RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06382-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06382-01

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06382-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que se declaró improcedente la solicitud de tutela promovida por Blanca Libia Montoya contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, la Alcaldía del municipio de Caldas, la Zona Franca del Valle de Aburrá SAS, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia – Dagran. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06382-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros

Temas: Tutela por vulneración del debido proceso / Acción popular /
Presunto incumplimiento de orden de amparo colectivo
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Blanca Libia Montoya, en contra de
la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud

1. Blanca Libia Montoya promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos y garantías fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la
vivienda digna, al debido proceso, a la contradicción, a la defensa y a la confianza
legítima, con ocasión de la ejecución de obras que producen daños a su propiedad,
pese a las órdenes judiciales emitidas en el marco de la acción popular
05001333300220150120702 y a las multas impuestas por Corantioquia, la Zona
Franca del Valle de Aburrá S.A.S.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Claudia Correa Montoya promovió demanda de acción popular contra el
municipio de Caldas y la Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá S.A.S., por
los riesgos que presentaban varias construcciones y viviendas ubicadas en la zona
colindante con los predios de la sociedad demandada.

2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín profirió la sentencia del 3 de
agosto de 2016 con la que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó lo
siguiente:

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

«[…] PRIMERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE CALDAS, amenaza el derecho
colectivo a la SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE, conforme lo expresado en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR QUE LA ZONA FRANCE INTERNACIONAL DEL VALLE DE
ABURRÁ S.A.S. – ZOFIVA – , amenaza el derecho colectivo a la REALIZACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS DANDO
PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES,
conforme lo expresado en la parte considerativa del presente proveído.

TERCERO: ORDENAR a la ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE
ABURRÁ S.A.S. – ZOFIVA – dar en un término de máximo de tres (3) meses, estricto
cumplimiento a las medidas de estabilización contempladas en el estudio de suelos y
análisis geotécnico de la zona. Dichas obras deberán ser construidas implementando
todas las especificaciones indicadas en dicho estudio visible a folio 646 del expediente y
conforme a lo previsto en la parte considerativa.

CUARTO: ORDENAR a la SECRTARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE
CALDAS (ANTIOQUIA) llevar a cabo la verificación del cumplimiento en campo de lo
indicado en el proyecto que hace parte de la licencia de construcción, principalmente con
las actividades que puedan afectar a las viviendas conlindantes, según lo expuesto en
la parte motiva.

QUINTO: ORDENAR A LA ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ
S.A.S – ZOFIVA – y a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA)
continuar con el monitoreo periódico de la zona mediante inspecciones visuales para
determinar la aparición de grietas o asentamientos y control mediante instrumentación
(inclinómetros y piezómetros), de forma tal que permita generar una alerta en caso de
observarse algún tipo de movimiento y de esta manera dar aviso al Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD – quien deberá realizar las medidas
pertinentes, tales como evaluación temporal de las viviendas que limitan con el talud.

SEXTO: ORDENAR a la ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ
S.A.S – ZOFIVA – adelantar las obras de su construcción con TODAS las medidas
preventivas, de manera que no se llegue a provocar nuevos efectos adversos en las
viviendas cercanas al proyecto. Además, se debe mantener una comunicación constante
con la comunidad para que ellos conozcan los avances en las obras y las medidas que
se toman para prevenir y evitar cualquier eventualidad que los pueda afectar.

SÉPTIMO: ORDENAR a la ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ
S.A.S – ZOFIVA – dar una solución INMEDIATA al manejo de las aguas de escorrentía
provenientes del sector Los Correa, las aguas deben ser conducidas mediante tuvería a
una fuente de agua o un descole de la vía principal de tal manera que no genere
afectaciones en el terreno o fenómenos erosivos que generen inestabilidad. Para dicha
tarea, la comunidad del sector deberá permitir la realización de tales trabajos.

OCTAVO: ORDENAR la conformación del COMITÉ PARA LA VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO de la sentencia integrado por el a quo, la Defensoría del Pueblo, la
Procuradora Agraria, CORANTIOQUIA como autoridad ambiental, un representante de
ZOFIVA, otro del MUNICIPIO DE CALDAS y la actora popular CLAUDIA CORREA
MONTOYA.

NOVENO: DECLARAR PROBADA la excepción de “SUJECIÓN DE CORANTIOQUIA A
LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY 99 DE 1993”, propuesta por
CORANTIOQUIA […]». [sic]

2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió la providencia del 13 de febrero de
2017 con la que confirmó lo resuelto por el a quo.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

2.4. Con el fin de lograr el cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de la
acción popular, se promovieron varios incidentes de desacato, dentro de los cuales,
aunque algunos fueron desfavorables para los incidentantes, también se dictaron
decisiones, como la del 14 de diciembre de 2022, confirmada mediante auto del 3
de febrero de 2023, en las que se declaró el desacato del fallo de acción popular.

2.5. Se vulneraron sus derechos fundamentales al ser perjudicada directa, por ser
propietaria de un inmueble cercano a la Zona Franca del Valle de Aburrá, debido a
los trabajos realizados por la sociedad demandada, fue desplazada de su hogar
bajo la promesa de que su inmueble sería reconstruido y se le pagarían los
emolumentos correspondientes a los cánones de arrendamiento que debía asumir
en otro lugar. No obstante, su vivienda se encuentra abandonada, en ruinas y sin
posibilidad de recuperación. Además, la demandada incumplió el pago de los
contratos de arrendamiento que ofreció, por lo que considera que permanece en
situación de desplazamiento desde hace más de 14 años, lo que configura un
perjuicio irremediable.

2.5.1. La acción popular a la que acudió resultó ineficaz, ante la afectación de sus
derechos fundamentales, esto en tanto con los incidentes de desacato promovidos
solo se logró imponer a la sociedad demandada una multa equivalente a 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, la cual no fue pagada por una supuesta falta
de recursos. Adicionalmente, pese a que ese trámite concluyó con una sentencia
favorable a sus intereses, no se dio cumplimiento a las órdenes impartidas.

2.5.2. Al momento de radicar la solicitud de tutela y aún en la actualidad, se continúan
realizando movimientos de tierra para la construcción, venta y arrendamiento de
nuevas bodegas comerciales en la zona, pese a que Corantioquia ya impuso multas
a la sociedad demandada, la cual persiste en el incumplimiento de la sanción.

1.2. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Así las cosas, con base en los fundamentos de hecho y de derecho referidos en la
presenta acción, solicito a usted señor Juez colegiado de cuño Constitucional, se sirva
disponer lo siguiente:

1-Tutelar los derechos fundamentales constitucionales a la DIGNIDAD HUMANA, VIDA,
VIVIENDA DIGNA, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE CONTRADICCION, DEFENSA
Y CONFIANZA LEGÍTIMA, mismos que han sido violados deliberadamente por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, ALCALDIA DE CALDAS,
ZONA FRANCA DEL VALLE DE ABURRA, AREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL
ABURRA SUR, CORANTIOQUIA Y EL DAGRAN, Como consecuencia de lo anterior,
ORDENAR, amén de evitar un perjuicio irremediable a mi procurada la suspensión o
cese absoluto en la Construcción por parte de la Zona Franca del Valle de Aburra, -
suspensión de todo movimiento de tierras e ingreso de vehículos y maquinaria pesada a
las instalaciones de ZOFIVA-, hasta tanto no se reparen o restablezcan los derechos
fundamentales quebrantados de la accionante BLANCA LIBIA MONTOYA , hecho y
violación del derecho, que devienen necesario conjurar al amparo del Estado
Constitucional de Derecho, como quiera que la verdadera protección de los Derechos
fundamentales son el triunfo del Estado Social. […]» [sic].

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. La Zona Franca del Valle de Aburrá SAS2 solicitó que se declare improcedente
la tutela al carecer de relevancia constitucional y subsidiariedad, por cuanto
pretendió reabrir una controversia que ya fue resuelta en el trámite de acción
popular, además de que el hecho de que los mecanismos de defensa de los que
hizo uso no le fueran favorables, no quiere decir que fueran ineficaces, sumado a
que no se configuró un perjuicio irremediable. Por su parte, pidió que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no incurrió en
conducta alguna que pueda entenderse como vulneradora de derechos
fundamentales.

5. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá3 manifestó que no es competente
para conocer ni actuar frente al presente asunto por lo que no se encuentra en una
posición en la que pueda amenazar o vulnerar los derechos fundamentales de la
parte demandante. Afirmó que el predio mencionado en la demanda se encuentra
ubicado en el suelo rural del municipio de Caldas y aunque aquel hace parte del
área metropolitana del Valle de Aburrá, esa entidad ejerce autoridad ambiental solo
sobre el perímetro urbano.

6. Corantioquia4 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no es competente para reparar los daños ocasionados a
viviendas por obras de infraestructura, dado que ello se encuentra fuera del ámbito
de sus funciones. Señaló que esa reparación corresponde a quien causó el daño,
que, según lo indicado por la demandante, fue la Zona Franca del Valle de Aburrá
S.A.S. Además, precisó que los fallos judiciales no le impusieron obligaciones
relacionadas con las afectaciones descritas.

7. El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín5 manifestó que no vulneró
prerrogativa alguna y que acogerá la posición asumida por el juez constitucional en
el presente trámite de tutela, pues tramitó el proceso principal de acción popular, así
como los posteriores incidentes de desacato, de conformidad con la normatividad
aplicable y agotó en debida forma cada una de las etapas procesales, por lo que
salvaguardó los derechos fundamentales de las partes.

8. El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo y de Desastre6 solicitó
su desvinculación, debido a que la entidad solo interviene de manera subsidiaria
cuando recibe petición del municipio en casos en que se sobrepase su capacidad
de respuesta. Indicó que el municipio de Caldas no ha desbordado sus capacidades
frente a la situación señalada por la demandante ni ha elevado solicitud alguna
respecto de los hechos examinados, por lo que no es competente para garantizar
los derechos fundamentales invocados ni para ordenar la suspensión de la
construcción o del movimiento de tierras en la zona franca.

2 Ver índice 8 de Samai.
3 Ver índice 9 de Samai.
4 Ver índice 10 de Samai.
5 Ver índice 11 de Samai.
6 Ver índice 12 de Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

9. La Alcaldía del municipio de Caldas7 señaló que la acción popular fue resuelta
en favor de la parte demandante y que la autoridad territorial ha cumplido todas las
órdenes y requerimientos impartidos por el juez natural de ese proceso. Indicó que,
en varias ocasiones, ha realizado visitas de verificación del cumplimiento del fallo,
debido a los múltiples incidentes de desacato. Precisó que el trámite ordinario aún
está vigente, no se han dictado órdenes de desacato ni exhortos en contra del
municipio y que la parte tutelante no ha presentado solicitud alguna relacionada con
la atención o intervención respecto de la situación que refiere.

10. Los demás terceros interesados guardaron silencio.

1.4. Sentencia de primera instancia8

11. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 14 de
noviembre de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no
se acreditó el requisito de subsidiariedad y tampoco la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, en tanto la situación señalada como vulneradora de derechos ocurrió
hace más de 14 años.

1.5. Escrito de impugnación9

12. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia, al considerar que el requisito de subsidiariedad de la
solicitud de tutela debe flexibilizarse, además de que el debilitamiento del muro de
contención y el riesgo ocasionado por el posible derrumbamiento de la montaña por
las obras que se adelantan configuran el perjuicio irremediable alegado.

2. Consideraciones

13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico; iii)
procedencia de la tutela y marco jurídico aplicable; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

7 Ver índice 13 de Samai.
8 Ver índice 17 de Samai.
9 Ver índice 21 de Samai.
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

2.3. Problema jurídico

15. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Blanca Libia
Montoya cumple con el requisito de procedencia general de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. De la procedencia de la solicitud de tutela - subsidiariedad

16. El artículo 86 de la Carta Política consagró la solicitud de tutela para reclamar
ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública [o incluso de particulares bajo determinados supuestos]. A su turno, según
lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo procede:
(1) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz e
idóneo; o, (2) cuando teniéndolo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, en cuyo caso surgiría esta acción como mecanismo
alterno de protección [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991].

17. La Corte Constitucional en la sentencia T-187 de 2010 manifestó que la solicitud
de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales
ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los
particulares. Al respecto, precisó que:

«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar
protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los
mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y
excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.

De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y
residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un
mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un
perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio. […]»
(Subrayas fuera del texto).

18. En virtud de la subsidiariedad que caracteriza a esta garantía de los derechos
fundamentales constitucionales, es dable afirmar que un amparo es improcedente
cuando el interesado no ejercitó los mecanismos ordinarios de defensa, sin
justificación alguna, y pretende, por vía de este mecanismo, revivir discusiones que
quedaron zanjadas ante la inactividad de quien debió ejercitar las vías
constitucionales y legales.

19. El perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que presente
las características de: inminente, esto es que amenaza o está por suceder;
urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del
mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado
con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente
[determinado o determinable] relevante para el afectado; e, impostergabilidad, lo
que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

justo en su integridad12. Además, el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto
por el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el accionante, a
quien, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Sala, le compete la carga de probarlo.

20. Además, se recuerda que el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto por
el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el demandante, a quien,
de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, le
compete la carga de probarlo.

21. Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser
analizado de cara a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola
procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto,
también le corresponde ser valorado por el juez constitucional de tutela y determinar
así los efectos del fallo de tutela.

2.4.2. Caso concreto

22. Blanca Libia Montoya acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara la suspensión de la
construcción o todo movimiento de tierras e ingreso de vehículos y maquinaria
pesada en la zona afectada, es decir, a los predios colindantes a su vivienda.

23. Lo anterior, como consecuencia del incumplimiento de las órdenes de amparo
colectivo emitidas en la acción popular con radicado 05001333300220150120700,
pues, según la parte demandante, los incidentes de desacato promovidos en el
trámite del referido proceso no han tenido los resultados esperados.

24. Al respecto, sea lo primero precisar que, en la referida acción popular, de la cual
afirma hacer parte la aquí demandante, no se emitió orden alguna destinada a la
protección de sus derechos individuales o la reparación de los daños que se le
pudieren causar, en este entendido se infiere que los incidentes de desacato
adelantados tampoco pudieron versar sobre ese asunto, como en efecto se puede
evidenciar en los documentos aportados al trámite de esta solicitud de amparo
constitucional.

25. En este orden de ideas, debe aclararse que la finalidad de la acción popular es
procurar el amparo de intereses colectivos, lo que en efecto sucedió en el proceso
mencionado al proferir una serie de disposiciones para garantizar que no se
produjera afectación a la comunidad próxima a la realización de unas obras que se
adelantaban en predios colindantes.

12 Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La

primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio
inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos
y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de
medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

26. De tal manera, pretensiones como las que manifiesta la demandante en el
presente asunto, es decir, reparación de su vivienda, pago de cánones de
arrendamiento con ocasión de su reubicación o suspensión de las obras
adelantadas son reclamaciones de carácter individual que deben ser ventiladas a
través de los mecanismos idóneos tales como solicitudes en sede administrativa,
conciliación extrajudicial, acción civil de responsabilidad, medio de control de
reparación directa, medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo, etc., en resumen, el medio de defensa que la parte interesada considere
pertinente.

27. Así las cosas, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por la parte
demandante no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se
observa que aquella hiciera uso de los mecanismos de defensa procedentes para
proteger sus intereses.

28. Ahora bien, tampoco se evidencia la procedencia de este mecanismo de amparo
constitucional de manera transitoria para evitar la eventual ocurrencia de un
perjuicio irremediable, en la medida en que no se acreditó la existencia de una
amenaza grave de algún derecho fundamental que requiera que se tomen medidas
urgentes para su protección.

29. Lo anterior, en la medida en que, si bien la parte demandante menciona que su
vivienda se encuentra en grave riesgo por las obras ejecutadas en un predio
colindante, así como el debilitamiento de un muro de contención construido para el
efecto, de las pruebas aportadas al trámite de la presente solicitud de tutela es
posible deducir que las autoridades competentes adelantan las gestiones
necesarias para mitigar el peligro mencionado, además de que el juez popular, a
través de los incidentes de desacato tramitados ha revisado el cumplimiento de la
orden de amparo colectivo.

30. Frente a lo cual cabe destacar que, en todo caso, recientemente no se ha
promovido trámite incidental alguno y que el pronunciamiento que definió la referida
acción popular fue emitido el 13 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, es decir, aproximadamente hace 8 años, lo cual desvirtúa la urgencia
y necesidad del amparo de tutela pretendido, máxime si se tiene en cuenta, como
ya se mencionó, que no se aportaron pruebas que acrediten la inminencia de un
perjuicio irremediable.

3. Conclusión

31. Así las cosas, al encontrar que el presente asunto no cumple con el requisito de
subsidiariedad, esta Sala de decisión confirmará el pronunciamiento del a quo que
declaró improcedente la solicitud de tutela promovida por Blanca Libia Montoya
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y otros.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06382-01
Demandante: Blanca Libia Montoya

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que se declaró
improcedente la solicitud de tutela promovida por Blanca Libia Montoya contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín, la Alcaldía del municipio de Caldas, la Zona Franca del Valle de Aburrá
SAS, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y del Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia – Dagran.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.