Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06425-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06425-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06425-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06425-00
Accionante: Juan Carlos Cano Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Temas: Derechos: debido proceso y petición. Tutela contra fallo de la
misma naturaleza. Requisitos de procedencia. DECLARA
IMPROCEDENTE- NIEGA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Cano Flórez,
en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de petición, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
El actor presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho,
le correspondió al Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá con radicado
11001-33-36-034-2025-00027-00, mediante fallo del 10 de febrero de 2025 se negó
el amparo invocado, decisión que fue confirmada por la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 9 de
abril de igual año.
El Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá mediante auto del 29 de abril
de 2025 resolvió una solicitud de aclaración que dirigió el accionante contra la
providencia que dispuso el obedecimiento y cumplimiento a lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Posteriormente, el accionante interpuso tutela en contra del Juzgado 34
Administrativo del Circuito de Bogotá, por presunta violación del derecho de
información, que en primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, en segunda, el Consejo de
Estado, Sección Quinta con radicado 11001-03-15-000-2025-00339-00 [01].
La Sección Quinta de la corporación en auto del 27 de junio de 2025 advirtió una
nulidad por falta de notificación de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y del Ministerio de Justicia y del Derecho, como
terceros con interés directo en el resultado del proceso. El 26 de mayo de 2025 el
Tribunal declaró improcedente la acción de tutela.
La autoridad judicial accionada en sentencia del 17 de julio de 2025 confirmó la
anterior decisión con fundamento en que el actor no explicó en qué consiste la
irracionalidad o arbitrariedad en lo resuelto por el Juzgado y cómo ello afecta los
derechos fundamentales del solicitante.
Por otro lado, el actor alega que el 29 de septiembre de 2025 radicó petición y
sostiene que «lo curioso y anormal y que no es legal, es que ese mismo derecho
de petición fue anómalamente contestado 2 veces. En diferentes tiempos por
Concejo (sic) de Estado» y reprocha el hecho que no hubiera sido resuelta por la
presidente de la Sección Quinta, doctora, Gloria María Gómez Montoya.
PRETENSIONES
Solicita lo siguiente:
«(…) Pido muy respetuosamente al Honorable Concejo (sic) de Estado
Revocar el Acto administrativo (sic) 17 de Julio de 2025 de fallo
Sentencia de Segunda instancia de la Sección Quinta de la Sala
Contenciosa Administrativa firmada por la Señora Presidente (sic)
Gloria María Gómez Montoya.
2. A este expediente se anexe el auto de la Majistrada (sic) Gloria María
Gomez (sic) Montoya de 20 o 24 de Febrero de 2025 donde remitió el
proceso de Acción de Tutela (sic) base terminado el número de rad: 27-
00 del tribunal (sic) 34 Administrativo de Bogotá al Circuito de Riohacha
y todo la documentación fidedigna de ese proceso».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 20 de octubre de 2025 se dispuso su admisión; se vinculó como tercero
interesado al Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y se ordenó
la notificación de la autoridad judicial accionada.
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POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Quinta señaló que el escrito de impugnación
carecía de congruencia y cohesión entre las premisas, por lo que tuvo que acudir al
informe que rindió el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, para poder entender en
qué podía consistir el reclamo del accionante.
Adujo que en la sentencia del 17 de julio de 2025 confirmó la providencia de primera
instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional, ya que el actor se limitó a mencionar que no está de
acuerdo con el auto del 29 de abril de 2025, a través del cual el Juzgado 34
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá resolvió desfavorablemente una
solicitud de aclaración dentro del proceso de tutela 11001- 33-36-034-2025-00027-
00; pero no explicó en qué consiste la irracionalidad o arbitrariedad en lo decidido
por el Juzgado y cómo ello afecta los derechos fundamentales del solicitante.
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela, pues no se
demostró que los resuelto por la autoridad judicial accionada se hubiera fundado en
alguna actuación fraudulenta.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá indicó que la acción de
tutela se limita a enunciar normas y deberes abstractos de los funcionarios públicos,
sin establecer de manera clara y precisa los hechos concretos ni las razones que
sustentarían la presunta vulneración de los derechos fundamentales; motivo por el
cual pidió que se niegue el amparo invocado y se exhorte al tutelante para que se
abstenga de presentar escritos manifiestamente improcedentes.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
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evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).
Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela3, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales4.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
3 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y
T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
4 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.
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Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:
«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Juan Carlos Cano Flórez alega que el Consejo de Estado,
Sección Quinta le transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso y de
petición, 1) con ocasión de la providencia del 17 de julio de 2025, proferida dentro
de la acción de tutela con radicado 25001-23-15-000-2025-00339-00 [01] y 2)
porque se resolvió en dos ocasiones la solicitud de información que elevó el 29 de
septiembre de 2025.
Mediante la sentencia referida se resolvió la acción de tutela que promovió el mismo
accionante en contra del Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
por la presunta vulneración a sus garantías fundamentales, con ocasión de la
providencia de 29 de abril de 2025, a través de la cual esa autoridad resolvió
desfavorablemente una solicitud de aclaración dentro del proceso de tutela 11001-
33-36-034-2025-00027-00.
En aquella oportunidad el juez constitucional de segunda instancia declaró
improcedente la acción, al considerar que no se satisfacía el requisito de la
relevancia constitucional, dado que el señor Cano no expuso de qué manera la
autoridad judicial accionada incurrió en alguno de los defectos y cómo ello le
transgrede de manera desproporcionada sus derechos fundamentales.
Al revisar los requisitos de procedencia de la tutela contra fallo de la misma
naturaleza, encuentra la Sala que:
La tutela anterior fue interpuesta en contra del Juzgado 34 Administrativo del
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Circuito Judicial de Bogotá, y la presente acción en contra del Consejo de Estado,
Sección Quinta.
Además, se tiene que la causa petendi tampoco es igual, porque el argumento para
solicitar el amparo en la acción anterior consistió en la inconformidad del señor Cano
con el auto del 29 de abril de 2025, donde se resolvió la solicitud de aclaración que
dirigió el accionante contra la providencia que dispuso el obedecimiento y
cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (en
segunda instancia).
El fundamento que ahora expone es que la autoridad judicial accionada le
transgrede su derecho al debido proceso con la sentencia del 17 de julio de 2025
que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.
Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el segundo requisito, esto es, que la decisión adoptada sea
producto de fraude, no se encuentra superado ya que, se reitera, el accionante no
planteó argumento alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta,
pues los reparos que expuso se limitan a insistir sobre su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez constitucional, como si se tratara de una nueva instancia de la
acción anterior, sin que en ningún momento argumente sobre la existencia de dicho
fenómeno.
Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial. En consecuencia,
se declarará improcedente la acción de tutela.
Por otro lado, el señor Cano expuso que el 29 de septiembre de 2025 presentó una
solicitud de información la cual fue contestada por el Consejo de Estado en dos
oportunidades, ese mismo día y el 10 de octubre del año en curso, circunstancia
que al actor le parece «ilegal y curiosa».
En la petición el actor planteó el siguiente cuestionario:
«(…) 1. ¿de por qué, presentó Auto de Nulidad Saneable por correo
electrónico de 1 de Julio de 2025 con oficio de Auto de 27 de Mayo (sic)
de 2025; solo a los accionados. es decir, cual fue (sic) el vicio o anomalía
que detectó esta Sala; Contenciosa Administrativa Sección 5°.?
2. ¿Qué fue lo que respondió el Juzgado 34 de Bogotá como el Ministerio
de Justicia y del Derecho en esos 3 días de Requerimiento de sanar?
3. ¿Porqué (sic) esta Sala 5° de lo Contencioso Administrativo me manda
al link de Samai y en el no encuentro la resolución ni la contestación y
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mucho menos la decisión definitiva?»
La Sala observa que la Secretaría General del Consejo de Estado y la Sección
Quinta de la corporación el 29 de septiembre, el 9 y 10 de octubre de 2025 le
contestaron al actor lo siguiente:
• El auto de «nulidad saneable», de 27 de junio de 2025, fue proferido por cuanto se
advirtió que faltaba vincular a la tutela a la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Ministerio de Justicia y del Derecho,
como terceros interesados, dicha actuación fue notificada el 1º de julio del presente
año.
• Se le indicó al actor que en el sistema de consulta encontraría los informes
rendidos al interior del expediente 2025-00339; sin embargo, junto con la respuesta
se anexaron los documentos del proceso.
• Frente a la presunta imposibilidad de acceder a la sentencia del 17 de julio de 2025
manifestaron que se pudo establecer que la providencia fue notificada al correo
electrónico del actor.
Conforme a lo dicho, la Sala evidencia que la Sección Quinta de la corporación no
le transgrede al señor Cano su derecho fundamental de petición, pues la solicitud
del 29 de septiembre de 2025 fue atendida de manera clara y de fondo. Ahora, si
bien la Secretaría General y la Sección Quinta del Consejo de Estado envió más de
un correo, lo cierto es que las respuestas dadas no son contradictorias, por el
contrario, buscaban atender todos los requerimientos que realizó el actor y
suministrar copia de las actuaciones que el tutelante adujo no conocer o no tener
acceso.
En cuanto al cuestionamiento del actor sobre el motivo por el cual la señora
presidente de la Sección no respondió su solicitud, es del caso señalar que el
requerimiento fue atendido por el consejero ponente que tenía a su cargo el proceso,
quien tenía de primera mano la información y como se señaló líneas atrás, la
respuesta fue clara, completa y de fondo.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela contra la sentencia del
17 de julio de 2025, por no acreditarse el requisito de la cosa juzgada fraudulenta y,
se negará el amparo del derecho fundamental de petición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
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Juan Carlos Cano Flórez, en contra de la sentencia del 17 de julio de 2025, conforme
a la parte motiva de la providencia.
Segundo: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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