Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06443-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06443-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06443-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de noviembre de 2025
Demandante: Carlos Drago León
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06443-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-00
Demandante: CARLOS DRAGO LEÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 15 de octubre de 2025, el señor Carlos Drago León, actuando en nombre
propio, promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión C, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, «a la tercera edad», de
petición y al debido proceso.
La parte demandante consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la
sentencia del 9 de septiembre de 2025, que revocó el fallo del 31 de marzo del
presente año, a través del cual el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y,
en su lugar, las denegó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 08001-33-33-010-2022-00337-00/01,
promovido contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
1.2. Pretensiones
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Demandante: Carlos Drago León
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C
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En consecuencia, la parte actora solicitó:
PRIMERA: Que se declare que el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN “C” integrada por los
Magistrados; PONENTE: DR. CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA Y JORGE
HERNÁN SÁNCHEZ FELIZZOLA y JORGE ELIÉCER FANDIÑO GALLO, han
vulnerado mis derechos fundamentales, al Mínimo Vital, a la Seguridad Social
(Salud y Pensión), a la tercera edad, al derecho de petición y al Debido proceso, al
haber incurrió en una vía de hecho, al desconocer el precedente jurisprudencial
fijado por las Altas Cortes, según el cual el requisito de convivencia de cinco (5)
años previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, puede cumplirse en cualquier tiempo y no
necesariamente de forma inmediata al fallecimiento del causante.
SEGUNDA: Que se revoque lo decidido por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTREATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN “C” integrada por
los Magistrados; PONENTE: DR. CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA Y
JORGE HERNÁN SÁNCHEZ FELIZZOLA y JORGE ELIÉCER FANDIÑO GALLO,
frente a la decisión que revocó en segunda instancia, la sentencia primogénita,
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, como
efectivamente lo hicieron, violando de manera flagrante mis derechos
fundamentales.
TERCERA: Solicito Declarar, la nulidad del acto administrativo ficto presunto
negativo, originado por la falta de respuesta a la petición radicada el 4 de enero de
2021 ante la UGPP, respecto a la negativa de reconocimiento y pago indemnización
sustitutiva de pensión de sobrevivencia al señor CARLOS DRAGO LEON en
calidad de cónyuge supérstite de la causante IDALIA ALDANA DE DRAGO.
CUARTO: Solicito, como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, en garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho
de seguridad social, CONDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP a reconocer
y pagar la INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA de pensión de sobreviviente, a favor
del señor CARLOS DRAGO LEON, identificado con cédula de ciudadanía
3.867.579, en los términos del artículo 49 de la Ley 100 de 1993. Para su
liquidación, se tendrá en cuenta el salario promedio (indexado) devengad por la
causante entre los años 28 de octubre de 1980 a 22 enero de 1986, el número de
semanas cotizadas en este período, así como el promedio ponderado de los
porcentajes cotizados para efectos pensionales, de acuerdo con los lineamientos
regulados en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001.1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por el señor Carlos Drago León se sustenta en
los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia.
Narró que contrajo matrimonio católico con la señora Idalia Aldana de Drago
(QEPD) el 10 de septiembre de 1961 en Magangué (Bolívar), y que juntos
procrearon 7 hijos, de los cuales 4 están con vida: Johnny de Jesús, Carlos
Enaider, Merly del Carmen y Sander Alfonso Drago Aldana.
Señaló que la señora Idalia Aldana de Drago solicito ante la UGPP, en el 2015, el
reconocimiento de la pensión de vejez, petición que fue negada por la entidad
mediante resolución RDP 038282 del 18 de septiembre de 2015, por no cumplir
con el requisito de semanas cotizadas.
1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Relató que, después del fallecimiento de la señora Aldana de Drago, sus hijos
solicitaron a la UGPP el otorgamiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión, el cual fue negado, mediante la resolución RDP 006781 del 15 de marzo
de 2022. Ante tal decisión, fueron interpuestos los recursos de reposición y en
subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable.
Indicó que, el 2 de enero de 2021, presentó una petición a la UGPP solicitando la
indemnización sustitutiva de la pensión en calidad de cónyuge sobreviviente, la
cual nunca fue respondida.
Posteriormente, el accionante y su hijo, Johnny de Jesús Drago Aldana,
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la
nulidad de las resoluciones mencionadas y del acto ficto o presunto negativo
generado por la falta de respuesta de la petición no contestada, y, a título de
restablecimiento del derecho, el pago de la indemnización correspondiente.
Precisó que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el cual, en providencia del 31
de marzo del 2025, accedió parcialmente a las pretensiones y condenó a la UGPP
al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión de
sobreviviente a favor del señor Carlos Drago León.
Expuso que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, a través
de fallo del 9 de septiembre de 2025, revocó la anterior decisión para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, al considerar que el señor Drago León no
cumplía con los requisitos previstos en el artículo 472 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiario de la
indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente, toda vez que no se logró
probar la convivencia efectiva del cónyuge durante los 5 años anteriores al
fallecimiento de la causante.
Refirió que, mediante memorial presentado el 22 de septiembre de 2025, se
solicitó la aclaración de la sentencia de segunda instancia con respecto a la falta
de respuesta a la petición presentada el 4 de enero de 2021 por el demandante
frente a la entidad demandada, y a la acreditación del requisito de convivencia
efectiva durante más de 5 años.
Por medio de auto del 3 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión C, decidió no acceder a la solicitud de aclaración, al
considerar que en el proceso no fue desvirtuada la presunción de legalidad del
acto ficto presunto que se originó con respecto de la petición del 4 de enero de
2021, por no haberse acreditado el requisito exigido.
2 «ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte. (…)»
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1.4. Sustento de la petición
El accionante aseveró que, con la decisión proferida en segunda instancia, el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, incurrió en vía de hecho
por desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la
Constitución Política.
Sobre el desconocimiento del precedente judicial, consideró que la autoridad
enjuiciada se apartó de la postura reiterada por la Corte Constitucional sobre el
requisito de convivencia efectiva durante más de 5 años para ser beneficiario de
la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente. En virtud de lo
anterior, trajo a colación las sentencias T-109 de 2015, T-182 de 2013, T-124 de
2018, T-228 de 2023, C-336 de 2014, SU-149 de 2021 y SU-056 de 2025
proferidas por la Corte Constitucional, al igual que la sentencia de radicado
11001-03-25-000-2013-00212-00 de 2016, proferida por el la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.
A su juicio, las providencias mencionadas señalan que el requisito contenido en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, sobre la convivencia durante 5 años, debe ser interpretado de forma flexible
y razonable, pudiendo acreditarse en cualquier tiempo, y no necesariamente en
los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante.
En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, sostuvo que se
vulneraron los siguientes derechos fundamentales:
• Al mínimo vital, puesto que «la negativa injustificada o el desconocimiento
de la jurisprudencia que protege el acceso oportuno a la pensión o a la
indemnización sustitutiva constituye una afectación directa al sustento y
dignidad humana, reconocida por la Corte Constitucional en sentencias
como T-426 de 1992, T-595 de 2002 y SU-757 de 2014».
• A la seguridad social, dado que «el desconocimiento de los requisitos
jurisprudenciales establecidos por las altas cortes para el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente o indemnización sustitutiva vulnera este
derecho, máxime cuando se desconoce la doctrina reiterada según la cual
el requisito de convivencia de cinco (5) años puede cumplirse en cualquier
tiempo, no necesariamente antes del fallecimiento del causante
(Sentencias C-1035 de 2008, T-051 de 2019, T-769 de 2019 y SU-583 de
2016)».
• De la tercera edad, toda vez que «negar o dilatar injustificadamente el
reconocimiento de una prestación pensional o sustitutiva a una persona de
avanzada edad vulnera directamente su protección constitucional
reforzada, reconocida en sentencias T-684 de 2003, T-420 de 2010 y T-
220 de 2017».
• De petición, en el entendido que «la falta de atención efectiva o la
respuesta evasiva a las solicitudes presentadas en el proceso
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administrativo o judicial configura una violación directa de este derecho,
como lo ha reiterado la Corte Constitucional en sentencias T-377 de 2000 y
T-458 de 2010».
• Al debido proceso, al considerar que el tribunal accionado «desconoce la
jurisprudencia obligatoria de las altas cortes y decide sin fundamentación
suficiente o en contravía de la doctrina constitucional, incurriendo en una
vía de hecho por defecto sustantivo».
1.5. Trámite y contestaciones
Mediante auto del 17 de octubre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión C, como parte demandada.
De igual forma, se ordenó vincular al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al señor Johnny
de Jesús Drago Aldana (demandante en el proceso ordinario), en calidad de
terceros con interés en las resultas del proceso
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Johnny de Jesús Drago Aldana
Por medio de escrito recibido el 20 de octubre de 2025, el señor Johnny de Jesús
Drago Aldana, hijo del accionante y demandante en el proceso dentro del cual se
profirió el fallo cuestionado, realizó un recuento de los hechos relevantes para el
trámite constitucional, e indicó respaldar la solicitud de amparo, al considerar que
la autoridad enjuiciada vulneró los derechos fundamentales de su padre al revocar
la sentencia de primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para, en su lugar, negar las pretensiones.
Consideró injusta la decisión, aduciendo que sus padres nunca estuvieron
separados, y señaló que el tribunal accionado incurrió en vía de hecho al
desconocer el precedente judicial obligatorio. En ese sentido, solicitó amparar los
derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, y dejar sin efectos la
providencia cuestionada.
1.6.2 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Mediante oficio allegado el 22 de octubre de 2025, la subdirectora de Defensa
Judicial Pensional de la entidad hizo una relación de las actuaciones llevadas a
cabo en el proceso administrativo y de las actuaciones relevantes surtidas dentro
del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Igualmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela al no
encontrarse cumplidos los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad,
o, en su defecto, negar el amparo solicitado.
1.6.3 Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C
Por medio de escrito presentado el 23 de octubre de 2025, el magistrado ponente
de la providencia enjuiciada rindió informe respecto de los antecedentes y los
actos procesales efectuados dentro del trámite del medio de control del cual se
desprendió el proveído cuestionado. De igual forma, anexó enlace virtual del
expediente contentivo del proceso objeto de demanda
1.6.4 Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla
El juez décimo administrativo del circuito judicial de Barranquilla envió escrito el 23
de octubre de 2025 señalando que la acción constitucional formula reparos
dirigidos a la decisión de segunda instancia del trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el accionante, que revocó el proveído
dictado por su despacho. En este sentido, refirió que el examen constitucional
debe hacerse sobre la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión C.
De la misma manera, aportó el vínculo contentivo del expediente digital del trámite
que dio origen a la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si el Tribunal Administrativo de Barranquilla, Sala
de Decisión C, vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social, «a la tercera edad», de petición y al debido proceso del señor Carlos Drago
León, con ocasión de la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2025, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-
33-33-010-2022-00337-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
3 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
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Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(…) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso que ocupa a la Sala, la parte actora cuestionó la providencia del 9 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión C, que revocó la dictada el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, para, en su lugar, negar las
pretensiones elevadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado 08001-33-33-010-2022-00337-00/01.
A juicio del accionante, la decisión en cuestión incurrió en: i) desconocimiento del
precedente judicial, pues alegó que la autoridad demandada se apartó de la
postura jurisprudencial reiterada por la Corte Constitucional acerca del requisito
contenido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, sobre la convivencia efectiva durante más de 5 años para ser
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beneficiario de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente, y ii) en
violación directa de la Constitución Política, al vulnerar sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, «a la tercera edad», de
petición y al debido proceso.
Se observa que lo planteado en el cargo de violación directa de la Constitución
guarda estrecha relación con lo alegado en el presunto desconocimiento del
precedente, por cuanto la parte actora estima vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión del desconocimiento aducido. En tales condiciones,
los defectos señalados serán estudiados en conjunto.
Al analizar el caso concreto, se avizora que la inconformidad del accionante tiene
su origen en el desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, según el cual, el requisito de convivencia de 5 años previsto
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, puede cumplirse en cualquier tiempo y no necesariamente de forma
inmediata al fallecimiento del causante, siempre que el vínculo aún subsista.
En ese orden, el señor Drago León aseguró que dicho requisito se encuentra
probado, toda vez que se demostró, por medio de las pruebas allegadas al
proceso ordinario, esto es, el registro civil de matrimonio y la declaración
extrajuicio rendida por el actor, que existió convivencia con la causante durante un
lapso 32 años, es decir, desde que contrajeron matrimonio hasta el nacimiento de
su último hijo.
En criterio de la Sala, la solicitud de amparo deviene improcedente, en tanto que la
providencia del 9 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión C, no centró su análisis exclusivamente en la
demostración de la convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento de la
causante, sino que fundamentó también su decisión en la falta de acreditación del
apoyo mutuo y de la dependencia económica, elementos que no son discutidos en
este medio.
De la revisión del fallo enjuiciado, se observa que el tribunal negó las pretensiones
considerando no solamente que no se acreditó la convivencia durante los 5 años
inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento del causante, sino también
que, a pesar de encontrarse demostrado el vínculo matrimonial existente entre los
señores Carlos Drago León e Idalia Aldana de Drago, no se probó la comunidad
de vida, pues, aunque procrearon 7 hijos, no se tuvo certeza sobre el apoyo mutuo
y la dependencia económica.
En este sentido, la autoridad cuestionada señaló en la sentencia accionada que
correspondía a la parte actora la carga de demostrar en el trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho que «entre Carlos Drago León e Idalia Aldana de
Drago (QEPD) pervivían los lazos de solidaridad, o que nunca dejó de prestarle
socorro mutuo, presupuestos necesarios para acceder al reconocimiento de la
indemnización».
En consecuencia, concluyó:
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Demandante: Carlos Drago León
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06443-00
De igual modo, no desconoce el Tribunal que los escasos medios de prueba
analizados lograron demostrar el vínculo matrimonial existente entre los señores
Carlos Drago León e Idalia Aldana de Drago (QEPD), así como la consumación del
mismo con la procreación de los hijos e incluso que convivieron por algún lapso,
pero no otorgan la convicción de que dicha convivencia se hubiera prolongado (por
5 años) hasta el día de la muerte y que se caracterizara por la manifestación
inequívoca de afecto y solidaridad, como tampoco se llegó a demostrar con
dichas probanzas el elemento de dependencia económica exigido por la ley.4
(Negrilla fuera del texto original.)
Bajo este contexto, es claro que la argumentación planteada en el escrito de tutela
se limita a cuestionar solo uno de los elementos que fundamentaron la decisión de
negar las pretensiones del medio de control, esto es, el extremo temporal de la
convivencia. Como se explicó, el tribunal motivó lo decidido no solamente en la
falta de acreditación de los 5 años de convivencia, sino también en la falta de
prueba del apoyo mutuo y de la dependencia económica, presupuestos ante los
cuales el actor no formuló reproche alguno, razón por la cual, en criterio de la
Sala, no cumplió con la carga iusfundamental requerida para superar el requisito
en estudio.
En tales condiciones, la Sala advierte que los cargos planteados carecen de
relevancia constitucional, ya que no tienen la suficiente trascendencia para
enervar la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión C.
Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En este orden de ideas, toda vez que el tutelante no presentó argumentos que
permitan evidenciar una vulneración de sus derechos fundamentales ocasionada
por lo decidido por la autoridad judicial demandada, para la Sala es claro que los
cargos presentados por el accionante no cumplen con el requisito de relevancia
constitucional. En tal medida, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Carlos Drago León por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.
4 Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, Sentencia del 9 de septiembre de 2025,
Rad. 08-001-33-33-010-2022-00337-01.
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Demandante: Carlos Drago León
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06443-00
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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