos contra el auto
que ordenó la suspensión provisional del proceso de elección de contralor departamental
de Santander; circunstancia que no se encuentra en discusión en esta sede judicial.

30. Valga recordar que, en este caso, el accionante acudió a la acción de tutela, con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados, por la
expedición del auto que decretó la suspensión provisional del proceso de elección del
contralor departamental de Santander, sin que se le hubiera vinculado al proceso, lo que,
a su juicio, le ha impedido «defender la legalidad de la resolución de convocatoria».

31. Entonces, la presunta vulneración de derechos fundamentales que se alegó en el
escrito tutelar no se fundamentó en la improcedencia, falta de necesidad o de urgencia
de la medida cautelar, sino en una circunstancia ajena al fondo de la decisión: la falta de
vinculación del accionante al proceso de nulidad.

32. Se reitera que la Asamblea Departamental de Santander interviene en el presente
trámite constitucional en calidad de tercera con interés. Sobre esta figura, prevista en el
inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, se destaca que quien tenga un
interés legítimo en el resultado de la acción puede intervenir como coadyuvante de
cualquiera de los extremos de la litis; sin embargo, la referida norma no faculta para que
en virtud de dicha participación se propongan hechos, argumentos o pretensiones
distintos a los presentados por la parte que se coadyuva.

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33. La Corte Constitucional, en sentencia T-269 de 2012, sostuvo que, dada la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, el
pronunciamiento de los terceros con interés debe restringirse a apoyar o rebatir los
hechos que fueron expuestos en el escrito de amparo; empero, no pueden proponer
discusiones distintas, porque ello sería tanto como asimilarlos a verdaderos accionantes,
sin que formalmente hubieran ejercido su derecho de acción.

34. Como se expuso, en este caso, pese a que la Asamblea Departamental manifestó
coadyuvar las pretensiones del accionante, lo cierto es que el respaldo argumentativo en
el que fundamentó su postura carece de conexidad con la situación fáctica a la que se
atribuyó la vulneración de derechos fundamentales. En razón a lo anterior, la Sala se
abstendrá de emitir consideraciones al respecto y tendrá a la interviniente como
coadyuvante del señor Escamilla Moreno únicamente en lo estrictamente relacionado
con la exposición argumentativa de la demanda.

D. Competencia

35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

E. Problema jurídico

36. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

37. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del
asunto, con el fin de establecer si la providencia del 7 de octubre de 2025, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y decretó como medida
cautelar la suspensión provisional del proceso de elección originado en la convocatoria
pública para proveer el cargo de contralor departamental de Santander, vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la función
pública, con ocasión de la falta de vinculación del accionante y de los demás participantes
dicho proceso de selección.

F. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

38. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada fue
proferida el 7 de octubre de 2025, mientras que la solicitud de amparo se presentó al día
siguiente. Este término resulta razonable.

39. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Tampoco se
trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su

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orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad7,
ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún
órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general,
impersonal y abstracto»8.

40. Subsidiariedad9. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.

41. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

G. Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

42. En el caso de estudio, el señor Luis José Escamilla Moreno presentó acción de tutela,
con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la función pública, los cuales considera vulnerados por el auto del
7 de octubre de 2025, a través del cual se decretó la suspensión provisional de la
convocatoria para la elección del contralor departamental de Santander, providencia
dictada en el marco del proceso de nulidad con radicado 680012333000-2025-00573-00.
En su criterio, el Tribunal Administrativo de Santander profirió dicha decisión sin haberlo
vinculado al proceso, pese a estar legitimado para hacer parte, por haber participado en
la convocatoria y obtenido un buen puntaje, lo que le genera la expectativa legítima de
estar en la terna para la elección.

43. De ese modo, estimó que la falta de integración del contradictorio le ha impedido
acudir al proceso de nulidad, con el fin de defender la legalidad del acto administrativo
demandado.

44. Sin embargo, de entrada, la Sala observa que la presente acción de amparo no
satisface el requisito de subsidiariedad. Ello, en la medida en que, por un lado, el
demandante no ha acudido al proceso ordinario a presentar las inconformidades que
pretende introducir por esta vía judicial, pese a que dispone de mecanismos judiciales
idóneos para plantearlas y, por otro, porque la providencia censurada no constituye una

7 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114

y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
8 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022,

así como la sentencia T-131 de 2021.
9
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

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decisión definitiva, pues fue objeto de varios recursos de apelación, cuyo trámite se
encuentra en curso.

45. Efectivamente, revisado el proceso ordinario y, en particular, la providencia del 7 de
octubre de 2025, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda de nulidad formulada por el señor Carlos Arturo Guevara Villacorte contra el
Departamento de Santander y la Asamblea Departamental y ordenó, como medida
cautelar, la suspensión inmediata del proceso de selección y/o elección del cargo de
contralor del Departamento de Santander. No obstante, la Sala no halló ningún registro
que dé cuenta de que el aquí accionante hubiera acudido al referido trámite para solicitar
su vinculación al proceso o alegar la supuesta indebida integración del contradictorio.
Ello, con el fin de que el juez de la causa hubiera tenido la oportunidad de estudiar su
petición y emitir un pronunciamiento al respecto.

46. Por el contrario, desconociendo que tenía a su disposición mecanismos judiciales
idóneos y eficaces para procurar la protección de los derechos que considera vulnerados,
el señor Escamilla Moreno decidió acudir a la presente acción constitucional para
formular tales reproches; sin embargo, este valioso mecanismo constitucional no fue
previsto para reemplazar los medios judiciales ordinarios dispuestos por el legislador
para resolver una situación jurídica concreta.

47. Sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha
sostenido que dicho mecanismo de protección de derechos fundamentales ha sido
concebido únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por
actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible
de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

48. En tal sentido, el alto tribunal constitucional argumentó que la tutela no puede
converger con vías judiciales diversas, por cuanto no es un mecanismo que sea factible
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales.

49. Entonces, para que el juez estudie de fondo la acción de tutela, el interesado debe,
por lo menos, acreditar que agotó los recursos ordinarios que tenía a su disposición; no
obstante, como se expuso antes, en el caso de estudio, no existe prueba siquiera sumaria
de que el señor Escamilla Moreno hubiera acudido al proceso de nulidad a fin de que el
juez natural se pronunciara sobre su vinculación al proceso o sobre una posible indebida
integración del contradictorio. Circunstancia que prima facie da lugar a la improcedencia
de la petición de amparo.

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50. No obstante, es cierto que el juez constitucional puede flexibilizar dicho requisito
cuando se advierta que, pese a existir un mecanismo judicial ordinario, este no resulta
idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, dado el riesgo
inminente de configuración de un perjuicio irremediable. Caso en el cual se puede acudir
a la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección de derechos.

51. Sobre la noción de perjuicio irremediable se tiene que este se puede definir como un
riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que, de llegar a producirse, no tendría ninguna forma de
reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende,
es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese
menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente
contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

52. La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así10: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma
de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad
de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales».

53. Empero, en el caso concreto, aunque el accionante aseguró que los recursos
ordinarios de los que dispone para procurar la protección de sus derechos no son idóneos
y eficaces, dada la congestión judicial y el tiempo que podría tardar la solución definitiva
de la controversia de nulidad, la Sala estima lo contrario.

54. Lo anterior, por cuanto, por un lado, la providencia que aquí se cuestiona no
constituye una decisión definitiva, en la medida en que fue objeto de varios recursos de
alzada cuyo trámite se encuentra actualmente en curso. Valga destacar que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 23611 del CPACA, el juez de la alzada cuenta
con un plazo máximo de 20 días para resolver sobre el particular.

55. A lo anterior, se suma que, contrario a lo considerado por el señor Escamilla Moreno,
el trámite se ha adelantado diligentemente y en plazos razonables, por lo que en este
caso no se avizora la posible configuración de un perjuicio irremediable, que faculte al
juez del amparo para flexibilizar el requisito de subsidiariedad.

56. Lo expuesto desestima directamente la falta de idoneidad y eficacia de los
mecanismos judiciales ordinarios dispuestos por el legislador para subsanar la supuesta
falta de integración del contradictorio a la que la parte actora endilga la transgresión de
sus prerrogativas iusfundamentales, pues el trámite se ha adelantado con celeridad y el

10 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
11 ARTÍCULO 236. TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. Los recursos procedentes contra el

auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20)
días.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06336-00
Demandante: Luis José Escamilla Moreno

juez de segunda instancia cuenta con un término perentorio para desatar los recursos de
alzada formulados contra el auto que aquí se censura.

57. En todo caso, la Sala insiste en que la providencia aquí cuestionada no constituye
una decisión definitiva, pues fue objeto de sendos recursos de apelación que aún no se
han definido. Esto quiere decir que, aunque el Tribunal Administrativo de Santander
estimó procedente decretar la suspensión del proceso de elección del contralor
departamental de Santander, dicha decisión, eventualmente, podría ser modificada o
revocada en segunda instancia. Circunstancia que variaría sustancialmente la situación
fáctica a la que el señor Luis José Escamilla Moreno atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

58. En conclusión, dado que el accionante tiene a su disposición varios mecanismos
judiciales ordinarios idóneos y eficaces para procurar la protección de sus derechos
fundamentales y que no se está ante la inminente configuración de un perjuicio
irremediable, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela.

59. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la presente acción de tutela instaurada por el señor
Luis José Escamilla Moreno, de conformidad con lo razonado.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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