Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06389-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06389-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06389-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Temas: Tutela por falta de notificación del auto admisorio
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Édgar Enrique Barrios Torres en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Édgar Enrique Barrios Torres promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y
a la igualdad, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la falta de notificación
de las actuaciones surtidas al interior del expediente constitucional identificado con
el radicado 68001333300620250009900.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil2 realizó convocatoria a concurso de
mérito, proceso de selección DIAN 2022, en el que ofertó 398 vacantes para el cargo
gestor I, código 301, grado 1, ficha técnica CT-CR-3008 OPEC 198369, por
necesidad del servicio. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales3 realizó
ampliación de su planta de personal mediante Decreto 0419 del 2023.
2.2. Con ocasión a la ampliación las listas de las vacantes identificadas como gestor
I, código 301, grado 1, ficha técnica CT-CR-3008 OPEC 198369, se interpusieron
múltiples solicitudes de tutela a fin de requerir a la CNSC y a la DIAN para que
hicieran los respectivos nombramientos con aquellos que salieron favorecidos en
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 En adelante CNSC.
3 En adelante DIAN.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
dichas listas, en razón a que los cargos en provisionalidad existentes podían
colmarse con aquellas.
2.3. De la solicitud tutela identificada con el radicado 68001333300620250009900,
conoció el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, la cual
admitió a través de auto del 21 de mayo de 2025, notificado al demandante el día
22 siguiente al demandante y a los funcionarios pertenecientes al cargo referido con
anterioridad.
2.4.Durante el término de notificación, se vinculó al proceso mediante escrito
enviado al correo electrónico referido en el auto admisorio de la tutela. Sin embargo,
con posterioridad se enteró de que se profirió fallo, el cual no le fue notificado a su
correo electrónico por la autoridad judicial ni por la DIAN, lo que le impidió ejercer la
defensa de sus intereses.
2.5. La referida omisión vulneró sus derechos fundamentales, ya que nunca tuvo
conocimiento de la tutela presentada, ni tampoco se le dio la oportunidad de
vincularse al proceso y ejercer el contradictorio, circunstancias que generaron un
vicio de nulidad en dicho trámite constitucional.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: Solicito la nulidad de los fallos proferidos por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA rad
68001333300620250009900
SEGUNDO: Solicito la protección de mis derechos fundamentales relativos al derecho al
debido proceso, acceso a la justicia, derecho a la igualdad y demás derechos conexos
TERCERO: Solicito que con motivo de la nulidad que aqueja al fallos proferido por el
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITODE BUCARAMANGA rad
68001333300620250009900 se imponga medida cautelar el cual se requiera a la LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN de abstenerse de desvincular a funcionarios que se vean afectados
por estos fallos en especial los empleados identificados Gestor I, Código 301, Grado
1, Ficha Técnica CT-CR-3008 OPEC 198369
CUARTO: Así mismo solicito que se ordene al por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA rad
68001333300620250009900 revocar toda orden de desacato que haya expedido con
base en el ese fallo puesto el fallo se expidió violando los derechos fundamentales y
procesales contemplados en la ley y la constitución por lo tanto cualquier actuación
judicial expedida debe ser declarada nula.
QUINTO: Que se ordene no hacer ningún nombramiento con relación a este fallo hasta
tanto se garanticen los derechos procesales de todos los funcionarios afectados y que
se les otorguen nuevamente de vincularse y poder defenderse de las pretensiones de la
tutela.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
SEXTO: ORDENAR AL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA rad 68001333300620250009900 revocar la orden de desacato
expedida con base en la sentencia que ha sido objeto de tutela, hasta tanto se
restablezca los derechos de las personas afectadas con ocasión a la violación de sus
derechos. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga4
solicitó declarar la improcedencia de la tutela, al observarse que desde el auto
admisorio de la acción constitucional 2025-00097-00, se ordenó vincular y notificar
a los inscritos en la lista de elegibles de la convocatoria del caso. Disposición que
se mantuvo, como se verificó en la sentencia de primera instancia, pues no se
cambió dicha orden.
4.1. Ahora, si el demandante no fue notificado debió dirigirse al despacho y presentar
algún tipo de memorial para que se revisara lo pertinente, frente a lo cual no hubo
prueba de que lo hubiera hecho.
5. La DIAN5 afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
no tiene injerencia en la decisión de una posible vulneración del derecho defensa,
pues, como se pudo constatar, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción constitucional atacada, actuación que no necesariamente
redunda en una trasgresión de derecho fundamental alguno. Por su parte, pidió
remitir la presente solicitud de tutela y las demás que versen sobre la misma
controversia, al Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado
11001031500020250616900, en donde se adelantaba un asunto similar.
6. Yerly Paola Bello Pérez6 pidió declarar improcedente la solicitud de tutela
interpuesta y que, en aras de garantizar la justicia y que se cumpla la Constitución
Política y la ley, compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación por temeridad del funcionario. Así mismo, que se
garantice el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas en el proceso
constitucional con radicado 68001333300620250009700.
7. La Procuraduría General de la Nación7 solicitó su desvinculación de la tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no vulneró
derecho fundamental alguno de la parte demandante y actuó conforme a la función
preventiva que le asignaron la Constitución Política y la ley.
4 Ver índice 8 de Samai.
5 Ver índice 10 y 11 de Samai.
6 Ver índice 12 de Samai. Tercera vinculada.
7 Ver índice 14 de Samai.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
8. La CNSC8 solicitó su desvinculación de la tutela por falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que las actuaciones adelantadas en el marco de la referida
convocatoria se encuentran ajustadas a derecho, sin que exista vulneración de los
derechos fundamentales del demandante
9. Los terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio9.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas: iii) procedencia
de la tutela contra sentencia de tutela; iii) determinación del problema jurídico; y iv)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.° del Decreto 333 del 6 de abril
de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Santander y otro.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Delimitación del asunto a decidir
12. Esta Sala de decisión considera que el estudio del asunto debe efectuarse desde
la perspectiva de los requisitos generales de procedencia del recurso de amparo
constitucional y del debido proceso, en la medida en que, de acuerdo a las
pretensiones expuestas por la parte demandante, se evidencia que la inconformidad
está relacionada con ocasión de la falta de notificación de las actuaciones surtidas
al interior del expediente constitucional identificado con el radicado
68001333300620250009700.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
13. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
8 Ver índice 15 de Samai.
9 Mediante auto del 15 de octubre de 2025, se admitió la tutela de la referencia, negó la medida
cautelar solicitada y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]
14. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente10:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental11. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”12, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”13 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]»
15. Ahora bien, la DIAN, la Procuraduría General de la Nación y la CNSC solicitaron
su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que,
no vulneraron derecho fundamental alguno del demandante y tampoco hay una
relación directa entre lo pretendido y las acciones que puedan desplegar para su
cumplimiento.
16. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, al figurar como demandados e interesados en el proceso
constitucional en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
17. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Édgar Enrique
Barrios Torres cumple con el requisito de procedencia general de la subsidiariedad?
10 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
11 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
12 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
13 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. De la procedencia de la solicitud de tutela - subsidiariedad
18. El artículo 86 constitucional señala que: « [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]
19. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter preferente y subsidiaria,
tal como lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir,
no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o
medios ordinarios previstos por el legislador para garantizar un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
uno de carácter fundamental; salvo, se esté ante la configuración de un perjuicio
irremediable, el cual deberá ser valorado en concreto por el juez de la causa de
acuerdo con las circunstancias en que se encuentre el demandante, a quien le
corresponderá probarlo.
2.4.2. Caso concreto
20. Édgar Enrique Barrios Torres acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga notificarle las
actuaciones surtidas en el expediente constitucional identificado con el radicado
68001333300620250009700 y permitirle su derecho de defensa y contradicción en
el mismo.
21. Sin embargo, esta Sala de decisión debe precisar que las inconformidades
manifestadas por la parte demandante en sede de tutela debieron ser puestas en
conocimiento del juez natural del asunto cuestionado, ha quien le asiste el deber de
pronunciarse al respecto en un primer término.
16. De tal manera, frente a la presunta ausencia de notificación respecto a las
decisiones proferidas en el proceso de tutela cuestionado, el demandante, una vez
evidenciadas tales circunstancias, debió advertirlas ante el juez constitucional de
conocimiento, a través de los requerimientos correspondientes y/o de un incidente
de nulidad en los términos del numeral 8 del artículo 133 y siguiente del CGP, que
dispone:
14
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se
corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que
dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en
este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no
se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.
ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en
cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si
ocurrieren en ella. […]
17. Así las cosas, es pertinente mencionar que la solicitud de tutela no es el
mecanismo procedente para reclamar, corregir o subsanar deficiencias procesales
o de defensa técnica en las que hubiere podido incurrir el demandante una vez
advertidas las irregularidades que hoy alega. Punto en el cual, se insiste, debieron
ser evidenciadas ante el juzgado demandado, sin embargo, de ello no se acreditó
ni se dijo nada al respecto.
18. Ahora bien, tampoco se evidencia la procedencia de este mecanismo de amparo
constitucional de manera transitoria para evitar la eventual ocurrencia de un
perjuicio irremediable, en la medida en que no se alegó ni se acreditó la existencia
de una amenaza grave de algún derecho fundamental que requiera la adopción de
medidas urgentes para su protección.
3. Conclusión
19. Así las cosas, al encontrar que el presente asunto no cumple con el requisito de
subsidiariedad, esta Sala de decisión declarará improcedente la solicitud de tutela
presentada por Édgar Enrique Barrios Torres contra el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06389-00
Demandante: Édgar Enrique Barrios Torres
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Procuraduría
General de la Nación.
Segundo. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Édgar
Enrique Barrios Torres en contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
8
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