Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06436-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-01
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro1
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 18 de
noviembre de 20252 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2. El señor Yesid Hernando Camacho Jiménez, actuando a nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Tolima y el Juzgado
Sexto Administrativo de Ibagué, por la presunta vulneración a su derecho
fundamental al debido proceso, supuestamente trasgredido con ocasión de la
providencia del 18 de septiembre de 20253 que confirmó la sentencia del 23 de
marzo de 20224 proferida por el a quo, que negó las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso seguido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 73001-33-33-006-
2019-00330-00/01.
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela5 y del expediente, se colige que el actor instauró una
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Hospital Federico
1
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
2
Índice 28 del aplicativo SAMAI.
3
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 3_110010315000202506436003DemandaWeb2025101421275
4
Índice 56 del aplicativo SAMAI, exp. 73001-33-33-006-2019-00330-00
5
Presentado el 14 de octubre de 2025.
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Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Lleras Acosta E.S.E. de la ciudad de Ibagué, orientado a obtener la nulidad de
los actos administrativos mediante los cuales se convocó a un concurso de
méritos6, así como el que posteriormente, declaró insubsistente7 su
nombramiento8, pese a que el actor señaló que desde el año 19749 se encontraba
vinculado de manera ininterrumpida a la entidad como trabajador oficial en el
cargo de Auxiliar de Enfermería.
4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué en sentencia del
23 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que no
se acreditó10 ninguna causal de nulidad respecto de los actos
administrativos demandados. Una vez apelada la decisión por la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Tolima mediante providencia del 18 de septiembre
de 2025 confirmó11 la decisión del a quo.
2.2. Fundamento jurídico
5. El accionante consideró quebrantado su derecho fundamental al debido
proceso por parte de las autoridades judiciales accionadas con ocasión de las
decisiones precitadas.
6. Al respecto, alegó la supuesta existencia de un defecto fáctico, que
resumió en el siguiente sentido:
«Al no detenerse a analizar, los tutelados, el sinnúmero de pruebas aportadas,
que dan cuenta de mi condición de trabajador oficial, bajo la vigencia de
disposiciones jurídicas anteriores a la Ley 10 de 1990; y una vez expedida la
Ley 10 de 1990, la protección que la misma le imprimió a quienes fuimos
vinculados con anterioridad a 1990 y protegidos aún más con la entrada en
vigencia del Decreto Ley 1399 de 1990 y salvaguardados en ese tipo
contractual de vinculación con el Estado, en el sector salud: Las sentencias
proferidas, desconocen las pruebas del tipo de vínculo laboral, que ostenté ,
6
Acuerdo núm. CNSC-20161000001276 del 28 de julio de la misma anualidad, “para proveer empleos vacantes
de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales
del Estado”, Acuerdo núm. CNSC-20161000001416 del 30 de septiembre del 2016 por el cual se modificó y
adicionó el anterior, así como el Acuerdo núm. CNSC 20161000001466 del 23 de noviembre de 2016 que modificó
unos artículos de los anteriores expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco de la
Convocatoria núm. 426 de 2016,
7
Resolución núm. 3725 del 26 de diciembre de 2018, proferida por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. por
medio de la cual se declaró insubsistente al señor Yesid Hernando Camacho Jiménez y el Oficio No. 1206 – GTH
del 11 de enero de 2019, por medio del cual se le comunicó la resolución referida.
8
La parte actora sostuvo que con la desvinculación de su cargo se desconocieron los derechos adquiridos
derivados de su relación laboral, que expuso, era de carácter oficial, la cual afirmó se había mantenido a través de
actos de nombramiento sucesivos, posesión y contrato de trabajo, por lo que solicitó su reintegro al cargo que
venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría, así como las acreencias laborales correspondientes.
9
Mediante Resolución núm. 1328 del 23 de agosto de 1974
10
Al respecto, el juzgado estableció que el actor se encontraba vinculado en condición de provisionalidad en el
cargo de Auxiliar Área de la Salud, Código 412, Grado 19, y que la declaratoria de insubsistencia obedeció a
la provisión definitiva del empleo con la persona que figuraba en la lista de elegibles conformada como
resultado del concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En consecuencia,
determinó que los actos administrativos cuestionados se ajustaron al ordenamiento jurídico y que la desvinculación
del demandante respondió a la obligación constitucional y legal de proveer los cargos de carrera administrativa
en virtud del principio de mérito.
11
La autoridad judicial accionada indicó que de la valoración del acervo probatorio se evidenció que, aunque en
principio el señor Camacho Jiménez se vinculó como trabajador oficial en el cargo de “auxiliar de servicios
generales”, lo cierto es que su situación jurídica se modificó a partir de su nombramiento como “auxiliar de
área de salud, código 412, grado 19”, vinculación que corresponde al régimen de los empleados públicos.
Adicionalmente, precisó que la finalización del vínculo de quien ocupa en provisionalidad un cargo de carrera
no constituye una vulneración de sus derechos, puesto que la estabilidad intermedia reconocida a esta
modalidad de servidores se encuentra subordinada al derecho prevalente de los concursantes que superaron todas
las etapas de selección y que, como consecuencia, conforman la lista de elegibles.
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cual es el de TRABAJADOR OFICIAL y no de empleado público .». Sic en
toda la cita
7. Asimismo, sostuvo que las autoridades judiciales desconocieron el
precedente vinculante contenido en la Sentencia C-241 de 201412, al no aplicar
la protección al tipo de vínculo laboral de los trabajadores del sector salud
vinculados antes de 1990, afectando su derecho al trabajo y al debido proceso.
8. Al respecto, señaló que, desde su perspectiva, los accionados no
realizaron «el más mínimo esfuerzo» para justificar jurídicamente la inaplicación
del precedente constitucional referido, ni consideraron la protección reforzada
que la Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente en casos similares.
9. Añadió además que, en su sentir, se aplicaron de forma indebida normas
posteriores relativas al empleo público y a la carrera administrativa a un vínculo
de naturaleza contractual laboral, lo que derivó en su desvinculación irregular y
produjo un perjuicio irremediable sobre su mínimo vital, su derecho al trabajo y a
la dignidad humana.
2.3. Pretensiones
10. La parte accionante solicitó:
«7.2.1. Solicito que deje sin efecto y valor la sentencia proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima y la de primera instancia
proferida por el Juzgado Sexto administrativo. Como consecuencia de lo
anterior, solicito que:
7.3. Se ORDENE A LA JURISDICCIÓN JUDICIAL ACCIONADA, proceda a
dictar una nueva Sentencia, en la cual se estudien todos los elementos de
hecho, de derecho, legales, constitucionales, jurisprudenciales y los soportes
probatorios que se decretaron y allegaron oportunamente, en aras de adoptar
una decisión acorde con el precedente judicial de la Sentencia C-241 del 2014.
7.4. Que, como corolario de lo precedente, SE ACCEDAN A LAS SUPLICAS
DE LA DEMANDA, ordenándose el reintegro al cargo que venía ocupando en
el Hospital Federico Lleras Acosta ESE y el pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde al momento de la declaratoria de insubsistente, en
mi calidad de trabajador oficial.
7.5. SE ORDENE dar cumplimiento al fallo de tutela en los términos
constitucionales.» Sic en toda la cita.
2.4. Intervenciones
11. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, mediante auto del 16 de octubre de 2025,13 en el que ordenó
notificar como accionados al Tribunal Administrativo de Tolima y al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y como terceros interesados
en el resultado del proceso a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Hospital
Federico Lleras Acosta ESE.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2014, MP Mauricio González Cuervo.
13
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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2.4.1 El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué 14
remitió el vínculo de acceso al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 73001-33-33-006-2019-00330-00, pero no realizó ningún
pronunciamiento adicional.
2.4.2. El Tribunal Administrativo del Tolima15, indicó que la controversia ya
había sido decidida en las dos instancias, mediante sentencia del 23 de marzo
de 2022 proferida por el a quo y que fue confirmada por esa corporación al
concluirse que los actos administrativos cuestionados se ajustaron al
ordenamiento jurídico y al principio constitucional del mérito.
12. Señaló que el actor, al momento de su desvinculación ocurrida el 11 de
enero de 2019, no ostentaba la calidad de trabajador oficial, sino la de empleado
público nombrado en provisionalidad en el cargo de Auxiliar Área de la Salud,
Código 412, Grado 19, cuyas funciones son de carácter misional y no de servicios
generales.
13. Precisó que la declaratoria de insubsistencia16 se produjo como
consecuencia del nombramiento en período de prueba de la persona que ocupó
el primer lugar en la lista de elegibles establecida en la Resolución CNSC núm.
2018211017945 del 5 de diciembre de 2018, lo cual constituía una causa legal y
una motivación suficiente de los actos sobre los cuales el actor pretendió la
nulidad.
14. Asimismo, indicó que los empleados públicos en provisionalidad gozan de
una estabilidad laboral relativa, la cual cede frente al derecho preferente de quien
supera el concurso público de méritos, y que en el expediente no se acreditó
ninguna circunstancia de estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015.17
15. Finalmente, el Tribunal alegó que la acción de tutela era improcedente, al
evidenciar que el escrito presentado buscaba reabrir un debate jurídico ya
resuelto de fondo en sede judicial.
2.4.3. La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima18
indicó que el señor Camacho Jiménez siempre estuvo vinculado a la institución
hospitalaria mediante acto administrativo seguido de la correspondiente
14
Índice 9 del aplicativo SAMAI.
15
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
16
Dispuesta mediante la Resolución núm. 3725 del 26 de diciembre de 2018
17
Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.5.3.2. Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La
provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: 1. Con la persona
que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad
judicial. 2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por
razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas
establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 4.
Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de
elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad. Si agotadas las
anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse proceso de selección específico
para la respectiva entidad. “(…)”
18
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posesión, en un cargo de la planta de personal19, y no como trabajador oficial.
Señaló que el empleo correspondía a un cargo de carrera administrativa, cuya
provisión debía realizarse por concurso de méritos, conforme a la Constitución y
la ley.
16. Sostuvo que, al momento de su retiro, el accionante tenía la calidad de
servidor público en provisionalidad, por lo que su desvinculación se ajustó al
ordenamiento jurídico y no implicó vulneración de derechos fundamentales.
17. Finalmente, adujo que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, pues pretendía reabrir un debate ya resuelto en el proceso
ordinario. Por ello, solicitó negar las pretensiones al no cumplirse los requisitos
de procedibilidad ni demostrarse afectación alguna de derechos fundamentales.
2.4.4. La Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC sostuvo que la acción de
tutela se dirigió contra las actuaciones de las autoridades accionadas y no a las
de competencia de la CNSC, razón por la cual esa entidad no era responsable
de los hechos alegados.
18. Aunado a lo anterior, manifestó que la CNSC no coadministra las plantas
de personal ni interviene en nombramientos o desvinculaciones de servidores
provisionales, dado que estas funciones recaen de manera exclusiva en la
entidad nominadora, por lo que también carecía de competencia y conocimiento
frente a las situaciones expuestas por el accionante.
19. No obstante, afirmó que, conforme a la Constitución, la ley y la
jurisprudencia, los nombramientos provisionales son transitorios y ceden frente
al derecho preferente de quienes superan el concurso de méritos y que, si bien
existía una estabilidad laboral relativa, esta no era indefinida y su terminación
procedía mediante acto motivado cuando el cargo se proveía definitivamente.
20. En consecuencia, adujo que la CNSC actuó dentro del marco legal al
limitar su competencia a la conformación y firmeza de las listas de elegibles, sin
vulnerar derechos fundamentales, por lo que se solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, desvincular a la CNSC del trámite y negar el amparo
solicitado.
2.5. Sentencia Impugnada
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró
que la acción presentada no cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
presupuesto mínimo para el control excepcional de providencias judiciales.
22. En ese entendido, el a quo verificó que los planteamientos del accionante
coincidían íntegramente con los expuestos y resueltos en el trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que evidenció que la pretensión buscaba
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reabrir el debate ordinario como si la acción constitucional abriera la posibilidad
de convertirse una “tercera instancia”.
23. Adicionalmente, indicó que la inconformidad de la parte actora frente a la
decisión del Tribunal no trascendía al plano constitucional, ya que no se acreditó
una afectación grave al debido proceso que justificara la intervención excepcional
del juez de tutela.
24. En consecuencia, la primera instancia declaró improcedente la acción y se
abstuvo de examinar los presuntos defectos alegados al advertir que la acción
incumplió el presupuesto de procedibilidad referido.
2.6. Impugnación20
25. El accionante reiteró los argumentos planteados en su escrito de tutela e
insistió en que, en su sentir, las autoridades judiciales partieron de una premisa
fáctica y jurídica falsa al considerar que el accionante fue empleado público
nombrado en provisionalidad, cuando en realidad su vínculo correspondió al de
un trabajador oficial.
26. Adicionalmente, sostuvo que tampoco se analizó por parte de las
instancias la naturaleza real del vínculo laboral bajo el marco constitucional de
1886 y del sistema previo de organización del sector salud, lo que lo llevó a
aplicar criterios del régimen constitucional de 1991 que no eran pertinentes para
la época.
27. Nuevamente, reprochó que dicha premisa desconoció el precedente de
la Sentencia C-241 de 2014, que adujo protegió la continuidad de las
modalidades de vinculación en el sector salud tras la Ley 10 de 1990,
reconociendo el respeto a las formas históricamente adoptadas y la protección
reforzada al vínculo laboral.
28. Por lo anterior, recalcó que desde su lógica, en su caso no podía
imponérsele el cumplimiento de reglas propias de la carrera administrativa pues
esta nunca fue exigible a los trabajadores oficiales antes de 1991, motivo por el
cual la controversia si tenía relevancia constitucional pues desde su
razonamiento las autoridades judiciales trasgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al derecho al trabajo al desconocer la
primacía de la realidad y la irrenunciabilidad de derechos, por lo que solicitó
revocar el fallo de primera instancia y conceder el amparo solicitado.
20
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201921 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
30. En consideración a que la providencia del 18 de septiembre de 2025 que
confirmó la sentencia del 23 de marzo de 202222 proferida por el a quo, fue la que
puso fin al proceso, será la única objeto de estudio en esta acción constitucional,
en caso de superarse los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
3.3. Problema jurídico
31. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la providencia
del 18 de septiembre de 202523 que confirmó la sentencia del 23 de marzo de
202224 proferida por el a quo, que negó las pretensiones de la demanda, dentro
del proceso seguido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 73001-33-33-006-2019-00330-
00/01, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo y con ellos en la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso del señor Yesid Hernando Camacho
Jiménez.
32. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional
que no fue acreditado en primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
33. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
34. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
21
Reglamento interno del Consejo de Estado.
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control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
35. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige
cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de
elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la
autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales,
permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco
constitucional.
36. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
37. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito25. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
38. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 202226, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
39. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general27. (Negrillas y subrayas de la
25
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
27
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
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Sala).
40. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso y a la seguridad social,
sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de
manera razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»28. Negrillas y subrayas de la Sala.
41. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia
o un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que
la tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de
validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo
se justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho
al debido proceso»29. Negrillas y subrayas de la Sala.
42. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.30
43. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional, se resuelva un debate procesal que es de
competencia del juez natural de la causa y claramente desborda sus límites y
finalidad.
44. En ese entendido, desde la perspectiva estricta de la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, es preciso
recordar que este mecanismo no constituye una instancia adicional ni un medio
para reabrir controversias ya definidas por la jurisdicción competente, sino un
instrumento residual orientado a la protección inmediata de derechos
fundamentales.
45. Así las cosas, del examen integral del expediente se advierte que el actor
acudió oportunamente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual fue resuelto de fondo en dos instancias, mediante providencias
motivadas que analizaron la legalidad de los actos administrativos demandados
y concluyeron su conformidad con el ordenamiento jurídico y el principio
constitucional del mérito.
46. En cuanto al defecto fáctico alegado, la Sala observa que el accionante no
demostró una valoración probatoria arbitraria o una conclusión manifiestamente
28
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
29
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
30
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
irrazonable, sino que se limitó a reiterar su propia lectura de los medios de
prueba, particularmente sobre la naturaleza de su vínculo laboral, asunto
ampliamente debatido y resuelto en sede ordinaria y que se evidenció, tal y como
la advirtió el a quo, que fueron los mismos que presentó en su recurso de
apelación31.
47. Al respecto, las autoridades judiciales accionadas concluyeron, con apoyo
en el acervo probatorio, que al momento de la desvinculación el actor ostentaba
la calidad de empleado público nombrado en provisionalidad, y no la de
trabajador oficial, determinación que se encuentra razonablemente sustentada y
que no revela una actuación caprichosa o contraria a la lógica jurídica.
48. En relación con el presunto desconocimiento del precedente
constitucional, la Sala advierte que el actor invocó la Sentencia C-241 de 2014
de manera genérica, sin demostrar la identidad fáctica ni la ratio decidendi
aplicable a su caso concreto, exigencia mínima para predicar la configuración de
un defecto por desconocimiento del precedente vinculante, por lo que su simple
invocación y transcripción literal, sin la carga argumentativa al respecto, no tiene
asidero alguno y hace que deba declararse la improcedencia de manera
incuestionable.
49. Adicionalmente, se evidenció que las autoridades judiciales sí abordaron
el marco normativo y jurisprudencial aplicable al sector salud y a la carrera
administrativa, concluyendo que la provisión definitiva del cargo mediante
concurso de méritos constituyó una causa legal suficiente para la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento provisional.
50. En consecuencia, el Tribunal accionado señaló que la estabilidad laboral
de los empleados públicos vinculados en provisionalidad es de carácter relativo
y se encuentra supeditada al derecho preferente de quienes superan un concurso
público de méritos, conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional y de esta
corporación, sin que en el caso concreto el accionante hubiera demostrado una
situación de estabilidad laboral reforzada.
51. Tampoco se probó el perjuicio irremediable alegado por el señor Camacho
Jiménez, pues no se aportaron elementos objetivos que permitieran concluir una
afectación grave e inminente de su mínimo vital o de su dignidad humana,
requisito indispensable para flexibilizar la improcedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
52. Así las cosas, la Sala coincide plenamente con el a quo en que la acción
carece de relevancia constitucional, en tanto los reproches formulados no
trascienden el plano de la mera inconformidad subjetiva con la decisión judicial,
ni evidencian una vulneración directa, actual y grave del derecho fundamental al
debido proceso.
53. En ese entendido, resulta evidente, tal como lo advirtió la primera
31
Índice 59 del aplicativo SAMAI, exp. 73001-33-33-006-2019-00330-00
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Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
instancia, que la pretensión del actor busca reabrir un debate jurídico ya resuelto,
así como obtener una nueva valoración probatoria y normativa, propósito
incompatible con el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual no puede
desnaturalizarse ni convertirse en una tercera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2025, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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