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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06364-01

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06364-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 11 de noviembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06364-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.

La sala decide la impugnación1 presentada, en calidad de convocante, por Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante, “EPM”) en contra del fallo de tutela proferido el
11 de noviembre de 20252 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 8 de octubre de 20253, EPM radicó tutela4 en procura de la protección de su derecho
al debido proceso, el que considera vulnerado con la providencia proferida el 11 de julio
de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
proceso No. 05001233300020230049800/01, mediante la cual se modificó la dictada el 7
de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1.2.- Hechos

1.2.1.- El 19 de julio de 2013, EPM y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín (en adelante, el “Distrito de Medellín”) celebraron el convenio

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 18, con certificado 246480A30E0A1C14
A3FF6876D97DDB24 20C47769DD293B89 52C967BD4C26C6DF.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 13, con certificado 070FF5988B2136C5

72F03318956D40A9 F5D4883AA68C50E4 A99190E9EE0C68B7.
3 Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado C8D05F5FD52A49A5

0E558A4B533890B4 27F313D65873AD96 9D31B5889D5FFBCD.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 6AABD0407C7DC310

7A42A6805A9BE9F0 C949FF0B54BE0EE5 A1D323EA96E7E82E.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

marco 4600049285 – CT-2013-00950, con el objeto de realizar la construcción, traslado,
reposición, modernización y ampliación de redes de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía, alumbrado público y gas, en relación con el Plan de Desarrollo
2012-2015. En el instrumento se acordó un plazo inicial de 36 meses, ampliado en 4
ocasiones, cuya última prórroga, contenida en el otrosí No. 6, extendió la vigencia por 15
días calendario desde el 4 de noviembre de 2017. Según la cláusula 4ª, el valor del
convenio era indeterminado y supeditado a la ejecución de las obras, las cuales se
desarrollarían mediante actas de ejecución para definir los trabajos, la entidad
responsable, el valor de los reconocimientos, el plazo y las condiciones específicas5.

1.2.2.- El 29 de octubre de 2014, las partes suscribieron el Acta de Ejecución No. 1 para
el traslado de redes requerido en el proyecto “Parques del Río Medellín”, etapa 1.1., en
la zona entre la avenida 33 y la calle San Juan. En dicha acta se pactó la reubicación de
redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de variantes y traslado de
conducciones de acueducto, el desplazamiento de interceptores de alcantarillado, la
conexión a la línea primaria de gas, la rectificación de redes de energía, la conversión de
líneas aéreas de transmisión a subterráneas y la construcción de una cobertura de aguas
lluvias en el costado oriental del río Medellín6.

1.2.3.- Las partes acordaron que el plazo del acta de ejecución referida coincidiría con el
del Convenio Marco y fijaron un valor estimado de $64.307.186.658 a cargo del Distrito
de Medellín, sujeto a reajuste según las sumas efectivamente invertidas. La entidad
territorial se obligó a gestionar y desembolsar los recursos adicionales para cubrir el costo
real e imprevistos, previa aprobación del presupuesto presentado por EPM. En noviembre
de 2017, la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín aprobó la
ampliación del plazo del acta hasta el 30 de noviembre de 2018; no obstante, las obras
no finalizaron en dicha fecha y EPM continuó la ejecución a solicitud del contratante para
concluir el proyecto, lo que generó unos costos no reconocidos7.

1.2.4.- Los trabajos de instalación de equipos y cableado de redes de energía terminaron
el 26 de marzo de 2021 y fueron recibidos a satisfacción por el ente territorial mediante

5 A folios 3-4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD
157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

acta del 30 de septiembre de 2022. Según el balance financiero de EPM, las obras
ejecutadas superaron el valor estimado, con un saldo pendiente de pago que ascendió a
$5.298.349.019, que el Distrito de Medellín no pagó, a pesar de no haber objetado el
monto ni la ejecución8.

1.2.5.- Con base en los hechos descritos, EPM, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, radicó demanda en contra del Distrito de Medellín con las
siguientes pretensiones:

“PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN incumplió el Convenio Marco 4600049285
(del entonces Municipio de Medellín) - contrato CT-2013-00950 (de EPM), suscrito el 19 de
julio de 2013, cuyo objeto era la construcción, traslado, reposición, modernización y/o
ampliación de las redes de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía,
alumbrado público y gas por red, sus obras accesorias y otras obras acordades, que alguna
de las partes ejecute para la otra, relacionadas con el Plan de Desarrollo 2012-2015 del
Municipio de Medellín.

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que se declare que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN es administrativamente responsable de los
perjuicios causados por EPM como consecuencia de la ejecución de actividades ordenadas y
recibidas a satisfacción por el DISTRITO y que no fueron pagadas a EPM, en el marco del
proyecto Parques del Río Etapa 1.1.

SEGUNDA PRINCIPAL: Que se practique la liquidación judicial del Convenio Marco
4600049285 (del entonces Municipio de Medellín) - contrato CT-2013-00950 (de EPM),
suscrito el 19 de julio de 2013, cuyo objeto era la construcción, traslado, reposición,
modernización y/o ampliación de las redes de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía, alumbrado público y gas por red, sus obras accesorias y otras obras
acordades, que alguna de las partes ejecute para la otra, relacionadas con el Plan de
Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Medellín.

TERCERA PRINCIPAL: Que, como consecuencia de la declaración Primera o Primera
Subsidiaria, se condene al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a indemnizar o compensar a EPM en la suma de CINCO MIL
DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5,298,349,019.83),
correspondiente a las actividades ejecutadas por EPM y que no fueron reconocidas por el
DISTRITO.

CUARTA PRINCIPAL: Que la cifra indicada en la pretensión precedente sea indexada al
momento en que se realice su pago, de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor,
tal como dispone el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTA PRINCIPAL: Que sobre este valor se reconozcan intereses moratorios, a la máxima
tasa legal, desde el momento en que se quede en firme la sentencia que ponga fin al proceso
y hasta el momento del pago efectivo de la obligación.

8 Ibidem.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

SEXTA: Que se CONDENE a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, a reconocer y pagar las costas y agencias en derecho que
genere el proceso.

SÉPTIMA: Que se ORDENE a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, a dar cumplimiento a la sentencia que se dicte en su contra,
en los términos establecidos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”9.

1.2.6.- El proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo el radicado
No. 05001233300020230049800.

1.2.7.- El a quo ordinario, por sentencia del 7 de octubre de 202410, declaró probada la
caducidad frente a las pretensiones principales, porque el Otrosí No. 2 del convenio
marco eliminó expresamente la cláusula relativa a la liquidación de las actas de ejecución;
por ende, debía aplicarse la regla general del literal j) del artículo 164.2 del CPACA, según
la cual el término de 2 años para demandar se computa desde el día siguiente al
vencimiento del plazo de ejecución del Acta de Ejecución No. 1. Al respecto, señaló que
dicho plazo venció el 30 de junio de 2018, por lo que la caducidad operó antes de la
radicación de la solicitud de conciliación prejudicial el 27 de marzo de 2023 y de la
presentación de la demanda el 17 de mayo del mismo año.

1.2.7.1.- Por otra parte, el tribunal adujo que la pretensión subsidiaria de reparación
directa se interpuso oportunamente, toda vez que la ejecución de las obras concluyó el
26 de marzo de 2021 y el término del literal i) del artículo 164.2 del CPACA vencía el 27
de marzo de 2023, fecha en la que se inició el trámite conciliatorio, que se declaró fallido
el día de la presentación de la demanda. Sin embargo, sostuvo que no se acreditaron los
requisitos excepcionales para el reconocimiento de una compensación por
enriquecimiento sin causa, pues no se demostró que el Distrito de Medellín constriñera a
EPM a ejecutar las obras, sino que la decisión de continuar los trabajos fue de esta última.
Asimismo, consideró que no se configuraron los supuestos de la sentencia de unificación
de esta corporación para la procedencia de la actio in rem verso.

9 A folios 3-4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8115CBBA86BAD4EB
252347C15AED526D 6F91A5803907397B 7A1DFAA00DE47620.
10 A folios 5-6 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD

157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

1.2.8.- Inconforme, EPM interpuso recurso de apelación en contra de la decisión referida.
Por providencia del 11 de julio de 202511, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó la sentencia atacada y, en su lugar, declaró parcialmente
probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones primera y su subsidiaria, así
como la tercera y séptima. Para ello, manifestó que el convenio marco es un negocio
jurídico atípico y de carácter regulatorio que establece lineamientos para futuras
relaciones, el cual, junto con el Acta de Ejecución No. 1, integra un acto plural y unitario
de naturaleza interadministrativa basado en la cooperación y el auxilio mutuo para el
cumplimiento de fines públicos, sin objetivos lucrativos ni subordinación funcional.

1.2.8.1.- La colegiatura precisó que, al ser un negocio de ejecución diferida, estaba sujeto
a liquidación bilateral, y que el Otrosí No. 2 no eliminó dicha obligación. En cuanto a la
caducidad, determinó que para la pretensión sobre la liquidación judicial el término inició
el 2 de noviembre de 2018, por lo que operó el fenómeno extintivo para ese propósito
liquidatario.

1.2.8.2.- Respecto a las pretensiones de incumplimiento e indemnización por obras
ejecutadas después del vencimiento del plazo, el Consejo de Estado consideró que la
reclamación fue oportuna, debido a que el interés jurídico nació con la ejecución de unas
actividades tardías. No obstante, desestimó tales pretensiones al considerar que no se
acreditó el costo real de las obras mediante pruebas idóneas y que EPM no cumplió con
la condición contractual de presentar un presupuesto previo aprobado por el Distrito de
Medellín para gastos adicionales. Finalmente, denegó el argumento relativo al
enriquecimiento sin causa, pues las actividades realizadas tenían como fuente jurídica el
convenio marco y el Acta de Ejecución No. 1, lo que excluye la inexistencia de causa
requerida para la actio in rem verso.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

EPM considera que se vulneró su garantía al debido proceso, por cuanto el Consejo de
Estado incurrió en un defecto fáctico al concluir que no se probó el costo real de las obras
por falta de un dictamen pericial. Sostuvo que la decisión desconoce los efectos jurídicos

11 Obraprovidencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD
157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
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de la fijación del litigio, etapa en la cual el monto reclamado quedó como un hecho
probado y no discutido, toda vez que el Distrito de Medellín aceptó expresamente los
hechos 16 y 17 de la demanda que cuantificaban el perjuicio. Indicó que, según el artículo
180 del CPACA, la fijación del litigio delimita el objeto del proceso y excluye del debate
probatorio aquellos aspectos sobre los cuales existe acuerdo, por lo que exigir un medio
de convencimiento adicional sobre un hecho admitido resulta irrazonable y
contraevidente. Precisó que, si bien las entidades públicas tienen restricciones para la
confesión, según el artículo 195 del CGP, la aceptación de hechos en la contestación y
en la audiencia inicial vincula al juez y define la estrategia probatoria de las partes. En
ese orden de ideas, agregó que se configuraron los defectos sustantivo y fáctico, pues
de haber valorado la fijación del litigio y la aceptación de la contraparte, la solución del
asunto habría variado sustancialmente al no requerirse un dictamen pericial por la
corporación convocada.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar el derecho fundamental al debido
proceso; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 11 de julio de 2025 por el Consejo
de Estado, así como el auto de obedézcase y cúmplase del 4 de septiembre de 2025; y
(iii) ordenar a la accionada que emita una nueva decisión en la cual reconozca que la
cuantía del perjuicio quedó establecida como un hecho probado y excluido del debate
probatorio.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 15 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó vincular al Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Distrito de Medellín.

2.2.- La autoridad judicial accionada solicitó declarar la improcedencia de la tutela por
falta de relevancia constitucional, al considerar que la controversia es de naturaleza
estrictamente legal y económica, centrada en determinar si EPM no tenía que cumplir con
la carga de probar sobrecostos tras la fijación del litigio. Señaló que la empresa pretende
utilizar el amparo como una instancia adicional para reabrir discusiones probatorias sobre

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hechos patrimoniales que no involucran el goce de derechos fundamentales.
Subsidiariamente, sostuvo que no se configuró un defecto fáctico, pues, aunque el Distrito
de Medellín no negó expresamente la cuantía de los sobrecostos en la contestación de
la demanda, tal conducta procesal no constituye prueba de dichos hechos debido a la
prohibición legal de la confesión para entidades públicas, conforme a los artículos 217
del CPACA y 195 del CGP. Precisó que, según el artículo 180 del CPACA, solo se
excluyen de prueba los hechos cuya demostración no esté prohibida por confesión,
restricción que aplica al caso concreto. Manifestó que la sentencia se fundamentó en una
segunda razón autónoma que no fue controvertida en la tutela: la falta de aprobación
previa del presupuesto adicional exigida contractualmente, motivo que por sí solo
sustenta la legalidad del fallo cuestionado.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del
11 de noviembre de 2025, negó el amparo. Para ello, señaló que la decisión cuestionada
se fundamentó en un estudio razonable, coherente y objetivo del acervo probatorio.
Sostuvo que la autoridad constató que EPM no probó el costo real de las obras, toda vez
que no aportó dictamen pericial ni otros soportes que demostraran que se superó el valor
estimado en el Acta de Ejecución No. 1. Precisó que los documentos de aceptación
allegados fueron insuficientes para acreditar el sobrecosto o el balance financiero de la
ejecución. Respecto al argumento sobre la aceptación de la contraparte, señaló que el
juez natural sí examinó el punto, pero concluyó acertadamente que dicho hecho no podía
darse por probado mediante confesión debido a las limitaciones legales aplicables a las
entidades públicas. Así, determinó que no se configuró un defecto fáctico, pues el juez
actuó bajo su autonomía judicial y sana crítica, sin que la tutela pueda ser utilizada como
una instancia adicional para reabrir debates probatorios meramente legales.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, EPM presentó impugnación. Consideró que el juez
de la tutela incurrió en un error conceptual al equiparar la confesión, como medio de
prueba, con la fijación del litigio y sus consecuencias procesales sobre los hechos no
controvertidos. Sostuvo que el fallo omitió analizar el alcance del artículo 180 del CPACA,

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el cual excluye del debate probatorio aquellos hechos sobre los cuales no exista
disconformidad entre las partes. En este sentido, enfatizó que, si el monto reclamado
quedó registrado como un hecho no controvertido en la audiencia inicial, exigir
posteriormente una prueba pericial constituye una contradicción procesal manifiesta.
Asimismo, cuestionó la interpretación del artículo 217 del CPACA adoptada por la
Sección Tercera de esta corporación y señaló que la prohibición de confesión para
entidades públicas no debe extenderse a la conducta procesal de no negar hechos en la
contestación de la demanda, pues ello haría inocua la etapa de fijación del litigio frente al
Estado. Alegó el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado que califica la
fijación del litigio como la “piedra basal” del juicio y guía de la sentencia.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 11 de noviembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos

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de procedibilidad12 y de procedencia13 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”14.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 15 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202216, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
15 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
16 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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4.2.- En el caso concreto, la empresa tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad
accionada (i) incurrió en un defecto fáctico al concluir que no se probó el costo real de las
obras por falta de un dictamen pericial; (ii) desconoció los efectos jurídicos de la fijación
del litigio, etapa en la cual el monto reclamado quedó como un hecho probado y no
discutido; (iii) ignoró que el Distrito de Medellín aceptó expresamente los hechos 16 y 17
de la demanda que cuantificaban el perjuicio; (iv) vulneró el artículo 180 del CPACA, el
cual delimita el objeto del proceso y excluye del debate probatorio los aspectos sobre los
cuales existe acuerdo; (v) aplicó una exigencia probatoria irrazonable y contraevidente
sobre un hecho admitido; y (vi) omitió considerar que la aceptación de hechos en la
contestación y en la audiencia inicial vincula al juez y define la estrategia probatoria de
las partes, independientemente de las restricciones a la confesión de entidades públicas.

4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
el proceso No. 05001233300020230049800/01, como si la acción de tutela fuera una
instancia adicional a ese trámite, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 11 de julio de 2025, sobre
la oportunidad para solicitar la liquidación judicial, se observa:

“Las reglas generales sobre la ejecución de las obras, la forma de pago y el valor de los
reconocimientos económicos fueron organizadas en cuatro capítulos: (i) condiciones
generales, que comprendían los diseños de las redes; (ii) redes de acueducto y alcantarillado;
(iii) energía; y (iv) gas. Las partes acordaron no constituir garantías para el cumplimiento de
los compromisos asumidos bajo el Convenio Marco, en atención a su naturaleza jurídica y al
hecho de que el aseguramiento de los riesgos derivados de las obras recaería en los
contratistas encargados de ejecutarlas. Asimismo, prescindieron de la incorporación de
facultades excepcionales al derecho común. (…)

Atendiendo los anteriores elementos, la Sala considera que el Convenio Marco constituye un
negocio jurídico atípico, en la medida en que no existe una regulación legal específica que
discipline su contenido. Su celebración respondió al ejercicio de la autonomía de la voluntad
y presenta los rasgos característicos de lo que se ha denominado contrato marco: un acuerdo
que no regula intereses actuales, sino que establece los lineamientos generales para futuras
relaciones jurídicas entre las partes.

Esta clase de instrumentos negociales presenta los siguientes rasgos: (i) su vocación de
permanencia en el tiempo; (ii) su carácter regulatorio de la relación entre las partes, lo cual
permite simplificar la celebración de negocios subordinados o actos de ejecución; y (iii) la
circunstancia de que, al momento de su suscripción, el objeto contractual no se encuentra

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Acción de tutela – Segunda instancia
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determinado con precisión, sino que su contenido y alcance solo se definen en desarrollos
posteriores (órdenes de servicio, actas de ejecución, etc.). Esta modalidad contractual permite
pactar anticipadamente, con efectos extensivos a los negocios futuros que se suscriban bajo
su amparo, las estipulaciones comunes a todos ellos. Su función económica, por tanto, no
consiste en viabilizar de forma inmediata un intercambio de bienes o servicios, sino en
establecer un marco general de cooperación entre las partes, que reduce los costos de
transacción y facilita la ejecución de negocios jurídicos posteriores.

La Sala considera, además, que el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 (el contrato
marco y su contrato de aplicación) se complementan mutuamente e integran en un acto plural,
complejo pero unitario, por su función práctica. Esta unidad se confirma en la cláusula quinta
del convenio, que dispuso que ‘LAS PARTES acuerdan suscribir actas de ejecución, las
cuales serán parte integral del presente convenio’. Ahora bien, tal como lo concluyó el
Tribunal, la función del acuerdo no consistía en propiciar un intercambio inmediato de servicios
constructivos a cambio de un precio. Por esta razón, el Acta de Ejecución No. 1 no puede
calificarse llanamente como un contrato interadministrativo de obra, derivado de un convenio
marco, en el que una entidad estatal comitente —en su calidad de propietaria y beneficiaria
de la obra— encarga a otra entidad pública, a cambio de una remuneración, la ejecución de
trabajos materiales sobre un bien inmueble (Ley 80 de 1993, art. 32.1).

Por el contrario, conforme al artículo 45 de la Ley 489 de 1998, se trata de un acto celebrado
entre dos entidades públicas que se asociaron con el propósito de cooperar tanto en el
cumplimiento de funciones administrativas como en la prestación de los servicios a su cargo,
sin que ello implicara la constitución de una nueva persona jurídica de derecho público. En
otras palabras, se trata de una relación jurídica que reúne las características propias de los
convenios interadministrativos. En primer lugar, la causa que motivó la celebración del
convenio fue la cooperación entre las partes, conforme a los principios de coordinación y
colaboración. El móvil para su suscripción consistió en establecer una relación de apoyo
mutuo que permitiera al Distrito viabilizar la ejecución de las obras contempladas en su plan
de desarrollo — las cuales implicaban el traslado de redes de servicios públicos— y a EPM
ejecutar, de forma simultánea, obras de modernización y ampliación sobre esas
infraestructuras de su propiedad, aprovechando la oportunidad que representaban los trabajos
promovidos por el Distrito.

En segundo lugar, el Convenio Marco y el Acta de Ejecución estaban orientados al
cumplimiento de funciones administrativas y a la prestación de servicios a cargo de las
entidades públicas intervinientes. Al Distrito de Medellín le permitía ejercer sus competencias
relacionadas con la ejecución del plan de desarrollo y la construcción de las obras previstas
como instrumentos de progreso municipal (Ley 136 de 1994, art. 3). A EPM, por su parte, le
permitía garantizar la integridad de las infraestructuras de red necesarias para la prestación
de los servicios públicos que constituyen su objeto social (Ley 142 de 1994, art. 17) y,
adicionalmente, le ofrecía una ventana de oportunidad para extender la vida útil de dichos
activos y modernizarlos conforme a sus necesidades operacionales.

En tercer lugar, el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 no se celebraron únicamente
por un interés económico ni con fines lucrativos. Esta característica fue expresamente
consignada en la cláusula correspondiente del Acta de Ejecución, en la que se indicó que, si
bien EPM tendría a su cargo la administración de los recursos aportados para el traslado de
las redes y sería el responsable de contratar las obras, ‘el cumplimiento de la presente acta
de ejecución no generará honorarios a favor de EPM.

En otras palabras, aunque estos negocios jurídicos involucraban desembolsos de recursos
por parte de ambas entidades —lo que no excluye su naturaleza de convenio
interadministrativo—, no se pactó un precio como contraprestación directa por una obligación
de hacer, como ocurre en los contratos interadministrativos de obra. Tampoco se convino que
EPM, respecto de las obras indicadas en el Acta de Ejecución No. 1, actuara como

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administrador delegado, esto es, encargándose de su ejecución por cuenta y riesgo exclusivo
del Distrito, mediante la administración de fondos suministrados únicamente por este y a
cambio del pago de honorarios. Por el contrario, los compromisos financieros asumidos por
las dos partes respondían a una lógica de aportes compartidos, proporcionales a las ventajas
obtenidas por cada una en el cumplimiento de sus fines públicos. Esa misma lógica subyace
en figuras contractuales de colaboración, como las cuentas en participación, donde también
existen aportes dinerarios de los contratantes, aunque con la finalidad de distribuir utilidades
por la ejecución de una operación mercantil, no de alcanzar finalidades públicas, como ocurre
en este caso.

En cuarto lugar, el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 se estructuraron sobre un
esquema de asunción compartida de riesgos, con el fin de evitar que estos recayeran
exclusivamente sobre una de las entidades, como ocurriría si las obras se llevaran a cabo
individualmente y no bajo un marco de cooperación. En esa línea, el parágrafo segundo de la
cláusula quinta del Convenio Marco dispuso que, en caso de requerirse la ejecución de ítems
no previstos en las propuestas de los contratistas vinculados por cualquiera de las partes —y
que generaran incrementos en los costos totales del proyecto—, se requeriría una
autorización conjunta para asumirlos y se aplicarían los mismos porcentajes acordados
previamente para efectos de los reconocimientos económicos.

En quinto lugar, la relación jurídica se desenvolvía en un plano de igualdad negocial, sin
subordinación funcional entre las partes ni prevalencia de intereses. Esta característica se
reflejó en la conformación de un comité técnico con representación de ambas entidades,
responsable de adoptar decisiones conjuntas como las modificaciones a los diseños de redes
en función de las necesidades de ambas partes. También se manifestó en la estipulación
expresa de que ‘se prescinde de la utilización de las cláusulas excepcionales al derecho
común’, lo cual reafirma el carácter horizontal del vínculo jurídico.

En síntesis, el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 constituían un acto plural y
complejo, pero unitario en su función práctica, cuyo propósito era facilitar la cooperación entre
las partes tanto en el cumplimiento de funciones administrativas como en la prestación de los
servicios públicos a su cargo. Se trataba, además, de negocios jurídicos de ejecución diferida,
en tanto su cumplimiento se hallaba supeditado a un plazo pactado. Conforme a lo estipulado
en ambos instrumentos, su ejecución debía concluir con un proceso de liquidación bilateral,
mediante el cual se definiría el valor final de las actividades ejecutadas y se establecerían los
reconocimientos o aportes a cargo de cada una de las entidades intervinientes.

La Sala se aparta de lo señalado por el Tribunal, pues el Otrosí No. 2 al Convenio Marco no
dejó sin efectos el acuerdo entre las partes sobre la liquidación bilateral. En realidad, dicho
instrumento únicamente modificó el primer párrafo de la cláusula quinta, con el fin de precisar
que los compromisos adquiridos por el ente territorial también podrían respaldarse mediante
recursos administrados por una sociedad fiduciaria. Así se desprende de su texto: (…)

En este orden de ideas, el segundo párrafo y el parágrafo primero de la cláusula quinta del
Convenio Marco —que indicaban expresamente la procedencia de la liquidación bilateral—
no fueron objeto de modificación y, por tanto, conservaron su vigencia. Lo mismo ocurrió con
la cláusula séptima del Acta de Ejecución No. 1, en la que se estableció que “los valores de
reconocimiento serán consignados en un Anexo Técnico de Reconocimientos firmado por
representantes técnicos de LAS PARTES, que hará parte de la liquidación de la presente Acta
de Ejecución”. Tampoco la Sala tiene otras razones para deducir lo contrario.

En conclusión, el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 eran negocios jurídicos de
ejecución diferida y estaban sujetos a un proceso de liquidación bilateral, orientado a efectuar
un balance de cuentas, determinar los valores reales de las obras ejecutadas y, de ser
necesario, establecer los aportes y reconocimientos adicionales a cargo de cada parte. Por
consiguiente, ante la falta de liquidación de común acuerdo, la oportunidad de la pretensión

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de liquidación judicial debía analizarse conforme a la regla del ordinal (v): ‘En los que requieran
de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del
vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de
los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo
ordene o del acuerdo que la disponga’.

Ahora bien, el término de caducidad debía computarse desde el día siguiente al vencimiento
del plazo de cuatro meses posteriores a la terminación del Convenio Marco y del Acta de
Ejecución No. 1, sin adicionar el término previsto para la liquidación unilateral. Lo primero,
porque las partes no fijaron expresamente un plazo para la liquidación bilateral. Lo segundo,
porque ni en el Convenio Marco ni en el Acta de Ejecución No. 1 se atribuyó a alguna de ellas
la facultad de practicarla unilateralmente. Además, tratándose de actos jurídicos que reúnen
las características propias de los convenios interadministrativos —en los que las partes actúan
en un plano de igualdad—, resultaba improcedente que cualquiera de ellas llevara a cabo la
liquidación mediante acto administrativo con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de
2007.

La norma atributiva de esta competencia, aplicable a los contratos estatales regidos por el
EGCAP, no se incorpora al régimen de los convenios interadministrativos, por ser
incompatible con su naturaleza. En efecto, esta disposición legal otorga a la entidad estatal
contratante una potestad de autotutela declarativa para definir, por sí y ante sí, el estado de
cumplimiento de un contrato y los saldos a favor o en contra de las partes, cuando el
contratista no comparece a la liquidación o no se alcanza un acuerdo sobre su contenido. Esta
prerrogativa se justifica en relaciones en las que la administración contratante, investida de la
potestad de dirección y control, actúa frente a un contratista que no persigue a su vez el
cumplimiento de cometidos públicos propios, sino que tiene como finalidad principal la
obtención de un lucro. Pero dicha lógica resulta incompatible con los esquemas de
colaboración interadministrativa, en los que ambas entidades participan en pie de igualdad y
persiguen finalidades públicas concurrentes, como lo ha reconocido la Sala de Consulta y
Servicio Civil de la Corporación.

Como se indicó anteriormente, el plazo de ejecución del Convenio Marco y del Acta de
Ejecución No. 1 era el mismo, pues en este último instrumento se convino que correspondía
a la ‘vigencia del convenio marco’. La fecha en que vencía el plazo del Acuerdo Marco se
precisó en el documento denominado ‘Aclaración al Acta de Inicio’, donde se indicó que
comenzaba el 5 de agosto de 2013 y finalizaba el 3 de agosto de 2016.

El plazo pactado originalmente fue prorrogado en seis oportunidades. La primera prórroga se
formalizó mediante la ‘Ampliación No. 1 al Convenio Marco’, suscrita el 3 de agosto de 2016,
que extendió su vigencia hasta el 3 de agosto de 2017. La segunda se adoptó mediante el
Otrosí No. 3, del 3 de agosto de 2017, que amplió el término por 60 días calendario. La tercera
se realizó a través del Otrosí No. 5, suscrito el 2 de octubre de 2017, que lo prorrogó por 32
días más, hasta el 3 de noviembre de 2017. La cuarta se formalizó mediante el Otrosí No. 6,
del 3 de noviembre de 2017, que extendió el plazo hasta el 18 de noviembre del mismo año.
(…)

En el expediente no hay prueba de que este plazo hubiera sido ampliado a una fecha posterior
al 30 de junio de 2018, lo cual requería un acuerdo por escrito entre las partes en virtud de lo
pactado en la cláusula décima sexta del Convenio Marco, que integraba el Acta de Ejecución
No. 1: ‘Toda modificación al convenio requerirá del mutuo acuerdo de LAS PARTES, que para
el efecto suscribirán y firmarán el acta de modificación respectiva’. En consecuencia, el
término de caducidad para formular la pretensión de liquidación judicial del Acta de Ejecución
No. 1, que integraba el Convenio Marco, comenzó a correr el 2 de noviembre de 2018, esto
es, al día siguiente del vencimiento del ‘término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato’.

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Por lo tanto, incluso considerando la suspensión del término que operó entre el 16 de marzo
de 2020 y el 30 de junio de 2020 —en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 de
2020, en concordancia con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura—, se concluye
que respecto de la pretensión de liquidación judicial operó la caducidad, porque la solicitud de
conciliación extrajudicial solo se presentó hasta el 27 de marzo de 2023 y la demanda el 17
de mayo de 2023.

En la apelación, EPM planteó que el término de caducidad debía contarse conforme a la regla
general, según la cual su cómputo se inicia desde el día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho que fundamentan la demanda. Tales motivos, según expuso, no
corresponderían al vencimiento del plazo —como lo consideró el Tribunal—, sino a la
terminación de las obras ejecutadas en virtud del Acta de Ejecución No. 1 y a la suscripción
del acta de recibo correspondiente. No obstante, en lo que respecta a la pretensión de
liquidación judicial, tal planteamiento es inadmisible.

Como lo ha señalado la Sala, el hecho de que las obras se ejecuten tardíamente —esto es,
después del vencimiento del plazo de ejecución pactado— y que sean finalmente recibidas
por una de las partes no implica, por sí solo, que se difiera el inicio del cómputo del término
de caducidad. Esta postura se sustenta en que las normas que regulan la caducidad tienen
naturaleza de orden público, son indisponibles para las partes y de obligatorio cumplimiento.

La autonomía de la voluntad debe atemperarse a las disposiciones imperativas que regulan
la caducidad. En consecuencia, la conducta negocial de las partes consistente en tolerar la
ejecución de prestaciones una vez vencido el plazo del negocio jurídico no puede tener el
efecto de aplazar, condicionar o dejar indeterminado el inicio del cómputo del término para
solicitar su liquidación judicial, ni el de otras pretensiones que incidan en la determinación de
saldos a favor o en contra. Por esta razón, dicho término comenzó a correr desde el
vencimiento del plazo de cuatro meses siguientes a la terminación del Acta de Ejecución No.
1.

Esta conclusión se refuerza con la finalidad asignada por las partes al acto de liquidación.
Conforme al Convenio Marco y al Acta de Ejecución No. 1, dicho procedimiento tenía por
objeto establecer el valor efectivo de las obras ejecutadas en el traslado de redes de servicios
públicos, con el fin de definir los eventuales ‘reconocimientos’ o aportes dinerarios adicionales
que correspondiera asumir a cada parte. Esta función pone de manifiesto que la suscripción
de un acta de recibo a satisfacción de todas las obras no constituía presupuesto habilitante
para adelantar la liquidación. En efecto, esta no se orientaba a certificar un cumplimiento
íntegro de las prestaciones, sino a verificar el estado en que concluía la relación jurídica —
hubiera mediado o no la ejecución total de las intervenciones proyectadas—, con el propósito
de establecer si subsistían obligaciones entre las partes derivadas de las diferencias entre el
presupuesto estimado y los costos reales de ejecución. (…)

En respuesta a esta solicitud, en comunicación del 29 de diciembre de 2018, el Distrito
manifestó: ‘Atendiendo su comunicado con radicado EPM 20180130148604, se informa que
no es posible acceder a su petición de dar trámite de pago a la factura RI 6585029-11
correspondiente al Acta de Ejecución No. 1 del Convenio Marco CT2013-00950, toda vez que
ésta debe ser presentada una vez finalice la revisión de los valores, se determine con exactitud
los montos a reconocer entre las partes y se proceda con la proyección del acta de liquidación’.
Así, incluso si aún no se habían ejecutado todas las intervenciones de traslado de redes, las
partes ya habían iniciado las gestiones orientadas a la suscripción del acta de liquidación, con
el fin de precisar los valores efectivamente ejecutados y los eventuales reconocimientos
adicionales. De ello se sigue que esa etapa no estaba condicionada a la suscripción previa

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del acta de recibo de la totalidad de las actividades de traslado contempladas en el Acta de
Ejecución No. 1.”17.

Este análisis efectuado por la autoridad accionada, aunque no guarda una relación
directa con la supuesta omisión de valoración de la fijación del litigio y la confesión
alegadas por EPM en esta acción, revela una fundamentación jurídica exhaustiva que
sirve para profundizar en la naturaleza del vínculo negocial estudiado y resulta clave para
entender y advertir la revisión realizada por el Consejo de Estado. En efecto, el cuerpo
colegiado estructuró su decisión sobre la premisa de que el convenio marco constituye
un negocio jurídico atípico y de carácter regulatorio que, junto al Acta de Ejecución No.
1, integra un acto plural orientado a la cooperación interadministrativa bajo los principios
de coordinación y colaboración. Esta calificación es fundamental, ya que desplaza la
lógica del intercambio de servicios por un precio hacia un esquema de aportes
compartidos y asunción conjunta de riesgos, en el que las partes actúan en un plano de
igualdad negocial sin subordinación funcional.

En este sentido, se observa que la autoridad convocada precisó que el instrumento
jurídico estaba sujeto a un proceso de liquidación bilateral para definir el valor final de las
actividades y los aportes a cargo de cada entidad, con la aclaración de que el Otrosí No.
2 no eliminó dicha obligación. Bajo esta óptica, determinó que el término de caducidad
para la liquidación judicial era de orden público, por lo que la conducta de las partes de
tolerar ejecuciones tardías no podía aplazar el inicio de su cómputo, el cual comenzó a
correr tras el vencimiento del plazo de liquidación bilateral. Asimismo, argumentó la
improcedencia de la liquidación unilateral mediante acto administrativo, pues tal potestad
es incompatible con la naturaleza de los convenios interadministrativos en los que las
entidades persiguen finalidades públicas concurrentes. Esto demuestra que la decisión
criticada incluyó una definición técnica del marco obligacional que permitió concluir que
la etapa de liquidación no estaba condicionada a la suscripción previa de un acta de
recibo total, lo que evidencia una revisión judicial integral, coherente y estrictamente
apegada a la especialidad del convenio.

Luego de ello, la autoridad judicial convocada estudió lo atinente a la oportunidad frente
a las pretensiones tendientes a declarar el incumplimiento por parte del Distrito de

17A folios 9-19 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD
157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.

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Medellín y conceder la indemnización de perjuicios. En punto de ello, señaló que la
ejecución de obras tras el vencimiento del plazo contractual no altera el cómputo de
caducidad para la liquidación judicial, el cual inició el 2 de noviembre de 2018. No
obstante, precisó que esta regla no aplicaba a todos los reclamos de EPM por
reconocimientos económicos adicionales. En ese orden, sostuvo que el interés jurídico
es presupuesto del derecho de acción y, para obras realizadas después del vencimiento
de los plazos de ejecución y liquidación, el conteo de la caducidad inició desde el día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho que fundamentan la demanda, pues lo
contrario restringiría el derecho antes de que nazca el presupuesto que lo sustenta. Bajo
este criterio, determinó que respecto al primer documento de cobro del 12 de octubre de
2018 operó la caducidad, ya que fue presentado dentro del plazo de liquidación bilateral
y debió reclamarse en el mismo término de la liquidación judicial. Por el contrario, las
pretensiones sobre las 4 cuentas de cobro expedidas entre 2019 y 2022 se formularon
oportunamente, pues se originaron en actividades del componente eléctrico ejecutadas
entre mediados de 2019 y el 26 de marzo de 2021, fechas posteriores al fenecimiento del
plazo de liquidación. Finalmente, indicó que, computado el término desde la finalización
de las obras o desde la suscripción del acta de recibo en 2022, la demanda se interpuso
en tiempo18.

Al considerar que las reclamaciones sobre ciertas cuentas de cobro fueron planteadas
dentro del plazo legal, la colegiatura procedió a revisar si era viable acceder a la
indemnización correspondiente en los siguientes términos:

“El vencimiento del plazo pactado por las partes para cumplir las prestaciones a su cargo no
implica la extinción de la obligación, si el negocio jurídico del que nacen no está modalizado
por un plazo extintivo, sino por uno suspensivo. En otras palabras, si el plazo suspende la
exigibilidad del derecho de crédito —como ocurre, por ejemplo, en la entrega de una obra—
y no constituye un término extintivo que libere al deudor de proseguir con el cumplimiento de
sus prestaciones —como sucede en un contrato de trabajo a término fijo—, el hecho de que
venza el plazo sin que la prestación se haya satisfecho no extingue la deuda. En este sentido,
el artículo 1625 del Código Civil no enuncia entre los modos de extinción de las obligaciones
el vencimiento del plazo suspensivo. Por esa razón, tratándose de obligaciones cuyo objeto
consiste en prestaciones de hacer, el vencimiento del plazo —que constituye al deudor en
mora— otorga al acreedor el derecho de solicitar, junto con la indemnización moratoria, que
se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido (art. 1610.1).

En el ámbito de los contratos del Estado, esta consideración cobra una marcada relevancia,
pues en la ejecución de las prestaciones que de ellos emanan está comprometida, de forma

18A folios 19-24 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD
157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.

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directa o indirecta, la satisfacción del interés público. Precisamente por esta razón, la ley ha
conferido a las entidades estatales un haz de poderes para conminar el cumplimiento del
contratista cuando incurre en mora por vencimiento del plazo, como ocurre con las multas
previstas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

Si bien en los convenios interadministrativos —caracterizados por ejecutarse en un plano de
igualdad que excluye la preeminencia de una parte sobre otra— no resulta aplicable este tipo
de facultades si no se han pactado expresamente (aunque, en todo caso, no podrán acordarse
en los mismos términos o con los mismos efectos regulados en el EGCAP), lo cierto es que
el cumplimiento de las prestaciones derivadas de tales instrumentos, incluso cuando se realiza
de forma tardía, constituye un factor determinante para alcanzar los fines perseguidos por las
partes al momento de celebrarlos. Ello se explica por el paralelismo de intereses que los
caracteriza. Por esta razón, el vencimiento del plazo no extingue las obligaciones nacidas de
este tipo de convenios, salvo que se haya pactado expresamente como un término extintivo.
(…)

En este caso, aunque se probó que EPM ejecutó obras después del vencimiento del plazo de
ejecución y liquidación del Acta de Ejecución No. 1 y que se suscribió conjuntamente el acta
de recibo, la Sala rechazará las pretensiones relativas al pago de las sumas o aportes
adicionales reclamados para cubrir el costo real de dichas obras. Sin embargo, el fundamento
de esta decisión no radica en que la obligación de ejecutar íntegramente las intervenciones
de traslado de redes previstas en el Acta de Ejecución No. 1 se haya extinguido y, por esa
razón, se trate de una actividad sin respaldo convencional. En efecto, el plazo pactado en el
Acta de Ejecución No. 1 para que se completaran las intervenciones de traslado de redes no
era uno extintivo o resolutorio, es decir, no constituía un hecho futuro y cierto del que
dependiera la extinción de la obligación, sino que, por el contrario, determinaba su exigibilidad.
Por lo tanto, el vencimiento de dicho plazo no implicaba la extinción de las obligaciones a
cargo de EPM que fueron ejecutadas tardíamente, sino que concluía la etapa de ejecución
del convenio, dando lugar al inicio del periodo previsto para su liquidación.

La Sala tampoco acoge la defensa del Distrito, según la cual, de haberse cumplido las
condiciones que determinaban el nacimiento de la obligación de efectuar los aportes
adicionales para cubrir los costos reales de las obras —por haber superado el valor estimado
utilizado como base para calcular los aportes financieros de la entidad territorial— sería una
obligación natural. Conforme al artículo 1527 del Código Civil, las obligaciones naturales son
aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan
para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas, como las extinguidas por la
prescripción.

En este caso, la obligación de ‘gestionar y desembolsar recursos adicionales que se requieran
para cubrir el costo total real’, cuya efectividad reclama el demandante, no corresponde a una
obligación natural originaria, en el sentido de aquellas que nacen sin fuerza coactiva por
carecer de los requisitos legales exigidos para producir efectos civiles, como ocurre con los
actos no revestidos de las solemnidades sustanciales. Tampoco se trata de una obligación
natural derivada, es decir, de una que perdió su exigibilidad judicial por un hecho posterior a
su nacimiento previsto en la ley, pues no operó la prescripción extintiva de diez años prevista
en el artículo 2536 del Código Civil ni ninguna otra causa legal. Además, aunque la caducidad
del medio de control no afecta la existencia del derecho sustancial, sino únicamente el
ejercicio del derecho de acción, la Sala reitera que la pretensión para hacer efectiva esta
obligación se formuló en tiempo, conforme se expuso en los apartados anteriores.

La decisión de desestimar la pretensión se fundamenta en dos razones diferentes que
convergen en la ausencia del nacimiento de la obligación de desembolsar recursos
adicionales a los pactados a cargo del Distrito. (…)

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EPM no aportó ni solicitó la práctica de un dictamen pericial para acreditar el costo real de las
obras ejecutadas conforme al Acta de Ejecución No. 1. Tampoco obran en el expediente
documentos que permitan establecer dicho costo directamente, pues no se allegaron los libros
contables con el registro de los mismos ni sus soportes externos. Por su parte, los documentos
que sí fueron aportados no evidencian que se hubiera superado el valor estimado por las
partes.

EPM aportó tres documentos que contienen la aceptación de ofertas mercantiles asociadas a
la realización del Proyecto Parques del Río. La primera es la comunicación 201630062929 del
10 de mayo de 2016, en la que se indicó que la empresa aceptaba una oferta mercantil
presentada por OCEISA S.A. con el objeto de realizar la ‘construcción redes primarias y
secundarias de acueducto, alcantarillado y gas, obras civiles para distribución energía, box
culvert de aguas lluvias y demás redes conexas en el área de influencia de Parques del Río -
Etapa 1.1 Costado Oriental’, por un valor de $39’992.355.513 y un plazo de ejecución de 305
días calendario.

La segunda es la comunicación 201630074755 del 1° de junio de 2016, mediante la cual se
aceptó la oferta presentada por SEDIC S.A. para la interventoría técnica, administrativa,
ambiental y social del contrato de relocalización de redes y obras civiles en la misma área de
influencia del proyecto, con un valor de $2.042’578.381 y un plazo de 380 días calendario. La
tercera es la comunicación 20170130042537 del 4 de abril de 2017, en la que se aceptó la
oferta de Comercializadora S&E y Cía. S.A. para ‘retomar y terminar la construcción y/o
relocalización de redes primarias y secundarias de acueducto, alcantarillado y gas, obras
civiles para distribución de energía, box culvert de aguas lluvias y demás redes conexas’ en
la misma zona, por un valor de $37’407.912.874 y un plazo de 210 días calendario.

Estos documentos no acreditan que el costo real de las obras hubiera superado el valor
estimado, pues el monto total allí consignado asciende a $79.442’846.768. Tampoco permiten
concluir que dicho valor corresponda al costo efectivamente causado por la ejecución de las
actividades contempladas en el Acta de Ejecución No. 1, ya que no obran en el expediente
documentos que acrediten el pago del precio pactado en esos tres contratos ni se allegó
información sobre el balance financiero de su ejecución.

Las cuentas de cobro presentadas por EPM, ya analizadas en párrafos anteriores, tampoco
permiten acreditar el costo real de las obras ejecutadas conforme al Acta de Ejecución No. 1.
En efecto, si bien en ellas se solicitó el pago de $5.298’349.019, no se allegaron soportes que
demuestren que dicha suma corresponde a la diferencia entre el costo efectivamente asumido
por la empresa en la ejecución de las obras y el valor estimado en el Acta de Ejecución No.
1, a partir del cual el Distrito debía realizar los aportes a su cargo.

Finalmente, el borrador del acta de liquidación aportado con la demanda por EPM tampoco
acredita el costo real de las obras. Se trata de un documento de elaboración unilateral por
parte del demandante, cuyo contenido se encontraba incompleto, no fue suscrito por el Distrito
y carece de soportes que respalden las cifras allí relacionadas como ‘valores finales’. Por
último, la Sala advierte que, si bien en la contestación de la demanda el apoderado judicial
del Distrito no negó expresamente que el valor real de las obras de traslado hubiera superado
el estimado, este hecho no puede darse por probado en razón de una confesión por
apoderado judicial (CGP, art. 193) debido a la limitación de la eficacia de este medio de prueba
tratándose de entidades públicas (CGP, art. 195).

En segundo lugar, la Sala considera improcedente la pretensión relativa al pago de sumas o
aportes adicionales, porque en la cláusula quinta del Acta de Ejecución No. 1, luego de
establecerse el valor estimado de las actividades y definirse el cronograma de desembolsos
a cargo del Distrito, se estipuló lo siguiente: (…)

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Conforme a esta estipulación, no bastaba que EPM, por su sola voluntad, asumiera los costos
del traslado de redes que excedieran el valor estimado en el Acta de Ejecución No. 1 para
que el Distrito quedara obligado a aportar sumas adicionales. Se precisaba el cumplimiento
de una condición explicable a la luz del cariz colaborativo del acuerdo: la presentación previa,
por parte de EPM, de un presupuesto de los gastos adicionales y su aprobación por el ente
territorial. En el expediente no obra documento alguno que contenga dicho presupuesto ni que
justifique la necesidad de que el Distrito comprometiera y desembolsara recursos adicionales
a los establecidos en el cronograma de aportes. Tampoco se encuentra constancia de que la
entidad territorial hubiera otorgado su aprobación.

Dado que no se cumplió la condición prevista en el Acta de Ejecución No. 1 para que el Distrito
resultara obligado a aportar sumas adicionales, no puede afirmarse que haya habido un
incumplimiento de dicho instrumento ni del Convenio Marco que lo sustenta. La suscripción
del acta de recibo de las obras del 30 de septiembre de 2022 no modifica esta conclusión,
pues en ella únicamente se dejó constancia del recibo de las obras del componente de redes
de energía eléctrica ejecutadas tardíamente; sin embargo, no se determinó el costo real de
esas intervenciones ni el de la totalidad de las obras, no se incorporó un presupuesto de
gastos adicionales y tampoco se dejó sin efectos lo pactado en el Acta de Ejecución.

En conclusión, las pretensiones relativas al pago de sumas o aportes adicionales para cubrir
el costo real de las obras son improcedentes, por cuanto, aun cuando se haya suscrito un acta
de recibo respecto de actividades ejecutadas con posterioridad al vencimiento del plazo
previsto en el Acta de Ejecución No. 1, no se acreditó que el Distrito estuviera obligado a
efectuar tales aportes”19.

Por último, el cuerpo colegiado evaluó la pretensión subsidiaria relacionada con el
enriquecimiento sin justa causa y precisó:

“En el recurso de apelación, EPM reprochó la decisión de desestimar la pretensión subsidiaria,
argumentando que, en la ejecución de las actividades de traslado de redes, intervinieron dos
entidades públicas y que, por ello, debía reconocerse una compensación económica para corregir
un desplazamiento patrimonial sin causa.

De acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Corporación, la actio in rem verso constituye una
acción autónoma —aunque de carácter subsidiario— cuyo propósito principal es remediar
situaciones de inequidad objetivamente constatables, derivadas de un desplazamiento
patrimonial que comporta el enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento correlativo de la
otra, sin que este último obedezca a una causa jurídica que lo justifique. En consecuencia, para
su prosperidad exige que el desplazamiento patrimonial carezca de fundamento en un negocio
jurídico, en la ley o en cualquier otra fuente de obligaciones.

Como se determinó previamente, las actividades ejecutadas para el traslado de redes que
sustentan la reclamación de EPM tienen una causa jurídica justificativa: el Convenio Marco y el
Acta de Ejecución No. 1, que constituyen la fuente de las obligaciones asumidas por esa entidad
en relación con dichas actividades. Por tanto, los costos en que eventualmente haya incurrido
para cumplir con sus prestaciones no configuran un desplazamiento patrimonial sin causa ni
pueden entenderse como la ejecución de actividades carentes de soporte contractual. Esta
circunstancia resulta suficiente para confirmar la decisión de denegar la pretensión subsidiaria de
la demanda, en atención a la ausencia de los presupuestos materiales para su procedencia y al
carácter subsidiario de la actio in rem verso.

19A folios 24-29 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD
157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06364-01
Accionante: EPM
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

El hecho de que EPM hubiera ejecutado una parte de las obras con posterioridad al vencimiento
del plazo previsto en el negocio jurídico del que surgió su obligación no implica que dichas
actividades carecieran de soporte contractual ni, en consecuencia, que la disminución patrimonial
derivada de su ejecución se haya producido sin causa jurídica. Como se indicó previamente, el
vencimiento del plazo no conllevaba la extinción de la obligación. Así, las obras realizadas por
EPM no pueden calificarse como actividades ejecutadas sin respaldo contractual, sino como
prestaciones — objeto de una obligación de fuente convencional— cumplidas tardíamente”20.

4.5.- En relación con la ausencia de prueba sobre el valor de las obras de traslado de
redes derivadas del convenio marco y del Acta de Ejecución No. 1, se observa que el
cuerpo colegiado desestimó las pretensiones indemnizatorias al constatar que no se
acreditó el costo real de los trabajos ejecutados. La Sala precisó que EPM omitió aportar
dictámenes periciales, libros contables o soportes externos que demostraran
fehacientemente que se superó el valor estimado inicialmente.

Sobre este punto, la autoridad judicial enfatizó que la ausencia de una negación expresa
por parte del Distrito de Medellín en la contestación de la demanda no releva a la actora
de su carga probatoria, pues tal conducta procesal no constituye una confesión. Lo
anterior, debido a la limitación de la eficacia de este medio de prueba tratándose de
entidades públicas, conforme a los artículos 195 del CGP y 217 del CPACA, los cuales
prohíben que las manifestaciones de sus representantes tengan valor de confesión,
incluso si el hecho no fue objeto de disconformidad en la audiencia inicial. Finalmente, la
autoridad accionada sostuvo que no se cumplió la condición contractual de presentar un
presupuesto previo aprobado por el ente territorial para los gastos adicionales, lo que
tornaba improcedente el cobro de sumas que excedieran el cronograma de aportes
pactado.

4.6.- Resulta claro que la accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional
como una instancia adicional de carácter sustantivo. Como se advierte en la providencia
cuestionada, la autoridad judicial analizó con rigor la demostración de los perjuicios
reclamados, específicamente lo relativo a la cuantía de las obras posteriores al plazo
liquidatorio, y concluyó que EPM no cumplió con la carga probatoria que le correspondía.
Aunado a ello, la corporación determinó que la conducta procesal del Distrito de Medellín,
en la que se fundamenta la tutela, no era un medio idóneo para acreditar tales costos

20A folios 29-30 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 971A1BE693DE04BD
157467C78A605E2E 945C91D108D30CCE E4718801BC733B72.

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Accionante: EPM
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adicionales, toda vez que la normativa vigente prohíbe de forma expresa la eficacia de la
confesión tratándose de entidades públicas.

En línea con lo expuesto, la Sala considera que la interpretación de la autoridad
accionada no se observa caprichosa ni arbitraria, toda vez que se fundamenta en la
evolución y el tenor literal del régimen probatorio aplicable a las entidades estatales. Al
respecto, cabe precisar que, si bien el artículo 199 del CPC limitaba la exclusión de valor
probatorio a la confesión de representantes de entes territoriales y establecimientos
públicos, el Código General del Proceso extendió dicha prohibición a todo tipo de entidad
pública, con independencia de su régimen jurídico21. En consecuencia, la decisión de la
corporación judicial de restarle eficacia demostrativa a la conducta procesal de la
administración se ajusta a la normativa vigente, que impide que las manifestaciones de
los representantes públicos constituyan una confesión.

Por otra parte, la Sala advierte que la recurrente, en su impugnación, sostiene la
existencia de un error conceptual en el fallo de primera instancia al equiparar la confesión
con la fijación del litigio. Enfatiza que, bajo el amparo del numeral 7 del artículo 180 del
CPACA, la fijación del litigio tiene como propósito determinar los hechos en los que las
partes están de acuerdo para excluirlos de la etapa probatoria. En ese sentido, argumenta
que la ausencia de disconformidad sobre el monto reclamado en la audiencia inicial debió
surtir efectos vinculantes.

Con el fin de desvirtuar los referidos argumentos, es necesario precisar que la
interpretación de la recurrente sobre el alcance del artículo 180 del CPACA resulta
sesgada frente a la integridad del sistema probatorio contencioso administrativo. Si bien
el numeral 7º de dicha norma establece que la fijación del litigio delimita el objeto de la
controversia, el numeral 10º del mismo precepto introduce una excepción infranqueable
al disponer que el decreto de pruebas sobre hechos con disconformidad solo procede “en
tanto no esté prohibida su demostración por confesión”. Esta salvedad normativa blinda
el proceso contra la aceptación tácita o expresa de hechos por parte de entidades
públicas, pues, al tenor de los artículos 217 del CPACA y 195 del CGP, la confesión de
sus representantes carece de eficacia probatoria y es una modalidad de prueba prohibida
para el Estado, al tenor de las particularidades fijadas en la sentencia C-632 de 2012 de

21 Consejo de Estado, sentencia del 16 de diciembre de 2022. Rad. 25000-23-26-000-2012-00938-01.

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la Corte Constitucional. En este sentido, no existe el denunciado “error conceptual”, toda
vez que la fijación del litigio no puede sanear la prohibición legal de la confesión ni relevar
a la parte actora de la carga de probar elementos sustanciales del daño, como lo es la
cuantía de un costo de obra, mediante medios idóneos como la prueba pericial o
documental contable. Sostener lo contrario implicaría que la mera conducta procesal de
un apoderado podría comprometer el patrimonio público, lo que desconoce las normas
de orden público que limitan la confesión estatal, las cuales prevalecen sobre la
simplificación del debate fáctico buscada en la audiencia inicial y en la fijación del litigio.
Por lo tanto, la exigencia de una prueba idónea no constituye una contradicción procesal,
sino la aplicación rigurosa de una restricción legal que impide dar por probado un monto
económico por la sola ausencia de cuestionamiento en la contestación de una entidad
pública.

4.7.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.8.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
razón por la cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa23.

5.- En consecuencia, se observa que los cargos formulados en la solicitud de amparo no
satisfacen el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el depreco
resulta improcedente. En ese orden, se procederá a modificar la sentencia impugnada.

22 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 11 de noviembre de 2025 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo de
conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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