Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06371-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06371-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06371-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
14 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06371-00
Accionante: Laura María del Socoro Castaño Morales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06371-00
Accionante: Laura María del Socorro Castaño Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción de
tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Laura María del Socorro Castaño
Morales en contra del Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Laura María del Socorro Castaño Morales, por intermedio de apoderada judicial 1,
presentó escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia,
a la tutela efectiva y al principio de favorabilidad2, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión del fallo del 19 de agosto de 2025 que negó
las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado número 41001-33-33-005-2024-00272-00/02.
2. Hechos
La causa petendi del escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La accionante afirmó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 1B del
escalafón, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
2.2. El 26 de enero de 2024, la aquí accionante solicitó al departamento del Huila y al
Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
1 Poder conferido a la abogada Carol Tatiana Quiza Galindo. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
76017199A00B2DFC 49FD6D2EAC248BDE 12BF24495F25722F C02DDB6035F2F2AB.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 76017199A00B2DFC 49FD6D2EAC248BDE 12BF24495F25722F
C02DDB6035F2F2AB.
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Accionante: Laura María del Socorro Castaño Morales
y prestacionales causadas en los 3 años anteriores a la reclamación administrativa, con
ocasión a la diferencia en los incrementos salariales entre los escalafones 1A y 1B
decretados para los años 2008 y 2009. Petición que fue despachada de manera
desfavorable a través de Oficio 2024-EE-052891 del 27 de febrero de 2024.
2.3. Por lo anterior, la señora Laura María del Socorro Castaño presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se
accediera a las siguientes pretensiones:
“Que se inaplique por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los que se expidan con
posterioridad a la presentación de la demanda, en relación con la asignación salarial
de los docentes ubicados en la categoría 1B, también que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
(i) El Oficio N° 2024-EE-052891 expedido por la Nación- Ministerio de Educación y (ii)
el acto ficto producto de la petición presentada el 26 de enero de 2024 ante el
departamento del Huila, que negó “el derecho a la diferencia en el incremento salarial
que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado
en el escalafón docente 1A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14,11%,
por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el
MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 1B fue del
10,23% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se
realizó en el año 2009 a la categoría 1A del escalafón docente, que fue un
incrementos del 15,61%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009,
proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 1B del mismo escalafón, le fue
realizado un incrementos del 12,11% para su salario en el año 2009”.
A título de restablecimiento del derecho, pretendió se condene al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas en los tres (3) años
anteriores a la reclamación administrativa, y las que se lleguen a causar en el futuro,
con ocasión a la diferencia en el aludido incremento salarial entre los escalafones 1A
y 1B–al que pertenece la demandante–. Ello, de manera indexada, y con
reconocimiento de intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia que
acceda a lo deprecado. Finalmente, solicitó se condene en costas a las
demandadas”3.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Neiva, bajo el radicado número 41001-33-33-005-2024-00272-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 30 de abril de 2025 declaró no probadas las excepciones
mixtas de falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad propuestas por las
demandadas, probadas las excepciones formuladas por la Nación Ministerio de
Educación Nacional denominadas i) inexistencia de los presupuestos legales necesarios
para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 284 de 2024, ii)
legalidad de los incrementos salariales otorgados en los años 2008 y 2009, iii) abuso del
derecho, iv) legalidad del gasto público, v) improcedencia del principio de favorabilidad y,
vi) presunción de legalidad de los actos administrativos. Asimismo, declaró probada la
excepción propuesta por el departamento del Huila, respecto a la legalidad del acto
acusado; seguidamente declaró la configuración del acto ficto demandado; y denegó las
pretensiones.
3 Índice 00015 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 41001-33-33-005-2024-
00272-02, certificado 55FA9633990B5DBB B3E0063080036671 AD8B5F332BB2142C 71BB5BD07992156F.
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Accionante: Laura María del Socorro Castaño Morales
Explicó que, los vicios invocados no se configuraron, pues el Gobierno Nacional en los
años 2008 y 2009 profirió los decretos que modificaron la remuneración de los docentes
en los distintos grados y niveles salariales (el escalafón docente se divide en los grados
1, 2 y 3, cada grado con los niveles salariales A, B, C y D), con atención a los elementos
diferenciadores basados en el carácter profesional, idoneidad, competencias,
permanencia en el servicio y ascenso, previstos en los artículos 1, 16 a 21, 23, 46, 47 y
49 del Decreto 1278 de 2002.
Sostuvo que no se transgredían los principios de igualdad y progresividad, pues con el
Decreto 1278 de 2002 se buscó que el salario de ingreso a la carrera docente fuera
superior al de los educadores regidos por el Decreto 2277 de 1979 y ello se reflejó en las
escalas salariales previstas para los años 2008 y 2009, sin que el salario de los docentes
deba ser igual para todos, ya que depende del escalafón y nivel en el que se encuentre
el educador, por ello, no hay lugar a predicar una desigualdad salarial ni un trato
discriminatorio como lo hace la demanda.
Indicó que la actora no precisó las leyes que deben aplicarse prevalentemente en virtud
del principio de favorabilidad y su incidencia en el incremento salarial, tampoco efectuó
una comparación entre las funciones de los cargos 1A y 1B que permitiera su
equiparación salarial para los años 2008 y 2009, precisamente porque el Decreto 1275
de 2002 estableció un esquema de aumentos salariales escalafonados que no puede
equipararse a un simple incremento salarial e impide un trato igualitario a todos los
docentes.
Adicionalmente, destacó que la demandante mediante la Resolución No. 197 del 30 de
enero de 2007 fue inscrita en el grado 1, nivel salarial A, del escalafón docente y con la
Resolución 4968 de 2016 fue reubicada en el nivel salarial B; lo cual refuerza la negativa
de las pretensiones, dado que para los años 2008 y 2009 no se encontraba en el
escalafón 1B como indica el libelo introductorio.
2.5. Inconformes con lo decidido, las partes presentaron recurso de apelación.
(i) La parte actora insistió que durante los años 2006 y 2007 se establecieron incrementos
salariales porcentuales iguales para todos los grados del escalafón docente (Decreto
1278 de 2002), pues indistintamente del grado, los educadores cumplen las mismas
funciones, por lo que deben ser remunerados sin distinción en virtud de los principios de
igualdad y de remuneración proporcional al trabajo de igual valor.
Advirtió que, el tratamiento uniforme fue modificado para los años 2008 y 2009, al
establecerse incrementos salariales porcentuales diferenciados entre las categorías 1A y
1B (a la que pertenece), otorgándose menores salarios a docentes ubicados en un mayor
grado (1B) frente a los educadores de inferior categoría (1A), quienes poseen menos
preparación y experiencia, pese a lo cual les asignaron un mayor incremento salarial, sin
justificación técnica y desconociendo las normas invocadas en la demanda, lo que se
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traduce en afectación de los principios del mérito, progresividad y 12 “correspondencia
entre cualificación profesional y remuneración” (art. 19 Decreto Ley 1278 de 2002).
Como apoyo a su tesis allegó la sentencia del 25 de marzo de 2025 proferida por el
Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín dentro del radicado 05001-33-33-023-
2024-00171-00, en la cual indica que se resolvió un caso similar, y se arribó a las
siguientes conclusiones aplicables al presente asunto: i) los incrementos salariales
diferenciados de los docentes para los años 2008 y 2009 se traducen en un trato
discriminatorio injustificado y ii) violación del principio de la igualdad, iii) los incrementos
salariales deficitarios advertidos afectaron la base salarial de los años siguientes y iv) la
competencia del gobierno nacional y los entes territoriales para fijar escalas salariales es
clara y no están en discusión, pero si se realizan incrementos diferenciados ello debe
obedecer a criterios técnicos y justificativos, lo cual no se acreditó.
De otra parte, señaló que para los años 2008, 2009 y 2011 en que se dieron los
incrementos salariales desiguales, el escalafón docente no contaba con el nivel de
ocupación y consolidación que tiene en la actualidad, lo cual imposibilitó que para la
época se reclamaran las diferencias objeto de la presente controversia.
(ii) La Nación-Ministerio de Educación Nacional apeló la sentencia de primera instancia y
solicitó la revocatoria del numeral quinto y, que en su lugar, se condene a la demandante
a pagar las agencias en derecho, para lo cual señaló que, la entidad contrató diferentes
firmas de abogados para atender las más de diez mil demandas presentadas sobre el
presente asunto y al denegarse las pretensiones, corresponde condenar en costas a la
parte actora atendiendo al criterio objetivo valorativo.
2.6. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19 de agosto de 2025,
confirmó la decisión impugnada por las mismas razones. Agregó que, no era de recibo el
argumento de la alzada referente a que todos los educadores cumplen las mismas
funciones y por ello, deben ser remunerados sin distinción, pues justamente, uno de los
objetivos del nuevo régimen de carrera (Decreto Ley 1278 de 2002), fue establecer un
escalafón docente, el cual consiste en la clasificación de dichos servidores atendiendo a
sus variadas responsabilidades (dependiendo si es del nivel preescolar, primaria,
secundaria o directivo y del área del conocimiento en que se ubique), desempeño,
competencias, formación académica y experiencia, siendo la ubicación en dicho
escalafón el insumo para determinar un salario diferencial de los educadores, sin que el
mismo deba ser igual para todos los maestros, como equivocadamente entiende la parte
actora.
En cuanto a la condena en costas, sostuvo que se confirmaba también el numeral quinto,
en la medida en que a pesar de que la demandante resultó vencida, lo cierto era que no
existía prueba que acreditara que la demanda se presentó con carencia de fundamento
legal.
2.7. Dentro de la ejecutoria del fallo, el ministerio presentó solicitud de aclaración y adición
de sentencia porque consideró que generaba duda la forma en que el tribunal ponderó la
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manifiesta carencia de fundamento legal, pues tal expresión remitía a una valoración
objetiva del éxito de la pretensión, mas no al análisis de la conducta de la parte vencida.
En consecuencia, sostuvo que debía reconocerse las costas y agencias en derecho.
A través de providencia del 16 de septiembre de 2025 el ad quem negó la solicitud bajo
el argumento de que no existía frase o concepto que generara duda o contradicción,
contenido en la parte resolutiva, pues en la providencia se dejó claro que, en atención al
actual criterio objetivo – valorativo, para condenar en costas se debía establecer si la
demanda fue presentada con “manifiesta carencia de fundamento legal”; tesis adoptada
de manera pacífica por esa Corporación.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela efectiva
y al principio de favorabilidad. Pidió que se ordene al Tribunal Administrativo del Huila
dejar sin efecto la sentencia del 19 de agosto de 2025, emitida en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado número 41001-33-33-005-2024-00272-02 y, en
consecuencia, emitir decisión de reemplazo en los términos deprecados en la presente
acción.
Señaló que las decisiones incurrieron en los siguientes defectos:
(i) Defecto sustantivo porque la autoridad judicial accionada no logró articular su línea
interpretativa con las particularidades del caso concreto, es decir, no ofreció una
justificación clara y suficiente que explique por qué, a pesar de encontrarse la
demandante en una categoría superior del escalafón, grado 1 nivel B, se le reconoció un
aumento inferior al otorgado a un docente ubicado en un nivel más bajo. Aunado a lo
anterior, afirmó que el tribunal erró al no proporcionar una motivación suficiente y
razonable que permitiera comprender como esa diferencia podría considerarse conforme
con el principio de igualdad material y la equidad retributiva que rige el servicio público
docente.
(ii) Defecto fáctico debido a que el tribunal realizó “una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo
pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel
inferior del escalafón, como es el caso del escalafón 1A, en comparación con el
accionante, quien se encontraba en la categoría 1B, respondiera a razones objetivas,
verificables y debidamente fundamentadas. Ello por cuanto no se allegó prueba alguna
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión
administrativa, por lo que, sino se tomó en cuenta la Ley 1278 de 2002, la cual reconoce
la proporcionalidad salarial en función de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad
y capacidad demostrada por el educador, resulta imperativo cuestionar que aspectos
válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el
expediente, ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una
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profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión administrativa
que avaló este incremento salarial desigual” 4.
Nuevamente citó la sentencia del 25 de marzo del 2025 emitida por el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín dentro del radicado 05001-33-33-023-2024-
00171-00, en la cual indica se resolvió un caso similar y se resolvieron de manera
favorable las pretensiones de la demanda.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 10 de octubre de 20255 admitió la
acción de tutela; vinculó como tercero con interés al Juzgado Quinto administrativo del
Circuito de Neiva, a la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y al departamento del Huila.; ofició a las
autoridades accionadas para que remitieran el expediente objeto de la solicitud de
amparo; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó declarar la improcedencia de la
acción porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que no
demostró una vulneración a las garantías constitucionales, aunado a que la controversia
era de naturaleza económica.
Por otra parte, deprecó ser desvinculado del presente trámite, toda vez que carecía de
legitimación en la casusa por pasiva, en la medida en que no era el llamado a responder
la pretensión elevada por la parte actora, pues esta era del resorte de las autoridades
judiciales cuestionadas.
4.2. El Tribunal Administrativo del Huila7 pidió negar las pretensiones de amparo, dado
que el argumento central de la parte actora implica la reiteración de las pretensiones del
proceso, aunado a que, dentro de la providencia atacada, no se observa la vulneración
de algún derecho fundamental y no se configuran los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.3. El departamento del Huila8 solicitó que se declare la improcedencia de la acción
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Expuso que no existía acción u omisión
imputable al departamento, pues carece esta entidad territorial de aptitud legal y
constitucional para responder las afectaciones que alude la solicitante.
4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 76017199A00B2DFC 49FD6D2EAC248BDE 12BF24495F25722F
C02DDB6035F2F2AB.
5 Índice 00005 en el aplicativo SAMAI, certificado 533A228358D7DC6F EF2E7915CDC72C2A CD01CE9F052038B7
539E5E9D9A08338F.
6 Índice 00013 en el aplicativo SAMAI, certificado 2C9777EE3C653FF6 D64A408D03C84EF9 CB7D456AE86169B3
510105481FACF567.
7 Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificado 7119A96A177AE254 D8A0892A63713DB1 84C13F68A388D299
0EEF61F687EF4184.
8 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado 3BAC62385EF2928A 6793030CF68733C0 01F574E2D5A12D19
2EE62A3C04774135.
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4.4. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Laura
María del Socorro Castaño Morales es la titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 41001-33-33-005-2024-
00272-00/02.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque Tribunal
Administrativo del Huila fue la autoridad que profirió la decisión que, según el tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto14.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La actora cuestiona en esencia que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del
debate jurídico planteado; a su vez, precisó que se desconoció el marco normativo
aplicable, Ley 1278 de 2002, y lo principios que rigen el régimen salarial de los empleados
públicos, en razón a ello, resaltó que, en casos similares se había accedido a las
pretensiones de la demanda.
14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo del
Huila, se advierte que, en la sentencia del 19 de agosto de 2025, se arribó a las siguientes
conclusiones:
“Para abordar la controversia planteada, primeramente, advierte la Corporación que,
conforme al acápite de los hechos probados, mediante la Resolución No. 0197 del 30
de enero de 2007 se inscribió a la demandante en el grado 1A del escalafón docente
y solo con la Resolución No. 4968 de 2016 se le reubicó en el grado 1B, resultando
evidente que para los años 2008 y 2009 en que se pretende la nivelación salarial, la
actora no se encontraba en el grado 1B (como indica en la demanda) sino en el grado
1A, respecto del cual justamente, solicita se le aplique el incremento salarial para
dichas anualidades y ello resulta suficiente para confirmar la sentencia de a quo en
cuanto denegó las pretensiones, pues el incremento salarial pretendido (del grado 1A)
fue percibido por la docente.
No obstante lo anterior y en gracia de discusión, de aceptarse que la educadora para
la época de los hechos (2008 y 2009) se encontraba en el grado 1B del escalafón
docente, evidencia la Corporación que no le asistiría derecho a percibir el incremento
salarial decretado para la categoría 1A, por las razones que seguidamente se
exponen.
Para el Tribunal, no es de recibo el argumento de la alzada referente a que todos los
educadores cumplen las mismas funciones y por ello, deben ser remunerados sin
distinción, pues justamente, uno de los objetivos del nuevo régimen de carrera
(Decreto Ley 1278 de 2002), fue establecer un escalafón docente, el cual consiste en
la clasificación de dichos servidores atendiendo a sus variadas responsabilidades
(dependiendo si es del nivel preescolar, primaria, secundaria o directivo y del área del
conocimiento en que se ubique), desempeño, competencias, formación académica y
experiencia, siendo la ubicación en dicho escalafón el insumo para determinar un
salario diferencial de los educadores, sin que el mismo deba ser igual para todos los
maestros, como equivocadamente entiende la parte actora” 15.
La autoridad accionada, se refirió al juicio de igualdad planteado por la demandante y
consideró que resultaba inapropiado, comoquiera que pretendía que se realizara un
incremento salarial para todos los docentes sin distinción alguna, particularmente para
los grados 1A y 1B, lo que desconocía el sistema de escalafón docente.
Adicionalmente, citó los argumentos esbozados por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de 202416 en la que se
expuso:
“Incluso, la Corte Constitucional también desarrolló su línea jurisprudencial sobre la
materia al señalar que:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios
de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en
igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada
obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces
15 Índice 00015 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 41001-33-33-005-2024-
00272-02, certificado 55FA9633990B5DBB B3E0063080036671 AD8B5F332BB2142C 71BB5BD07992156F.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 25 de abril de 2024, Exp. 05001-23-33-000-2019-
02465-01 (4893-2023).
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homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante
situaciones desiguales...”
(…) 7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte
se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades
son iguales”
Dicho eso, explicó que se apreciaba que en el asunto se encontraban ante un parámetro
objetivo y razonable que justificaba la diferenciación salarial entre docentes, esto era, la
clasificación de los empleos (escalafón docente) a partir del cual se generan disímiles
exigencias para el acceso al servicio y escalas salariales diferenciales tal y como lo ha
establecido el Consejo de Estado:
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación
y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias
públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii)
la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan
diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles
para el acceso a dichos empleos”17.
El tribunal advirtió que “en el año 2008, el incremento salarial para el grado 1A fue del
14.11% y para el grado 1B fue del 10.23%, siguiendo en el año 2009 un incremento para
el grado 1A del 15.61% y para el grado 1B del 12.11%, de lo cual se aprecia que se aplicó
un mayor porcentaje al grado 1A, que resulta de inferior categoría que el 1B, como refiere
la parte demandante, no obstante, ello no tiene la virtud de transgredir los principios del
mérito, progresividad y “correspondencia entre cualificación y remuneración” como se
alega en la alzada, pues el salario resultante luego de aplicar dichos incrementos, se
mantiene más elevado para el grado 1B que para el grado 1A, respetándose así la lógica
del sistema de escalafón docente, asignándose más ingreso a los servidores de mayor
categoría que cuentan con mayor experiencia, mejor formación académica y han
ascendido en el escalafón (…)”18.
Así concluyó que, la justificación para fijar las anteriores escalas salariales por parte del
Gobierno Nacional, la otorga el mismo escalafón docente establecido en el Decreto 1278
de 2002 y los artículos 2 y 3 de la Ley 4 de 1992 que permiten el establecimiento de
rangos de remuneración para los educadores, con atención al nivel de los cargos,
naturaleza de las funciones, responsabilidades y calidades, tal y como preceptúa el
artículo 46 del Decreto 1278 de 2002.
La autoridad cuestionada manifestó que, en cuanto a la inaplicación por inconstitucional
e ilegal del Decreto 284 de 2024, no se formularon reproches en contra del mismo,
aunado a que “el incremento salarial de los años 2008 y 2009 sobre el cual versa el
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2022, Exp. 25000-23-42-000-
2013-01319 01 (2828-2018).
18 Índice 00015 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 41001-33-33-005-2024-
00272-02, certificado 55FA9633990B5DBB B3E0063080036671 AD8B5F332BB2142C 71BB5BD07992156F.
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concepto de la violación (que ha sido “arrastrado año a año” hasta el Decreto 284 de
2024 en voces de la demandante), no resultó atentatorio de la Constitución Política (art.
13 y 53), como en precedencia se estableciera, por lo que no hay lugar a un juicio de
inconstitucionalidad en virtud del cual deba inaplicarse el aludido decreto en el presente
asunto”19.
Sobre el particular, reprochó la autoridad que la actora no hubiera demandado
directamente a través del medio de control procedente de nulidad, los decretos que
fijaron la asignación salarial de los años 2008 y 2009, “sin que el argumento invocado
para dejar de hacerlo, consistente en haberse derogado los mismos, esté llamado al
éxito, dado que los Decretos 714 y 1238 de 2008 estuvieron vigentes y surtieron efectos,
siendo procedente su control de legalidad durante el tiempo en que hicieron parte del
ordenamiento jurídico, tal y como lo enseña el precedente jurisprudencial. Tampoco es
de recibo que para aquella época (años 2008 y 2009), se dejara de reclamar el derecho,
por no contar el escalafón docente con la ocupación y consolidación del día de hoy, pues
cualquier docente que hiciera parte del grado 1B y se creyera con derecho a devengar
el mismo incremento salarial del grado 1A, podía reclamarlo administrativa y
judicialmente”20.
Por último, el tribunal advirtió que el pronunciamiento del Juzgado Veintitrés
Administrativo de Medellín invocado por la parte apelante, no constituía una decisión
vinculante ni de unificación que estableciera reglas obligatorias para la resolución del
asunto, razón por la cual no había lugar a la aplicación del mismo.
5.3. Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo del Huila explicó los motivos por
los cuales no era posible acceder a las pretensiones de la demanda, pues (i) los
incrementos salariales diferenciados fijados en los años 2008 y 2009 entre las categorías
1A y 1B, no desconocieron los principios de igualdad ni de “igual trabajo igual salario”,
por cuanto no es posible equiparar los grado 1A y 1B del escalafón docente en la medida
en que las exigencias de calificación para el empleo y las funciones no son comparables,
lo cual explica la asignación salarial disímil, encontrándose así justificado el trato distinto
y (ii) la justificación para la fijación la otorga el Decreto 1278 de 2002 y la Ley 4 de 1992.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
19 Ibid.
20 Ibid.
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de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración21.
5.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni siquiera presentó
los reparos en función de los requisitos especiales, pues a pesar que invocó la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico, su argumentación se limitó a reproducir
los reproches elevados en el recurso de apelación presentados en el marco del proceso
ordinario. Tanto así, que se atrevió a proponer nuevamente los argumentos expuestos
en una sentencia proferida por un juez del circuito, la cual, claramente, no tiene vocación
de constituir precedente, máxime si no se encuentra ejecutoriada y la segunda instancia
aún está en trámite
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de
esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado
fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.
5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario23.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
21 Sentencia SU215 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Accionante: Laura María del Socorro Castaño Morales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Laura
María del Socorro Castaño Morales en contra del Tribunal Administrativo del Huila, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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