Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06375-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: NIDIA ESMERALDA AMADOR RODRÍGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad / SUBSIDIARIEDAD –
La accionante cuenta con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la nulidad
originada en la sentencia contra la cual no procede recurso / PERJUICIO IRREMEDIABLE – La
actora no acreditó estar en presencia de alguna situación que amerite la intervención urgente del
juez de tutela / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La similitud de los argumentos planteados
en sede ordinaria evidencia el interés de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia
del proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 9 de octubre de 2025, la señora Nidia Esmeralda Amador Rodríguez, a través de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de obtener la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad y de acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados con ocasión de la expedición de la
sentencia del 27 de junio de 2025, por la que se confirmó parcialmente el fallo del 30 de
septiembre de 2024, proferido por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-015-
2023-00226-00, en tanto modificó la orden de restablecimiento impartida en primera
instancia.
Pretensiones
2. La parte accionante solicitó lo siguiente (transcripción literal):
PRIMERA: Declarar que la Sentencia de Segunda Instancia de fecha veintisiete (27)
de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” - MAGISTRADO
PONENTE: DR. ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO en el radicado No. 11001-
33-35 015-2023-00226-02, donde figura como demandante la señora Capitán ®
NIDIA ESMERALDA AMADOR RODRIGUEZ, vulneró los derechos fundamentales
1 Que ingresó al despacho para fallo el 5 de febrero de 2026.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y EL ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SEGUNDA: Conceder el amparo de tutela solicitado por la accionante NIDIA
ESMERALDA AMADOR RODRIGUEZ, DEJANDO SIN EFECTOS la sentencia
citada de segunda instancia y en consecuencia ordenar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
“A”, que dentro del término razonable procedente, confirme INTEGRALMENTE el
fallo de primera instancia ajustándose a los hechos y pruebas contundentes del
mismo, para permitir el restablecimiento del Derecho de la Demandante, es decir el
ASCENSO al grado de Mayor de la demandante, junto con el reconocimiento de los
haberes y emolumentos a los que tiene derecho, por haber sido retirada y no
permitirle su ascenso a través de un acto administrativo declarado nulo por
desviación de poder.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. Como sustento fáctico, expuso que ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional
desde el año 1993.
4. Después de 14 años, 4 meses y 12 días de servicio, cuando se desempeñaba en el
grado de capitán, luego de realizar el curso correspondiente y haber sido recomendada
para el ascenso al grado de mayor2, fue llamada a calificar servicios.
5. Inconforme con la decisión, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, que se asignó por competencia al Juzgado Quince Administrativo de
Bogotá, con el radicado 11001-33-35-015-2023-00226-00.
6. En sentencia de primera instancia que data del 30 de septiembre de 2024, el juez
determinó que el acto de retiro estaba viciado de nulidad y así lo declaró. A título de
restablecimiento del derecho, le ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional reintegrar a la señora Nidia Esmeralda Amador Rodríguez y ascenderla
al grado de mayor desde la fecha de desvinculación.
7. La entidad demandada interpuso el recurso de apelación, que fue resuelto mediante
sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en la que confirmó parcialmente la
decisión, dado que modificó la orden de restablecimiento del derecho, en el sentido de
no ordenar el ascenso de la oficial.
8. A juicio de la parte actora, la decisión censurada cercena sus garantías fundamentales
porque no efectiviza o materializa sus derechos y no permite un verdadero
restablecimiento, causando con ello un perjuicio irremediable, que habilita la intervención
del juez de tutela.
9. Sostuvo que la tutela cumple con los requisitos de: (i) subsidiariedad, porque no existe
otro mecanismo judicial idóneo para reclamar sus derechos; (ii) inmediatez, dado que la
acción se interpuso antes de seis meses contados desde que se profirió el fallo objeto
2 Sesión ordinaria del 28 de octubre de 2022, registrada en el acta No. 009 – ADEHU – GRUAS – 2.25 //
APROP – GRURE – 2.25.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de censura; y (iii) relevancia constitucional, porque es evidente la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, dado que se desconoce la relevancia del derecho sustancial.
10. Asimismo, refirió con amplitud que la decisión cuestionada desconoció el derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia y, por contera, el derecho
al debido proceso, toda vez que no se dio prevalencia al derecho sustancial sobre el
procesal, teniendo en cuenta que la orden de ascenso se revocó argumentando que no
se demandó la nulidad del decreto que ordenó el ascenso de sus compañeros de curso.
11. Acto seguido, se pronunció sobre cada una de las razones que expuso el Tribunal
accionado para revocar la orden de ascenso, así: (i) sobre la inexistencia de la fecha
cierta para el ascenso, dijo que debía tomarse la del Decreto 2358 de 30 de noviembre
de 2022, que ascendió a los compañeros de curso; (ii) frente a la limitación presupuestal,
adujo que esa no es una razón válida para revocar el ascenso; (iii) en cuanto a que no
se demandó el decreto de ascenso, afirmó que no era necesario enjuiciar ese acto, dado
que con la demanda se buscaba demostrar que el retiro de la actora fue producto de la
desviación de poder, y por ende, el no haber acusado ese decreto no puede convertirse
en una barrera insalvable para efectivizar el derecho de la accionante, frente a un hecho
discriminatorio que se demostró en el proceso ordinario; (iv) sobre la falta de derecho
adquirido para el ascenso, manifestó que en el plenario quedó probado que la señora
Amador Rodríguez cumple con todos los requisitos para ascender de grado, pero su
promoción se truncó por la decisión ilegal de su retiro.
12. Señaló que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
13. Fáctico. El Tribunal accionado no valoró adecuadamente el material probatorio y
esa omisión lo condujo a modificar la orden de restablecimiento del derecho.
14. Sostuvo que la autoridad judicial no valoró: (i) el Acta 009 – ADEHU – GRUAS – 2.25
// APROP – GRURE – 2.25, que recomendó por unanimidad del ascenso de la
accionante, dado que cumplía los requisitos de ley; (ii) el extracto de hoja de vida de la
actora; (iii) los formularios de seguimiento de los años 2021 y 2022, que evidencian el
rendimiento profesional por encima del promedio normal de los uniformados; (iv) el
comunicado No. GS -2022 021946 DITAH CONVOCATORIA CICLO de curso de
ascenso al grado de mayor; (v) el oficio de llamamiento a curso; (vi) el diploma de
terminación del «CURSO EN DIRECCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO DE POLICÍA
III», realizado en la ciudad de Bogotá el 22 de junio al 16 de septiembre 2022; (vii) la
notificación del resultado de la prueba de aptitud psicofísica; (viii) el certificado de
inexistencia de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales; (vii) el Decreto 2358 de
2022 «Por el cual se ascienden a un personal de Oficiales de la Policía Nacional y se
dictan otras disposiciones»; (ix) la respuesta al derecho de petición elevado por la
demandante ante la institución policial, a través del cual solicitó información del no
ascenso; y (x) el Acta 011 APROP-GRURE del 17-11-2022 «Que trata de la sesión
ordinaria de la JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARA
LA POLICÍA NACIONAL», mediante la cual se recomendó el retiro de la accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
15. A su juicio, las documentales relacionadas dan cuenta que la actora cumplía y cumple
con los requisitos exigidos por la ley para obtener el ascenso pretendido, el cual se vio
interrumpido por su retiro ilegal del servicio.
16. Defecto procedimental absoluto. Reprochó que la providencia cuestionada es
incongruente, dado que se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto del recurso
de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Puntualmente revocó la orden de ascenso, aspecto no debatido en la impugnación, por
lo que existió un pronunciamiento extra petita.
17. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Afirmó que en el fallo
censurado hizo prevalecer aspectos procesales sobre la materialización de los derechos
sustanciales de la accionante. Concretamente reprocha que el Tribunal accionado haya
revocado la orden de ascenso, como parte del restablecimiento del derecho, bajo el
argumento de que no se demandó el acto administrativo que dispuso sobre los ascensos
del personal que realizó el curso con la accionante.
Trámite impartido
18. Mediante auto del 20 de octubre de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, como autoridad demandada; y ordenó la notificación
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, como tercera interesada
en el resultado del proceso.
Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
señaló que la sentencia censurada se adoptó en virtud del análisis normativo,
jurisprudencial y probatorio respectivo, en acatamiento de los principios de legalidad,
debido proceso y de tutela judicial efectiva.
20. Advirtió que la parte actora pretende reabrir el debate surtido en el proceso ordinario
en torno a verificar si la actora cumple o no los requisitos para ser ascendida al grado de
mayor. Es decir, se busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia del
proceso de origen.
21. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional señaló que no
advierte vulneración a derecho fundamental alguno, y sostuvo que la garantía al debido
proceso no implica necesariamente la resolución favorable de las pretensiones.
22. Agregó que de los hechos narrados en la demanda no se establece la existencia de
un perjuicio irremediable que justifique la intervención urgente del juez de tutela, más
aún cuando se evidencia que existió otro mecanismo judicial ordinario y alternativo que
fue ejercido oportunamente.
Sentencia de primera instancia
23. Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
busca reabrir el debate surtido en el proceso de origen y, por consiguiente, no cumple la
exigencia de la relevancia constitucional.
24. Adujo que las autoridades judiciales del proceso ordinario abordaron el punto
discutido con motivación suficiente, identificaron la regla aplicable y valoraron el acervo
probatorio disponible, luego entonces, se concluye que la decisión cuestionada
respondió a una valoración probatoria razonada y a la aplicación directa de la
normatividad vigente.
Impugnación
25. La accionante insistió en que el a quo no realizó una valoración integral de su caso,
a efectos de obtener la materialización de sus derechos fundamentales.
26. Adujo que «(…) no es cierto que existen factores adicionales que tengan que influir
en la decisión de RESTABLECER EL DERECHO CERCENADO CON ABUSO DE
PODER por parte de la Policía Nacional de Colombia», dado que en el proceso ordinario
no solo se probó que la decisión de retiro del servicio estuvo viciada por desviación de
poder, sino que la señora Amador Rodríguez cumplía con los requisitos exigidos para el
ascenso al grado de mayor, por ende, su promoción no se trata de una expectativa sino
de un derecho adquirido, que fue cercenado con ocasión del retiro ilegal.
27. Insistió en los argumentos esgrimidos en la demanda, relacionados con los reproches
al fallo censurado, en especial porque considera que la autoridad judicial accionada
desconoció los derechos de la accionante, porque revocó la orden de ascenso como
parte del restablecimiento del derecho, dando prevalencia a las formalidades sobre el
derecho sustancial, impidiendo así, la materialización de las garantías fundamentales
invocadas.
28. Adujo que sin duda se encuentra ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
porque es claro que la modificación de la sentencia de primera instancia y la revocatoria
de la orden de ascenso, ocasionó una transgresión directa a los derechos de la actora,
y por ello, se justifica la intervención urgente del juez de tutela.
CONSIDERACIONES
Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia en el
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 3,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
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Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha
sala.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
30. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 28
de noviembre de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta del
requisito de relevancia constitucional.
31. Para el efecto, en primer lugar, se establecerá si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y el de
subsidiariedad. Respecto de este último se analizará la posibilidad de flexibilizar esta
exigencia, de cara a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
32. De encontrar superados los requisitos de procedibilidad, se resolverá si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, al proferir la sentencia del 27 de
junio de 2025.
33. En orden a resolver el problema jurídico planteado, se procederá a analizar
sucintamente: (i) el requisito de la relevancia constitucional; (ii) el requisito de la
subsidiariedad; y (iii) el caso concreto.
Análisis de la Sala
Subsidiariedad y relevancia constitucional
34. El requisito de subsidiariedad exige que se hayan agotado todos los medios
disponibles para garantizar la protección de los derechos que se estiman vulnerados, de
modo que la tutela solo será procedente cuando el interesado no disponga de otro medio
de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.
35. La subsidiariedad busca impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo
de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos
fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
36. La jurisprudencia de la Corte Constitucional4 ha sido reiterada y pacífica en lo que
atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela es una vía a
la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con otro medio de
defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es idóneo o eficaz en
las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como recurso transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio alternativo, adicional,
complementario o facultativo respecto de las demás acciones judiciales ordinarias, sino
4 Ver sentencia T-108 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
un procedimiento urgente e inmediato para la protección de los derechos fundamentales
(…)».
37. Por su parte, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice
este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.
38. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente5 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
39. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
Caso concreto
40. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no
supera los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
41. En el caso concreto, la parte actora alega que la sentencia censurada incurrió en
defecto procedimental absoluto porque es incongruente, dado que se pronunció sobre
aspectos, como la orden de ascender a la actora, que no fueron objeto del recurso de
alzada interpuesto por la entidad demandada, Policía Nacional, contra el fallo de primera
instancia proferido el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Quince Administrativo de
Bogotá.
42. A este punto, es oportuno recordar que el principio de congruencia, consagrado en
el artículo 281 del Código General del Proceso, delimita el contenido de las decisiones
judiciales, para que estas se profieran de acuerdo con los argumentos y el alcance de
las peticiones y excepciones formuladas por las partes, de modo que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas,
salvo que la ley otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador.
43. En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando falta al
principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o interna 6,
5 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
6 Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y externa. La primera obedece
a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la
segunda propende porque la decisión contenida en la parte resolutiva de la providencia sea concordante
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su
competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y fundamentos de
la demanda, o los argumentos del recurso.
44. En consecuencia, la Sala considera que la providencia judicial objeto de reproche es
susceptible de ser controvertida ante el juez natural de la causa a través del recurso
extraordinario de revisión, de conformidad con lo consagrado en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA: «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
45. Esto, teniendo en cuenta que en el caso bajo examen existe una sentencia que puso
fin al proceso (providencia censurada), contra la cual no procede recurso alguno y que,
de conformidad con los argumentos esgrimidos por la accionante, podría estar viciada
de nulidad.
46. Así las cosas, la Sala considera que en lo que atañe al defecto procedimental
absoluto, la tutela deviene en improcedente, por cuanto la señora Amador Rodríguez
dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la protección de los derechos
fundamentales invocados, cual es el recurso extraordinario de revisión, para cuya
interposición se encontraría en término, toda vez que no se ha vencido el año previsto
en el artículo 251 del CPACA 7 . Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de lo que
eventualmente decida el juez natural sobre la admisibilidad o no del recurso
extraordinario de revisión.
47. Ahora bien, la Sala no desconoce que puede flexibilizarse la regla de la
subsidiariedad cuando se avizora la existencia de un perjuicio irremediable o cuando la
situación amerite la intervención urgente del juez de tutela; sin embargo, en el caso
particular no se reúnen esos elementos. De hecho, la accionante ni siquiera menciona
encontrarse en una situación que, por su inminencia, gravedad o impostergabilidad que
requiera de la intervención urgente del juez constitucional; y de la sola afirmación, según
la cual el retiro ilegal le truncó sus planes de ascenso, la Sala no infiere una situación de
tal magnitud que amerite flexibilizar el requisito de subsidiariedad.
48. De otra parte, la señora Amador Rodríguez señala que la providencia objeto de
reproche incurre en defecto fáctico porque, a su juicio, la autoridad judicial accionada
no valoró adecuadamente el material probatorio allegado al plenario, y no consideró que
con las documentales aportadas se demuestra sin lugar a dudas que la actora cumplía
los requisitos exigidos por la ley para el ascenso al grado de mayor, razón por la que, al
no ordenar su ascenso como restablecimiento del derecho, desconoció los hechos
probados en el proceso ordinario. Además, estima que exigir que interpusiera la
demanda contra el acto que ordenó los ascensos de sus compañeros de curso, es un
exceso ritual manifiesto, dado que siempre se debe dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el procesal.
con lo pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso interpuesto. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2002, M.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié, exp. 12668. Ver también: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César
Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
7 «ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…)».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
49. Sobre el particular, la Sala al igual que el juez de primera instancia, evidencia que la
demandante pretende reabrir el debate surtido en el proceso de origen, toda vez que los
argumentos que cimentan la acción de tutela, más allá de mostrar su desacuerdo con la
decisión del Tribunal accionado, no plantean una discusión que tenga relevancia desde
el punto de vista constitucional.
50. La actora insiste en que en el fallo censurado se debió ordenar, además de su
reintegro, el respectivo ascenso al grado de mayor, aun sin haber demandado el acto
administrativo correspondiente (ordenó el ascenso de sus compañeros de curso), sin
embargo, la autoridad judicial accionada se pronunció sobre el particular, y expuso de
forma clara y razonada los motivos por los cuales la promoción o ascenso no puede
operar automáticamente como consecuencia de la nulidad del acto de retiro. Así discurrió
el Tribunal (transcripción literal con posibles errores incluidos):
Ahora, esta Sala observa que en la sentencia de primera instancia se ordenó el
reintegro y ascenso de la demandante bajo la lógica según la cual, había satisfecho
los requisitos para ser promovida, pero ello no se produjo por el abuso de la posición
dominante, la desviación de poder y la falsa motivación que vició los actos que
derivaron en su retiro por llamamiento a calificar servicios. Al respecto, se tienen los
siguientes reparos:
• Falta de fecha cierta de ascenso y autoridad competente: En la sentencia
de primera instancia no se determinó una fecha probable en la que la demandante
debía ser ascendida al grado de Mayor, de hecho, la orden de promoción se
circunscribió al momento del retiro, no obstante, ello depende de variables como el
área específica a la que sería destinada y la naturaleza del ascenso, así como las
gestiones por parte de las juntas y el nominador, competencia que no está atribuida
a esta autoridad judicial.
• Implicaciones presupuestales: Para ordenar el ascenso, el a quo debió
considerar las implicaciones administrativas y presupuestales que la promoción
generaría, especialmente considerando que no existe una fecha cierta en la que le
mismo debía producirse. Al respecto, la ejecución presupuestal en la administración
pública requiere precisión en el tiempo y fundamento legal suficiente para generar
efectos fiscales válidos.
• No se demandó el Decreto de ascensos: Se advierte que el Decreto 2358
del 30 de noviembre de 2022, “Por el cual se ascienden a un personal de Oficiales
de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, no fue objeto de demanda,
ni siquiera parcialmente. Ello era necesario para lograr la inclusión de la
demandante en el listado de oficiales ascendidos y, con ello, obtener una fecha
probable de inicio de funciones como Mayor.
• Ausencia de derecho adquirido al ascenso: Aunque durante el proceso se
ha destacado el buen desempeño de la demandante en el curso de ascenso, así
como sus altas calificaciones, e inclusive la aprobación del curso de promoción y el
concepto de aptitud para el servicio, es preciso aclarar que ello no le generó a la
activa un derecho adquirido a escalafonarse en un grado superior. El Decreto Ley
1791 de 2000, que regula el régimen de carrera y ascensos en la Policía Nacional,
establece que los oficiales podrán ser promovidos si cumplen con los requisitos
exigidos, pero en ningún caso se consagra un derecho automático al ascenso. La
promoción depende de la evaluación integral de la trayectoria profesional realizada
por las Juntas de Evaluación y Clasificación, quienes tienen la potestad de proponer
ascensos o recomendar el retiro del servicio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Con base en lo anterior, encuentra la Sala que la decisión dese modificará el
numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar
que, si bien la demandante será reintegrada, no se ordenará su ascenso.
51. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es que
el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la normativa
aplicable, la jurisprudencia en la materia y los medios de prueba obrantes en el
expediente, a partir del cual concluyó que el no ascenso de la accionante no fue fruto de
la desviación de poder y la falsa motivación que se atribuyó al acto de desvinculación -
por lo que se anuló-, y, en consecuencia, determinó que la promoción de la oficial al grado
de mayor no emerge como restablecimiento del derecho automático, porque pese a
cumplir las exigencias legales -lo cual no desconoce el juzgador-, esa situación no es un
derecho adquirido, de conformidad con el régimen aplicable consagrado en el Decreto
Ley 1791 de 2000.
52. Para la Sala, los argumentos expuestos en la sentencia censurada son razonables y
no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la
parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto
que ya fue decidido razonablemente por el juez natural de la causa con suficiente
motivación.
53. Aunado a lo anterior, recuérdese que la prevalencia del derecho sustancial, si bien es
un principio constitucional, no es absoluto y no autoriza a los jueces a ignorar las formas
procesales, las cuales garantizan el debido proceso de la contraparte.
54. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-173 de 2019 advirtió «El
principio de prevalencia del derecho sustancial no implica, en forma alguna, que los jueces
puedan desconocer las formas procesales y mucho menos que puedan discutir la validez
de las normas que establecen requisitos y formalidades. Dichas normas también cuentan
con un firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas por los jueces,
salvo que estos adviertan la necesidad de hacer uso de la excepción de
inconstitucionalidad, en casos concretos. Solo así resulta posible garantizar la igualdad
de las partes en el terreno procesal, posibilitar el derecho de defensa en condiciones de
equidad, dar seguridad jurídica y frenar posibles arbitrariedades o actuaciones parciales
de los funcionarios judiciales».
55. En suma, se evidencia que la controversia planteada por la señora Nidia Esmeralda
Amador Rodríguez, bajo el cariz de los defectos fáctico y exceso ritual manifiesto,
constituye una reiteración de un debate estrictamente probatorio, ya surtido ante el juez
natural de la causa, y, en consecuencia, carece de la relevancia constitucional necesaria
para ser estudiado en esta instancia.
56. De conformidad con las anteriores consideraciones, la Subsección concluye que la
acción de tutela interpuesta por la señora Nidia Esmeralda Amador Rodríguez no
satisface las exigencias de subsidiariedad y relevancia constitucional, y, en
consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí anotadas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06375-01
Accionante: Nidia Esmeralda Amador Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Nidia Esmeralda Amador
Rodríguez, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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