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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06406-01

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06406-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Quinta- y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela de Alfredo Antonio Navarro Manga y otro contra el Consejo de Estado–Sección Primera- , por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 14 Radicación:11001-03-15-000-2025-06406-01 Accionante: Alfredo Antonio Navarro Manga y otro Acción de tutela–Segunda instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06406-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

10 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06406-01

Accionante: ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA Y OTRO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN PRIMERA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 23 de febrero de
2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Quinta-, que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de los
accionantes y concedió la acción de tutela en contra del Consejo de Estado–Sección
Primera.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Los señores Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, actuando
mediante apoderados judiciales, formularon acción de tutela con el fin de obtener la

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protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, derecho de defensa y participación política, que consideraron vulnerados por
el Consejo de Estado–Sección Primera,- al proferir el auto del 25 de septiembre de 2025
dentro del trámite de recusación surtido en el proceso de nulidad electoral1, promovido
contra la elección de Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde del Municipio de
Sitionuevo–Magdalena. Los accionantes sostuvieron que la autoridad judicial, además de
rechazar la solicitud de aclaración presentada contra el auto del 24 de julio de 2025,
ordenó en el numeral tercero de dicha providencia al secretario de la Sección abstenerse
de dar trámite a cualquier memorial o solicitud que se presentara con posterioridad a su
notificación, decisión que, en su criterio, constituye una actuación manifiestamente ilegal
que les impide ejercer sus derechos de defensa, contradicción e impugnación dentro del
proceso electoral y vulnera las garantías propias del debido proceso.

En virtud del amparo, los accionantes solicitaron textualmente:

«Respetuosamente, solicitamos al Juez Constitucional dejar sin efectos el referido
numeral tercero del auto del 25 de septiembre de 2025, proferido por la autoridad
judicial accionado al interior del señalado proceso de nulidad electoral con ocasión
del trámite de una recusación.

Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la sección accionada, que en
cumplimiento de la orden de protección ordene a la secretaria cumplir con su
función y deber legal como ya se dijo en líneas precedentes»

«Respetuosamente, solicitamos al Juez Constitucional dejar sin efectos el referido
numeral tercero del auto del 25 de septiembre de 2025, proferido por la autoridad
judicial accionado al interior del señalado proceso de nulidad electoral con ocasión
del trámite de una recusación.

Consecuencialmente, ordenar a la autoridad accionada que, dentro de un término
razonable, proceda a decidir los recursos de reposición interpuestos contra dicho
numeral, previo agotamiento, por secretaría, del trámite correspondiente a dichos
recursos, conforme los lineamientos de los artículos 319 y 110 del Código General
del Proceso.»

2. Hechos relevantes

El señor Alfredo Antonio Navarro Manga fue elegido alcalde del Municipio de Sitionuevo–
Magdalena-, para el período constitucional 2024-2027, elección que fue demandada por
la señora Karen Judith Gutiérrez Garizábalo mediante el medio de control de nulidad

1 Proceso identificado con el radicado: 47001-23-33-000-2023-00293-03.

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electoral, bajo el argumento de haber incurrido en doble militancia por apoyo durante la
campaña electoral.

El proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Magdalena,
que mediante sentencia del 10 de julio de 2024 negó las pretensiones de la demanda;
sin embargo, dicha decisión fue revocada por el Consejo de Estado–Sección Quinta-
mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, que declaró la nulidad de la elección y
dispuso la cancelación de la credencial del accionante.

Los accionantes indicaron que, dentro del término de ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia, el señor Alfredo Antonio Navarro Manga, a través de su apoderado,
presentó solicitud de aclaración y adición de la providencia, la cual, a la fecha de
presentación de la tutela, no había sido resuelta. Asimismo, señalaron que las
autoridades judiciales omitieron informar a la comunidad política de Sitionuevo la
existencia del proceso de nulidad electoral, conforme a lo previsto en el artículo 277
numeral 5 del CPACA, razón por la cual varios electores del municipio, entre ellos Luis
Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, intervinieron en el proceso y promovieron solicitud de nulidad
de lo actuado, así como diversos recursos y actuaciones posteriores.

Los accionantes manifestaron que, en el curso del trámite de recusación adelantado ante
el Consejo de Estado–Sección Primera-, presentaron solicitudes de aclaración respecto
del auto del 24 de julio de 2025. No obstante, mediante auto del 25 de septiembre de
2025, el Consejo de Estado–Sección Primera rechazó dichas solicitudes y,
adicionalmente, ordenó al secretario de la corporación abstenerse de dar trámite a
cualquier memorial o solicitud presentada con posterioridad a la notificación de dicha
providencia. A juicio de los accionantes, esta determinación les impidió ejercer sus
derechos de defensa, contradicción e impugnación dentro del proceso electoral, por lo
que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, derecho de defensa y participación política, al impedirles continuar ejerciendo
las actuaciones procesales que, en su criterio, les correspondían dentro del proceso de
nulidad electoral.

3. Fundamentos de la acción

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Los accionantes sostuvieron que el Consejo de Estado–Sección Primera-, incurrió en un
defecto orgánico, material o sustantivo y una violación directa de la Constitución, al
proferir el auto del 25 de septiembre de 2025 dentro del trámite de recusación surtido en
el proceso de nulidad electoral radicado bajo el número 47001-23-33-000-2023-00293-
03. Indicaron que dicha autoridad judicial, además de rechazar la solicitud de aclaración
presentada contra el auto del 24 de julio de 2025, ordenó al secretario de la corporación
abstenerse de dar trámite a cualquier memorial o solicitud presentada con posterioridad
a la notificación de esa providencia, decisión que, en su criterio, carecía de fundamento
legal y excedía las competencias de la autoridad judicial. Asimismo, afirmaron que la
medida les impidió ejercer los derechos de defensa, contradicción, impugnación y
participación política dentro del proceso electoral, en contravía de los artículos 29 y 40
de la Constitución Política y de la jurisprudencia constitucional sobre tutela contra
providencias judiciales.

4. Trámite de primera instancia

El 20 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela y su adición2, y se ordenó notificar
a la Sección Primera del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso la vinculación del
Tribunal Administrativo del Magdalena, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo
de Estado, la Sección Quinta del Consejo de Estado, los sujetos procesales que son parte
dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado 47001-23-33-000-2023-
00293-03 y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Finalmente, se negó
la medida provisional solicitada y se reconoció personería a los abogados Julio César
Navarro Manga y Luis Javier Cepeda Visbal para representar a la parte accionante.

Omar Joaquín Barreto Suárez, magistrado del Consejo de Estado–Sección Quinta-, en
su escrito de contestación 3 , solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de relevancia constitucional, al considerar que los accionantes no
acreditaron una carga argumentativa suficiente para demostrar la presunta falta de
competencia de la Sección Primera y que, en realidad, buscan reabrir una discusión
jurídica adversa a sus intereses. Asimismo, señaló que los apoderados de los
accionantes han desplegado múltiples actuaciones dilatorias dentro del proceso electoral,
encaminadas a impedir la ejecutoria de la sentencia que anuló la elección de Alfredo

2 Cfr. SAMAI, índice 34.
3 Cfr. SAMAI, índice 42.

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Antonio Navarro Manga. Subsidiariamente, pidió negar el amparo al no evidenciarse
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

El Consejo Nacional Electoral, por conducto de su Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa
Judicial, contestó la acción de tutela 4 y solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la
controversia se circunscribe exclusivamente a decisiones adoptadas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, frente a las cuales carece de competencia y de
participación en los hechos que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por los accionantes.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su Jefe de la Oficina
Jurídica, contestó la acción de tutela5 y sostuvo que las decisiones cuestionadas fueron
adoptadas en un escenario eminentemente jurisdiccional, ajeno a las competencias de
esa entidad, por lo que no es responsable de la presunta vulneración de los derechos
invocados ni fungió como juez natural dentro del proceso de nulidad electoral. En
consecuencia, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y su
desvinculación del trámite constitucional.

Finalmente, Pablo Andrés Córdoba Acosta, Consejero de Estado, integrante de la
Sección Primera, contestó la acción de tutela6 y sostuvo que esta resulta improcedente
por incumplir el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que los
accionantes sustentan su solicitud en apreciaciones subjetivas con el propósito de que
se adopte un criterio jurídico favorable a sus intereses, como si la tutela constituyera una
instancia adicional dentro del proceso de nulidad electoral. Adicionalmente, solicitó negar
las pretensiones de amparo al considerar que la providencia cuestionada se encuentra
debidamente motivada y que no se configuró vulneración alguna de derechos
fundamentales.

El 23 de febrero de 20267, el Consejo de Estado–Sección Quinta profirió sentencia de
primera instancia, mediante la cual amparó los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de los señores Alfredo

4 Cfr. SAMAI, índice 44.
5 Cfr. SAMAI, índice 45.
6 Cfr. SAMAI, índice 46.
7 Cfr. SAMAI, índice 49.

6
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Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez. En consecuencia, dejó sin
efectos el numeral tercero del auto del 25 de septiembre de 2025, proferido por el Consejo
de Estado–Sección Primera- dentro del proceso de nulidad electoral, al considerar que la
orden impartida a la secretaría de abstenerse de tramitar cualquier solicitud posterior a la
notificación de dicha providencia constituía una restricción general e indiscriminada al
ejercicio de las facultades procesales de las partes y terceros con interés, incompatible
con los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia.

Posteriormente, Karen Judith Gutiérrez Garizábalo, demandante dentro del proceso de
nulidad electoral, en su escrito de apelación8, señaló que la sentencia de primera
instancia debió declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, al considerar que los accionantes pretendían utilizar el
amparo como una instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas dentro del
proceso de nulidad electoral. Asimismo, sostuvo que la orden impartida por el Consejo
de Estado–Sección Primera- se enmarcó en los poderes de dirección, instrucción y
corrección del juez, con el fin de evitar maniobras dilatorias, preservar la ejecutoria de la
sentencia de nulidad electoral y garantizar los principios de celeridad, economía procesal
y acceso a la administración de justicia. Igualmente, afirmó que los accionantes
incurrieron en abuso del derecho de defensa mediante la presentación sucesiva de
recusaciones, recursos y solicitudes manifiestamente improcedentes, razón por la cual
solicitó revocar el fallo de primera instancia y declarar improcedente la acción de tutela.

Asimismo, Pablo Andrés Córdoba Acosta, magistrado del Consejo de Estado–Sección
Primera, en su escrito de apelación9 , manifestó que la controversia carecía de relevancia
constitucional, por cuanto los accionantes no demostraron una afectación
desproporcionada de derechos fundamentales y únicamente expresaron su
inconformidad con una decisión judicial debidamente motivada. De igual forma, sostuvo
que la orden impartida en el auto del 25 de septiembre de 2025 no restringió el acceso a
la administración de justicia, pues se circunscribió exclusivamente al trámite de
recusación y tuvo como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la ejecutoria de las
providencias judiciales y la cosa juzgada, frente a la presentación reiterada de solicitudes
y recursos manifiestamente improcedentes. Finalmente, afirmó que los accionantes han
podido ejercer plenamente su derecho de defensa y que las actuaciones desplegadas

8 Cfr. SAMAI, índice 59.
9 Cfr. SAMAI, índice 69.

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evidencian un abuso del derecho procesal, razón por la cual solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y negar el amparo solicitado.

Alfredo Antonio Navarro Manga allegó memorial10 en el que solicitó la adición de la
sentencia de tutela del 23 de febrero de 2026, al considerar que, si bien el fallo amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
omitió ordenar a la autoridad judicial accionada resolver, dentro de un término de cuarenta
y ocho (48) horas, los recursos de reposición interpuestos contra el numeral tercero del
auto del 25 de septiembre de 2025, previo agotamiento del trámite secretarial
correspondiente. En consecuencia, solicitó adicionar el fallo con el fin de garantizar la
efectividad del amparo constitucional y restablecer plenamente los derechos reconocidos.

Por su parte11, Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, allegó memorial en el que solicitó la
adición de la sentencia de tutela, al sostener que, pese a haberse admitido la adición de
la demanda y dejado sin efectos el numeral tercero del auto del 25 de septiembre de
2025, la providencia omitió pronunciarse sobre la petición consistente en ordenar al
Consejo de Estado–Sección Primera- decidir los recursos de reposición interpuestos
contra dicha determinación, previo agotamiento del trámite secretarial previsto en los
artículos 110 y 319 del Código General del Proceso. Por ello, pidió adicionar el fallo y
ordenar a la autoridad accionada resolver dichos recursos dentro de un término
razonable.

Finalmente, Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, a través
de sus apoderados, allegaron memorial12 conjunto en el que manifestaron desistir de la
acción de tutela promovida por sus representados y solicitaron, una vez aceptado el
desistimiento, el archivo de la actuación.

Finalmente, mediante auto del 15 de mayo de 202613, se concedieron los recursos de
impugnación interpuestos por Karen Judith Gutiérrez Garizábalo y el magistrado Pablo
Andrés Córdoba Acosta. Asimismo, se negó la solicitud de desistimiento de la acción de
tutela presentada por los apoderados de los accionantes y las solicitudes de adición de

10 Cfr. SAMAI, índice 61.
11 Cfr. SAMAI, índice 62.
12 Cfr. SAMAI, índice 68.
13 Cfr. SAMAI, índice 70.

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la sentencia del 23 de febrero de 2026 formuladas por Alfredo Antonio Navarro Manga y
Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
23 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Quinta, que amparó
los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia de los accionantes y concedió la acción de tutela en contra del Consejo de
Estado–Sección Primera.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental14. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela15.

14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional16: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

Los señores Alfredo Antonio Navarro Manga y Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez
promovieron acción de tutela contra el Consejo de Estado–Sección Primera-, al
considerar que dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, defensa y participación política.

Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, los accionantes
sostienen que la autoridad judicial accionada, mediante auto del 25 de septiembre de
2025, excedió sus competencias al ordenar al secretario de la corporación abstenerse de
dar trámite a cualquier memorial o solicitud presentada con posterioridad a la notificación
de dicha providencia, decisión que, en su criterio, les impidió ejercer los derechos de
defensa, contradicción e impugnación dentro del proceso de nulidad electoral y constituyó
una vulneración directa de las garantías del debido proceso y acceso a la administración
de justicia.

La Sala advierte que, de la revisión del expediente y del análisis de la providencia
cuestionada se evidencia que, en el auto del 25 de septiembre de 2025, el Consejo de
Estado–Sección Primera explicó lo siguiente:

«20. Al respecto, este juzgador debe precisar que se han garantizado, a lo largo del
proceso judicial, todas y cada una de las prerrogativas que asisten al debido
proceso y al derecho de defensa de los sujetos procesales. Sobre dicha base, la
Sección Primera, mediante el auto del 24 de julio de 2025, resolvió de plano las
recusaciones presentadas por el abogado Luis Javier Cepeda Visbal y por el
apoderado de la parte demandada, encontrándolas improcedentes.

21. Con todo, este juzgador no puede ser pasivo ante las múltiples solicitudes que
se han presentado desde el pasado 7 de noviembre de 2024, fecha en la que la
Sección Quinta profirió la sentencia que declaró la nulidad del acto de elección del
demandado como alcalde municipal de Sitionuevo–Magdalena y, en consecuencia,
considera que la actitud procesal del demandado y de su apoderado, abogado José
Antonio Navarro Manga, está dirigida a impedir que el fallo adquiera firmeza, con lo
cual se afecta el principio de celeridad que, de forma especial, gobierna el proceso
electoral. »

«30. Ahora bien, atendiendo los autos del 16 de mayo, 6 de junio y 24 de julio de
2025, en los cuales la Sección Primera, en uso de sus poderes de ordenación e

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instrucción del proceso, conminó a las partes del proceso y al abogado Cepeda
Visbal para que se abstuvieran de presentar solicitudes abiertamente
improcedentes, y se compulsaron copias con destino a la autoridad judicial
competente para que se investigue la conducta procesal de los abogados Luis
Javier Cepeda Visbal y Antonio José Navarro Manga, la Sala considera relevante
prevenir a la parte demandada, a su apoderado y al abogado Luis Javier Cepeda
Visbal, lo siguiente:

a) Contra la presente decisión, que resuelve las solicitudes de aclaración del auto
proferido el 24 de julio de 2025, no proceden recursos, según lo previsto en el
numeral 12 del artículo 243A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

b) De acuerdo con el artículo 285 del Código General del Proceso, frente a la
presente providencia no cabe solicitud de aclaración, en consideración a que, según
lo dispuesto en dicha norma, la aclaración de autos debe realizarse dentro del
término de ejecutoria de la providencia, la cual se refiere, únicamente, a la
providencia que contiene la decisión cuya aclaración se pretende, sin que la norma
prevea la posibilidad de solicitar una aclaración sobre el auto que resuelve la
aclaración.

En efecto, a la aclaración de la providencia subyace la falta de claridad o la
oscuridad de pasajes o texto de su parte resolutiva, o de su parte considerativa,
siempre que tenga incidencia en la decisión; con lo cual, proferido el auto que decide
sobre la solicitud de aclaración, dicho mecanismo se agota y da paso a la ejecutoria
de la providencia cuya aclaración se solicitó, salvo que, dentro del término de
ejecutoria del auto que la decide, se interpongan contra ella los recursos
procedentes; y, en este caso, contra el auto del 24 de julio de 2025, cuya aclaración
se solicitó, no procede ningún recurso en los términos del numeral 6 del artículo
243A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

c) Como consecuencia de lo anterior, tampoco hay lugar a solicitar la adición de la
presente decisión en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso,
puesto que, como ya se dijo, al negarse la solicitud de aclaración presentada contra
el auto del 24 de julio de 2025, deviene la ejecutoria de la mencionada providencia,
en especial porque el numeral 12 del artículo 243A de la Ley 1437 indica que no
son susceptibles de recursos ordinarios las providencias «[…] que nieguen la
adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria del auto o
sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos
procedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de
sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla […]».

d) A lo anterior se suma lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 132 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que, sobre el
trámite de las recusaciones, en forma expresa señala: «[…] Las decisiones que se
profieran durante el trámite de las recusaciones no son susceptibles de recurso
alguno […]».»

«32. En línea con lo anterior, la Sala enfatiza en que la presente providencia no es
susceptible de ser aclarada, adicionada o recurrida, siendo esto coherente,
consistente y armónico con lo previsto en los artículos 302 y en el inciso primero del
artículo 303 del Código General del Proceso, sobre ejecutoria de las providencias y
cosa juzgada, normas en las que se prevé, respectivamente: »

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De lo anterior se desprende que el Consejo de Estado–Sección Primera analizó el
contexto procesal en el que se profirió el auto del 25 de septiembre de 2025 y concluyó
que, a lo largo del trámite del proceso de nulidad electoral y de las incidencias promovidas
con posterioridad a la sentencia del 7 de noviembre de 2024, se habían garantizado
plenamente las prerrogativas derivadas del debido proceso y del derecho de defensa de
los sujetos procesales.

Asimismo, expuso que, ante la presentación reiterada de solicitudes, recursos,
aclaraciones, adiciones y recusaciones, algunas de las cuales habían sido previamente
resueltas o resultaban improcedentes en el estado procesal correspondiente, se había
generado un desgaste procesal excesivo orientado a impedir la ejecutoria de la sentencia
electoral, razón por la cual, en ejercicio de sus facultades de ordenación e instrucción del
proceso y luego de haber adoptado medidas menos gravosas, como la conminación a
las partes y la compulsa de copias a la autoridad disciplinaria competente, impartió la
orden cuestionada.

Igualmente, la autoridad judicial explicó de manera expresa y motivada que la providencia
del 25 de septiembre de 2025 no era susceptible de aclaración, adición ni recurso alguno,
con fundamento en los artículos 132 y 243A del CPACA y 285 y 287 del Código General
del Proceso. Por tanto, la limitación impartida a la Secretaría no comportó una restricción
material del ejercicio de los derechos de defensa, contradicción o impugnación de los
accionantes, en la medida en que, conforme al ordenamiento jurídico aplicable al trámite
de recusación, no existían mecanismos procesales procedentes que pudieran verse
impedidos por la orden cuestionada.

En ese contexto, contrario a lo sostenido por los accionantes, la providencia cuestionada
no incurrió en los defectos orgánico, sustantivo ni en la violación directa de la Constitución
alegados. Lo que se evidencia es la inconformidad de los actores con el resultado del
análisis efectuado en sede ordinaria y corresponde a un mero desacuerdo con la decisión.

La controversia planteada no pone en evidencia una afectación directa de derechos
fundamentales y excluye la configuración de una vía de hecho y revela una inconformidad
de la accionante con el sentido de la decisión adoptada y con la interpretación judicial, lo
cual resulta insuficiente para habilitar la intervención del juez de tutela como instancia
adicional de revisión.

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Radicación:11001-03-15-000-2025-06406-01
Accionante: Alfredo Antonio Navarro Manga y otro
Acción de tutela–Segunda instancia

La acción de tutela, en consecuencia, no supera el umbral de procedencia excepcional
frente a providencias judiciales, dado que la sentencia reprochada fue dictada dentro del
marco de la legalidad y no se demostró una vulneración directa y ostensible de los
derechos fundamentales invocados. No está llamada a operar como instancia adicional
ni como mecanismo para sustituir el criterio interpretativo del juez natural, salvo que se
acredite un apartamiento manifiesto, irrazonable o arbitrario del ordenamiento jurídico,
circunstancia que no se acreditó en este caso. La presunta limitación al acceso a la
administración de justicia, no existe cuando el juez como director del proceso y garante
de una administración de justicia pronta y eficaz, adopta medidas para evitar una
dilatación injustificada que entorpece el desarrollo normal del proceso.

La acción de tutela no constituye un instrumento para desconocer la autonomía e
independencia judicial. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional.

Las providencia reprochada fue dictada dentro del marco de la legalidad. En
consecuencia, no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo
se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2026, proferida por el Consejo
de Estado–Sección Quinta- y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela
de Alfredo Antonio Navarro Manga y otro contra el Consejo de Estado–Sección Primera-
, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicación:11001-03-15-000-2025-06406-01
Accionante: Alfredo Antonio Navarro Manga y otro
Acción de tutela–Segunda instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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