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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06419-00

Fecha
10 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06419-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06419-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06419-00
Demandante MARYORY ECINEDTH PABÓN GAVILÁN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
electoral. Medida cautelar de suspensión provisional de los efectos
del acto acusado de nulidad. Medio de control en trámite. Requisitos
generales de procedibilidad. Subsidiaridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 14 de octubre de 20251, la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, actuando a
través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos, al haber dictado los autos: (i) del
19 de junio de 2025, que confirmó la medida cautelar de suspensión provisional de
los efectos del decreto 088 del 25 de enero de 2025 (medida adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el proceso de nulidad
electoral 25000-23-41-000-2025-00347-01); y (ii) del 17 de julio de 2025, que revocó
el auto del 10 de abril de 2025, en el cual se había negado la suspensión provisional
del decreto 088 del 25 de enero de 2025 (decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en el proceso de nulidad
electoral 25000-23-41-000-2025-00354-01).

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones:
«1. Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e Igualdad de mi
mandante.
2. Dejar sin efecto los autos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicados
250002341000202500347-01, que confirmó una suspensión provisional dentro del
radicado 2025-000347-00 del Tribunal de Cundinamarca, MP Claudia Lozzi y el
250002341000202500354-01 que revocó la negación de la medida cautelar dentro del
rad. 2025-00354-01 del Tribunal de Cundinamarca, MP Moisés Mezabel (sic), en un
proceso de nulidad electoral promovidos por sendas PERSONAS JURÍDICAS, y en
consecuencia ordenarle emitir la decisión de reemplazo a través de una nueva
providencia ajustada a derecho, donde se deje por sentado además, el rechazo de plano

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Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06419-00
Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

de la demanda, al no ser promovidos por ciudadanos, lo cual ya no es objeto de
subsanación al estar caduca la acción.
3. Las que considere el Despacho para salvaguardas (sic) los derechos fundamentales de
mi mandante.».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante el decreto 088 del 25 de enero de 2025 el Ministro de Relaciones
Exteriores designó en provisionalidad a la señora Maryory Ecinedth Pabón
Gavilán en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012,
grado 11, con funciones consulares, de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Calgary,
Canadá.

2.2. Contra el decreto 088 de 25 de enero de 2025 la Asociación Diplomática y
Consular de Colombia (ASODIPLO) y la Unión de Funcionarios de Carrera
Diplomática y Consular (UNIDIPLO) presentaron, de forma independiente,
demanda de nulidad electoral. A continuación, se identifica el trámite impartido
a cada una de las mencionadas demandas.

Medio de control de nulidad electoral interpuesto por la Asociación
Diplomática y Consular de Colombia, ASODIPLO. Expediente 25000-23-41-000-
2025-00347-00.

2.3. El 7 de marzo de 2025, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia
(ASODIPLO), a través de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad
electoral contra de la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, con el fin de que fuera declarada la nulidad del
decreto 088 del 25 de enero de 2025, mediante el cual se designa en
provisionalidad a la señora Pabón Gavilán en el cargo de Consejera de
Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio
de Relaciones Exteriores, adscrita al Consulado General de Colombia en
Calgary, Canadá.

Lo anterior, por considerar que se vulneraron las disposiciones relacionadas
con el régimen de carrera contenido en el Decreto Ley 274 de 2000, en lo que
corresponde a la ocupación de cargos de Carrera Diplomática y Consular en
provisionalidad.

El conocimiento de esta demanda le correspondió al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, bajo el radicado 25000-23-
41-000-2025-00347-00 (en adelante, 2025-00347-00 ASODIPLO).

A su vez, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO),
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del
decreto 088 del 25 de enero de 2025.

2.4. Por auto del 10 de marzo de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrió el traslado de la medida
cautelar.

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Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

Mediante auto del 3 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, admitió la demanda y decretó
la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto 088
del 25 de enero de 2025, por medio del cual se nombró en provisionalidad a la
señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán.

El decreto de la medida cautelar se fundamentó en que el acto administrativo
demandado fue expedido con infracción de las normas en las que debía
fundarse, ya que para el 25 de enero de 2025, fecha en la que se expidió el
decreto 088, existían al menos veintiún funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular en alternancia en el exterior que habían cumplido más de doce
meses en la sede respectiva, por lo tanto la administración podía hacer uso de
dichos funcionarios para su designación en el cargo de Consejero de
Relaciones en el Consulado General de Colombia en Calgary (Canadá), de
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley
274 de 2000.

Contra esta decisión la señora Maryori Ecinedth Pabón Gavilán presentó
recurso de apelación en lo relacionado con la decisión de decretar la medida
cautelar. El conocimiento del recurso le correspondió al Consejo de Estado,
Sección Quinta, Magistrado Ponente Omar Joaquín Barreto Suárez.

2.5. Con providencia del 17 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección
Primera del Consejo de Estado decretó la acumulación de los procesos 25000-
23-41-000-2025-00347-00 (ASODIPLO) y 25000-23-41-000-2025-00354-00
(UNIDIPLO) por tratarse del mismo sujeto pasivo, pretensiones y acto acusado
y ordenó que por Secretaría se convocara a las partes a la diligencia de sorteo
del magistrado que actuaría como ponente (dentro de quienes tramitaron los
procesos que se acumularon).

2.6. En providencia del 19 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
resolvió el recurso de apelación en contra del auto del 3 de abril de 2025, en
el cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos
del decreto 088 del 25 de enero de 2025.

Explicó que la Sección ha señalado en reiteradas ocasiones que los
nombramientos en provisionalidad operan siempre y cuando no sea posible
designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos
cargos. Por lo tanto, ante la disponibilidad de servidores inscritos en la carrera
especial para ocupar el respectivo cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores
debe proceder a la designación, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto Ley
274 de 2000.

En consecuencia, el Consejo de Estado confirmó la decisión recurrida por
considerar que había personas de carrera disponible en el momento en que
se produjo el nombramiento que se cuestiona en este medio de control, sin
embargo, estas no fueron tenidas en cuenta previamente a la designación de
la demandada en provisionalidad. Por lo que consideró que esa situación que
deviene irregular fue la que generó la declaratoria de la suspensión provisional.

2.7. El 9 de julio de 2025, se realizó la audiencia pública de sorteo para magistrado
ponente (art. 282 CPACA), en la que fue designado el Magistrado Moisés
Rodrigo Mazabel Pinzón de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

Las actuaciones de los procesos acumulados se continuaron registrando en el
Sistema de Gestión Samai del tribunal bajo el radicado 25000-23-41-000-
2025-00347-00.

Medio de control de nulidad electoral interpuesto por la Unión de Funcionarios
de Carrera Diplomática y Consular, UNIDIPLO. Expediente 25000-23-41-000-2025-
00354-00

2.8. El 10 de marzo de 2025, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular (UNIDIPLO), a través de apoderado judicial presentó demanda de
nulidad electoral contra la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, solicitando
la nulidad del decreto 088 del 25 de enero de 2025, de igual manera se solicitó
la suspensión provisional del decreto como medida cautelar. El conocimiento
de esta demanda le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, bajo el radicado 25000-23-41-000-2025-
00354-00.

2.9. Mediante auto del 17 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca requirió al Ministerio de
Relaciones Exteriores para que informara la dirección de notificación de la
señora Maryory Ecinedth y para que una vez se contara con esa información
se corriera traslado de la solicitud de medida cautelar.

2.10. Con auto del 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y negó el decreto de la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto 088 del 25
de enero de 2025.

El Tribunal constató que había al menos dos funcionarios pertenecientes a la
Carrera Diplomática y Consular y que para el 25 de enero de 2025 estaban
disponibles para ser designados en el Consulado General de Colombia en
Calgary (Canadá). No obstante, consideró que, en esta etapa procesal, no
tenía la certeza de que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionara o no
a los funcionarios de carrera para que estos pudieran expresar si aceptaban o
no el nuevo cargo. Por lo tanto, fundamentó su decisión de no decretar la
suspensión provisional en que no se podía afirmar que se desconoció el
artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, ya que la exigencia de nombrar a un
funcionario de carrera en el cargo provisional solo procede si los funcionarios
manifestaron estar de acuerdo con la designación.

2.11. El 25 de abril de 2025, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular (UNIDIPLO) interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra de la decisión de no decretar la medida cautelar proferida
mediante el auto del 10 de abril de 2025.

2.12. Con auto del 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, resolvió no reponer el auto del 10 de abril de
20252 y concedió el recurso de apelación. El conocimiento del recurso le
correspondió al Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez.

2
Se observa que en el resuelve, se refiere al auto 2024-12-667 E del 18 de noviembre de 2024, no obstante, la parte motiva
de la providencia se estudia el recurso interpuesto contra el auto 2025-04-185 E del 10 de abril de 2025 proferido dentro
del proceso 2025-00354-00 UNIDIPLO.

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Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

2.13. Con auto del 17 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta
resolvió revocar el auto del 10 de abril de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en el cual
se dispuso no decretar la medida cautelar de suspensión provisional del acto.
Debido a que el decreto demandado se suspendió provisionalmente con
ocasión a la decisión dictada en el proceso de nulidad electoral 25000-23-41-
000-2025-00347-00 (Demandante: ASODIPLO), de ahí que se consideró que el
acto administrativo quedó sin fuerza ejecutoria temporalmente, por lo que se
decidió estarse a lo resuelto en el auto proferido el 19 de junio de 2025 por esa
misma Corporación.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora considera que el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a cargos
públicos, al haber dictado los autos: (i) del 19 de junio de 2025, mediante el cual
se confirmó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto
088 del 25 de enero de 2025 (medida adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el proceso de nulidad electoral 25000-
23-41-000-2025-00347-01); y (ii) del 17 de julio de 2025, mediante el cual se revocó
el auto del 10 de abril de 2025, en el cual se había negado la suspensión provisional
del decreto 088 del 25 de enero de 2025 (decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en el proceso de nulidad
electoral 25000-23-41-000-2025-00354-01).

Frente a los requisitos generales de procedibilidad, señaló que: (i) se cumple con el
requisito de relevancia constitucional pues las decisiones que se cuestionan afectan
los derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a cargos públicos de la
accionante, explicó que al existir yerros se cercena el ejercicio de su cargo, (ii) se
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que los autos que se cuestionan
fueron notificados el «24 de junio de 2025 y 22 de julio de 2025» fechas a partir de las
cuales se debe contar el término de los seis meses, y (iii) destacó que contra la
decisión de suspensión provisional no se puede interponer otro recurso y que
tampoco cuenta con otra instancia judicial para que la actora haga prevalecer sus
derechos fundamentales.

Respecto a los defectos especiales afirmó que las autoridades accionadas al dictar
las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto por desconocimiento del
precedente.

Consideró que el Consejo de Estado, Sección Quinta, desconoció el precedente
proferido por la misma Corporación el 26 de junio de 2025 dentro del proceso de
pérdida de investidura con radicado 11001-03-15-000-2025-03903-00 (Acusado: Miguel
Uribe Turbay). Afirmó que los casos son de similares características y que el
tratamiento dado fue diferente en lo que se relaciona con la falta de legitimación por
activa, ya que las personas jurídicas no están legitimadas para presentar demandas
de nulidad electoral o pérdida de investidura.

Para la señora Pabón Gavilán, estas acciones, solo pueden ser interpuestas por los
ciudadanos y en el caso de la pérdida de investidura, también por la mesa directiva
de la respectiva corporación. Por lo que, puso de presente que, en el medio de
control presentó excepción de falta de legitimación en la causa por activa dado que
la demandante es una persona jurídica, condición que no corresponde a los
artículos 40 de la Constitución Política y 139 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

Explicó que se viola el derecho a la igualdad debido a que «los mismos Magistrados» en
el mencionado proceso de pérdida de investidura inadmitieron la demanda, pero en
el caso de la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán se confirmó la suspensión
provisional del acto, dicho tratamiento es, en palabras del accionante, «como si en
Colombia existieran ciudadanos de primera (MIGUEL URIBE TURBAY) y ciudadanos de segunda
(Mi mandante, MARYORY PABÓN GAVILÁN)». Pues indicó que la Sección Quinta se
separó de la ratio decidendi de la providencia del 26 de junio de 2025, sin exponer
de manera clara y completa las razones en las que fundamentó el cambio de
posición jurisprudencial.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 17 de octubre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán contra el Consejo
de Estado, Sección Quinta.

Además se ordenó notificar, en calidad de terceros con interés a: (i) la
Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), (ii) a la Unión de
Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), (iii) al Ministerio
de Relaciones Exteriores, (iv) a la Presidencia de la República, (v) al
Consulado General de Colombia en Calgary Canadá, (vi) al Ministerio Público,
(vii) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al (viii) Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Se ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A para que allegara el expediente del medio de control nulidad
electoral 25000-23-41-000-2025-00347-00 (acumulado 25000-23-41-000-2025-
00354-00); se reconoció personería al abogado de la parte actora; y ordenó las
notificaciones correspondientes.

4.2. Mediante auto del 19 de noviembre de 20253, el despacho ponente al advertir
que no se notificó a la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular (UNIDIPLO) del auto admisorio de esta acción, se ordenó que por
Secretaría General de la Corporación se procediera con la notificación del
tercero con interés conforme se dispuso en el auto del 17 de octubre de 2025.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B4, magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, rindió informe y
solicitó que se declare improcedente este mecanismo al considerar que no se
cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

Consideró que este amparo no cumple con el requisito de subsidiaridad, ya
que con ella se pretende que el tribunal tenga en cuenta los argumentos
presentados por la parte demandada en la contestación de la demanda dentro
del proceso ordinario a costa de los términos establecidos.

Explicó que en el auto interlocutorio 2025-10-539 del 20 de octubre de 2025,
se consideraron reunidos los presupuestos para dictar sentencia anticipada,
se fijó el litigio y se decretaron pruebas documentales. En dicha providencia
se estableció que dentro de la sentencia se resolverá si el acto administrativo
de nombramiento debe o no ser declarado nulo, así como la legitimación en la
causa por activa. Manifestó que con esta acción la parte actora pretende
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Samai, índice 17.
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Samai, índice 12, 14 y 16.

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presionar a la Sala para que acoja su postura, aun cuando el proceso no está
para fallo.

Además, considera que se busca convertir la tutela en una tercera instancia,
en lo atinente a la decisión que decreta la medida cautelar, pues la señora
Pabón Gavilán no hizo referencia a la falta de capacidad de las organizaciones
sindicales para solicitar la nulidad del acto de nombramiento, pues ni en los
traslados de la solicitud de medida cautelar, ni en el recurso de apelación que
se presentó se planteó este argumento.

Señaló que no advierte que se cumpla con el presupuesto de relevancia
constitucional, debido a que la controversia que se propone debe ser resuelta
en la respectiva instancia, por lo tanto, no evidencia una importancia superior.
Explica que no es suficiente con invocar derechos fundamentales, sino que se
debe demostrar que resulta relevante abrir un escenario excepcional. Además,
al tratarse de un proceso judicial, concluye que el accionante ha tenido las
oportunidades dentro del proceso para ejercer su derecho de defensa.

La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera5,
allegó copia del expediente del medio de control de nulidad electoral 25000-
23-41-000-2025-00347-00 (acumulado 25000-23-41-000-2025-00354-00).

4.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta6 manifestó que esta acción es
improcedente al no cumplir con el requisito general de subsidiaridad y de
relevancia constitucional, debido a que la tutela cuestiona una decisión que
aún no se ha proferido. Explicó que el accionante afirma que hay
desconocimiento del precedente en la decisión que versa sobre la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa, sin embargo, la legitimación se
resolverá dentro de la sentencia, de conformidad con el auto del 20 de octubre
de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

También, señaló que el escrito de tutela no presenta un cuestionamiento
concreto frente al auto del 19 de junio de 2025, por medio del cual se confirmó
la medida cautelar. Debido a que el accionante refiere de manera abstracta y
ambigua que la decisión fue apresurada, pero no se plantea las razones por
las que se vulneran los derechos fundamentales, tampoco se presenta
argumentación por la cual considera se aparta del ordenamiento jurídico.

4.5. El Ministerio de Relaciones Exteriores7, alegó que no hace parte de
contradictorio debido a que no puede garantizar derechos de los cuales no es
titular, por lo que no tiene responsabilidad sobre las presuntas vulneraciones
de los derechos fundamentales que alega la parte accionante. Afirma que no
tiene competencia alguna para intervenir, resolver o autorizar decisiones
judiciales.

4.6. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consultar (UNIDIPLO)8
indicó que los planteamientos de la actora desconocen la naturaleza pública
de la acción, la cual puede ser presentada por cualquier persona (natural o
jurídica), sin que se requiera la calidad de ciudadano, como sí sucede con las
pérdidas de investidura.

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Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

Mencionó que la parte actora erró al considerar que las colectividades que
actuaron como demandantes en los medios de control de nulidad electoral
buscan «demandar cuanto nombramiento se haga en provisionalidad en el servicio exterior»
sin tener en cuenta que lo que se busca es el respeto del ordenamiento
jurídico, específicamente las normas aplicables a la provisión de cargos de
carrera diplomática y consular. Añadió que, el hecho de que su correo
electrónico sea unidiplo@cancilleria.gov.co no demuestra que las providencias
cuestionadas estén incurriendo en algún defecto.

Finalmente dijo que no se presenta vulneración a los derechos fundamentales
de la actora, pues solo fue nombrada pero no tomó posesión del cargo, dado
que presentó múltiples solicitudes de aplazamiento pues es residente
permanente en Canadá y debía renunciar a la residencia en ese país para
poder ejercer el cargo de Cónsul. Razones que llevaron a que se nombrara a
un embajador perteneciente a la carrera diplomática y consular, es decir una
persona con mejor derecho.

4.7. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), la
Presidencia de la República, el Ministerio Público, y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio a pesar de haber sido
notificadas en debida forma9.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales11 y especiales12 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
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Samai, índices 8.
10
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
11
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
12
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.

8

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Demandante: Maryory Ecinedth Pabón Gavilán

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional13 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán cumple a cabalidad
con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, particularmente el de la subsidiariedad.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si en el marco del proceso
de nulidad electoral con radicado 25000-23-41-000-2025-00347-00/01 (acumulado
con el proceso 25000-23-41-000-2025-00354-00/01), al dictar los autos del 19 de junio
de 2025 y del 17 de julio de 2025, se incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente.

4. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos14.

Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar
a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de
defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende evitar un
perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra
providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso haya concluido
o que el proceso judicial se encuentre en curso. En principio, si el proceso se
encuentra en curso, la intervención del juez de tutela está vedada, por virtud del
principio de subsidiariedad, que señala que la tutela no es un mecanismo alternativo
o paralelo a los legalmente establecidos.

Al respecto, en Sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el
proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales». Y, en la Sentencia T-126 de 2019, indicó que «no es dable la
intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando
se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de
ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede
converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley;
no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio
de protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales […]» 15.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.

14
Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.

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5. Análisis del caso concreto

5.1. Por regla general, tratándose de tutela contra providencia judicial, no se
cumple con el requisito de subsidiariedad en los eventos en que el proceso
judicial continúa en curso. Justamente, en este caso la Sala considera que no
se cumple con este requisito general, ya que en la actualidad el medio de
control de nulidad electoral se encuentra en trámite. Luego, le corresponde a
la parte actora ejercer la defensa de sus derechos en el marco de tal proceso.

Se destaca que en el asunto de la referencia la accionante cuestiona los autos:
(i) del 19 de junio de 2025, mediante el cual se confirmó la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos del decreto 088 del 25 de enero de
2025 (proceso 25000-23-41-000-2025-00347-01); y (ii) del 17 de julio de 2025,
mediante el cual se revocó el auto del 10 de abril de 2025, en el cual se había
negado la suspensión provisional del decreto 088 del 25 de enero de 2025 y
se estuvo a lo resuelto en el auto del 19 de junio de 2025 (proceso 25000-23-
41-000-2025-00354-01), procesos que fueron acumulados.

5.2. De la revisión del expediente16 se pudo evidenciar que, en los procesos 2025-
00347-00 y 2025-00354-00, la Subsección A y B del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dieron traslado a la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán
de las solicitudes de medida cautelar propuestas por la Asociación Diplomática
y Consular de Colombia (ASODIPLO) y de la Unión de Funcionarios de Carrera
Diplomática y Consular (UNIDIPLO), respectivamente, por lo que la hoy actora
procedió a oponerse planteando argumentos que difieren de la discusión que
trae a esta acción de tutela en relación con la legitimación en la causa por
activa (ambos memoriales resultan casi idénticos). Como se describe a
continuación.

En la respuesta al traslado de las medidas cautelares en los procesos 2025-
00347-0017 y 2025-00354-0018, la actora indicó que no se cumplían los
requisitos para decretar la suspensión provisional del acto administrativo en
dicho momento, especialmente por considerar que la parte demandante
pretendía que se decretara la medida cautelar al realizar una enunciación
normativa (buena fe) y no esperar a realizar un análisis profundo del material
probatorio.

Aseveró que los documentos que presentaron como pruebas los demandantes
fueron proferidos con fechas anteriores o posteriores al acto administrativo
demandado, por lo tanto, no dan cuenta de que, para el 25 de enero de 2025,
existía la misma situación fáctica. De ahí que, consideró que solo en el
transcurso del proceso se podría determinar si alguno de los funcionarios
enlistados por el demandante, realmente gozaban de mejor derecho para
ocupar el cargo en provisionalidad.

Además, la parte demandada sostuvo que el artículo 37 del Decreto Ley 274
del 2000 no consagraba, en ningún momento, que un funcionario de la Carrera
Diplomática y Consular tuviera derecho, una vez haya prestado servicio en el
exterior por doce meses, a ser reubicado automáticamente en un cargo
vacante en el exterior de igual o superior categoría.

16
Samai, índice 9.
17
Samai tribunal, índice 13. Expediente 25000-23-41-000-2025-00347-00. Memorial del 27 de marzo de 2025.
18
Samai tribunal, índice 13. Expediente 25000-23-41-000-2025-00354-00. Memorial del 4 de abril de 2025.

11

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Por otro lado, consideró que en el acervo probatorio que sustenta la solicitud
de la medida provisional, no se encuentra comunicación alguna donde un
funcionario de carrera que, prestando servicio en el exterior, hubiera
expresado su disponibilidad para asumir el cargo vacante en el Consulado
General de Colombia en Calgary (Canadá). Por lo tanto, considera que no se
puede impedir la designación de la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán,
al suponer que otro funcionario aceptaría el traslado sin conocer las
situaciones particulares de este.

Finalmente, consideró que la parte demandante al solicitar la medida cautelar
no acreditó la necesidad de esta. Además de indicar que es más gravoso para
el interés público conceder la medida cautelar, porque se vulneraría diferentes
derechos fundamentales como el derecho a ocupar cargos y empleos públicos,
al buen nombre, la honra y el trabajo.

A su vez, el 8 de abril de 202519, la señora Maryori Ecinedth Pabón Gavilán
presentó recurso de apelación contra el auto del 3 de abril de 2025, providencia
mediante la cual se admitió la demanda y decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos del decreto 088 del 25 de enero de 2025
(proceso 2025-00347-00).

En el recurso la parte demandada afirmó que hubo una incorrecta
interpretación del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000 por parte del
Tribunal y una vulneración de los principios de la Carrera Diplomática y
Consular, así como de los principios de responsabilidad fiscal.

Dijo que no estaban acreditados los requisitos del artículo 231 de la Ley 1437
de 2011 para la prosperidad de la suspensión provisional. Reiteró que en esta
etapa del proceso no se tiene certeza de la voluntad de los funcionarios de
ocupar el cargo y de que efectivamente se lo hubieran comunicado al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, indicó que el tribunal omitió el
hecho de que el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000 prevé la
provisionalidad para cargos de Carrera Diplomática y Consular.

Lo anterior demuestra que, la actora no planteó en los memoriales que remitió
en respuesta al traslado de las medidas cautelares (en ambos procesos), ni en
el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar (proceso
2025-00347-00) el argumento de la falta de legitimación en la causa por activa
de ambos demandantes, al considerar que al ser personas jurídicas no podían
adelantar el medio de control de nulidad electoral, etapas procesales en las
cuales pudo haber planteado tal cuestionamiento si consideraba que podía
incidir directamente en la decisión de la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del acto de nombramiento.

5.3. En todo caso, las medidas cautelares refieren a decisiones provisionales que
pretenden cuidar el objeto de la litis y la efectividad de la sentencia, pero que
no implica prejuzgamiento, es decir, que en el curso del proceso la señora
Maryory Ecinedth Pabón Gavilán en ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción puede exponer la argumentación tendiente a que se declare la
legalidad del acto demandado.

19
Samai tribunal, índice 19. Expediente 25000-23-41-000-2025-00347-00. Memorial del 8 de abril de 2025.

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Tan es así, que la hoy accionante ha tenido la oportunidad, dentro del trámite
de nulidad electoral, de contestar la demanda para allí plantear sus
argumentos y aportar evidencias, como en efecto lo realizó mediante
memoriales del 12 de mayo de 202520 (proceso 2025-00347-00) y del 26 de
mayo de 202521 (proceso 2025-00354-00), en los cuales propuso, entre otras, la
«Excepción de falta de legitimidad por activa» aduciendo que, aunque el artículo
139 del CPACA establece que cualquier persona puede pedir la nulidad de
actos de elección, el artículo excede los alcances de la Constitución Política
en su artículo 40, ya que la norma constitucional establece que son los
ciudadanos los que pueden participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político. Por ende, la Constitución al referirse a ciudadanos habilitó
solamente a las personas naturales y no a las personas jurídicas para
interponer este tipo de procesos.

Por su parte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B22, mediante auto del 20 de octubre de 2025 (procesos
acumulados), consideró reunidos los presupuestos para dictar sentencia
anticipada conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 182ª del CPACA.
Por lo que, decretó pruebas y al disponer la fijación del litigio estableció que
en la sentencia se resolvería como uno de los problemas jurídicos: «i) Si la
Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) y la Asociación
Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), les asiste o no legitimación en la
causa para demandar el acto administrativo contenido en el Decreto 088 del 25 de
enero de 2025». Aspecto que actualmente se encuentra pendiente de ser
resuelto, dado que de la revisión del expediente en el Sistema de Gestión
Samai se observó que el 1 de diciembre de 202523 ingresó el expediente al
despacho luego de que se notificara y se cumplieran las órdenes dadas en la
mencionada providencia del 20 de octubre de esta anualidad.

Por lo que, no se puede perder de vista la posibilidad que en esas etapas
posteriores del proceso ordinario, como el traslado de las pruebas, o los
alegatos de conclusión pueda controvertir el material probatorio, ejercer su
defensa y solicitar el levantamiento, modificación o revocatoria de la medida
cautelar, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Adicionalmente, no se pasa inadvertido que la hoy actora no cumplió con la
carga argumentativa suficiente para justificar la necesidad de la intervención
del juez de tutela, dado que no cuestionó las razones por las cuales se decretó
la medida cautelar.

Así las cosas, como en el caso concreto se encuentra el medio de control de
nulidad electoral aún en trámite, se precisa que es el juez ordinario quien debe
decidir si hay lugar o no a mantener incólume la legalidad del acto discutido.

Tampoco se advierte que la accionante se encuentre en una situación especial
o se configure un perjuicio irremediable que haga procedente de forma
transitoria la acción de tutela. Pues, como se indicó, la situación de la
accionante todavía no está consolidada, ya que aún quedan etapas procesales
en las que aún puede presentar la discusión al juez natural.

20
Samai tribunal, índice 24. Expediente 25000-23-41-000-2025-00347-00. Memorial del 12 de mayo de 2025.
21
Samai tribunal, índice 38. Expediente 25000-23-41-000-2025-00354-00. Memorial del 26 de mayo de 2025.
22
Samai tribunal, índice 60. Expediente 25000-23-41-000-2025-00347-00.
23
Samai tribunal, índice 66. Expediente 25000-23-41-000-2025-00347-00.

13

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5.4. Así las cosas, al no existir una decisión definitiva sobre tal materia no podría
concluirse que ya se agotaron todos los mecanismos de defensa existentes en
el ordenamiento jurídico. Por el contrario, que el trámite no haya culminado
demuestra que existe otro mecanismo de defensa judicial diferente a la tutela,
en el que deben resolverse las inconformidades del actor relacionadas con el
decreto de la medida cautelar y los presuntos errores en los que ha incurrido
la autoridad judicial accionada. Tal vía judicial no es otra que el propio medio
de control en curso, lo que demuestra que no se superó el requisito general de
la subsidiariedad.

Desconocer lo anterior, sería desatender la existencia de los mecanismos de
defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no
responde a la naturaleza y propósito de la acción de tutela. Como se explicó
previamente, cuando está en curso un proceso judicial, la tutela se torna en un
mecanismo realmente excepcional para aquellos casos en los que se
evidencie la posibilidad de configurarse un perjuicio irremediable.

Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando el
proceso judicial se encuentra en trámite la acción de tutela es improcedente.
En palabras de la Corte Constitucional, «la intervención del juez constitucional está
vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario»24.
Lo anterior, porque considera que:
«Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de
protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene
que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543 de
1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos,
el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’.
Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en
principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle»25.

5.5. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales.

Tal obligación no es producto del capricho o del deseo de privilegiar las formas
sobre los derechos sustanciales. Los requisitos de procedibilidad obedecen a
que al cuestionar una decisión proferida por un juez mediante la acción de
tutela automáticamente entran en juego los principios de independencia,
autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de encontrar un
equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales
principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los
requisitos señalados jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

24
Corte Constitucional. Sentencia T -600 de 2017.
25
Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.

14

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Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad, lo cual
no ocurrió en este caso al no superarse el requisito de subsidiariedad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
planteados por el tutelante, de ahí que en este caso no pueda entrarse a
estudiar el defecto especial planteado.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela. En consecuencia, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Maryory
Ecinedth Pabón Gavilán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15

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