RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06441-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06441-00

Fecha
5 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06441-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por María Olga Méndez Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06441-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela

Tutela por mora judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por María Olga Méndez Rojas en contra del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

María Olga Méndez Rojas, en nombre propio1, presentó escrito de tutela en el que solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales de mínimo vital, a la salud y a la igualdad, los
cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander debido
a la mora judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto y su consecuente
prelación, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. La parte actora expuso que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con
el fin que se dejara sin efectos el acto que le negó el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, debido al fallecimiento de su compañero permanente Jorge Enrique Puerto
Parada (Q.E.P.D.).

1Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 69C2B0D46695F23E B3100FEC775E1F57
F3DC4EF6FB8F2B38 A2138BBD405A2370.
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=700013333007202000191017000123

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pamplona, autoridad que, mediante sentencia de primera instancia del 21 de febrero
de 2024, accedió a las pretensiones.

2.3. Contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación; por tanto,
el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 2 de mayo
de 2024. El 2 de julio de 2024 fue admitido el recurso en mención y el 24 siguiente, ingresó
al Despacho para su resolución.

2.4. Sin embargo, según señaló la accionante, al momento de presentación de la solicitud
de amparo, el superior no ha proferido sentencia de segunda instancia, pese a la
presentación de dos escritos de petición y solicitudes de impulso procesal.

2.5. Finalmente, la actora manifestó que es una persona de la tercera edad, con múltiples
afecciones de salud, lo que la sitúa en un estado de vulnerabilidad, pues aquellas
mermaron su capacidad para realizar actividades cotidianas y su calidad de vida, de
manera que la mora en la que ha incurrido la autoridad judicial la ha perjudicado, al no
poder conocer una decisión definitiva y acceder a la prestación reconocida.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la salud y a la igualdad. Como consecuencia de ello, pidió: ii) dar
prelación al fallo de segunda instancia en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado, dada su condición de vulnerabilidad; iii)
ordenar el pago provisional de la mesada pensional y, en caso de que no se acceda a la
solicitud de prelación iv) ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que
emita una sentencia preferente.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la mora en la
que ha incurrido la autoridad judicial ha vulnerado sus garantías fundamentales, pues en
su condición de persona de la tercera edad debe recibir un trato preferente en los trámites
judiciales. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha indicado que la desigualdad
estructural que enfrentan los adultos en las condiciones descritas exige medidas
especiales para garantizar que sus derechos sean respetados en igualdad de
condiciones.

3.3. Sostuvo que, la parte accionada desconoció el precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias T-716 de 2017 y T-159 de 2023 proferidas por la Corte
Constitucional, en la que subraya que el Estado debe garantizar la subsistencia mínima
de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como los adultos mayores,
especialmente cuando estos dependen económicamente de otros para su bienestar.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 15 de octubre de 20253, se admitió la acción de tutela, se dispuso
la vinculación como terceros con interés del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pamplona, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de la señora María
Margarita Becerra de Puerto y se ofició al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
para que remitiera al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado
número 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.

4.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander4 relacionó las actuaciones
desarrolladas en el trámite del proceso ordinario, y señaló que el proceso le fue asignado
por reparto el 9 de mayo de 2024 para conocimiento de los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandada y la vinculada en contra la sentencia de primera
instancia.

Posteriormente, el Despacho ponente admitió los aludidos recursos mediante auto de
fecha 2 julio de 2024 y, el 24 de julio siguiente, la Secretaría de la Corporación ingresó el
expediente para sentencia; el cual se encuentra en el turno 161.

En ese orden, destacó que, ha sido diligente en adelantar las diferentes actuaciones
procesales necesarias para llegar a proferirse la respectiva sentencia, conforme los
términos legales, y el derecho de contradicción y defensa de todos los intervinientes.

Finalmente, puso de presente que el Despacho en el que se encuentra el expediente
cuenta a corte de estadística del tercer trimestre del año en curso, con una carga de 454
procesos ordinarios de primera y segunda instancia, así como el volumen de acciones de
tutela y consultas que ingresan diariamente, circunstancias que han impedido atender de
manera pronta y célere los procesos a cargo.

Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción, bajo el entendido que no
se ha violado derecho fundamental alguno de la accionante.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP5 sostuvo que, de conformidad con lo
solicitado por la parte accionante, no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que lo pretendido se escapa de las funciones endilgadas. Por lo anterior solicitó
declarar la falta de legitimación o su desvinculación.

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. A7E96EA83C703BC9 6A81DB2E0669C44C
AC38AF322A7E465A 08C7512132A66E00.
4 Índices 00008, 0009 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 879A15514CD66B26 482044E6FC931562

F8C9A44E87E628E5 A2C0602759E03C9F, 3E8D9055537F0ED7 14B792E08890B9BA DD875AD70FF678AA
05011F63CDFAD1BE.
5 Índices 00009, 00012 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 229C674C170E386E A434D385AEDB41BD

2641AFE536162BAC 1CE0A0CC7F5E6263.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de María Olga
Méndez Rojas al ser la titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actuó como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho adelantado bajo el radicado núm. 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado
y fue su omisión en el impulso de este a la que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la mora judicial
alegada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley6.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

6 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete

autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

4.1. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que
“[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables”7 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara
que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de
diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del
proceso sea irrazonable”8. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios
judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es
injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia9.

Adicional, la jurisprudencia constitucional10 ha identificado eventos en los que se genera
mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se encuentra i) la
complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el
legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga
laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora11. Lo anterior implica que, aun
cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,

7 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
11 SU-179 de 2021.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una
decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se
advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, conforme al concepto
jurisprudencial de “mora judicial justificada” 12.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en una mora injustificada que
conllevó a la vulneración de sus garantías fundamentales, al no haber dado trámite a los
recursos de apelación formulados dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que actúa como demandante, bajo el entendido de
que es una persona de avanzada edad, por lo que aquella debe propender por un trato
preferente en los trámites judiciales.

Asimismo, consideró que se desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las
sentencias T-716 de 2017 y T-159 de 2023 proferidas por la Corte Constitucional, las
cuales disponen que el Estado debe garantizar la subsistencia mínima de las personas
en situaciones de vulnerabilidad, como lo es en su caso.

5.2. La Sala advierte que, de la revisión de las actuaciones procesales del referido asunto,
se constata la existencia de una dilación en el trámite posterior a la admisión del recurso
de apelación en segunda instancia. Sin embargo, la autoridad judicial informó el trámite
impartido al proceso:

12 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones

injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo
de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para ello ha
acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se
debaten en el trámite.”

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

Adicionalmente, sostuvo que en la actualidad el expediente se encuentra en el turno 161
de los procesos para fallo.

En virtud de lo anterior, la Sala constató que el apoderado de la parte demandante
presentó memoriales de impulso procesal y prelación del fallo los días 19 13 y 2114 de
enero; 615 de marzo y 2016 de agosto de 2025.

Luego, el magistrado ponente del asunto dio respuesta17 a las solicitudes presentadas,
advirtió el deber de proferir la sentencia o la decisión de fondo en el orden en que ingrese
el proceso al despacho para ello y le informó a la solicitante que solamente se podía
otorgar un trámite preferencial en atención a la naturaleza del asunto, por razones de
seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave
violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de
especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su
solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra
entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para
su elaboración y estudio preferente; situaciones en las que no se enmarca la situación de
la actora.

A su turno, explicó que, en atención a la alta carga laboral, congestión, a la prelación
legal que tienen las acciones constitucionales, así como los procesos de primera instancia
y más de la complejidad de la mayoría de los asuntos que corresponden a la jurisdicción,
no ha sido posible proferir la sentencia del proceso en el que funge como demandante;
no obstante, una vez llegue el turno que le corresponde, procederá a notificarle de
manera inmediata la providencia.

5.3. A partir de lo anterior, para la Subsección no está probada una mora injustificada de
parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander en dictar sentencia de segunda
instancia, pues como se indicó en precedencia, las dilaciones que presentó el trámite
obedecen a factores objetivos pues aportó elementos que permiten deducir la existencia
de un motivo válido y razonable que justifica tal demora, como la carga excesiva de
trabajo y la congestión judicial en la que se encuentra, así como el turno en el que se
encuentra el proceso.

En consecuencia, el punto de referencia para considerar si existe o no una vulneración a
las garantías del actor, por la alegada mora en que se dicte la sentencia de fondo en el
marco del proceso de reparación directa, cobra importancia el ingreso que la secretaría
realizó el 25 de abril de 2025 al despacho de la juez para adoptar la decisión de fondo.

13 Visible en el índice 00009 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.

54518333300120190015801.
14 Visible en los índices 00010 y 00011 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado

núm. 54518333300120190015801.
15 Visible en el índice 00013 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.

54518333300120190015801.
16 Visible en el índice 00016 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.

54518333300120190015801.
17 Visible en el índice 00015 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.

54518333300120190015801.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00
Accionante: María Olga Méndez Rojas

En tal sentido, el plazo que ha transcurrido para este momento no puede entenderse
como irrazonable.

5.4. En todo caso, tampoco resulta contrario a los postulados constitucionales el término
de ocho meses computado desde que se informó a la actora el turno asignado para
elaborar la decisión, si se tiene cuenta la carga laboral que asumen las autoridades
judiciales administrativas a nivel nacional, además, el mero incumplimiento de los
términos judiciales no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el
peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable18, lo que no ocurrió en este caso,
pues el actor no invocó esta situación y no aportó prueba al respecto.

Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por el accionante como
constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está acreditada,
en consecuencia, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por María Olga Méndez Rojas en
contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

LMMT

18 Sentencias T- 1154 de 2001 y T-1249 de 2004.

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.