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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06406-00

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06406-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: ACCEDER al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de los señores Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el numeral 3 del auto del 25 de septiembre de 2025 expedido por la Sección Primera – Sala de lo Contencioso Administrativo con ponencia del Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta en el expediente con radicado N° 47001-23-33-000-2023-00293-03 medio de control nulidad electoral, en virtud del análisis efectuado en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991). CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06406-00

Consejero ponente: Conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez

23 de febrero de 2026

Demandantes: Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
11001-03-15-000-2025-06406-00
Sentencia de primera instancia.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONJUEZ PONENTE: PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCION DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06406-00
Demandante: ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA
LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA.

1. Procede la sala de conjueces1 a dictar sentencia en el presente proceso, de
conformidad con la constancia secretarial que antecede.

l. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo.

2. El 15 de octubre de 20252 ingresó al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas
Gil el expediente de la referencia, mediante el cual, los señores Alfredo Antonio Navarro
Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, actuando a través de apoderado judicial 3,
instauraron acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, con el
fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y al de defensa.

3. Consideran los accionantes vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la expedición del auto del 25 de septiembre de 20254, donde la sala de decisión

1 En razón a que por auto del 25 de noviembre de 2025 se declararon fundados los impedimentos manifestados por los

magistrados que conforman la Sección Quinta del Consejo de Estado, correspondiéndole la ponencia al Dr. Pedro Luis
Blanco Jiménez y conformando la sala los conjueces Germán Lozano Villegas, Jesús Vall De Rutén Ruiz y Edgar
González López.
2 Índice 3 de Samai. El 10 de octubre de 2025 se recibió a través del correo electrónico de la secretaria general el escrito

de tutela y sus anexos.
3 Abogados Julio César Navarro Manga y Luis Javier Cepeda Visbal, según poderes que obran en el índice 2 de Samai.
4 Índice 202 medio de control 47001233300020230029303, magistrado ponente Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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Demandantes: Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
11001-03-15-000-2025-06406-00
Sentencia de primera instancia.

de la Sección Primera del Consejo de Estado en su numeral 3º dispuso: «TERCERO:
ORDENAR a la secretaría de la Sección Primera abstenerse de dar trámite con destino al
Despacho Sustanciador, de cualquier solicitud procesal que se presente con posterioridad
a la notificación del auto que aquí se profiere en relación con el asunto que se examina». y
como consecuencia de esto, solicitan: «ordenar a la sección accionada, que en
cumplimiento de la orden de protección ordene a la secretaria cumplir con su función y
deber legal».

4. En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción constitucional,
señaló que estos se encuentran plenamente acreditados, en la medida en que: i) la acción
de tutela fue interpuesta dentro de un término razonable, pues a la fecha de su presentación
no habían transcurrido más de seis (6) meses desde la expedición del auto cuestionado,
con lo cual se satisface el requisito de inmediatez; ii) la providencia censurada dispuso que,
durante su ejecutoria, el secretario se abstuviera de tramitar solicitudes o memoriales,
circunstancia que —a juicio del accionante— impedía materialmente el ejercicio de
mecanismos de defensa frente a dicha determinación, lo que evidencia la falta de idoneidad
y eficacia del medio de control ordinario y habilita la procedencia subsidiaria de la acción
de tutela; y iii) la orden judicial controvertida reviste relevancia constitucional, en tanto
restringiría la intervención efectiva de las partes y de terceros con interés, con la
consecuente afectación de los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia.

5. Como requisitos específicos de la acción de tutela contra providencia judicial, reseñó
que incurrió la providencia cuestionada en: i) defecto orgánico, al estimar que la Sección
Primera carecía de competencia para impartir, de manera autónoma, la orden contenida en
el numeral tercero del auto del 25 de septiembre de 2025, mediante la cual se instruyó al
secretario para abstenerse de tramitar solicitudes o memoriales posteriores a su
notificación. Sostuvo que la competencia del órgano judicial se circunscribía a resolver la
recusación y, excepcionalmente, la solicitud de aclaración, por lo que la imposición de una
restricción general al trámite procesal constituía una extralimitación funcional que afectaba
los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia; ii) defecto sustantivo
porque, al ordenar al secretario no tramitar memoriales, omitió aplicar normas imperativas
que regulan de manera directa ese deber funcional, en particular el artículo 109 del Código
General del Proceso, que impone al secretario recibir, fechar, incorporar y dar el trámite
correspondiente a los memoriales y solicitudes de las partes y el numeral 1 del artículo 153
de la Ley 270 de 1996, que exige a los servidores judiciales respetar, cumplir y hacer
cumplir la ley y iii) violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de
supremacía constitucional (artículo 4 de la Carta) mediante la expedición de una orden que

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excedería el marco funcional del juez. En particular, sostuvo que se vulneró el artículo 29
constitucional, en sus componentes de juez natural/competente y debido proceso, al
impartirse una instrucción ajena a la competencia de la Sección accionada.

1.2. Actuaciones procesales relevantes.

6. El 17 de octubre del 20255, los magistrados que integran la Sección Quinta del
Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro Pablo Vanegas Gil, Omar Joaquín
Barreto Suárez y Gloria María Gómez Montoya manifestaron impedimento para decidir el
presente asunto, de conformidad con la causal prevista en los numerales 1 y 6 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, en consideración a que participaron en el medio de
control electoral en el que se dictó la providencia cuestionada y porque les asiste un interés
directo en el proceso constitucional, por cuanto el auto demandado fue proferido en el
trámite de la recusación presentada en su contra.

7. Con ocasión de ello, el 22 de octubre de 2025 se efectuó el sorteó de conjueces,
sala que quedó conformada por los doctores Pedro Luis Blanco Jiménez (ponente), Jesús
Vall De Rutén Ruiz, Edgar González López y Germán Lozano Villegas, quienes mediante
providencia del 25 de noviembre de 2025 declararon fundando el impedimento propuesto
por los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado y avocaron conocimiento,
a efectos de adelantar el trámite que corresponda en primera instancia.

8. El abogado Luis Javier Cepeda Visbal, obrando como apoderado de Luis Alfonso
Gutiérrez Gutiérrez presentó escrito de adición de la demanda6 donde solicitó:
«Consecuencialmente, ordenar a la autoridad accionada que, dentro de un término
razonable, proceda a decidir los recursos de reposición interpuestos contra dicho numeral,
previo agotamiento, por secretaría, del trámite correspondiente a dichos recursos, conforme
los lineamientos de los artículos 319 y 110 del Código General del Proceso».

9. Mediante providencia del 20 de enero de 2026 se dispuso la admisión de la demanda
y su adición presentada por los señores Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso
Gutiérrez Gutiérrez, a través de apoderado judicial en ejercicio de la acción de tutela,
ordenando vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Magdalena, a
la secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, a la Sección Quinta del Consejo
de Estado y a los sujetos procesales que son parte dentro del medio de control electoral
47001233300020230029303, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

5 Índice 4 de Samai.
6 Índice 12 de Samai.

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Estado en los términos del artículo 610 del CGP.

1.3 Contestación de la demanda.

1.3.1 Consejo de Estado - Sección Primera

10. En atención a la notificación de la admisión de la acción constitucional, el Honorable
Consejero de Estado Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta rindió informe en el que solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, al estimar que no se cumple el requisito
general de relevancia constitucional, toda vez que los accionantes fundamentan su solicitud
en apreciaciones subjetivas orientadas a obtener un criterio jurídico favorable a sus
intereses, utilizando la tutela como si se tratara de una instancia adicional dentro del
proceso de nulidad electoral.

11. Sostuvo que los demandantes no demostraron que el asunto tuviera entidad
constitucional, en tanto no acreditaron que el caso implicara la interpretación, aplicación o
desarrollo directo de la Constitución Política, ni que la controversia trascendiera una
discusión meramente legal, ni que existiera una afectación desproporcionada de derechos
fundamentales, conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional; de
manera subsidiaria, solicita negar el amparo de tutela, al considerar que la providencia
judicial cuestionada se encuentra debidamente motivada y que las razones expuestas en
ella son suficientes para descartar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por los accionantes.

1.3.2 Consejo de Estado – Sección Quinta.

12. El Honorable Consejero Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, se pronunció respecto de la solicitud de amparo elevada por
los accionantes, señalando en primera medida que dicha Sección no profirió la providencia
cuestionada, por lo que no sería la llamada a responder por la presunta vulneración de
derechos fundamentales alegada por los accionantes.

13. No obstante, en su condición de tercero con interés, solicitó declarar la
improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, al
considerar que la parte actora no satisfizo la carga argumentativa exigida en las acciones
de tutela contra providencias judiciales, pues no demostró la falta de competencia funcional
de la Sección Primera ni citó normas que la sustentaran. Agregó que las disposiciones
invocadas —artículo 109 del CGP y artículo 153 de la Ley 270 de 1996— no contienen
reglas de competencia, y que la inconformidad de los accionantes obedece a que la orden
impartida en el auto del 25 de septiembre de 2025 les resultó desfavorable.

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14. Finalmente, resalta que durante el trámite de la segunda instancia los apoderados
de los tutelantes han desplegado múltiples maniobras dilatorias como recursos
improcedentes, peticiones de aclaraciones y adiciones que no resultaron prósperas,
recusaciones contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado y demás
actuaciones tendientes a impedir la ejecutoria de la sentencia que anuló la elección del
señor Alfredo Antonio Navarro Manga, accionante en la presente solicitud de amparo. Con
fundamento en lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y de
manera subsidiaria, negar el amparo, por no evidenciarse vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados.

1.3.3 Consejo Nacional Electoral

15. El Consejo Nacional Electoral, por intermedio de apoderado judicial, dio contestación
a la acción de tutela de la referencia, indicando que carece de legitimación en la causa por
pasiva, en tanto no participó en los hechos que originaron la presunta vulneración de
derechos fundamentales ni tiene competencia para revisar, modificar o dejar sin efectos
providencias judiciales proferidas en procesos de nulidad electoral. Precisó que la
controversia planteada por los accionantes se circunscribe exclusivamente a un auto
judicial emitido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, frente al cual el CNE no
tiene injerencia alguna, en atención a la autonomía e independencia judicial.

16. Con fundamento en lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite constitucional
por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la autoridad llamada a satisfacer
las pretensiones del amparo.

1.3.4 Registraduría Nacional de Estado Civil.

17. La entidad vinculada dio contestación a la acción de tutela promovida por Alfredo
Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez contra la Sección Primera del
Consejo de Estado indicando que los hechos y reproches formulados por los accionantes
se circunscriben exclusivamente a decisiones judiciales adoptadas en el marco del proceso
de nulidad electoral, particularmente a la providencia que rechazó una solicitud de
aclaración y ordenó abstenerse de dar trámite a nuevas actuaciones, asuntos que
corresponden de manera exclusiva a la función jurisdiccional y son ajenos a las
competencias constitucionales y legales de la Registraduría.

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18. En virtud de lo anterior, afirmó que la entidad no tuvo participación alguna en los
hechos que originaron la presunta vulneración alegada, ni ostenta facultades para
intervenir, revisar o modificar decisiones judiciales, razón por la cual solicitó declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, disponer la desvinculación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil del trámite constitucional, al no ser la autoridad
llamada a satisfacer las pretensiones del amparo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

19. La Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para
conocer de la demanda presentada por los señores Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso
Gutiérrez Gutiérrez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política,
37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.1 y 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015,
modificados por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo
de Estado 080 de 12 de marzo de 2019.

2.2 Legitimación

20. Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor Alfredo
Antonio Navarro Manga, en la medida en que fue demandado dentro del proceso electoral
con radicado N° 470012333000202300293, en el cual fue proferido el auto del 25 de
septiembre de 2025 que aquí se cuestiona. De igual forma, se reconoce legitimación al
señor Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez en calidad de tercero con interés, por cuanto
intervino activamente en el proceso electoral, al proponer la nulidad de lo actuado, respecto
de la cual —según lo expuesto— subsistía un recurso pendiente de resolución al momento
de la actuación cuestionada.

21. Igualmente, la Sección Primera del Consejo de Estado, se encuentra legitimada en
la causa por pasiva por haber proferido el auto interlocutorio del 25 de septiembre de
2025, en particular, la orden impartida en el numeral 3° de la misma.

2.3 Planteamiento del problema jurídico.

22. Le corresponde a la Sala determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado mediante
auto del 25 de septiembre de 2025 proferido al interior del proceso de nulidad electoral con
ocasión del trámite de una recusación, cuyo numeral 3° dispuso: «TERCERO: ORDENAR a
la secretaría de la Sección Primera abstenerse de dar trámite con destino al Despacho

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Sustanciador, de cualquier solicitud procesal que se presente con posterioridad a la
notificación del auto que aquí se profiere en relación con el asunto que se examina». y
como consecuencia de esto, solicitan: «ordenar a la sección accionada, que en
cumplimiento de la orden de protección ordene a la secretaria cumplir con su función y
deber legal», vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes, al incurrir en defecto orgánico y sustantivo, así como
violación directa de la constitución.

2.4 Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas
por los máximos tribunales.

23. La acción de tutela contra providencias judiciales ha sido amplia e históricamente
desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y compartida por algunas de
las secciones que integran el Consejo de Estado. En la sentencia de unificación de esta
Corporación de fecha 31 de julio de 2012, proferida en el proceso 2009-01328-01(IJ)7, se
da cuenta de esa tendencia.

24. Sobre el particular, la sentencia C-590 de 20058, considerada un hito en la materia,
hace énfasis en la constitucionalidad de dicho mecanismo contra las providencias
proferidas por los órganos límite en la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso
administrativo, precisando que su procedencia no vulnera los principios de seguridad
jurídica, autonomía e independencia de los jueces, ni viola la distribución constitucional de
competencias entre las altas cortes; enfatizando que en estos casos, la acción de tutela
cumple una función estrictamente constitucional, orientada a preservar la primacía de los
derechos fundamentales frente a la ley, así como a garantizar que su interpretación y
aplicación por parte de todos los jueces de la República se mantenga armónica, coherente
y acorde con el contenido constitucionalmente protegido, con independencia del asunto
sometido a su conocimiento.

25. A su turno, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia del 31 de julio de 20129, unificó la jurisprudencia de las diferentes secciones
de la Corporación en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando resulten violatorias de derechos fundamentales, superándose las
divergencias que existían entre las distintas Secciones de la Corporación. En dicha decisión

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de junio de 2012. C.P María Elizabeth

García González.
8 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. Referencia expediente D-5428. C.P Jaime Córdoba

Triviño.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 11001-03-15-000-2009- 01328-01

(AC). M.P. Dra. María Elizabeth García González.

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se acogió de manera expresa la doctrina constitucional elaborada por la Corte
Constitucional en torno a la tutela contra decisiones judiciales, reconociendo su viabilidad
cuando estas vulneren derechos fundamentales y se cumplan estrictos requisitos de
procedibilidad. Con ello, se abandonó la tesis de la improcedencia absoluta y se admitió
que, en un Estado Social de Derecho, ninguna autoridad pública —incluidos los jueces—
está exenta de control cuando sus actuaciones transgreden garantías constitucionales.

26. La Sala Plena precisó que la tutela contra providencias judiciales tiene carácter
eminentemente subsidiario y residual, y solo procede ante la configuración de causales
específicas, tales como defectos sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, entre otros,
siempre que se acredite la afectación directa de un derecho fundamental y la inexistencia
de otro mecanismo judicial eficaz. Asimismo, reiteró la necesidad de cumplir los requisitos
generales de procedibilidad, como la inmediatez y la relevancia constitucional del asunto.
De esta forma, la sentencia armonizó la autonomía e independencia judicial con la
supremacía de la Constitución, consolidando un criterio uniforme que garantiza coherencia
institucional y seguridad jurídica en la jurisdicción contencioso administrativa.

27. En esa medida, se ha aclarado que la acción de tutela contra providencia judicial
proferida por un máximo tribunal, como el Consejo de Estado: i) no vulnera per se el
principio de cosa juzgada, pues este atributo solo se predica de las sentencias
ejecutoriadas y, aun así, únicamente respecto de aquellas decisiones que sean
respetuosas de los derechos fundamentales. En consecuencia, no existe impedimento
constitucional para promover tutela contra autos o sentencias judiciales cuando estos
vulneren garantías superiores, pues la intangibilidad propia de la cosa juzgada no opera
frente a decisiones que desconozcan el debido proceso u otros derechos fundamentales;
ii) no vulnera los principios de autonomía e independencia judicial, pues la
competencia del juez de tutela no implica reemplazar al juez natural ni reabrir el debate
ordinario, sino verificar si una providencia vulneró garantías constitucionales y, de ser el
caso, impartir órdenes para su restablecimiento y iii) no vulnera el principio de juez
natural pues este mecanismo, de naturaleza excepcional, subsidiaria y residual, no
desplaza al juez ordinario ni convierte al juez constitucional en intérprete general de la
legalidad, sino que se limita a verificar la eventual vulneración de derechos fundamentales;
por mandato constitucional, dicha función corresponde a los jueces de tutela y, en última
instancia, a la Corte Constitucional, sin afectar la condición de órganos de cierre de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que conservan íntegra su competencia para
definir el alcance del derecho ordinario y contencioso administrativo; en esa medida, la
intervención del juez constitucional opera únicamente para asegurar la prevalencia de los
derechos fundamentales conforme al principio de supremacía constitucional, incluso

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cuando ello implique ordenar la adopción de una nueva decisión respetuosa de tales
garantías.10

28. Ahora bien, sólo es posible admitir el estudio de una acción de tutela contra
providencia judicial si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos. Unos, de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela y, otros, de carácter específico, que tocan con la
prosperidad misma del amparo constitucional.

29. En la Sentencia C-590 de 200511, la Corte señaló como requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, los siguientes:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad
y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

10 Consejo de Estado. Sentencia del 05 de agosto de 2014 Rad N° 11001031500020120220101 C.P Jorge Octavio

Ramírez Ramírez.
11 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. Referencia expediente D-5428. C.P Jaime Córdoba

Triviño.

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fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de
los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”

30. Además de los requisitos generales mencionados, para la prosperidad de una acción de
tutela contra una providencia judicial es necesario que se configure al menos uno de los requisitos
o causales especiales denominados por la Corte Constitucional, en términos generales, como
“defectos”, concepto que superó las llamadas “vía de hecho”, a saber12:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte
de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar

12 Íbidem.

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cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.”

31. En suma, los requisitos generales se vinculan directamente con la procedencia formal de la
acción de tutela, mientras que las causales o requisitos especiales se orientan al examen material
de la controversia, en cuanto permiten establecer si se configuró una vulneración de derechos
fundamentales y, por ende, si se cumplen las condiciones sustantivas para otorgar el amparo
solicitado.

2.5 Caso concreto

32. De conformidad con las premisas sentadas en apartes precedentes, resulta
pertinente en primer lugar, proveer respecto de la concurrencia de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.

33. Parte la Sala de precisar que el escrito de tutela identifica como vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de
justicia con ocasión del auto del 25 de septiembre de 202513, donde la Sala de decisión de
la Sección Primera del Consejo de Estado en su numeral 3º dispuso: «TERCERO:
ORDENAR a la secretaría de la Sección Primera abstenerse de dar trámite con destino al
Despacho Sustanciador, de cualquier solicitud procesal que se presente con posterioridad
a la notificación del auto que aquí se profiere en relación con el asunto que se examina». y
como consecuencia de esto, solicitan: «ordenar a la sección accionada, que en
cumplimiento de la orden de protección ordene a la secretaria cumplir con su función y
deber legal».

34. En esa medida, el asunto sometido a consideración reviste clara relevancia
constitucional, pues no se limita a una mera discrepancia de legalidad o a la inconformidad
de las partes frente a una decisión judicial, sino que cuestiona una orden que restringió de

13 Índice 202 medio de control 47001233300020230029303, magistrado ponente Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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forma absoluta el trámite de actuaciones procesales, con afectación directa y grave de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de
justicia. En particular, la instrucción impartida por la Sección Primera del Consejo de Estado
a la secretaría para abstenerse de tramitar cualquier solicitud posterior a la notificación del
auto comprometió el contenido esencial de dichas garantías, lo que sitúa el debate en un
plano estrictamente constitucional y habilita la intervención del juez de tutela.

35. Igualmente, se satisfizo el requisito de agotamiento de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial, en tanto la orden cuestionada produjo un efecto
impeditivo que tornó ineficaces los mecanismos ordinarios de defensa, pues al disponerse
que la secretaría no diera trámite a solicitudes o memoriales posteriores, se bloqueó
materialmente la posibilidad de interponer y sustentar recursos, solicitar aclaraciones o
ejercer cualquier otro mecanismo procesal previsto en la ley.

36. La acción constitucional fue promovida dentro de un término razonable y
proporcionado, contado a partir de la expedición del auto del 25 de septiembre de 2025,
esto es, el 14 de octubre de 2025.

37. Además, la decisión adoptada en la providencia del 25 de septiembre de 2025 de
abstención impartida a la secretaría tuvo un efecto decisivo y determinante en el trámite
del proceso, al suprimir de plano la posibilidad de intervención procesal de las partes y
terceros con interés. Dicha actuación alteró de manera sustancial el desarrollo normal del
procedimiento.

38. Los accionantes cumplieron adecuadamente con la carga argumentativa exigida, al
identificar de manera clara y razonable los hechos que dieron lugar a la presunta
vulneración —esto es, la expedición del auto del 25 de septiembre de 2025 y, en particular,
su numeral tercero— así como los derechos fundamentales comprometidos,
concretamente el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia.
Asimismo, los accionantes explicaron la forma en que la orden judicial incidió
negativamente en su situación jurídica y, en la medida de lo posible, pusieron de presente
dicha afectación dentro del trámite judicial, antes de acudir al juez constitucional.

39. Por último, se encuentra acreditado que no se trate de sentencias de tutela, sino
a un auto interlocutorio proferido en el marco de un proceso de nulidad electoral.

40. En suma, del análisis conjunto de los anteriores presupuestos se concluye que la
acción de tutela interpuesta cumple cabalmente con los requisitos generales de
procedibilidad, lo que habilita el estudio de fondo de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

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Condiciones de prosperidad de la acción de tutela.

41. Definido el marco de procedencia de la acción constitucional y acreditada la
concurrencia de los requisitos exigidos para el estudio de fondo, procede la Sala a resolver
el problema jurídico planteado, centrado en determinar si la orden impartida en el numeral
tercero del auto del 25 de septiembre de 2025, mediante la cual se instruyó a la secretaría
de la Sección Primera del Consejo de Estado para abstenerse de dar trámite a cualquier
solicitud procesal presentada con posterioridad a su notificación, comportó una vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes

42. Al respecto, la Sala observa que la referida orden judicial, lejos de constituir una
simple medida de dirección procesal, introdujo una restricción general e indiscriminada al
ejercicio de las facultades procesales de las partes y de los terceros con interés, al impedir
de manera absoluta la radicación, incorporación y trámite de memoriales y solicitudes.

43. Tal determinación resulta incompatible con el contenido esencial del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en
la medida en que desconoce que el trámite de las actuaciones procesales no es una
concesión discrecional del juez, sino una garantía mínima que asegura la contradicción, la
defensa y la posibilidad real de intervención de quienes ostentan legitimación dentro del
proceso. En efecto, el deber funcional de la secretaría de recibir, fechar, incorporar y dar el
trámite correspondiente a los memoriales y solicitudes no puede ser suprimido por vía de
una orden judicial que, sin habilitación normativa expresa, suspenda de manera general el
curso ordinario del procedimiento.

44. Bajo esta perspectiva, resulta palmario que la providencia en cuestión ha incurrido
en un defecto sustantivo, pues excedió el marco normativo aplicable al ordenar a la
secretaría abstenerse de tramitar cualquier solicitud posterior, lo que implica una omisión
de normas imperativas que garantizan el debido proceso, afectando así el derecho de
defensa y el acceso a la administración de justicia.

45. En otras palabras, la decisión adoptada desborda los límites de la autonomía judicial,
pues imprime una restricción al margen de una interpretación razonable y armónica con el
debido proceso14.

14 Corte Constitucional, Sentencias T-001 de 1999 y T-462 de 2003.

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46. Ahora bien, la Sala es consciente de que, en determinados contextos, las partes
pueden desplegar actuaciones orientadas a dilatar injustificadamente el proceso o a
entorpecer la ejecutoria de las decisiones judiciales. Sin embargo, la existencia de
eventuales maniobras dilatorias no autoriza al juez a adoptar medidas que sacrifiquen de
forma desproporcionada las garantías procesales ni que restrinjan el acceso a la
administración de justicia, pues ello implicaría trasladar a los sujetos procesales las
consecuencias de una respuesta institucional que debe canalizarse por las vías legalmente
previstas.

47. Precisamente, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos idóneos para
enfrentar conductas procesales abusivas o contrarias a la lealtad y buena fe, tales como la
imposición de sanciones procesales o, cuando a ello hubiere lugar, la compulsa de copias
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se evalúe la eventual
responsabilidad disciplinaria de los apoderados o de las partes, tal como se dispuso en el
numeral cuarto de la providencia aquí cuestionada. Estas herramientas permiten preservar
la autoridad del juez y la eficacia del proceso sin menoscabar el núcleo esencial de los
derechos fundamentales comprometidos.

48. En contraste, la orden cuestionada optó por una solución que, aunque inspirada en
la finalidad legítima de preservar la celeridad y evitar dilaciones indebidas, resultó
constitucionalmente inadmisible por cuanto cercenó de manera absoluta el derecho de las
partes a presentar solicitudes, recursos o pronunciamientos, incluso aquellos destinados a
controvertir la propia orden restrictiva. De esta manera, se configuró una afectación directa
y grave del debido proceso y del derecho de acceso a la administración de justicia, al
impedir cualquier forma de contradicción o control dentro del trámite judicial.

49. En consecuencia, la Sala concluye que la anotación contenida en el numeral tercero
del auto del 25 de septiembre de 2025 constituye una vulneración de los derechos
fundamentales invocados, al haber impuesto una restricción procesal carente de sustento
legal, desproporcionada frente a la finalidad perseguida y lesiva del contenido esencial del
debido proceso. Por ende, se impone el amparo solicitado, en cuanto resulta necesario
restablecer el trámite ordinario de las actuaciones procesales y garantizar que la secretaría
cumpla integralmente sus funciones legales, sin perjuicio de que la autoridad judicial
adopte, por los cauces institucionales adecuados, las medidas disciplinarias o correctivas
a que haya lugar frente a eventuales conductas dilatorias.

3. DECISIÓN

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En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la sección Quinta del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ACCEDER al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia de los señores Alfredo Antonio Navarro
Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el numeral 3 del auto del 25 de
septiembre de 2025 expedido por la Sección Primera – Sala de lo Contencioso
Administrativo con ponencia del Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta en el expediente con
radicado N° 47001-23-33-000-2023-00293-03 medio de control nulidad electoral, en
virtud del análisis efectuado en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991).

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO LUIS BLANCO JIMENEZ
Conjuez

GERMAN LOZANO VILLEGAS
Conjuez

JESUS VALL DE RUTEN RUIZ
Conjuez

EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Conjuez
(Salva Voto)

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