Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06357-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06357-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06357-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de noviembre de 2025
Demandante: Rubén Darío Méndez García
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado 11001-03-15-000-2025-06357-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06357-00
Demandante: RUBÉN DARÍO MÉNDEZ GARCÍA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Rubén Darío Méndez García, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela1 en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, al
acceso a la administración de justicia y «al principio de legalidad».
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de los autos del 18 de
septiembre y 21 de julio de 2025, por medio de los cuales las autoridades
judiciales rechazaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-33-001-2025-00126-00/01, promovida por el actor contra el
Distrito Especial de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó lo siguiente:
1 Samai, índice 1. Mediante escrito presentado el 8 de octubre de 2025.
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Demandante: Rubén Darío Méndez García
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA Y EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
CALI, al proferir los autos Nos. auto No. 257 del 18 de septiembre de 2025 y el
auto No. 413 del 21 de julio de 2025, incurrieron en un defecto sustantivo pues
se observa que de manera errada desconocieron las pruebas aportadas durante
el debate procesal y los precedentes judiciales.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS el auto proferido por EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA auto No. 257 proferido el 18 de
septiembre de 2025 y la Decisión proferida por EL JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE CALI auto No. 413 del 21 de junio de 2025.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI dejar sin efectos el
auto No. 257 del 18 de septiembre de 2025 proferido en el presente asunto y al
JUZGADOPRIMERO ADMINISTRATIVO DE CALI dejar sin efectos el auto No.
413 del 21 de julio de 2025, para en su lugar proceder a estudiar y resolver el
memorial que el suscrito presento en termino oportuno subsanando la demanda,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que
versa sobre la presente Litis. 2
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
El accionante indicó que el 14 de mayo de esta anualidad le correspondió, por
reparto, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali conocer
la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que interpuso contra el municipio de Cali- Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal.
Sostuvo que el 16 de junio recibió un correo desde la cuenta
jadmin01cli@notificacionesrj.gov.co, por medio del cual se le puso en
conocimiento el auto de sustanciación 197 de 2025, que la inadmitía, en los
siguientes términos:
Para los fines pertinentes me permito informarle que en la fecha 13/06/2025 se emitió Auto inadmite
demanda en el asunto de la referencia.
Para consultar y visualizar el expediente ingrese al siguiente link de SAMAI: URL Proceso Apreciado
usuario en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16/05/2023, se informa que el medio
dispuesto para la radicación de memoriales, solicitud de acceso virtual a los expedientes, solicitudes
de citas, copias, entre otros, es la ventanilla de atención virtual, a la que podrá ingresar a través del
siguiente enlace: URL Ventanilla de Atención Virtual.
Cordialmente,
Firmado Electrónicamente Por: PAULA ANDREA SANTANA CRUZ
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Demandante: Rubén Darío Méndez García
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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Como consecuencia de esto, indicó que el 26 de junio del 2025, dentro del
término legal, subsanó la demanda conforme lo ordenado por el juzgado y envió
el memorial de subsanación al correo jadmin01cli@notificacionesrj.gov.co con
copia al demandado, esto es, remitió el memorial de subsanación al mismo
correo al que se le notificó, la demanda que había sido inadmitida.
Expresó que el 8 de julio, se enteró que en la plataforma SAMAI, se notificó
constancia secretarial que indicaba que no había subsanado.
Manifestó que el 9 de julio se presentó en el juzgado y le entregó a la funcionaria
que lo atendió una constancia escrita en la que señaló que el 26 de junio subsanó
demanda. Asimismo, le manifestó a la funcionaria que era incorrecta la
constancia secretarial que advertía que no contestó la demanda.
Relató que, en el juzgado, la empleada judicial previa validación en el sistema le
comunicó que el correo electrónico al que la había remitido no era el asignado
para recibir memoriales, por lo que rechazaba los documentos que se le remitían
y que, en el auto de sustanciación, figuraba el canal al que debía remitir la
corrección de la demanda.
Señaló que validó y corroboró la información suministrada por el juzgado y
evidenció que el correo electrónico que remitió no fue rechazado o devuelto
como afirmó el juzgado y que, en el auto de sustanciación, no figuraba
información alguna que indicara el correo electrónico al que debía remitir la
subsanación. Además, explicó que, por información de una tercera persona, se
enteró que el correo electrónico que recibía información era el siguiente:
adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Mencionó que el 14 de julio de este año remitió un memorial al juzgado
informando lo sucedido, además de solicitar no dar trámite al informe secretarial
que indicó que no subsanó la demanda y que se procediera a analizar la
subsanación presentada en término oportuno.
Indicó que, mediante auto interlocutorio del 21 de julio de 2025, el despacho
judicial rechazó la demanda, argumentando que el memorial de subsanación fue
presentado extemporáneamente, por lo que no tuvo en cuenta el memorial del
26 de junio, mediante el que la corrigió.
Argumentó que apeló la decisión anterior y el 18 de septiembre de 2025, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó lo resuelto por el a quo, al
considerar que el juzgado fue claro en poner en conocimiento del actor el canal
habilitado para la radicación de memoriales.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del accionante, las autoridades cuestionadas incurrieron en el grave
yerro de rechazar la demanda bajo el argumento que no fue subsanada en el
término establecido en la ley.
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Aseguró que lo expuesto por el juzgado en relación con el lugar y la forma de
recibirse notificaciones y memoriales no fue claro, pues la comunicación 20847
del 16 de junio de 2025, por la cual se informó de la inadmisión, y la misma que
utilizó de soporte el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para confirmar el
rechazo de la demanda, remiten a una ventanilla de atención virtual que no indica
de manera clara un correo electrónico donde deba dirigirse el demandante para
subsanar la demanda.
Señaló que las autoridades enjuiciadas incurrieron en vía de hecho al rechazar
la demanda bajo el argumento que no se subsanó en el término oportuno, por lo
que desconocieron precedentes judiciales y trasgredieron derechos
fundamentales.
Argumentó que en la decisión T-231 de 1994, se señaló que «[e]l Juez que
incurra en una vía de hecho, no puede esperar que, al socaire de la
independencia judicial, sus actos u omisiones, permanezcan incólumes […]».
También, citó la sentencia T-442 de 2005 que dispuso que «contra las decisiones
arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales que sin fundamento
objetivo y razonable contradigan los parámetros constitucionales con la
consecuente vulneración de derechos fundamentales, se podrá formular el
amparo de tutela con la debida demostración del yerro en el que se incurrió en
la providencia judicial».
Citó las decisiones T-088 de 1998; T-1017 de 1999; T-949 de 2003; C- 590 de
2005; T-387 de 2007; T-249 de 2008; T-430,230 y 466 de 2011 pues, según este,
estas decisiones han desvirtuado providencias judiciales que han constituido
vías de hecho.
Aseguró que en esas sentencias la Corte Constitucional desarrolló la doctrina
relacionada con la inobservancia por parte de las autoridades judiciales del
derecho al debido proceso y ha denominado a estas injustificadas
arbitrariedades como «vías de hecho», por lo que, en este caso, las autoridades
cuestionadas vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia al desconocer el precedente jurisprudencial.
Además, sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto
fáctico por carecer de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el
supuesto legal en el que se sustentó la decisión de rechazar la demanda.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 15 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al juez Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Cali.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
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visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Mediante oficio 316 del 20 de octubre de la presente anualidad remitió copia del
expediente digital 76001-33-33-001-2025-00126-00 y advirtió que no ha
amenazado o vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandante en
el proceso ordinario citado.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Señaló que la parte demandante estimó que el auto por medio del cual se
confirmó el rechazo de la demanda incurrió en vía de hecho, porque las
autoridades judiciales debieron aceptar que se corrigió la demanda, a pesar de
que fuera remitida a una dirección electrónica distinta a la destinada para radicar
estos memoriales.
Agregó que en sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional definió que
además de los requisitos generales para que proceda la acción de tutela contra
providencia judicial, es necesaria la existencia de al menos una causal especial
de procedibilidad, entre ellas, el defecto fáctico.
Adicionalmente, mencionó la sentencia SU-259 de 2021, en la que se
determinaron los criterios de configuración del defecto fáctico. En esa medida,
indicó que para que tenga cabida, el error denunciado debe ser ostensible,
manifiesto y debe tener incidencia directa en la decisión judicial adoptada.
Argumentó que después de revisar el contenido del auto interlocutorio 257 del
18 de septiembre de 2025, concluyó que no se configura una valoración indebida
de los medios de prueba aportados en su momento por el recurrente.
Señaló que, como lo dispuso en la providencia controvertida, la comunicación
20847 del 16 de junio del año que avanza contenía el deber claro que le asistía
a la parte actora de enviar toda la correspondencia a la ventanilla virtual
dispuesta para tal efecto, describiéndose, incluso, el enlace a través del cual
podría acceder a ese espacio.
Indicó que al tutelante le correspondía acatar las instrucciones contenidas en el
memorial por medio del cual se notificó el auto inadmisorio, pues en él se indicó
la dirección a la cual debía dirigirse el escrito de subsanación.
Manifestó que era diferente que el señor Méndez García haya dado respuesta
desde el correo desde el cual se efectúan únicamente las notificaciones
judiciales del despacho, por lo que debía asumir las consecuencias procesales
de dicha acción.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
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La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
De la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitud va dirigida contra
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de los autos que, en primera y
segunda instancia, respectivamente, rechazaron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el accionante.
Al respecto, se precisa que el análisis se centrará únicamente respecto de la
providencia emitida por el referido tribunal, por tratarse de la decisión que puso
fin a la controversia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, al acceso a la
administración de justicia y «al principio de legalidad» del señor Rubén Darío
Méndez García, por rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el Distrito Especial de Santiago de Cali,
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de
2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
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2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que
las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».
Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Según lo expuesto, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es
relevante desde el punto de vista constitucional, pues al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela se puede concluir que la parte actora pretende reabrir
el debate zanjado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, relacionado
con el rechazo de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número 76001-33-33-001-2025-00126-00/01 que
instauró el señor Méndez García en contra del Distrito Especial de Santiago de
Cali, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.
En el asunto que ocupa a la Sala, el tutelante considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, al acceso a la administración de
justicia y «al principio de legalidad», con ocasión de los autos del 21 de julio y 18
de septiembre de 2025, dictados por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente.
En este caso, el señor Méndez García presentó una demanda en ejercicio del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial de
Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Hacienda Municipal que le
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correspondió conocer al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Cali, la cual fue inadmitida, mediante auto del 13 de junio del presente año, según
esta autoridad, por evidenciar un defecto formal en la presentación de la
demanda.
Mediante comunicación 20847 del 16 de junio siguiente, dicho despacho judicial
le informó al actor tal situación y le indicó que, según el Acuerdo PCSJA23-12068
del 2023, el canal dispuesto para radicar memoriales era la ventanilla virtual,
como a continuación se advierte:
Según el señor Méndez García, con base en esta comunicación, subsanó la
demanda y la remitió, con copia al demandado, al correo
jadmin01cli@notificacionesrj.gov.co, esto es, al mismo desde el que le
informaron sobre la inadmisión, por lo que la subsanación nunca la conoció el
juzgado debido a que no era ese el canal dispuesto, por medio del cual debía
presentarla.
Una vez advertido el error por parte del señor Méndez García, este procedió a
remitir un memorial al juzgado informando lo sucedido, además de solicitar que
se procediera a analizar la subsanación presentada, pues según este lo hizo en
el término oportuno.
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No obstante, la remisión realizada mediante dicho canal se tuvo como no
recibida por parte de las autoridades cuestionadas, pues el tutelante tenía que
haber utilizado el medio dispuesto para la recepción de estos, según lo informado
en la comunicación 20847 del 16 de junio de 2025.
En esa medida, para el accionante el argumento del juzgado en relación con el
lugar y la forma de recibir notificaciones y memoriales, no es claro, pues según
dicho comunicado, utilizado como soporte, también por parte del tribunal, para
confirmar el rechazo de la demanda, remite a una ventanilla de atención virtual
que no indica de manera comprensible un correo electrónico donde hubiera
podido dirigirse para subsanar la demanda.
Por lo anterior, afirmó que estas autoridades incurrieron en vía de hecho al
rechazar la demanda bajo el argumento que no se subsanó en el término
oportuno, por lo que desconocieron precedentes judiciales, relacionados con el
amparo de derechos fundamentales cuando existen decisiones arbitrarias y
caprichosas, como las sentencias T-231 de 1994; T- 442 de 2005; T-088 de
1998; T-1017 de 1999; T-949 de 2003; C- 590 de 2005; T-387 de 2007; T-249
de 2008; T-430, 230 y 466 de 2011.
De otra parte, sostuvo que las providencias incurrieron en un defecto fáctico por
carecer de sustento probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que
se sustentó la decisión de rechazar la demanda.
Con base en lo anterior, para la Sala estos defectos coinciden en una misma
inconformidad que se relaciona con el desacuerdo del señor Méndez García por
haberse rechazado la demanda, con fundamento en que la subsanación
solicitada por el juzgado se remitió por medio de un canal que no estaba
habilitado para recibirla, decisión que confirmó el tribunal, por lo que para el
tutelante se debería entender como surtida.
Por lo anterior, en este caso, la acción de tutela presentada por el señor Méndez
García no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues no existe una
argumentación tendiente a demostrar la grave violación de sus derechos
fundamentales y solo plantea un desacuerdo con la decisión de rechazar la
demanda.
Adicionalmente, el debate propuesto por la accionante bajo el defecto fáctico, no
demuestra que el presunto error en el juicio valorativo de las pruebas
fuera ostensible, flagrante y manifiesto y tuviera una incidencia directa en la
decisión, supuesto que requiere que la providencia judicial se adopte en
ausencia de respaldo probatorio o que se haya dejado de valorar una prueba
determinante. En este caso, el tribunal tuvo el apoyo probatorio que le permitió
la aplicación del supuesto legal en el que se sustentó la decisión.
En lo concerniente al desconocimiento del precedente invocado por la
accionante, es importante aclarar que para realizar su estudio de fondo se debe
cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
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Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que
se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
No obstante, en el escrito inicial de tutela, la parte actora se limitó a referenciar
varias providencias cuando existen decisiones arbitrarias y caprichosas, que
presuntamente fueron desatendidas y a señalar que desarrollaban la vía de
hecho, sin determinar la regla de derecho que fue desatendida en la sentencia
cuestionada, ni mucho menos, cómo lo decidido en ese caso incide en lo
concluido en la providencia debatida.
Por lo anterior, también se advierte que el accionante no cumplió con la carga
iusfundamental exigida para superar el requisito en estudio, pues sus reproches
están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras
no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que
justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.
Como se observa, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el
particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo
pretende reabrir el debate de instancia, la acción de tutela será declarada
improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Rubén Darío Méndez García.
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Demandante: Rubén Darío Méndez García
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SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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