Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06441-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06441-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06441-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: MARÍA OLGA MÉNDEZ ROJAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela por mora judicial / niega el derecho fundamental acceso a
la administración de justicia, mínimo vital, igualdad y salud– La autoridad accionada
actuó con diligencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación promovido por María Olga Méndez Rojas contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. A su juicio, dicha
autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, mínimo vital, igualdad y salud.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 14 de octubre de 20251, la señora María Olga Méndez Rojas, quien actúa en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander. En su criterio, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, mínimo vital, igualdad y
salud.
Hechos relevantes
2. La demandante manifestó que es parte actora dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el número 54518-33-33-001-2019-
00158-00/01, promovido en el año 2019 contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2.
3. Indicó que, en el marco de dicho proceso, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente, prestación que previamente le había sido negada por la
entidad demandada.
1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 14 de octubre de 2025 con secuencia: 10376 - Cuad.:1”.
2
En adelante: UGPP.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
4. Además, señaló que, mediante sentencia proferida el 21 de febrero de 2024, el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona, autoridad judicial de
primera instancia, accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió el litigio en
favor de la parte actora. No obstante, dicha decisión fue apelada por la entidad
demandada, razón por la cual el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander para que se surtiera el trámite de la segunda instancia.
5. Finalmente, precisó que el proceso se encuentra actualmente pendiente de
decisión en sede de segunda instancia desde el mes de mayo de 2024, a la espera
de que el Tribunal emita la correspondiente sentencia definitiva.
Pretensiones
6. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“PRIMERO. Se protejan los derechos fundamentales de la suscrita en
particular su derecho al mínimo vital, a la salud, y a la igualdad, garantizando
que su proceso sea resuelto de manera preferente. SEGUNDO. Que se dé
prelación al fallo en el proceso radicado No. 54-518-33-33-001-2019-00158-
01, considerando la especial situación de vulnerabilidad de la suscrita,
conforme a la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de los adultos
mayores y la protección de su mínimo vital. TERCERO. Que se ordene en
un término prudencialmente urgente el pago provisional de la mesada
pensional de la suscrita, hasta tanto se emita la sentencia de fondo en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta solicitud se basa en
la urgente necesidad de garantizar el mínimo vital de la suscrita, quien no
cuenta con recursos propios para subsistir, y está en una situación crítica de
salud. El pago provisional de la pensión es una medida que se ajusta a los
principios de protección al mínimo vital y acceso efectivo a la justicia,
previstos en la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a.
La Corte Constitucional, ha señalado que, en situaciones donde la persona
se encuentra en riesgo de perder su mínimo vital, el pago provisional de una
prestación como la pensión de sobreviviente es una medida adecuada para
garantizar la subsistencia digna mientras se resuelve el fondo del proceso
judicial.”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. La tutelante manifestó que cuenta con 77 años y que padece múltiples afecciones
de salud que agravan de manera significativa su condición de vulnerabilidad y
afectan su calidad de vida. Señaló que entre las patologías diagnosticadas se
encuentran trastorno de disco cervical con radiculopatía, que le produce dolor
cervical y limitación en los miembros superiores; neuropatía por atrapamiento del
nervio mediano bilateral a través del túnel carpiano, con compromiso moderado en
el lado derecho y leve en el izquierdo; así como alteraciones en la conducción
nerviosa del nervio mediano, las cuales generan dolor, entumecimiento y hormigueo
en las manos.
3
Índice electrónico 02 de SAMAI. 5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
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Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
8. Además, indicó que un estudio de electromiografía evidenció unidades motoras
neuropáticas en el músculo abductor pollicis brevis derecho, hallazgo que confirma
la existencia de daño nervioso que afecta el control motor de su mano derecha y
dificulta la realización de actividades cotidianas. Precisó que estas patologías se
encuentran debidamente acreditadas en los informes médicos que allegó como
prueba dentro del proceso.
9. La demandante también manifestó que atraviesa una situación económica crítica.
Explicó que dependía económicamente de su compañero permanente, el señor
Jorge Enrique Puerto Parada (Q.E.P.D.), quien falleció en agosto de 2018. Afirmó
que, desde ese momento, carece de ingresos económicos y no ha obtenido el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, circunstancia que compromete de
manera directa su subsistencia. En ese sentido, sostuvo que esta situación afecta
gravemente su derecho al mínimo vital, pues no cuenta con recursos suficientes
para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención en salud.
Al respecto, señaló que la Corte Constitucional ha reiterado que el Estado debe
garantizar condiciones mínimas de subsistencia a los adultos mayores que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando dependían
económicamente de un tercero, como lo ha reconocido en las sentencias T-716 de
2017 y T-159 de 2023.
10. La tutelante sostuvo además que la resolución de su proceso judicial ha
presentado una demora prolongada, pues han transcurrido más de seis años sin
que exista una decisión definitiva. Indicó que esta dilación vulnera sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo
vital. En ese contexto, señaló que la Corte Constitucional ha precisado que la
demora injustificada en la administración de justicia puede constituir una vulneración
de derechos fundamentales cuando compromete la subsistencia o la dignidad de
personas en condición de vulnerabilidad, en particular cuando se trata de adultos
mayores con delicadas condiciones de salud, como se indicó en la Sentencia T-066
de 2020.
11. También manifestó que presentó en dos oportunidades solicitud de prelación de
fallo ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso
contencioso administrativo. Sin embargo, indicó que esa autoridad negó dichas
solicitudes con fundamento en la existencia de otros procesos que también
requieren prioridad en el turno judicial. Frente a ello, sostuvo que esta decisión
desconoce su condición de sujeto de especial protección constitucional, debido a
su edad avanzada y a su estado de salud. En ese sentido, señaló que el artículo 13
de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional imponen a las
autoridades el deber de brindar un trato preferente a los adultos mayores cuando
su subsistencia se encuentra comprometida, tal como lo reiteró la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-109 de 2022.
12. Finalmente, la demandante afirmó que la pensión de sobreviviente que reclama
constituye el único medio para garantizar su subsistencia digna. Señaló que la
prolongación del proceso judicial pone en riesgo el goce efectivo de ese derecho,
pues le impide acceder oportunamente a los recursos necesarios para cubrir sus
3
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Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
necesidades básicas de salud, alimentación y sostenimiento. Agregó que esta
situación adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la esperanza de vida
promedio en Colombia, según datos del DANE, es de 76,59 años, mientras que ella
tiene actualmente 77 años, razón por la cual la demora en la adopción de una
decisión definitiva podría impedir que acceda de manera efectiva a la prestación
que reclama y comprometer de forma directa su mínimo vital, su dignidad humana
y su derecho de acceso a la administración de justicia.
Trámite en primera instancia
13. Mediante auto del 15 de octubre de 20254, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar a las partes de la forma más expedita posible,
asimismo vincular como terceros con interés en este trámite al Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona, a la UGPP y a la señora María Margarita Becerra
de Puerto.
Intervenciones
14. La UGPP5 solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es la entidad competente
para resolver lo solicitado por la señora María Olga Méndez Rojas. Indicó que la
autoridad llamada a pronunciarse sobre la situación planteada es el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por lo que dicha entidad no tiene injerencia
en la decisión que se reclama mediante la acción de tutela.
15. Adicionalmente, pidió que se declare improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Indicó que la accionante no ha agotado
en su totalidad los mecanismos judiciales previstos por el ordenamiento jurídico para
discutir y obtener el reconocimiento de los derechos que reclama. En ese sentido,
sostuvo que la parte actora cuenta con los recursos ordinarios y extraordinarios
establecidos por la ley dentro del proceso contencioso administrativo, lo que torna
improcedente el uso de la acción de tutela como vía excepcional.
16. Asimismo, afirmó que tampoco se satisface el requisito de inmediatez, pues
desde el fallecimiento del causante, ocurrido en el año 2018, y la expedición del acto
administrativo contenido en la Resolución número RDP 017958 del 13 de junio de
2019, ha transcurrido un lapso aproximado de seis años sin que, según su criterio,
se hubiera presentado oportunamente una reclamación constitucional frente a los
presuntos derechos vulnerados.
17. Finalmente, sostuvo que no se configura un perjuicio irremediable, pues la
accionante se encuentra afiliada a Nueva EPS S.A. en calidad de cotizante del
régimen contributivo, según la información registrada en la Base de Datos Única de
4
Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoqueadmite_AUTOADMISORIO2025064(.pdf) NroActua 4.
5
Índice electrónico 09 de SAMAI. 19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda
RespuestaAvocoTute(.pdf) NroActua 9.
4
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Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Afiliados (BDUA). Con fundamento en lo anterior, reiteró que la UGPP no está
legitimada en la causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional.
18. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander6 informó que en esa
corporación cursa el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
54518-33-33-001-2019-00158-01, promovido por María Olga Méndez Rojas contra
la UGPP, con vinculación de María Margarita Becerra de Puerto.
19. Señaló que el expediente fue repartido el 9 de mayo de 2024 para resolver los
recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, los cuales fueron
admitidos mediante auto del 2 de julio de 2024. Posteriormente, el 24 de julio de
2024, la Secretaría remitió el proceso al despacho para sentencia, y actualmente se
encuentra en el turno 161 para fallo.
20. El tribunal sostuvo que ha actuado con diligencia en el trámite del proceso y ha
respetado los términos legales, así como los derechos de contradicción y defensa
de las partes. Asimismo, precisó que, según el corte estadístico del tercer trimestre
del año, el despacho registra una carga aproximada de 454 procesos ordinarios de
primera y segunda instancia, además del alto volumen de acciones de tutela y
consultas que ingresan diariamente, situación que dificulta resolver los procesos
con mayor celeridad.
21. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
22. El Juzgado Primero 1º Administrativo de Pamplona, guardó silencio a pesar
de haber sido notificado7.
Sentencia de primera instancia
23. Mediante providencia del 5 de diciembre de 20258, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de tutela interpuesta por
María Olga Méndez Rojas contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
24. La Sala constató que el apoderado de la demandante presentó memoriales de
impulso procesal y de prelación del fallo los días 19 y 21 de enero, 6 de marzo y 20
de agosto de 2025. En respuesta, el magistrado ponente indicó que las decisiones
deben proferirse conforme al orden de ingreso de los procesos al despacho y que
el trámite preferencial solo procede en circunstancias excepcionales, las cuales no
se configuran en el caso. Asimismo, explicó que, debido a la alta carga laboral, la
congestión judicial y la prelación de las acciones constitucionales y procesos de
primera instancia, no ha sido posible dictar sentencia; no obstante, señaló que esta
se proferirá cuando el proceso llegue a su turno.
6
Índice electrónico 010 de SAMAI. 22RECIBEMEMORIAL_RESPUESTATUTELANYR20(.pdf)
NroActua 10.
7
En concreto se notificó al juzgado a los correos: jadmin01pln@notificacionesrj.gov.co y
junadmpam@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8
Índice electrónico 022 de SAMAI. 43Sentencia_FALLO20250644100(.pdf) NroActua 22.
5
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
25. Con fundamento en lo anterior, la Subsección C concluyó que no se acreditó
una mora injustificada, pues las dilaciones obedecen a factores objetivos como la
congestión judicial y el turno del proceso, que ingresó al despacho el 25 de abril de
2025 para decisión de fondo. Además, precisó que el término transcurrido no resulta
irrazonable y que el mero incumplimiento de los términos judiciales no constituye,
por sí mismo, vulneración del debido proceso, máxime cuando no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable. En consecuencia, negó el amparo solicitado.
Impugnación9
26. La accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su
revocatoria, con el fin de que se ampararan sus derechos al debido proceso sin
dilaciones injustificadas, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la tutela judicial
efectiva. En consecuencia, pidió ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que dictara de inmediato la sentencia de segunda instancia o, de manera
subsidiaria, dentro de un plazo perentorio, teniendo en cuenta su condición de
adulta mayor y sujeto de especial protección constitucional. Según afirmó, el fallo
impugnado terminó por normalizar la mora judicial al justificar la tardanza en la
congestión y la carga laboral del despacho, trasladando al ciudadano las
deficiencias estructurales del sistema de justicia, pese a que estas son imputables
al Estado y no pueden legitimar la afectación del acceso efectivo a la justicia.
27. Además, sostuvo que la decisión de primera instancia hizo un examen
meramente formal del trámite y omitió valorar que el paso del tiempo tiene en su
caso una gravedad especial, dada su edad avanzada y sus problemas de salud. En
esa línea, reprochó que no se le hubiera dispensado un tratamiento preferente real
como sujeto de especial protección constitucional y que, además, se negara la
existencia de un perjuicio irremediable. Sobre este último aspecto, argumentó que,
tratándose de una persona de 78 años, el paso del tiempo, el deterioro progresivo
de la salud y la prolongación del proceso constituyen por sí mismos factores de
agravamiento de su vulnerabilidad, de modo que exigir una prueba adicional de ese
perjuicio desconoce la realidad humana y biológica y supone un formalismo
excesivo. Concluyó que la providencia impugnada sienta un precedente riesgoso,
pues permitiría justificar la mora judicial con base en la congestión, vaciar de
contenido la protección reforzada de las personas adultas mayores y perpetuar
procesos incompatibles con el Estado Social de Derecho.
CONSIDERACIONES
Competencia
28. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
9
Índice electrónico 028 de SAMAI. 46_MemorialWeb_Alegatos-IMPUNGACIONTUTELAp(.pdf)
NroActua 28.
6
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
Problema jurídico y metodología de la decisión
29. María Olga Méndez Rojas presentó acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
mínimo vital, salud y a la igualdad, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. La solicitud de amparo se sustenta en la
presunta mora judicial en la que, a su juicio, se habría incurrido dentro del trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.
30. En este contexto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción
de tutela interpuesta cumple los requisitos formales de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia constitucional para proceder a su análisis de fondo. Una vez
superado este examen preliminar, será posible abordar el estudio de mérito
encaminado a establecer si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, como consecuencia
de una presunta mora judicial injustificada, al demorarse aproximadamente 2 años
en expedir el fallo del caso analizado, bajo el argumento de congestión judicial.
31. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.
Mora judicial
32. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución11.
33. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción
o ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable12.
34. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
10
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
11
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
12
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.
35. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable13.
36. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional14, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:
“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha
impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a
conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas
procesales”.
37. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.
38. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
13
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
14
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.
Análisis del caso concreto
39. María Olga Méndez Rojas instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al considerar que el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado bajo el radicado número 54518-
33-33-001-2019-00158-00/01, incurrió en una presunta mora judicial. En tal sentido,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, mínimo vital, igualdad y salud.
40. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; en segundo
lugar, analizará los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela; en tercer
lugar, en caso de superar los anteriores juicios, estudiará el reclamo de mora
injustificada que propone la tutelante.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
41. María Olga Méndez Rojas cuenta con legitimación en la causa por activa, dado
que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca.
En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la presunta mora
judicial.
42. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, autoridad judicial a la que se le atribuye la
trasgresión de los derechos invocados en la presente acción de amparo
constitucional.
43. La UGPP solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación
en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que esa entidad actuó como
parte demandada dentro del proceso ordinario, razón por la cual se mantendrá
vinculada al proceso.
Estudio de procedibilidad de la mora judicial
44. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable15.
15
En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
45. En el caso bajo examen, la Sala constata que se cumplen los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.
46. Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que la
accionante ha mantenido una actuación activa, dado que el 19 de enero 16, y 6 de
marzo de 202517 solicitó prelación del fallo de segunda instancia, asimismo el 4 de
marzo18 y el 15 de septiembre de 202519 presentó una solicitud de impulso procesal.
47. En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría
la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, el accionante se hallaban en una situación de indefensión, al carecer de
un medio judicial idóneo y eficaz que les garantizara una decisión oportuna.
48. Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.
Estudio de procedencia de la acción de tutela
49. La Sala analizará de fondo el presente asunto. Así, para determinar la existencia
de mora judicial injustificada, es necesario realizar una valoración integral de las
circunstancias que rodean el retraso alegado por la actora, al considerar que cuenta
con factores como la complejidad del asunto, la existencia de motivos razonables
que justifiquen la dilación, la conducta de los interesados, y la diligencia del
funcionario judicial. En ese sentido, el mero incumplimiento de los plazos procesales
no configura, por sí solo, una vulneración constitucional, pues resulta indispensable
analizar el contexto en el que se produjo el retardo.
50. En el caso concreto, la parte accionante afirmó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado número 54518-33-33-001-2019-00158-
00/01, presenta una demora global superior a seis años sin decisión definitiva, lo
cual vulnera sus derechos al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y
al mínimo vital. Indicó que el asunto permanece pendiente de fallo en segunda
instancia desde mayo de 2024.
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”
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Índice electrónico 010 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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Índice electrónico 013 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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Índice electrónico 012 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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Índice electrónico 018 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
51. Manifestó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó en dos
ocasiones sus solicitudes de prelación de fallo, con fundamento en la existencia de
otros procesos prioritarios, decisión que, a su juicio, desconoce su condición de
sujeto de especial protección constitucional.
52. Finalmente, señaló que tiene 77 años y padece múltiples afecciones de salud
que agravan su situación de vulnerabilidad. Expuso, además, que carece de
ingresos desde el fallecimiento de su compañero permanente en agosto de 2018 y
que no ha obtenido el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
53. Frente a lo anterior, la Sala concluye que la autoridad judicial no incurrió en una
mora judicial injustificada como se pasará a explicar a continuación:
54. En primer lugar, la Sala advierte que si bien el término legal para proferir
sentencia de segunda instancia es de veinte (20) días contados desde el ingreso
del proceso al despacho para fallo20, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander destacó una situación de congestión judicial. Así, el despacho manifestó
una carga aproximada de 454 procesos ordinarios de primera y segunda instancia,
a lo cual se suma el alto volumen de acciones de tutela y consultas que ingresan de
manera constante. A su juicio, dicha situación limita la capacidad institucional para
resolver los asuntos con mayor celeridad.
55. En segundo lugar, la Sala constata que la autoridad judicial dio respuesta a las
solicitudes de prelación del fallo de segunda instancia del 19 de enero y 6 de marzo
de 2025. En efecto, mediante memorial del 6 de marzo de 202521, el Tribunal negó
dicha solicitud y reiteró que debe respetar el orden de ingreso de los procesos, salvo
en supuestos excepcionales; esto es, en atención a la naturaleza del asunto, por
razones de seguridad nacional, cuando se amenace el patrimonio público, exista
una grave violación de derechos humanos o la comisión de crímenes de lesa
humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social22. Asimismo, precisó que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que la alteración del turno de
20
“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: 7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En
ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y
cumplimiento”.
21
Índice electrónico 015 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Respuesta a
sus derechos de Petición Rad. 001-2019-00158-01(.pdf) NroActua 15.
22
En concreto, la autoridad judicial puso de presente lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998, según el cual “es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos
de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá
modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público
en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”. De igual manera, invocó el artículo 63ª
de la Ley 2170 de 1996, el cual establece que “Cuando existan razones de seguridad nacional o para
prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los
derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia
social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o
la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados
preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la
Nación”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
fallo procede de manera restrictiva y exige la acreditación de circunstancias
extremas, como la condición de sujeto de especial protección constitucional en
situación de debilidad manifiesta.
56. En el caso concreto, la autoridad judicial informó que el proceso ingresó para
fallo el 24 de julio de 2024 y que ocupaba el turno 216. En consecuencia, manifestó
que existen procesos que ingresaron con anterioridad y que incluso presentan
condiciones especiales análogas a las de la actora, lo que impide alterar el orden
de decisión sin vulnerar el derecho a la igualdad de los demás usuarios de la
administración de justicia. Adicionalmente, verificó que la demandante no se
encuentra registrada en el Sisbén y que figura como cotizante activa en la NUEVA
EPS, con aportes ininterrumpidos desde 2016. Para la Sala, esta situación desvirtúa
la alegada afectación del mínimo vital. Con base en estos elementos, concluyó que
no se configuran los supuestos legales para otorgar la prelación del fallo, a pesar
de que la actora cuenta con 77 años.
57. En tercer lugar, la Sala advierte que el proceso ha presentado un avance
verificable en el turno para decisión, lo cual permite descartar una inactividad
injustificada por parte de la autoridad judicial. Así, para el 6 de marzo de 2025 el
asunto se ubicaba en el turno 216 y, conforme a la respuesta allegada el 27 de
octubre de 2025 dentro del trámite de la presente acción de tutela, pasó al turno
161. Esta variación refleja el curso ordinario del despacho en la evacuación de los
procesos sometidos a su conocimiento y evidencia una gestión continua y diligente,
acorde con las limitaciones derivadas de la carga laboral previamente descrita.
58. De otra parte, se reconoce que la demandante es una persona de la tercera
edad, circunstancia que impone un deber reforzado de atención. Por tal razón, sin
que ello implique desconocer el orden de prelación ni los criterios legales que rigen
la adopción de decisiones, se insta al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
para que profiera la sentencia de segunda instancia en el menor tiempo posible, en
consideración a la situación particular de la actora.
59. Tampoco se configura un perjuicio irremediable en el caso concreto, porque,
aunque la accionante acreditó su condición de adulta mayor y alegó quebrantos de
salud, no demostró que la espera de la decisión judicial la sitúe ante un daño
inminente, grave, urgente e impostergable que haga indispensable la intervención
transitoria del juez de tutela. En efecto, la Sala constató que el proceso ordinario se
encuentra en curso, ha registrado un avance verificable en el turno para fallo y que
la dilación obedece a causas objetivas asociadas a la congestión del despacho, no
a una paralización arbitraria del trámite. Además, la información valorada por la
autoridad judicial permitió advertir que la actora figura como cotizante activa en el
sistema de salud y no aparece registrada en el Sisbén, elementos que, sin desvirtuar
su situación personal, sí impiden tener por acreditada, en los estrictos términos
constitucionales, una afectación actual y extrema de su mínimo vital que exija una
medida urgente e inmediata. Así, más que un riesgo cierto de consumación de un
daño irreparable, lo que se evidencia es la persistencia de una expectativa
prestacional aún sometida a definición judicial, insuficiente por sí sola para
estructurar la procedencia excepcional del amparo como mecanismo transitorio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-01
Accionante: María Olga Méndez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
60. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada no
incurrió en mora judicial injustificada, toda vez que acreditó razones objetivas y
verificables que explican el tiempo de trámite del proceso, asociadas a la congestión
estructural del despacho y al cumplimiento del orden de ingreso de los asuntos.
Asimismo, se constató que el tribunal atendió de manera oportuna las solicitudes de
prelación, aplicó de forma razonable los criterios legales y jurisprudenciales que
rigen su procedencia y mantuvo una actuación diligente, reflejada en el avance
progresivo del proceso en el turno de decisión. En consecuencia, no se evidencia
una vulneración de los derechos fundamentales invocados, sin perjuicio del deber
de la autoridad judicial de adoptar las medidas necesarias para emitir la decisión de
fondo en el menor tiempo legal posible, en atención a la condición de la
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del presente trámite, formulada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó la solicitud
de tutela interpuesta por María Olga Méndez Rojas, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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