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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06432-01

Fecha
21 de enero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06432-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Revócase la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar dispónese: 1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Álvaro Nassar Hasbún por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06432-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

21 de enero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06432-01
Demandante: ÁLVARO NICOLÁS NASSAR HASBÚN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE MECANISMO COMO
UNA TERCERA INSTANCIA EL ASUNTO CARECE DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el demandante alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales con
ocasión de la sentencia que confirmó la decisión que negó sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho. En la sentencia de tutela de primera instancia se resolvió de fondo
la controversia y se negó el amparo solicitado, sin embargo, esa decisión será revocada porque
la demanda de acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, en tanto los
planteamientos que la sustentaron son una reiteración de los argumentos expuestos en el
proceso ordinario, esto es, la parte demandante buscó emplear este mecanismo como una
instancia adicional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 6 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se decidió:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor Álvaro Nicolás Nassar Hasbún, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta decisión judicial (...)”. (mayúsculas y
negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00015
del aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2025 (índice 0002 del aplicativo SAMAI),
la parte actora promovió proceso de acción de tutela en contra de la sentencia del 9 de
mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no. 08001-33-33-008-2022-00275-02 para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la

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Demandante: Álvaro Nassar Hasbún
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administración de justicia, igualdad, trabajo, educación, dignidad y a la libertad de escoger
profesión u oficio, consagrados en los artículos 29, 229, 13, 25, 67, 1 y 26 de la
Constitución Política.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) Es médico cirujano, título obtenido en la Universidad del Norte en Barranquilla, y cursó
estudios de especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), entre los años 1992 y 1995, programa que tuvo una
duración de tres años, seis semestres, ciento veinte semanas y una carga académica de
278 créditos, según el plan de estudios aprobado por esa institución.

2) El diploma de especialista le fue expedido por la UNAM el 10 de enero de 2008,
circunstancia que el actor atribuyó a factores administrativos ajenos a su voluntad, sin
que ello desvirtuara la culminación efectiva de los estudios en el año 1995.

3) Con posterioridad, solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional la convalidación
de su título de especialista en ginecología y obstetricia, trámite que fue resuelto
desfavorablemente por esa autoridad ministerial mediante Resolución no. 006419 del 22
de abril de 2020, con fundamento en que la documentación aportada no permitía efectuar
el análisis de equivalencia académica exigido para los programas del área de la salud,
porque no se acreditó de manera suficiente la carga horaria discriminada ni las
actividades académicas y asistenciales, las rotaciones con fechas de inicio y culminación,
ni el correspondiente récord de procedimientos, de conformidad con los requisitos
previstos en la norma aplicable para el trámite de convalidación.

4) Contra dicho acto administrativo, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación, los cuales fueron resueltos de manera adversa mediante las Resoluciones
017881 del 20 de septiembre de 2021 y 011734 del 23 de junio de 2022, esta última
expedida por la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, que confirmó de forma definitiva la negativa de convalidación.

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Demandante: Álvaro Nassar Hasbún
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5) En desacuerdo con tales decisiones, el actor promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el cual solicitó la nulidad de los actos administrativos
mencionados y, como restablecimiento, la convalidación de su título de especialista.

6) Mediante sentencia del 10 de diciembre de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda por
considerar que el demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Resolución 10687 de 2019, en particular, aquellos relativos a la discriminación de la
carga horaria, las actividades académicas y asistenciales, las rotaciones y el récord de
procedimientos.

7) El actor apeló esa decisión1 y, mediante sentencia del 9 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la decisión del juzgado por estimar que el Ministerio
de Educación Nacional aplicó correctamente la normativa vigente para el momento de la
solicitud de convalidación y que el actor no cumplió con la carga probatoria exigida para
acreditar la equivalencia académica del programa cursado en el exterior.

8) El trámite de convalidación debía regirse por la Resolución 10687 de 2019 y constituye
un procedimiento administrativo autónomo, cuya regulación no se define por la fecha de
culminación de los estudios en el exterior, sino por el momento en que se eleva la petición,
razón por la cual no resultaba plausible una aplicación retroactiva de la ley.

9) El actor no acreditó los requisitos exigidos por los artículos 17, 18 y 23 de la Resolución
10687 de 2019; en particular, no demostró la carga horaria discriminada (teórica, teórico-
práctica y práctica); las actividades académicas y asistenciales desarrolladas; las
rotaciones, con indicación de fechas de inicio y culminación, y el récord de procedimientos
realizados durante la especialización.

1 Sostuvo que el juez de primera instancia incurrió en error al avalar que el ministerio aplicara los requisitos

de la Resolución 10687 de 2019, pese a que la convalidación debía analizarse con base en las normas
vigentes para el momento en que culminó sus estudios de especialización en el exterior (Decreto 80 de
1980, Ley 30 de 1992 y Decreto 19 de 2012). Afirmó que la aplicación de una regulación posterior implicaba
una desconexión temporal injustificada y desconocía el principio de irretroactividad.

Además, cuestionó que el juzgado hubiese considerado insuficiente la documentación aportada porque sí
permitía acreditar la duración, intensidad y contenido académico del programa cursado, y exigir un nivel de
detalle adicional desconocía las condiciones reales de producción documental de programas académicos
desarrollados décadas atrás.

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10) Adicionalmente, advirtió inconsistencias y deficiencias entre el programa académico
aportado y las asignaturas relacionadas en los certificados académicos, así como la
ausencia de apostilla en algunos documentos, lo cual impedía otorgarles plena validez
para efectos del trámite de convalidación.

2. Los fundamentos de la vulneración

El demandante señaló que la providencia judicial cuestionada adolece de un defecto
sustantivo, un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Respecto del defecto sustantivo, en términos similares a los expuestos en el recurso de
apelación dentro del proceso ordinario, sostuvo que se aplicó de manera indebida la
Resolución 10687 de 2019 para resolver su solicitud de convalidación, pese a que el
análisis debía efectuarse con base en la normativa vigente para el momento en que
culminó sus estudios de especialización en el exterior.

La aplicación de un régimen posterior y más exigente desconoció el principio de
irretroactividad, el principio de legalidad y la confianza legítima por imponerle requisitos
documentales que no existían cuando realizó y aprobó el programa académico.

Respecto del defecto fáctico sostuvo que la providencia cuestionada desestimó, de
manera irrazonable, el material probatorio obrante en el expediente y consideró
insuficientes los documentos aportados para acreditar la equivalencia académica del
programa cursado en la UNAM, sin tener en cuenta que tales elementos permitían
establecer la duración del posgrado, el número de créditos y su naturaleza como
especialización médica, y que la imposibilidad de allegar mayor nivel de detalle obedecía
al paso del tiempo y a circunstancias ajenas a su voluntad.

En lo referente al desconocimiento del precedente jurisprudencial alegó que se ignoraron
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-442 de 2019, según los
cuales el trámite de convalidación de títulos obtenidos en el exterior debe adelantarse
con criterios de razonabilidad y proporcionalidad para evitar que la exigencia de requisitos
formales se convierta en una barrera injustificada o discriminatoria para el ejercicio de
una profesión u oficio legítimamente adquirido.

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Las decisiones cuestionadas se apartaron de ese precedente en tanto validaron una
negativa de convalidación fundada exclusivamente en exigencias documentales
posteriores, sin ponderar adecuadamente la afectación de sus derechos fundamentales.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“(...) se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico dejar sin efectos la
sentencia de 9 de mayo de 2025, y que en su lugar, emita una nueva sentencia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se analice
de fondo la legalidad de la Resolución No. 011734 de 2022, teniendo en cuenta
los siguientes parámetros constitucionales que fueron omitidos en la
providencia anterior:

• La imposibilidad jurídica de aplicar de manera retroactiva los requisitos
introducidos por la Resolución No. 10687 de 2019, expedida más de una
década después de la culminación efectiva del programa académico por parte
del accionante en el año 2008.

• La obligación de preservar la confianza legítima, el principio de buena fe y la
seguridad jurídica, al momento de valorar los documentos aportados por el
solicitante conforme a la normativa vigente en el año 2008, a saber: la Ley 30
de 1992, el Decreto 80 de 1980 y el Decreto 19 de 2012.

• El deber de garantizar una interpretación razonable, proporcional y pro homine
del trámite de convalidación, en armonía con los precedentes fijados por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-128 de 2021 y C-442 de 2019, en
cuanto al reconocimiento del proceso de convalidación como una manifestación
del derecho fundamental a la educación, a la libertad profesional y a la igualdad
de trato.

TERCERA. Que se ordene al Ministerio de Educación Nacional adoptar las
medidas necesarias para asegurar que, en lo sucesivo, no se impongan
retroactivamente requisitos establecidos con posterioridad a la finalización de
los programas académicos, especialmente aquellos que no estaban vigentes al
momento de obtención del título por parte del solicitante, a fin de garantizar el
respeto por los principios constitucionales del debido proceso, legalidad, buena
fe, razonabilidad, igualdad y confianza legítima.

CUARTA. Que se adopten las medidas de carácter preventivo, pedagógico o
institucional que resulten pertinentes para evitar que en el futuro se repitan
decisiones similares que impliquen la aplicación automática y
descontextualizada de regulaciones administrativas a hechos anteriores a su
entrada en vigencia, con afectación grave de derechos fundamentales en el
trámite de convalidación de títulos obtenidos en el exterior.”. (negrillas y
mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético en el índice
00002 del aplicativo SAMAI)

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4. Actuación en primer grado

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto del 15 de
octubre de 2025 (índice 00004 del aplicativo Samai) admitió la acción de tutela, notificó a
los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó como
terceros con interés al ministro de Educación Nacional y al titular del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, con el fin de que presentaran un
informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

Asimismo, el a quo negó la medida provisional solicitada, dirigida a que se ordenara la
suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución 011734 del 23 de junio de 2022,
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por considerar que no se acreditaban
los presupuestos de necesidad y urgencia exigidos por el artículo 7 del Decreto 2591 de
1991.

5. Sentencia de primera instancia

El 6 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia mediante la cual negó el amparo solicitado por el señor Álvaro
Nicolás Nassar (índice 00015 del SAMAI).

La acción de tutela superó los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
y, especialmente frente al de relevancia constitucional, el asunto planteado permitía
examinar la eventual vulneración de derechos fundamentales derivada de los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente alegados por el actor, “los cuales
fueron expuestos de manera suficiente en la solicitud de amparo”.

El defecto sustantivo no se configuró, por cuanto la autoridad judicial demandada no
desconoció el orden jurídico aplicable, sino que efectuó una interpretación razonable del
régimen normativo que regula la convalidación de títulos de educación superior obtenidos
en el exterior, por cuanto aplicó la Resolución 10687 de 2019, vigente para el momento
en que el actor presentó la solicitud de convalidación, interpretación que no resultó
arbitraria ni caprichosa.

El Tribunal Administrativo del Atlántico tampoco incurrió en un defecto fáctico, puesto que
sustentó su decisión en la insuficiencia del material probatorio aportado por el

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demandante para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para programas del
área de la salud, en especial, aquellos relativos a la carga horaria discriminada, las
actividades académicas y asistenciales, las rotaciones con indicación temporal y el récord
de procedimientos, lo cual impedía realizar el análisis de equivalencia académica exigido
por la normativa vigente.

En lo atinente al desconocimiento del precedente jurisprudencial, la primera instancia
concluyó que no se configuró, por cuanto la sentencia C-442 de 2019 de la Corte
Constitucional se limitó a exigir que el trámite de convalidación se adelante con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual no fue desatendido en el caso concreto, pues,
la negativa de convalidación no se fundó en una barrera meramente formal o
discriminatoria, sino en la falta de acreditación de requisitos técnicos y documentales
esenciales para garantizar la idoneidad del título en el área de la salud.

7. Impugnación

El actor solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, la concesión
del amparo solicitado con fundamento en los mismos planteamientos de la acción de
tutela, en particular, que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo por
avalar la aplicación de la Resolución 10687 de 2019 para resolver su solicitud de
convalidación, pese a que debieron aplicarse las normas vigentes para el momento en
que culminó sus estudios de especialización en el exterior, circunstancia que conllevó a
la imposición de requisitos posteriores y más gravosos.

Asimismo, insistió en el desconocimiento del precedente jurisprudencial, por considerar
que las autoridades judiciales omitieron aplicar los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-442 de 2019, relativos a la necesidad de adelantar el
trámite de convalidación con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, para evitar que
las exigencias formales se conviertan en barreras injustificadas para el ejercicio de una
profesión u oficio legítimamente adquirido.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz, los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Atlántico con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
dignidad y libertad de escoger profesión y oficio, presuntamente vulnerados con ocasión
de la sentencia del 9 de mayo de 2025 proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no. 08001-33-33-008-2022-00275-02.

En los términos en que se propuso la controversia, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar,
declarará la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que aquí se expondrán:

1) Sin mayores elucubraciones, esta instancia debe manifestar que no comparte la
conclusión adoptada por el a quo, según la cual el proceso de acción de tutela superó el
requisito de relevancia constitucional, por el simple hecho de que se hayan mencionado
unos defectos y se haya invocado la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto

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los cargos formulados en la acción de tutela no trascienden el ámbito propio del debate
ordinario ya resuelto por el juez natural.

2) En efecto, los fundamentos de la vulneración expuestos por el actor, consistentes en
la configuración de un defecto sustantivo, un defecto fáctico y un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, fueron planteados, en idénticos términos, en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de diciembre de 2024 proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3) En dicha oportunidad, el actor sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional y el
juez de primera instancia incurrieron en una aplicación indebida del régimen de
convalidación por exigirle cumplir los requisitos previstos en la Resolución 10687 de 2019,
pese a que, según su criterio, el análisis debía efectuarse a la luz de la normativa vigente
para el momento en que culminó sus estudios de especialización en el exterior; alegó,
además, la vulneración de los principios de irretroactividad, legalidad, confianza legítima
e igualdad, en los términos que se transcriben a continuación:

“No comparto la decisión emanada por el Honorable Juzgado, por cuanto es
contraria a la verdad ocurrida en el proceso de convalidación efectuado por mi
prohijado, al analizar que se falló con interpretaciones que no se ajustan a
derecho administrativo, en especial al aplicarse retroactividad de la Ley en este
caso concreto, cuyos hechos se generaron en 1995 y se le da un estudio e
interpretación con normas posteriores al año 2006, fenómeno que no es legal
en el procedimiento administrativo regulador de situaciones presentadas ante
el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, se alegó primero, la ilegalidad o
desacuerdo con dichos actos administrativos, y segundo se allegaron las
pruebas demostrativas de estar viciada la emisión de voluntad administrativa,
por aplicarle, como ya lo manifesté la retroactividad de la Ley (...).

En suma, en este Recurso de alzada, enfatizo en lo siguiente para colocarlo a
la consideración del Honorable Ad quem, así:

El principio de irretroactividad de las normas: La resolución que niega la
convalidación se basa en normas que, según el escrito, no existían en la década
de 1990, cuando el Doctor Nassar cursó sus estudios, aplicar estas normas
retroactivamente es ilegal e injusto, violando el principio fundamental de
seguridad jurídica.

Su título o convalidación debe regirse por las normas vigentes en el momento
en que se realizó la especialización (1992-1995), no por las fuentes formales
del derecho posteriores, el citado MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
no presentó a lo largo de este proceso, pruebas documentales que demuestren
las reglas vigentes en esa época que comprobaran el Doctor Nassar no cumplía
con los requisitos de dichas reglamentaciones.

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La discriminación e igualdad ante la ley: Los escritos presentados por esta
defensa mencionan que colegas del Doctor Nassar que realizaron sus estudios
en la misma época han obtenido la convalidación de sus títulos, esta situación
demuestra una clara discriminación en contra del Doctor Nassar, ya que se le
aplica un criterio diferente al utilizado para otros profesionales con
circunstancias similares.

Argumento que la negativa a la convalidación constituye una violación al
principio de igualdad ante la Ley, ya que no se le ha dado el mismo tratamiento
que a otros profesionales en su misma situación, ya proporcioné evidencia
documental que acredita la convalidación de los títulos de dichos colegas, con
especificación de sus fechas de estudios y de convalidación.

Es de resaltar los errores administrativos y falta de debido proceso: Los errores
administrativos ocurridos en México (como es la asignación de un examen
inexistente en 2006), y la errónea interpretación por parte de funcionarios
colombianos que desconocen el principio de la irretroactividad en el derecho
administrativo educacional, dichas faltas no deben afectar la validez de la
especialización del Doctor ALVARO NICOLAS NASSAR HASBUN, quien
cumplió con todos los requisitos académicos, la denegación de la convalidación
se basó en errores administrativos y por ello no se le ha garantizado el debido
proceso, es decir, el derecho a una evaluación justa e imparcial basada en los
méritos académicos y no en errores burocráticos.

Finalmente, en cuanto a los méritos académicos: Presenté evidencia irrefutable
de la realización exitosa de la especialización del Doctor ALVARO NICOLAS
NASSAR HASBUN, esto incluye, certificados de calificaciones, constancias de
créditos académicos, título expedido por el Hospital Luis Castelazo Ayala, y
otros documentos relevantes.”. (archivo disponible en medio magnético en el
índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4) Si bien es cierto que en aquella intervención el demandante no hizo alusión, de manera
expresa, a la sentencia C-442 de 2019 de la Corte Constitucional, la cual fue traída como
sustento específico de la acción de tutela, lo cierto es que el planteamiento desarrollado
en sede constitucional no constituye un argumento novedoso ni autónomo, sino una
reiteración sustancial de las razones expuestas en dicha instancia.

5) En efecto, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de
diciembre de 2024, el actor alegó que el Ministerio de Educación Nacional había
desconocido el principio de irretroactividad de la ley por aplicar requisitos normativos
posteriores para negar la convalidación de su título, y apoyó expresamente ese reproche
en la sentencia T-886 de 2009 de la Corte Constitucional, en la cual se precisó que las
normas jurídicas rigen hacia el futuro y que su aplicación retroactiva desconoce
situaciones jurídicas consolidadas en el marco de una regulación anterior, así:

"El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, desconoce flagrantemente el
principio de la irretroactividad de la Ley, y es así como niega por omisión la
posibilidad real y ganada de mi representado de obtener el RETHUS.

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Se observa, como el Honorable Consejo de Estado (sic) a través de Sentencia
T-886/09, fija el siguiente concepto:

“…la irretroactividad de la ley y, en general, de las normas jurídicas, según el
cual estas empiezan a regir a partir de su expedición y promulgación, lo cual es
garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado
consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad…”.

Lo anterior es concluyente en la pretensión honesta y clara que mi representado
sucesivamente ha invocado ante las autoridades competentes en la materia de
convalidación de título obtenidos en el exterior.".

6) De este modo, aunque el referente jurisprudencial invocado en la acción de tutela es
distinto, la censura material y sustancial es idéntica: que la autoridad administrativa y las
autoridades judiciales avalaron una aplicación normativa que vulneró el principio de
irretroactividad y frustró una expectativa legítima derivada de la culminación de sus
estudios de especialización en el exterior, argumento que fue formulado, debatido y
resuelto en el trámite ordinario y en la sentencia del 9 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en los siguientes términos:

“(...) esto no significa que el Ministerio de Educación Nacional esté aplicando de
forma retroactiva la ley pues, si bien el demandante afirma que cursó sus
estudios de posgrado entre los años de 1992 hasta 1995, lo cierto es que
presentó la solicitud de convalidación del título en 2019, fecha para la cual ya
se encontraba vigente la Resolución No. 010687 de 2019 que regula el
procedimiento administrativo de convalidación de títulos obtenidos en el
extranjero.

56. En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, no es posible
dar aplicación al Decreto 1074 de 1980, pues con ocasión de la expedición de
la Resolución No. 010687 del 2019, una nueva norma entró en vigor y, por lo
tanto, la solicitud elevada por la parte actora debe regirse bajo los presupuestos
de la norma posterior.

57. En ese orden de ideas, respecto de este punto, no queda otro camino para
la Sala que concluir que el Ministerio de Educación Nacional aplicó las normas
jurídicas que regulaban el procedimiento administrativo de convalidación para
el momento en que fue presentada la solicitud por parte del actor y, en ese
orden de ideas, no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales
aducidos por el accionante.

58. En lo concerniente al análisis técnico efectuado por la administración para
decidir si convalidaba o no el título de especialista en ginecología y obstetricia
obtenido por el señor Álvaro Nicolás Nassar Hasbun, para la Sala resulta
evidente que, el actor no cumplió con la carga de la prueba dirigida a demostrar
el cumplimiento de las exigencias de los artículos 17, 18 y 23 de la Resolución
No. 010687 de 2019 pues, por una parte: i) Si bien el actor allega una serie de
constancias académicas que dan cuenta de su paso por la Universidad Nacional
Autónoma de México, lo cierto es que, dichas certificaciones no precisan las
horas teóricas, teórico prácticas y prácticas cursadas; ii) no dan cuenta del
récord de procedimientos efectuados por el actor; y, iii) no precisan las fechas
de inicio y culminación de las rotaciones.

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Demandante: Álvaro Nassar Hasbún
Acción de tutela – Impugnación de fallo

59. Adicionalmente, el programa académico aportado como prueba en la
demanda, diverge de las asignaturas relacionadas en el certificado académico
como cursadas por el accionante.”. (archivo disponible en medio magnético en
el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

7) Así, se advierte que el tribunal analizó de manera detallada la aplicación de la
normativa vigente para el momento de la solicitud de convalidación; la inexistencia de un
trato desigual frente a otros casos de convalidación, por no cumplirse la regla temporal
del artículo 178 del Decreto 19 de 2012; y el incumplimiento de la carga probatoria por
parte del demandante para acreditar los requisitos técnicos exigidos para programas del
área de la salud.

8) La autoridad demandada explicó que la Resolución 10687 de 2019 debía regir el
trámite iniciado en 2019, sin que ello implicara una aplicación retroactiva de la ley, al
propio tiempo que concluyó que la documentación aportada por el actor no permitía
efectuar el análisis de equivalencia académica, dada la ausencia de información
suficiente sobre la carga horaria discriminada, las actividades académicas y
asistenciales, las rotaciones con indicación temporal y el récord de procedimientos.

9) El tribunal analizó la jurisprudencia constitucional aplicable para el caso concreto y
concluyó que la negativa de convalidación no se fundó en una barrera meramente formal
o discriminatoria, sino en la insuficiencia de pruebas para verificar la equivalencia
académica y la idoneidad del título en el área de la salud, de conformidad con los
requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

10) A partir de lo expuesto, para la Sala es claro que los fundamentos que soportaron la
interposición de la acción de tutela se dirigieron de manera exclusiva a discutir los
argumentos que fueron debidamente debatidos en el trámite del proceso ordinario y la
parte actora no aportó nuevos elementos que evidenciaran una vulneración de derechos
fundamentales y justificaran la intervención del juez constitucional.

11) Así entonces, es claro que la providencia judicial cuestionada es resultado de un
análisis judicial sobre la controversia reformulada en la acción de tutela, lo cual permite
concluir que el demandante pretendió emplear la acción de tutela como una instancia
adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso en que se
profirió la providencia atacada.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06432-01
Demandante: Álvaro Nassar Hasbún
Acción de tutela – Impugnación de fallo

12) Ante ese panorama, la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.

13) En consecuencia, se encuentra acreditado que la acción de tutela de la referencia no
reviste relevancia constitucional porque su objeto fue reabrir un debate jurídico propio del
proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia o interferir con el ejercicio legítimo de la autonomía judicial
de los jueces ordinarios, motivo por el cual se revocará la sentencia de primera instancia
que negó el amparo pretendido y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Revócase la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. En su lugar dispónese:

1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Álvaro Nassar Hasbún
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el medio
que resulte más expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06432-01
Demandante: Álvaro Nassar Hasbún
Acción de tutela – Impugnación de fallo

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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