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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06368-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06368-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Lino Losada Trujillo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06368-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06368-00
Accionante: LINO LOSADA TRUJILLO
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y al trabajo / QUEJA DISCIPLINARIA – En ambas
instancias se sanciona al abogado / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD –
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / La acción de tutela se utiliza como una tercera
instancia para reabrir debates ya concluidos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Lino Losada Trujillo, de conformidad con lo consagrado en el artículo
86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 8 de octubre de 2025, a través de apoderado2, el señor Lino Losada Trujillo
presentó la acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial - Caquetá, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y al trabajo.

Hechos relevantes

2. La señora Gladys Inés Telag Valderrama contrató al tutelante para adelantar tres
procesos, entre ellos, uno laboral donde la demanda fue inadmitida en marzo de
2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, en el proceso 2021-
00092-00. Allí se otorgaron cinco (5) días para subsanar la demanda, pero nunca
fue corregida. Además se presentaron dos sucesiones, las cuales fueron tramitadas
en los Juzgados 1° y 2 de Familia de Florencia cuyos radicados corresponden a (i)
2021-00225-00 y (ii) 2021-00196-00. En estos procesos, el abogado omitió

1 Que ingresó para fallo el 23 de octubre de 2025.
2 Corresponde al abogado Andrés Mauricio Triviño Sánchez.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06368-00
Accionante: Lino Losada Trujillo
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

embargar los cánones de arrendamiento de los bienes de la masa sucesoral, lo cual
generó un daño monetario a la poderdante.

3. La señora Gladys Inés Telag Valderrama promovió queja disciplinaria contra el
señor Lino Losada Trujillo, debido a que este como su abogado, no le informó con
veracidad la necesidad de embargar los bienes e incluirlos en la sucesión. Incluso
no los relacionó en la audiencia de inventarios y avalúos, por lo que no hicieron
parte de la partición del proceso liquidatorio adelantado ante el Juzgado Primero de
Familia de Florencia – Caquetá con radicado 2021-00225-00 por la causante,
Marleny Valderrama Plazas (Q.E.P.D). Este fue extendido al proceso 2021-00196-
00 que se tramitó en el Juzgado Segundo de Familia con el causante Segundo Israel
Telag Pulzar. Tampoco subsanó la demanda presentada en el proceso 2021-00092-
00 contra el Almacén del Palacio de Aluminio y Lucy Yineth Telaj Valderrama.

4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá conoció de la queja y la
resolvió a través de providencia del 17 de febrero de 2025:

PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE disciplinariamente al Dr. LINO LOSADA
TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía número 17.633.297 y Tarjeta
Profesional número 50.542 expedida por el H. Consejo Superior de la Judicatura como
autor de la falta disciplinaria contenida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de
2007 en la modalidad de “dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la
actuación profesional” en armonía con el deber consagrado en el numeral 10 del
artículo 28 de la misma ley, esto es “Atender con celosa diligencia sus encargos
profesionales” a título de culpa, en concurso homogéneo con la falta disciplinaria vertida
en el artículo 34 literal I de la Ley 1123 de 2007 en concordancia con el deber
consagrado en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, esto es “Actualizar
los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión” a título de Dolo dentro del
proceso laboral con radicado 18-001-31-05- 001-2021-00092-00 formulada por la Sra.
Gladys Ines Telag Valderrama contra el “Almacén el Palacio del Aluminio” y Lucy Yineth
Telag Valderrama ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia – Caquetá.

SEGUNDO: IMPONER al Dr. LINO LOSADA TRUJILLO la sanción de 8 meses de
suspensión en el ejercicio de la profesión.

TERCERO: ABSOLVER al Dr. LINO LOSADA TRUJILLO respecto de la comisión de
las faltas disciplinarias vertidas en los artículos 37 numeral 1 y el artículo 34 literal I de
la Ley 1123 de 2007 dentro de los procesos de sucesión con radicado 18-001-31-11-
001-2021-00225-00 con causante la Sra. Marleny Valderrama Plaza adelantado ante el
Juzgado Primero de Familia del Circuito de Florencia – Caquetá y 18-001-31-10-002-
2021-00196-00 adelantado en el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Florencia
– Caquetá con causante, el Sr. Segundo Israel Telag Pulzar, por lo descrito en esta
providencia.

CUARTO: como consecuencia, DISPONER la terminación de la acción disciplinaria a
favor del Dr. LINO LOSADA TRUJILLO frente a las radicaciones 18-001-31-11-001-
2021-00225-00 con causante la Sra. Marleny Valderrama Plaza adelantado ante el
Juzgado Primero de Familia del Circuito de Florencia – Caquetá y 18-001-31-10-002-
2021-00196-00 adelantado en el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Florencia
– Caquetá con causante, el Sr. Segundo Israel Telag Pulzar (…)” 3.

5. Inconforme con la decisión, el abogado Lino Losada Trujillo presentó recurso de
apelación, el cual fue conocido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien
a través de sentencia del 9 de julio de 2025 determinó (i) modificar la sentencia de
primera instancia y en lugar absolvió al abogado por la falta descrita en el artículo
34 literal I de la Ley 1123 de 2007 y confirmar la responsabilidad disciplinaria por la
falta consagrada en el artículo 37 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007 e incumplir el

3 Ver pág 36 y 37 de la sentencia de primera instancia.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06368-00
Accionante: Lino Losada Trujillo
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

deber previsto en el artículo 28 numeral 10, a título de culpa, imponiendo como
sanción definitiva, la suspensión en el ejercicio de la profesión por cuatro meses; (ii)
efectuar las notificaciones judiciales a que hubiere lugar indicando que contra esa
decisión no procedía recurso alguno; (iii) anotar la sanción impuesta en el Registro
Nacional de Abogados, fecha en la que la sanción empezará a regir. Por lo anterior
comunicar a la oficina encargada de dicho registro y (iv) regresar las diligencias a la
Comisión Seccional de origen para lo de su cargo.

Pretensiones

6. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso artículo
29, a la doble instancia artículo 31, al acceso correcto a la administración de
justicia artículo 229, el derecho a un Trabajo digno conforme al artículo 25
de Nuestra Constitución Política.

SEGUNDO. Declarar que la sentencia de segunda instancia, proferida por
la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. - integrada por los
Magistrados Julio Andrés Sampedro Arrubla, Diana Marina Vélez Vásquez,
Magda Victoria Acosta Walteros, Alfonso Cajiao Cabrera, Juan Carlos
Granados Becerra, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Mauricio Fernando
Rodríguez Tamayo y que la sentencia de primera instancia, proferida por la
COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL SALA TERCERA DE DECISION DE
FLORENCIA - Caquetá, conformada por los Magistrados Rosmary Murcia
Quintero y Gloria Iza Gómez, violaron flagrantemente los artículos 29, 31,
229, 25 de la Constitución Política de Colombia,

TERCERO. Decretar la revocatoria de la sentencia de segunda instancia de
fecha de 09 de julio de 2025, proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, integrada por los magistrados Julio Andrés
Sampedro Arrubla, Diana Marina Vélez Vásquez, Magda Victoria Acosta
Walteros, Alfonso Cajiao Cabrera, Juan Carlos Granados Becerra, Carlos
Arturo Ramírez Vásquez y Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, a fin de
que se garantice los derechos fundamentales tutelados, conforme el
material probatorio contentivo en el proceso disciplinario.

Se proceda al archivo de estas diligencias con respeto al abogado aquí
acciónate y hacer las notificaciones a las entidades correspondientes,
dejando indemne la conducta, honra y buen nombre del aquí tutelante.

CUARTO. En consecuencia, se sirvan Revocar la Sentencia de Primera
Instancia de fecha 17 de febrero de 2025, proferida por la COMISION DE
DISCIPLINA JUDICIAL SALA TERCERA DE DECISION DE FLORENCIA -
Caquetá, conformada por los Magistrados Rosmary Murcia Quintero y Gloria
Iza Gómez.

QUINTO. Se sirvan decretar que el abogado LINO LOSADA TRUJILLLO, no
cometió ninguna falta disciplinaria a la luz de la Ley 1123 de 2013, y ningún
otro ordenamiento jurídico de nuestra nación. Que reconozca el derecho que
tiene el tutelante a su buen nombre y honra”4.

4 Ver pág. 32 del escrito de tutela.

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Fundamentos de la demanda de tutela

7. La parte actora alegó que las decisiones disciplinarias vulneraron sus derechos
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia y al trabajo, por dos yerros:
(i) defecto fáctico, al valorar indebidamente pruebas que, en su criterio,
demostraban su inocencia y al basarse en premisas subjetivas (reunión con Telag
Valderrama donde solo se trató un asunto laboral y no sucesorio; auto de inadmisión
sin información sobre el fallecimiento del propietario, conocida solo después vía
juzgados de familia. Al respecto citó la Sentencia T-117 de 2013); y (ii) defecto
sustantivo, por falta de tipicidad y aplicación irrazonable y desproporcionada de la
sanción, pues el abogado retiró oportunamente la demanda y habría podido
representarla con poder que incluyera a los herederos.

8. Además, el actor invocó la procedencia de la tutela y la vulneración de principios
deontológicos del abogado (artículo 16 Ley 1123 de 2007) y del derecho de defensa
por apoderado, como indicó la Sentencia C-1178 de 2001. Afirmó que la quejosa
incumplió el deber de veracidad y lealtad procesal, establecido en el artículo 78
Código General del Proceso, al omitir datos, y que, una vez informadas las
sucesiones, le otorgó poder, por lo que consideró que había actuado diligentemente.
Citó el estándar probatorio para sancionar (artículo 97 del Código Disciplinario del
Abogado), el derecho a la doble instancia (art. 31 Constitución Política) y al acceso
a la justicia (ver Sentencia T-344 de 2015), reseñó testimonios practicados en
audiencia y cerró con los principios in dubio pro-reo, presunción de inocencia y el
valor de la versión libre.

Trámite procesal

9. Mediante auto del 14 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caquetá – Sala Tercera de Decisión y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial como accionado, y a la señora Gladys Inés Telag Valderrama
y a los demás intervinientes del proceso disciplinario identificado con del radicado
18001-25-02-000-2022-00228-00/01/02, como terceros con interés en las resultas
del proceso. De ahí que, ordenó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Caquetá – Sala Tercera de Decisión para que por su conducto, notificara a las
demás partes y a través de la Secretaría General de esta Corporación se le libró el
oficio correspondiente. También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario. Ordenó
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá – Sala Tercera de Decisión
para que remitiera copia del expediente disciplinario identificado con radicado
18001-25-02-000-2022-00228-00/01/02. Por último, reconoció personería al
abogado Andrés Mauricio Triviño Sánchez.

Intervenciones

10. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá puso de presente
la Sentencia SU-128 del 2021 de la Corte Constitucional para hablar de los
requisitos generales de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Lo anterior,
con el fin de informar que lo pretendido por el accionante es desatender las

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Accionante: Lino Losada Trujillo
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

decisiones emitidas por el juez natural a tal punto de convertir un proceso
disciplinario como un instrumento de nulidad.

11. De otra parte, mencionó la Sentencia C-590 de 2005 para hacer referencia a los
requisitos específicos y decir que, el proceso disciplinario transcurrió de
conformidad con lo establecido en la Ley 1123 de 2007 ante un posible defecto
procedimental absoluto. De igual modo se realizó un análisis de los medios de
prueba tanto documental como testimonial. Incluso se dio el valor probatorio
pertinente al documento allegado por el accionante, sin embargo, el abogado
mandante erró frente a la necesidad de presentar a los herederos determinados e
indeterminados como demandados, porque con la presentación del escrito iniciador
contra Telag Pulzar se hubiere subsanado la demanda y hubiera sido próspera. Por
todo ello, la sentencia dada se hizo sin desconocer el precedente o la Constitución.
También envió el enlace del proceso disciplinario5.

12. Luego de realizar una trazabilidad de los hechos, la señora Gladys Ines Telag
Valderrama también expresó que la finalidad del accionante ha sido la de dilatar el
proceso para no responder por los daños causados. Pese a que dejó vencer los
términos de la demanda y no corrigió la misma. Motivo por el cual envió la queja
disciplinaria al Consejo Superior de la Judicatura.

13. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que en el escrito de tutela
no se denota la presentación de hechos o planteamientos nuevos, por el contrario,
se limita a repetir los argumentos expuestos en la apelación que ya fueron resueltos
por las autoridades correspondientes. Motivo por el cual, ese mecanismo no debe
convertirse en una tercera instancia, pues no se trata de un medio alterno para
insistir en la inconformidad del sancionado frente a un fallo debidamente motivado.

14. A su vez, adujo que no se materializó una errónea valoración probatoria porque
la sentencia censurada fue clara en señalar que lo dispuesto por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Florencia consistió en redirigir la demanda hacia la persona
natural que aparecía inscrita en el registro mercantil, es decir el señor Telag Pulzar
y con su fallecimiento, contra sus herederos, se excluyó al establecimiento de
comercio. Por eso, se concedió un término de cinco días para encaminar la acción,
pero no hizo la respectiva solicitud a su cliente. Para esto mencionó la Sentencia
SU-048 de 2022 de la Corte Constitucional.

15. En ese sentido, expuso que la omisión de subsanar el libelo no correspondió a
un impedimento real ni a una imposibilidad material, sino a la inobservancia del
deber objetivo de cuidado que se le exigía obrar con mayor diligencia para corregir
las deficiencias que motivaron la inadmisión, por lo que debía corregir la demanda,
pero no lo hizo. Por ese motivo se le configuró la falta del artículo 37 de la Ley 1123
de 2007, específicamente el numeral 1°. Por ello, la acción de tutela no demuestra

5 También allegó copia del expediente https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/scrcsdjfla_cndj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%
2Fscrcsdjfla%5Fcndj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEstanteDigital%2FDespacho003%2F01Pr
ocesosDisciplinarios%2F01ContraAbogados%2F18001250200020220022800%2F01PrimeraInstan
cia%2FC01Principal&ga=1

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Referencia: Acción de tutela

la existencia de un defecto fáctico o sustantivo, sino una simple discrepancia del
actor con el sentido de la decisión adoptada.

16. La Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió
el link de acceso contentivo del proceso disciplinario radicado núm. 18001-25-02-
000-2022-00228- 00/01/02, sin restricciones para su consulta.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

18. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al presentar una argumentación somera y general para cuestionar
los proveídos impugnados e identificar los hechos constitutivos de la vulneración de
sus derechos fundamentales?

19. De resultar afirmativa la respuesta del anterior interrogante, se resolverá ¿si la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Caquetá, con la expedición de las providencias del 9 de julio de 2025 y
17 de febrero de 2025, respectivamente, vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y al trabajo de la parte accionante?

20. Para resolver los anteriores interrogantes, se analizará: (i) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii) el caso concreto.

Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente

21. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección de
derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean
afectados por hechos u omisiones de una autoridad pública -incluidas las
autoridades judiciales- e inclusive de particulares. Con todo, la procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, precisa de un mayor rigor, dadas las
presunciones de acierto y validez que les acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto6.

6 “La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del

6

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Referencia: Acción de tutela

Causales genéricas de procedencia, reiteración de precedente

22. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir de
requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido reiterándose
por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales posibilitan el
estudio de fondo del asunto y que se han resumido así7:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. La
Corte Constitucional extendió la imposibilidad de cuestionar en tutela a
las decisiones proferidas con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de
Estado9, ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección

actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.// Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite
ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”.
7 Sentencia C-590 de 2005.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
9 Ibid.

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Referencia: Acción de tutela

de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la
Paz -JEP-10.

23. Toda acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. A continuación, se
examina si la providencia atacada satisface los requisitos de procedibilidad general.
Si los satisface, se proseguirá con el examen dirigido a resolver el problema jurídico
de fondo.

24. En relación con el requisito de relevancia constitucional, las sentencias SU-033
de 201811, SU-128 de 202112 y la SU-215 de 202213, la Corte Constitucional ha
indicado que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para
cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya
fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada
como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos9. Se
indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

25. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.

26. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

Caso concreto

27. En el presente caso, la acción de tutela no implica un asunto de relevancia
constitucional, pues el objetivo de la parte actora es alegar la sanción disciplinaria
que le fue impuesta sin tener en cuenta que no contenía la información necesaria
debido a que la quejosa nunca advirtió de la existencia de sucesión alguna o que el
padre había fallecido. Nótese que estos aspectos fueron debatidos durante las dos
instancias del proceso disciplinario ante las Comisiones Nacional y Seccional de

10 Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2023.
11 M.P. Alberto Rojas Ríos.
12 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

Disciplina Judicial. En efecto, la acción de tutela se utiliza para reabrir una discusión
procesal zanjada dentro de las dos instancias del proceso disciplinario, pues tanto
en primera como segunda instancia, las autoridades judiciales indicaron que la
ausencia de subsanación no obedeció a un impedimento real o a una imposibilidad
material como lo alegó el accionante, sino que por el contrario se debía a una
inobservancia del deber objetivo de cuidado, que le imponía actuar con mayor
diligencia para superar las deficiencias que ocasión dicha inadmisión.

28. Ahora bien, respecto a los yerros alegados, los mismos también carecen de
relevancia constitucional. El que se refiere al defecto fáctico, la parte actora sostiene
que, tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Caquetá interpretaron mal los hechos y las pruebas, pues
la quejosa nunca le informó sobre la muerte de su padre por lo que le hizo presumir
que estaba vivo, y solo hasta los procesos de sucesión se enteró de tal situación.
Respecto a ese cargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estuvo de
acuerdo con el a-quo del proceso disciplinario, al sostener que la ausencia de
subsanación se dio por la falta del deber objetivo de cuidado que le imponía actuar
con mayor diligencia para superar las deficiencias de la inadmisión de la demanda,
pero él prefirió concluir en silencio sin corregir la misma.

29. El segundo defecto alegado fue el sustantivo, el tutelante consideró que fue
diligente y no corrigió la demanda para evitar que fuera rechazada de plano. Sin
embargo, al analizar los fallos objeto de cuestionamientos, se encontró que fueron
debidamente motivados y con base en las pruebas oportunamente incorporadas.

30. En el caso analizado, se advierte que la demanda de tutela no cuestionó la
dimensión fundamental de los derechos al debido proceso ni al acceso a la
administración de justicia, pues el actor contó con todas las garantías propias de un
trámite disciplinario ajustado a la ley. En relación con el debido proceso, el
accionante tuvo la posibilidad real y efectiva de ejercer su defensa, aportar y
controvertir pruebas, intervenir en las diligencias y presentar los recursos que el
ordenamiento jurídico prevé. No se demostró restricción alguna a su derecho de
contradicción o a la práctica de pruebas, por lo que no puede afirmarse que se haya
afectado el núcleo esencial de esta garantía constitucional. Del mismo modo,
tampoco se evidencia vulneración del derecho de acceso a la administración de
justicia, toda vez que el actor acudió a las instancias ordinarias, fue oído por las
autoridades competentes y obtuvo pronunciamientos motivados sobre sus
pretensiones.

31. El reproche de la sanción disciplinaria se centró en la propia inactividad procesal
del tutelante y en la falta de diligencia profesional para ejercer oportunamente los
recursos legales, de modo que dejó vencer los términos previstos para controvertir
las decisiones expedidas en el marco de los recursos ordinarios. A ello se suma
que, en su calidad de abogado, le asistía la carga profesional de verificar los hechos
constitutivos de la pretensión y el cumplimiento de los requisitos de la demanda,
como lo era la verificación del fallecimiento del causante antes de promover una
acción judicial. En consecuencia, los cuestionamientos del actor no evidencian una
afectación constitucional, sino una inconformidad con decisiones adoptadas
conforme al marco legal y derivadas de su propia falta de diligencia procesal.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06368-00
Accionante: Lino Losada Trujillo
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

32. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Lino Losada Trujillo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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