Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06432-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06432-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06432-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06432-00
Accionante: Álvaro Nicolás Nassar Hasbun
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega el amparo por no configurarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por el señor Álvaro Nicolás Nassar Hasbun, quien actúa en
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo, educación, igualdad, dignidad y, libertad de
profesión y oficio, ocurrida por la expedición de la sentencia del 9 de mayo de 2025,
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001-33-33-008-2022-00275-02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Álvaro Nicolás Nassar Hasbun realizó sus estudios de pregrado en el
programa de medicina de la Universidad del Norte y obtuvo su título de médico y
cirujano en 1992. Con posterioridad, esto es, entre el 1° de febrero de 1992 y el 28
de febrero de 1995 el señor Nassar Hasbun realizó una especialización en
ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual
se ofertó con una duración de tres años para un total de seis semestres o ciento
veinte semanas y una suma de 278 créditos. Sin embargo, obtuvo su diploma como
especialista en ginecología y obstetricia hasta el 10 de enero de 2008, debido a
«causas ajenas a su voluntad».
3. Luego, radicó petición ante el Ministerio de Educación, con la finalidad de
convalidar su título como especialista en ginecología y obstetricia. No obstante, la
entidad, a través de la Resolución 006419 del 22 de abril de 2020, denegó su
solicitud. Inconforme, el señor Nassar Hasbun interpuso recurso de reposición y, en
subsidio el de apelación contra la decisión judicial anterior. Sin embargo, el
Ministerio de Educación, mediante las Resoluciones 017881 del 20 de septiembre
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de 2021 y 011734 del 23 de junio de 2022, respectivamente, emitió respuesta
desfavorable.
4. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Barranquilla, autoridad judicial que, por medio de la sentencia del 10 de
diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, argumentando que el
demandante no cumplió la carga de la prueba necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos censurados, pues no aportó
certificados apostillados de actividades académicas, rotaciones, ni récord quirúrgico
que le permitieran a la entidad demandada realizar un análisis de equivalencia entre
los estudios cursados y lo exigido en los programas de especialización en
ginecología y obstetricia que se ofertan en Colombia.
5. En sede de apelación, la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del
Atlántico, a través de la sentencia del 9 de mayo de 2025 confirmó la decisión judicial
anterior, al considerar que, aunque el accionante cursó sus estudios de posgrado
entre 1992 y 1995, su solicitud de convalidación fue presentada en el 2019, cuando
ya regía la Resolución 010687 de 2019, norma aplicable al caso. Sin embargo, la
autoridad judicial determinó que el demandante no cumplió la carga probatoria
exigida para demostrar el cumplimiento de las exigencias de dicha normatividad.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Sustantivo: al exigir el cumplimiento de los requisitos contenidos en la
Resolución 10687 de 2019 para convalidar su título como especialista en
ginecología y obstetricia, pese a que al momento en que finalizó sus estudios
le resultaba aplicable el Decreto 80 de 1980, la Ley 30 de 1992 y el Decreto
19 de 2012.
• Fáctico: al desestimar sin motivación suficiente el valor probatorio de los
documentos aportados para acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Decreto 80 de 1980, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 19 de
2012 para convalidar su título como especialista en ginecología y obstetricia
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la sentencia C
– 422 de 2019, a través de la cual se dispuso que «el trámite de convalidación
debe ajustarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y protección de
derechos fundamentales, y no a barreras formales que resultan
discriminatorias».
2.3. Pretensiones
7. Con fundamento en lo anterior, manifestó lo siguiente:
«PRIMERA. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso (art. 29 CP), al acceso a la administración de justicia (art. 229
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CP), a la igualdad material (art. 13 CP), a la libertad de escoger profesión u oficio
(art. 26 CP), a la educación (art. 67 CP), al principio de confianza legítima y
seguridad jurídica (arts. 83 y 2 CP), de los cuales soy titular, como consecuencia
de la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
tramitó contra la Resolución No. 011734 del 23 de junio de 2022 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, por medio de la cual se negó la
convalidación del título de "Especialista en Ginecología y Obstetricia" otorgado
académicamente en el año 1995 y formalizado mediante diploma en 2008.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
Tribunal Administrativo del Atlántico dejar sin efectos la sentencia de 9 de mayo
de 2025, y que en su lugar, emita una nueva sentencia en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la cual se analice de fondo la legalidad de la
Resolución No. 011734 de 2022, teniendo en cuenta los siguientes parámetros
constitucionales que fueron omitidos en la providencia anterior:
(…)
TERCERA. Que se ordene al Ministerio de Educación Nacional adoptar las
medidas necesarias para asegurar que, en lo sucesivo, no se impongan
retroactivamente requisitos establecidos con posterioridad a la finalización de los
programas académicos, especialmente aquellos que no estaban vigentes al
momento de obtención del título por parte del solicitante, a fin de garantizar el
respeto por los principios constitucionales del debido proceso, legalidad, buena
fe, razonabilidad, igualdad y confianza legítima.
CUARTA. Que se adopten las medidas de carácter preventivo, pedagógico o
institucional que resulten pertinentes para evitar que en el futuro se repitan
decisiones similares que impliquen la aplicación automática y
descontextualizada de regulaciones administrativas a hechos anteriores a su
entrada en vigencia, con afectación grave de derechos fundamentales en el
trámite de convalidación de títulos obtenidos en el exterior». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
8. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida mediante auto del 15 de octubre
de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico
como accionado y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla como terceros interesados en el
resultado del proceso.
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico indicó que, si bien el accionante cursó
sus estudios de posgrados en los años de 1992 hasta 1995, presentó la solicitud de
convalidación del título en 2019, fecha para la cual ya se encontraba vigente la
Resolución No. 010687 de 2019 que regula el procedimiento administrativo de
convalidación de títulos obtenidos en el extranjero. En atención a lo anterior,
concluyó que no resultaba adecuado aplicar el Decreto 1074 de 1980, pues con
ocasión de la expedición de la Resolución No. 010687 del 2019, una nueva norma
entró en vigor y, por lo tanto, la solicitud elevada por la parte actora debía regirse
bajo los presupuestos de la norma posterior.
10. Sin embargo, determinó que el actor no cumplió la carga de la prueba dirigida a
demostrar el cumplimiento de las exigencias de los artículos 17, 18 y 23 de la
Resolución No. 010687 de 2019, pues las certificaciones allegadas no precisaron
las horas teóricas, teórico prácticas y prácticas cursadas ni el récord de
procedimientos efectuados y, tampoco indicaron las fechas de inicio y culminación
de las rotaciones. Adicionalmente, sostuvo que el programa académico aportado
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como prueba en la demanda diverge de las asignaturas relacionadas en el
certificado académico como cursadas por el accionante.
11. En ese orden de ideas, concluyó que la acción de tutela no puede convertiste
en una instancia adicional, pues su procedencia está condicionada en que las
decisiones judiciales cuestionadas riñan con los principios constitucionales, sean
constitutivas de una vía de hecho o vulneren los derechos fundamentales de
quienes acceden a la administración de justicia, situaciones que, a su juicio, no
acontecieron en el presente caso. Por lo tanto, solicitó que se rechace por
improcedente el escrito de referencia o en su defecto, se denieguen sus
pretensiones.
12. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que su función consiste en
realizar acciones que se orientan al desarrollo equitativo de las capacidades y
oportunidades educativas a nivel Nación, sin perder de vista lo regulado en cuanto
a la autonomía universitaria que manejan las instituciones de Educación Superior,
competencias u objetivos que bajo ningún aspecto contemplan una vulneración a
los derechos fundamentales. Además, consideró que el asunto sometido a análisis
carece de relevancia constitucional, pues versa sobre un asunto netamente
económico. Por lo tanto, solicitó que la acción de tutela se declare improcedente.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
13. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
14. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales. En el evento en que así sea, deberá establecerse
si el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 9 de mayo de
2025, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001-33-33-008-2022-00275-02.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
15. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
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evitar un perjuicio irremediable.
16. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en es a
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
17. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
18. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se notificó la última providencia cuestionada, esto es, el 20 de
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junio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 14 de octubre de
la presente anualidad.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la
presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, en cuanto aplicó una normatividad que no se encontraba vigente
al momento en que finalizó su especialización en ginecología y obstetricia, a fin de
determinar si cumplía los requisitos para convalidar su título de posgrado.
19. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
20. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.
21. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
1Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos
y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por
la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a
la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»2.
22. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
23. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional 3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
«a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.
b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar».
24. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
2 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»6.
25. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. Análisis de los presuntos defectos sustantivo y fáctico en el caso
concreto
26. Teniendo en cuenta que la exposición de los defectos sustantivo y fáctico se
encuentra estrechamente relacionada, esta Subsección advierte que realiza su
estudio de manera conjunta.
27. El señor Nassar Hasbun afirmó que el tribunal accionado incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo al desestimar las pruebas aportadas para obtener la
convalidación de su título de posgrado, con fundamento en la Resolución 10687 de
2019, pues al finalizar sus estudios regía el Decreto 80 de 1980, la Ley 30 de 1992
y el Decreto 19 de 2012.
28. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia
del 9 de mayo de 2025 expuso lo siguiente:
«55. (…) [S]i bien el demandante afirma que cursó sus estudios de posgrado
entre los años de 1992 hasta 1995, lo cierto es que presentó la solicitud de
convalidación del título en 2019, fecha para la cual ya se encontraba vigente la
Resolución No. 010687 de 2019 que regula el procedimiento administrativo de
convalidación de títulos obtenidos en el extranjero.
56. En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, no es posible
dar aplicación al Decreto 1074 de 1980, pues con ocasión de la expedición de la
Resolución No. 010687 del 2019, una nueva norma entró en vigor y, por lo tanto,
la solicitud elevada por la parte actora debe regirse bajo los presupuestos de la
norma posterior.
57. En ese orden de ideas, respecto de este punto, no queda otro camino para
la Sala que concluir que el Ministerio de Educación Nacional aplicó las normas
jurídicas que regulaban el procedimiento administrativo de convalidación para el
momento en que fue presentada la solicitud por parte del actor y, en ese orden
de ideas, no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales aducidos
por el accionante».
58. En lo concerniente al análisis técnico efectuado por la administración para
decidir si convalidaba o no el título de especialista en ginecología y obstetricia
obtenido por el señor Álvaro Nicolás Nassar Hasbun, para la Sala resulta evidente
que, el actor no cumplió con la carga de la prueba dirigida a demostrar el
cumplimiento de las exigencias de los artículos 17, 18 y 23 de la Resolución No.
010687 de 2019 pues, por una parte: i) Si bien el actor allega una serie de
constancias académicas que dan cuenta de su paso por la Universidad Nacional
Autónoma de México, lo cierto es que, dichas certificaciones no precisan las horas
teóricas, teórico prácticas y prácticas cursadas; ii) no dan cuenta del récord de
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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procedimientos efectuados por el actor; y, iii) no precisan las fechas de inicio y
culminación de las rotaciones.
59. Adicionalmente, el programa académico aportado como prueba en la
demanda, diverge de las asignaturas relacionadas en el certificado académico
como cursadas por el accionante.
(…)
66. En suma, el actor no aportó a la administración los documentos que
acreditaran el lleno de los requisitos exigidos por las normas jurídicas vigentes
para la convalidación del título de especialista en ginecología y obstetricia
otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como tampoco
encuadró su situación en la hipótesis de la regla jurisprudencial establecida por el
Consejo de Estado, de la que se predica la necesidad de la igualdad de trato de
situaciones iguales decididas en un lapsus no superior a 8 años. En consecuencia,
el demandante no cumplió con la carga de la prueba dirigida a desestimar la
presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual se confirmará en
su integridad la sentencia de primer grado». (Sic en toda la cita)
29. Como se advierte, la autoridad judicial accionada ratificó que el señor Nassar
Hasbun realizó su especialización en ginecología y obstetricia desde 1992 hasta
1995. Sin embargo, indicó que la solicitud de convalidación de su título obtenido en
el extranjero fue presentada años después, específicamente en 2019. En
consecuencia, sostuvo que su petición debía regirse bajo la norma jurídica vigente
para la época en que presentó su petición, esto es, la Resolución 010687 de 2019.
30. En ese sentido, la autoridad judicial accionada manifestó que el actor incumplió
los artículos 17, 18 y 23 de la Resolución 010687 de 2019, pues las certificaciones
allegadas no precisaron las horas teóricas, teórico prácticas y prácticas cursadas ni
el récord de procedimientos efectuados y, tampoco indicaron las fechas de inicio y
culminación de las rotaciones. Adicionalmente, sostuvo que el programa académico
aportado como prueba en la demanda diverge de las asignaturas relacionadas en
el certificado académico como cursadas por el accionante.
31. Así las cosas, se observa que el tribunal accionado se circunscribió al análisis
del caso concreto y concluyó que la decisión adoptada por el Ministerio de
Educación se ajustó en derecho, en la medida en que negó la solicitud de
convalidación de los estudios realizados por el señor Nassar Hasbun, al no cumplir
los requisitos exigidos en la Resolución 010687 de 2019, la cual se encontraba
vigente al momento en que presentó su petición.
32. En definitiva, se advierte que la inconformidad del señor Nassar Hasbun obedece
únicamente a que la decisión cuestionada resultó desfavorable a sus intereses, mas
no a que la autoridad judicial desconociera normas aplicables al caso concreto,
efectuara una interpretación contraria a los postulados mínimos de razonabilidad
jurídica u omitiera la valoración de las pruebas allegadas al expediente. De modo
que, no se encuentran configurados los defectos sustantivo y fáctico.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
33. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 7, precisó que de acuerdo con lo
7 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06432-00
Accionante: Álvaro Nicolás Nassar Hasbun
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
34. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
35. Respecto del precedente vertical 8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
36. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 9.
37. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación 10.
38. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la ley.
3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto
39. El señor Nassar Hasbun incurrió en el desconocimiento del precedente judicial,
en relación con la sentencia C – 442 de 2019, a través de la cual se dispuso que «el
trámite de convalidación debe ajustarse a criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y protección de derechos fundamentales, y no a barreras formales
que resultan discriminatorias».
40. Al respecto se tiene que la Corte Constitucional a través de la sentencia C – 442
de 2019 realizó un control de constitucionalidad sobre el parágrafo 1° del artículo 62
de la Ley 1753 de 2015 11, frente al cual concluyó que la prohibición de convalidar
títulos propios o no oficiales expedidos en el extranjero es constitucional, siempre
8 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”».
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que su aplicación atienda a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
41. En ese orden de ideas, esta Subsección no encuentra configurado el
desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto, pues, como se expuso
previamente, la decisión de negar las pretensiones de la demanda se fundamentó
en una interpretación concordante a los postulados mínimos de razonabilidad
jurídica y proporcionalidad exigidos por la ley y la jurisprudencia.
42. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Álvaro Nicolás Nassar Hasbun, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte motiva de esta decisión judicial.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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