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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06343-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06343-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06343-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) febrero de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: JENNIFFER TATIANA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –Improcedente por no
acreditarse los requisitos generales de procedencia. Relevancia constitucional. La
accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir una discusión ya
resuelta en sede del proceso ordinario. Inmediatez – No se cumple, en tanto que la
acción de amparo constitucional fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia ha considerado razonable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por Jenniffer Tatiana
Gutiérrez Martínez contra la Sentencia del 28 de noviembre de 2025, mediante la
cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 32 del
decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 8 de octubre de 20251, Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez, quien actúa en
nombre propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo
de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander y. La actora cuestionó los autos
proferidos el 2 y 29 de junio y el 31 de agosto y 10 de octubre de 2023, así como el
del 9 de abril de 2025. Sostuvo que esas autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.

Hechos relevantes

2. María Paula Santamaría Traslaviña y otros promovieron demanda de reparación
directa2 contra la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri y la E.S.E. Hospital

1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
miércoles, 8 de octubre de 2025 con secuencia: 10221 - Cuad.:1.”
2
Proceso identificado bajo el radicado: 68679333300320220000500/01.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Regional de Vélez. El Juzgado Tercero Administrativo de San Gil admitió la
demanda mediante auto del 20 de enero de 2022.

3. En el trámite del proceso, la E.S.E. Hospital Regional de Vélez llamó en garantía
a la Asociación de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social y
Saneamiento Ambiental – Darsalud AT. Posteriormente, esa entidad solicitó en
llamamiento en garantía a Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez. Mediante autos del
10 de mayo de 2022 y del 14 de septiembre de 2022, el Juzgado Tercero
Administrativo de San Gil admitió esa figura procesal respecto de los sujetos
mencionados.

4. El 10 de octubre de 2022, el Juzgado envió la notificación del auto admisorio del
llamamiento en garantía al correo electrónico mse18@gmail.com, la cual no
pertenecía a la persona jurídica convocada ni existía prueba de su titularidad.

5. Ante la indebida notificación, la accionante designó apoderado judicial, quien el
30 de marzo de 2023 promovió incidente de nulidad por indebida notificación. Esta
solicitud fue acogida mediante auto del 2 de junio de 2023 proferido por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de San Gil, providencia en la que se declaró la
nulidad de la notificación practicada a la actora. Sin embargo, el despacho no ordenó
la realización de una nueva notificación y optó por tenerla como notificada por
conducta concluyente, con apoyo en el inciso segundo del artículo 301 del Código
General del Proceso3. Tal determinación fue cuestionada por la accionante, quien
sostuvo que su situación debía regirse por el inciso tercero de la citada disposición,
que contempla específicamente las consecuencias procesales cuando se declara la
nulidad por indebida notificación.

6. El 7 de junio de 2023, la accionante solicitó la aclaración del auto del 2 de junio
de 2023 y requirió acceso al expediente. Al respecto, el enlace web para su consulta
le fue remitido únicamente en esa misma fecha.

7. Mediante auto del 29 de junio de 2023, el despacho resolvió desfavorablemente
la solicitud y decidió mantener la notificación por conducta concluyente.

8. Mediante auto del 31 de agosto de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil rechazó por improcedente el recurso de reposición
interpuesto por Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez, contra el auto del 2 de junio de
2023, por medio del cual se declaró la nulidad de su notificación respecto del auto
de llamamiento en garantía del 14 de septiembre de 2022 y se dispuso a tenerla por
notificada por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda de esa
misma fecha.

9. Por su parte, el 28 de junio de 2023, la accionante presentó la contestación de la
demanda y del llamamiento en garantía. No obstante, mediante auto del 10 de
octubre de 2023, el despacho judicial concluyó que dichas actuaciones fueron
presentadas de manera extemporánea. Para sustentar esta decisión, el juzgado

3
En adelante: CGP.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

indicó que mediante auto del 27 de abril de 2023, se reconoció personería al
abogado Edson Jhair Barragán Ruiz para actuar como apoderado de la señora
Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez. En consecuencia, consideró que el término de
treinta (30) días para contestar la demanda inició el 28 de abril de 2023 —día
siguiente al reconocimiento de personería— y venció el 13 de junio del mismo año.
Así, al haberse radicado la contestación y el llamamiento en garantía el 28 de junio
de 2023, estimó que estas actuaciones se presentaron por fuera del término legal.

10. Frente a lo anterior, la tutelante interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación contra esas providencias, al considerar que desconocían los efectos de
la nulidad decretada y vulneraban su derecho de defensa.

11. Mediante auto del 14 de diciembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de San Gil ratificó la postura que la contestación de la demanda y el
llamamiento en garantía fueron presentadas de manera extemporánea, en
consecuencia ordenó no reponer los autos de fecha 10 de octubre y 31 de agosto
de 2023 y rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la
llamada en garantía, toda vez que la providencia recurrida no se encuentra
comprendida dentro de los autos susceptibles de apelación previstos de manera
taxativa en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de
la Ley 2080 de 2021.

12. El 15 de diciembre de 2023, la señora Jennifer Tatiana presentó recurso de
reposición y en subsidio queja contra el auto antes mencionado.

13. En auto del 15 de febrero de 2024, el Juzgado ordenó no reponer la decisión
del 14 de diciembre de 2023, mediante el cual se rechazó por improcedente el
recurso de apelación y en consecuencia concedió el recurso de queja ante el
Tribunal Administrativo de Santander.

14. Mediante auto del 9 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 10 de
octubre de 2023 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de San Gil, por medio del cual se tuvo por no contestada la demanda y el
llamamiento en garantía, al considerarlos extemporáneos.

15. El Tribunal señaló que dicha providencia no se encuentra comprendida dentro
del catálogo taxativo de autos apelables previsto en el artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4. Precisó que en
este supuesto, no resulta procedente acudir a las disposiciones del CGP, en la
medida en que el CPACA contiene una regulación especial y expresa sobre las
decisiones susceptibles del recurso de apelación. Agregó que admitir la integración
normativa propuesta por la recurrente desbordaría el criterio de compatibilidad
previsto en el artículo 306 del mismo estatuto y vaciaría de contenido el carácter
restrictivo del artículo 243, lo que afectaría la seguridad jurídica y el principio de
legalidad en materia procesal.

4
En adelante: CPACA.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Pretensiones

16. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Primero-: Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales fueron
vulnerados por el Juzgado 3 Administrativo de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander, en el marco del proceso de reparación directa
tramitado bajo el radicado No. 68679333300320220000500/01. Dicha
vulneración se produjo al rechazarse, por considerarlas erróneamente
extemporáneas, mis contestaciones a la demanda y al llamamiento en garantía
formulado en mi contra por Darsalud A.T., y al no darle trámite a mi solicitud de
llamamiento en garantía, con fundamento en una aplicación inadecuada del
artículo 301 del C.G.P. Esta decisión, pese a ser apelable conforme a lo
señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, no fue estudiada de
fondo por el Tribunal Administrativo de Santander, corporación que,
aplicándome un trato desigual, omitió resolver de fondo la situación a pesar de
ser competente para hacerlo. Segundo-: Como consecuencia de lo anterior,
solicito respetuosamente lo siguiente: 1. Se corrija lo resuelto por el Juzgado 3
Administrativo de San Gil mediante autos del 2 de junio de 2023 y del 29 de
junio de 2023, en lo relacionado con la decisión de considerarme notificada por
conducta concluyente bajo la hipótesis del inciso segundo del artículo 301 del
C.G.P. y no conforme al inciso tercero de la misma disposición. Ello, por cuanto
en este caso se decretó la nulidad por indebida notificación, situación en la cual
la norma especial del inciso tercero del artículo 301 del C.G.P. dispone que la
notificación debe entenderse surtida por conducta concluyente el día en que se
solicitó la nulidad, pero que el término de traslado solo comienza a correr a partir
del día siguiente a la ejecutoria del auto que la decreta. 2. En consecuencia, se
dejen sin valor ni efecto los autos del 10 de octubre de 2023 y del 31 de agosto
de 2023 –este último, adicionado mediante el primero–, en cuanto tuvieron por
extemporáneas mis contestaciones a la demanda principal y al llamamiento en
garantía formulado por Darsalud A.T.; y, en su lugar: 2.1. Se tengan como
presentadas oportunamente el 28 de junio de 2023, fecha en la cual me
encontraba en el día quince (15) contado a partir de la notificación por estado
del auto que declaró a mi favor la nulidad por indebida notificación, y se les
imparta el trámite correspondiente. 2.2. Así mismo, se efectúe el estudio de
admisión de la solicitud de llamamiento en garantía presentada por mi
apoderado respecto de los profesionales de la salud Wilmer Fabián Rangel
Carvajal, Nidia Yaneth Orjuela Leguizamón y Katherine Sepúlveda
Santodomingo. Lo anterior, por cuanto en este caso se decretó la nulidad por
indebida notificación, razón por la cual resulta aplicable la norma especial del
inciso tercero del artículo 301 del C.G.P., y no el inciso segundo, como
erróneamente consideró el juzgado accionado.3. En defecto de lo anterior,
solicito se deje sin valor ni efecto lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante auto del 9 de abril de 2025, notificado por estado el 11 de
abril del mismo año, en el cual se estimó bien denegado el recurso de apelación
interpuesto por mi apoderado contra el auto del 10 de octubre de 2023 proferido
por el Juzgado 3 Administrativo de San Gil, que consideró extemporáneas mis
contestaciones a la demanda y al llamamiento en garantía y, en su lugar, se le
dé trámite y se resuelva de fondo dicho recurso de apelación. Lo anterior en
consideración a que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia
del 21 de septiembre del 2023, exp. 44-001-23-40-000-2021-00072-01 (70213),
C.P. María Adriana Marín, concluyó que luego de la modificación de la Ley 2080
del 2021 no se restringió la posibilidad de integrar el artículo 243 del C.P.A.C.A.
con normas complementarias, como el artículo 321 del C.G.P.

Por consiguiente,
tratándose del rechazo de la contestación de la demanda –como ocurrió en mi
caso, al considerarse erróneamente extemporáneas–, y para evitar un trato
desigual entre las partes demandante y demandada, resulta procedente integrar
el numeral 1 del artículo 243 del C.P.A.C.A. con el numeral 1 del artículo 321
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

del C.G.P., a fin de llenar el vacío normativo de la primera disposición y concluir
que, en la jurisdicción contenciosa administrativa, también procede la apelación
contra el auto que rechaza la contestación de la demanda, tal como sucede en
la jurisdicción ordinaria”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

17. La accionante afirmó que el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil incurrió
en un defecto procedimental absoluto al tenerla por notificada por conducta
concluyente con fundamento en el inciso segundo del artículo 301 del CGP, pese a
haber declarado previamente la nulidad por indebida notificación en su favor,
supuesto que exigía la aplicación del inciso tercero de la misma norma.

18. La accionante sostuvo que el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil aplicó
de manera indebida el artículo 301 del CGP, al tener por extemporáneas sus
contestaciones a la demanda y al llamamiento en garantía. Señaló que, pese a
haberse decretado la nulidad por indebida notificación mediante auto del 2 de junio
de 2023 —notificado por estado el 5 de junio siguiente—, el despacho desconoció
el inciso tercero de dicha norma, que ordena contabilizar el término de traslado
desde el día siguiente a la ejecutoria del auto que decreta la nulidad. En su lugar,
aplicó el inciso segundo, que no resultaba pertinente al caso. Precisó que sus
contestaciones fueron presentadas el 28 de junio de 2023, dentro del término legal
de quince (15) días, por lo que debían tenerse como oportunas. Añadió que el
traslado del llamamiento en garantía se surtió el 7 de junio de 2023, cuando se
remitió el enlace del expediente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93
del CGP.

19. Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus
derechos fundamentales al declarar bien denegado el recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 10 de octubre de 2023, que declaró extemporáneas
sus contestaciones. A su juicio, el tribunal se abstuvo de examinar de fondo el yerro
procesal, pese a que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dicha decisión equivale al rechazo de la contestación y, por
tanto, es susceptible de apelación, en aplicación armónica del artículo 243 del
CPACA. y el artículo 321 del CGP., según la remisión del artículo 306 ibídem.
Sostuvo que esta actuación le otorgó un trato desigual frente a precedentes en
asuntos análogos.

20. Indicó que agotó todos los recursos ordinarios disponibles dentro del medio de
control de reparación directa, incluido el recurso de queja resuelto negativamente
mediante auto del 9 de abril de 2025, notificado el 11 de abril del mismo año, por lo
que se satisface el requisito de subsidiariedad. Finalmente, afirmó que también se
cumple la inmediatez, dado que la tutela fue presentada dentro del plazo razonable
contado desde la decisión que cerró definitivamente la vía ordinaria y consolidó la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

5
Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Otros_TUTELACONSEJODEESTADO(.pdf)
NroActua 2.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

21. En síntesis, consideró que ambas decisiones vulneraron sus derechos
fundamentales y que solo la intervención del juez de tutela puede restablecerlos.

Trámite en primera instancia

22. Mediante auto del 10 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y, en consecuencia ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada y dispuso la vinculación, en calidad de
terceros con interés, de quienes intervinieron en el proceso de reparación directa, a
saber: (i) los demandantes, María Paula Santamaría Traslaviña y Saúl Díaz Pardo;
(ii) los demandados, la ESE Hospital Integrado de Landázuri y la ESE Hospital
Regional de Vélez; y (iii) los llamados en garantía, ASPMÉDICA AP, la Asociación
de Trabajadores del Sistema General de Salud, Seguridad Social y Saneamiento
Ambiental – DARSALUD AT, La Previsora S.A., Seguros del Estado S.A., Katerine
Sepúlveda Santodomingo, Wilmer Fabián Rangel Carvajal y Nidia Yabeth Orjuela
Leguizamón.

Intervenciones

23. Wilmer Fabián Rangel Carvajal6 expresó su respaldo a la viabilidad de las
pretensiones formuladas por la accionante, al considerar que las providencias
cuestionadas desconocieron las garantías que integran el derecho fundamental al
debido proceso. En su criterio, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
San Gil incurrió en un defecto procedimental al interpretar y aplicar de manera
desacertada el artículo 301 del Código General del Proceso, lo que comprometió la
regularidad del trámite y afectó la legalidad de la decisión adoptada.

24. El Tribunal Administrativo de Santander7 solicitó declarar improcedente el
amparo al estimar que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos
alegados. Indicó que la decisión del Tribunal se sustentó en el artículo 243 del
CPACA, norma que regula de forma expresa los autos susceptibles del recurso de
apelación.

25. Sostuvo que la interpretación planteada por la parte accionante no es
constitucionalmente admisible, pues implicaría que el juez asuma competencias
reservadas al legislador para expedir y reformar los códigos de procedimiento
(artículo 150.2 de la Constitución). Recordó que, conforme al artículo 29 superior, la
observancia estricta de las reglas procesales constituye una garantía del debido
proceso y un límite al ejercicio del poder público, de modo que el juez no puede
modificarlas mediante interpretaciones contra legem ni crear nuevas reglas
procesales.

26. Añadió que, aunque permitir la apelación del auto que rechaza una contestación
podría considerarse conveniente desde la perspectiva de los principios de igualdad

6
Índice electrónico 09 de SAMAI. 9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Contestaciondetute(.pdf) NroActua 9.
7
Índice electrónico 010 de SAMAI. 13_MemorialWeb_Alegatos-INFORMETUTELARad(.pdf)
NroActua 10.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

y acceso a la justicia, la creación de dicha regla corresponde exclusivamente al
legislador. Por ello, su introducción por vía interpretativa desconocería la reserva de
ley en materia procesal y los principios de separación de poderes, seguridad jurídica
y confianza legítima.

27. Finalmente, precisó que no se desconoció precedente judicial, dado que no
existe una posición uniforme del Consejo de Estado sobre la materia; en ese
contexto, el Tribunal actuó en ejercicio de su autonomía judicial y efectuó una
interpretación razonable del ordenamiento jurídico.

28. Nidia Yaneth Orjuela Leguizamon y Katherine Sepúlveda Santodomingo8
señalaron que la decisión del Juzgado de tener por extemporáneas las
contestaciones de la demanda y de los llamamientos en garantía obedeció a una
aplicación indebida del artículo 301 del Código General del Proceso, al fijar como
inicio del término un momento anterior a la ejecutoria del auto que resolvió la nulidad
por indebida notificación. Esta interpretación condujo a impedir el ejercicio pleno del
derecho de defensa de la doctora Jenniffer Tatiana Gutiérrez y vulneró sus garantías
al debido proceso.

29. Indicaron que no se oponen a la prosperidad de la acción de tutela, por cuanto
consideran acreditado que las decisiones del Juzgado Tercero Administrativo de
San Gil y del Tribunal Administrativo de Santander desconocieron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de
justicia, al calificar como extemporáneas actuaciones que fueron presentadas
dentro del término legal.

30. Agregaron que la accionante agotó los medios ordinarios de defensa, incluido el
recurso de queja decidido el 9 de abril de 2025, por lo que la tutela se configura
como el mecanismo idóneo y subsidiario para la protección de sus derechos. En
consecuencia, solicitaron dejar sin efectos las providencias cuestionadas y ordenar
que las contestaciones se tengan como oportunamente radicadas.

31. Servicios Jurídicos Globales S.A.S9 afirmó que la acción de tutela no cumple
los requisitos para su procedencia excepcional contra providencias judiciales, pues
no plantea una controversia de relevancia constitucional y pretende reabrir un
debate de mera legalidad, en contravía de los criterios fijados en la Sentencia C-
590 de 2005.

32. En consecuencia, sostuvo que no se acreditan los presupuestos para su estudio
de fondo ni la existencia de una amenaza cierta y actual a derechos fundamentales,
por lo que solicitó declarar su improcedencia y preservar los principios de autonomía
judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica.

8
Índice electrónico 012 de SAMAI. 18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RAD1100103150002(.pdf) NroActua 12.
9
Índice electrónico 016 de SAMAI. 27_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda
contestaciontutela(.pdf) NroActua 16.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

33. ESE Hospital Regional de Vélez10 manifestó que no formula oposición frente
a las pretensiones de la acción de tutela y que se atiene a lo que, en derecho, decida
el juez constitucional.

34. El Juzgado 3 Administrativo de San Gil11, ESE Hospital Integrado de
Landazuri, Seguros del Estado S.A, Procuradora 160 Judicial II para Asuntos
Administrativos, Aspmedica AP12, Asociación de Trabajadores del Sistema
General de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Ambiental, la Previsora
S.A., María Paula Santamaría Traslaviña y Saul Diaz Pardo13 guardaron silencio
a pesar de haber sido notificados.

Sentencia de primera instancia

35. Mediante sentencia del 28 de noviembre de 202514, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplirse los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional. La Sala
advirtió que la accionante cuestionó varias providencias proferidas en 2023 por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil; sin embargo, la tutela fue
presentada el 8 de octubre de 2025, cuando ya había transcurrido ampliamente el
término razonable fijado por la jurisprudencia para su interposición, sin que se
acreditaran circunstancias que justificaran su flexibilización.

36. Asimismo, consideró que el debate había sido resuelto por el juez natural y que
la solicitud de amparo se limitaba a reiterar argumentos de legalidad, sin evidenciar
una vulneración concreta de derechos fundamentales ni arbitrariedad judicial, lo que
la tornaba ajena al ámbito de intervención del juez constitucional y hacía
improcedente su estudio de fondo.

Impugnación15

37. La parte actora interpuso recurso de impugnación contra la sentencia de primera
instancia y sostuvo que el requisito de inmediatez fue valorado de forma errónea.
Señaló que el término para acudir a la tutela no debía contarse desde el auto del 14
de diciembre de 2023, sino desde la notificación del auto del 9 de abril de 2025 —
notificado el 11 del mismo mes— mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Santander resolvió el recurso de queja y se agotó definitivamente la vía ordinaria.

38. Afirmó que solo a partir de esa decisión se consolidó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por lo que la tutela presentada el 8 de octubre de 2025 se interpuso dentro
del término razonable de seis meses fijado por la jurisprudencia constitucional.

10
Índice electrónico 017 de SAMAI. 28_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 17.
11
Índice electrónico 08 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 8.
12
Índice electrónico 015 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 15.
13
Índice electrónico 014 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 14.
14
Índice electrónico 020 de SAMAI. 31Sentencia_FALLO20250634300(.pdf) NroActua 20.
15
Índice electrónico 024 de SAMAI. 33_MemorialWeb_Recurso-11001031500020250634(.pdf)
NroActua 24.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

39. En consecuencia, solicitó revocar la decisión de primera instancia y emitir un
pronunciamiento de fondo, al considerar que los cuestionamientos planteados
tienen relevancia constitucional y evidencian una afectación real a sus derechos
fundamentales.

CONSIDERACIONES

Competencia

40. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201916.

Problema jurídico y metodología de la decisión

41. Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez, quien actúa en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander. La actora cuestionó los autos proferidos el 2 y 29 de
junio, el 31 de agosto y el 10 de octubre de 2023, así como el del 9 de abril de 2025.
Sostuvo que esas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

42. En primer lugar, la Sala debe establecer si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia, en particular los de relevancia
constitucional e inmediatez, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello resulta necesario, en tanto la actora ya contó con la posibilidad de acceder a la
revisión de las decisiones cuestionadas por parte del juez ordinario, lo que permite
advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto
por el juez natural de la controversia. Además, se observa que entre la notificación
de las providencias cuestionadas y la interposición de la presente acción transcurrió
un término cercano a dos años, circunstancia que refuerza la necesidad de verificar
el cumplimiento del requisito de inmediatez.

43. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, será procedente
estudiar si ¿el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander vulneraron los derechos fundamentales invocados por
la actora?

44. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional; (iii) la inmediatez
en la acción de tutela contra providencias judiciales; y (iv) análisis del caso concreto.

16
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

45. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200517, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

46. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar18; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela19, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional20 o el Consejo de Estado21,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-22; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable23 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales

47. De lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional24 ha entendido que la acción de tutela puede presentarse en
cualquier momento, en la medida que no está sujeta a un término de caducidad.

17
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
18
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
19
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
21
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
23
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
24
Sentencia T-246 de 2015.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

48. Aunque el Tribunal Constitucional considera que la acción de tutela no está
sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro
de un plazo razonable, contado a partir del hecho que origina la presunta
vulneración de derecho fundamental. En los casos en que la tutela se dirige contra
providencias judiciales, dicho plazo se computa desde el momento en que la
decisión es notificada, y por ende, conocida por las partes25.

49. En esa línea, en la Sentencia SU-108 de 201826, la Sala Plena estableció que
le corresponde al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, con el fin de determinar si la acción de tutela fue interpuesta
dentro del plazo razonable, o si, por el contrario, existe una justificación válida que
permita flexibilizar el requisito de inmediatez. Sobre este punto la Corte precisó que:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza
o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas
fuera del texto original)

50. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
amparo constitucional, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre
que existan razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que
haya transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que
debe evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que
expliquen la falta de acción oportuna.

El requisito de relevancia constitucional

51. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a

25
Corte Constitucional, Sentencia T-306 de 2014.
26
Así como la Sentencia T-285 de 2019.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

52. La Corte Constitucional indicó27 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

53. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate28: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

54. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia29.

Análisis del caso concreto

55. Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez promovió acción de tutela contra el
Juzgado Tercero Administrativo de San Gil y el Tribunal Administrativo de
Santander. La actora cuestionó los autos proferidos el 2 y 29 de junio, el 31 de
agosto y el 10 de octubre de 2023, así como el del 9 de abril de 2025,
respectivamente. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

56. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, el cumplimiento del requisito de inmediatez y relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

57. En primer lugar, Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez cuenta con legitimación en
la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente

27
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
28
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
29
Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

afectada por las decisiones adoptadas por el Juzgado Tercero Administrativo de
San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, providencias que, según afirma,
transgredieron sus garantías constitucionales.

58. En segundo lugar, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el
Juzgado Tercero Administrativo de San Gil y el Tribunal Administrativo de
Santander, autoridades judiciales que emitieron las providencias a las que se les
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por la tutelante.

59. A continuación, la Sala realizará el análisis de los demás requisitos generales
de tutela contra sentencia.

Inmediatez

60. La Sala considera que no se cumple el requisito general de inmediatez frente
los autos del 2 y 29 de junio y el 31 de agosto de 2023, dado que la presente acción
de tutela fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia ha considerado
como razonable.

61. En el caso concreto, los autos del 2 y 29 de junio y el 31 de agosto de 2023,
fueron notificados el 5 de junio de 202330, el 30 de junio de 202331 y el 1 de
septiembre de 202332, respectivamente, mientras que el mecanismo de amparo
constitucional fue radicado el 8 de octubre de 2025, lo que evidencia un lapso de
aproximadamente de 2 años entre ambos momentos.

62. Dicho intervalo resulta excesivo, máxime cuando en el trámite no se acreditó
circunstancia de carácter excepcional que justificara la demora en la interposición
del amparo. En consecuencia, la Sala advierte que la acción resulta improcedente,
por cuanto no satisface la interposición oportuna prevista para la procedencia
excepcional de este mecanismo de protección constitucional.

63. En ese sentido, del análisis del escrito de tutela no se observa la exposición de
ninguna causa extraordinaria que explique de forma razonable la tardanza en la
interposición de la acción, lo cual resulta indispensable para flexibilizar el plazo
referido. La ausencia de justificación impide considerar cumplido este presupuesto
de procedencia.

64. Por el contrario, el cuestionamiento frente a los autos del 10 de octubre de 2023
y el 9 de abril de 2025 superan el requisito de inmediatez. Esto se debe a que estos
hacen parte de una misma cadena de providencias relacionadas con la negativa del
llamado en garantía, la cual concluyó el 11 de abril de 2025, cuando se notificó el
auto que decidió el recurso de queja. La acción de tutela se interpuso el 8 de octubre
de 2025, por lo que entre las determinaciones demandadas y el ejercicio del amparo
constitucional transcurrió un plazo razonable.

30
Índice electrónico 057 de SAMAI del Juzgado Tercero Administrativo de San Gil.
31
Índice electrónico 061 de SAMAI del Juzgado Tercero Administrativo de San Gil.
32
Índice electrónico 066 de SAMAI del Juzgado Tercero Administrativo de San Gil.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

65. En consecuencia, se concluye que la acción de amparo constitucional fue
promovida por fuera del plazo razonable fijado por la jurisprudencia para efectos de
acreditar el requisito de inmediatez frente a los autos del 2 y 29 de junio, así como
el 31 de agosto de 2023. Las demás providencias serán analizadas en el requisito
formal de relevancia constitucional.

Relevancia Constitucional

66. Descartado los autos mencionados por incumplir el requisito de inmediatez, la
Sala considera que la demanda de tutela en el cuestionamiento de las providencias
del 10 de octubre de 2023 y del 9 de abril de 2025 no supera el requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que la acción de tutela es utilizada para reiterar
argumentos que ya fueron analizados y resueltos en el proceso administrativo que
se relacionan con la negativa del llamamiento en garantía33.

67. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, con el objetivo de evitar que la tutela se convierta en
un mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.

68. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con el
propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde las objeciones de la peticionaria fueron ampliamente examinadas a la luz del
acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene recordar
que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a providencias
desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un
análisis dentro del proceso ordinario.

69. En particular, la peticionaria sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander
vulneró sus derechos fundamentales al declarar bien denegado el recurso de
apelación interpuesto contra el auto que negó el llamamiento en garantía, al
considerarlo extemporáneo. En su criterio, dicha decisión sí era susceptible de
apelación conforme a los artículos 243 del CPACA y 321 del CGP, en concordancia
con el artículo 306 del mismo código.

70. No obstante, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó que el recurso
fue correctamente denegado, por cuanto el auto del 10 de octubre de 2023,
proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil, no se
encuentra dentro del catálogo taxativo de providencias apelables previsto en el
artículo 243 del CPACA. Precisó que, en este supuesto, no resulta procedente

33
Identificado bajo el radicado: 68679333300320220000500/01.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

acudir a las disposiciones del CGP, dado que el CPACA contiene una regulación
especial y expresa sobre las decisiones susceptibles de apelación en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Asimismo, señaló que la integración normativa
propuesta por la tutelante desbordaría el criterio de compatibilidad previsto en el
artículo 306 ibidem y vaciaría el carácter restrictivo del artículo 243, lo que
comprometería la seguridad jurídica y el principio de legalidad procesal que rigen el
trámite de los recursos dentro de esta jurisdicción.

71. Adicionalmente, no se configura vulneración del derecho al debido proceso en
su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho
solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que la accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil y el Tribunal Administrativo de
Santander resolvieron la controversia.

72. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. La actora
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.

73. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional respecto de los autos del 10 de octubre de 2023 y 9 de abril de 2025,
por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia. En concreto, no
se acredita la relevancia constitucional, pues la solicitante pretende emplear la
acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya definido en el
proceso ordinario.

74. En ese orden de ideas, se declarará improcedente la presente acción de tutela,
en la medida en que no se cumplen los requisitos generales de procedencia. En
primer lugar, no se acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez de la acción
de tutela frente a los autos del 2 y 29 de junio, así como 31 de agosto de 2023, toda
vez que la solicitud de amparo fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia ha considerado como razonable. En segundo lugar, tampoco se
satisface el requisito de relevancia constitucional respecto de los autos del 10 de
octubre de 2023 y 9 de abril de 2025, de manera que la actora pretende utilizar la
tutela como una instancia adicional para reiterar argumentos que ya fueron
examinados en el proceso ordinario

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-01
Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

16

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