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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06444-01

Fecha
25 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06444-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con los argumentos expuestos previamente. SEGUNDO. - NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. - Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06444-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06444-011
Accionantes: Wilson Roberto Peña Navarro y otros2
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros3
Acción: Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial que rechazó recurso de apelación
contra sentencia de primera instancia en proceso ordinario
Decisión: Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra la
sentencia del 20 de noviembre de 2025, emitida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta4, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por los
actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Los señores Alberto Mario Conrado Mejía y otros, quienes actúan a través de apoderado
judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, derecho de
defensa y derecho a la igualdad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
Alberto Mario Conrado Mejía; Leyde de Jesús Jiménez Alfonso, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor
MACJ; Angie Estela Conrado Jiménez; Valerye de Jesús Conrado Jiménez; Ramon Eliecer Conrado de la Cruz y Yolanda de la Cruz
Cabrera.
3
Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Barranquilla y Juzgado Segundo (2) Administrativo de Barranquilla.
4
C. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06444-01
Accionantes: Wilson Roberto Peña Navarro y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Circuito de Barranquilla y la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de
Barranquilla.

Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos el Auto del 23 de septiembre de 2025, por
medio del cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de decisión Oral A, declaró
bien negado el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
En su lugar, pidieron que se ordene a las autoridades accionadas emitir una nueva
decisión en la que se conceda el recurso de apelación por haber sido presentado
oportunamente.

Hechos5.

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los
accionantes, se puede evidenciar que, el 17 de abril de 2017, se presentó demanda de
Reparación Directa ante la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de
Barranquilla contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por la injusta privación de la libertad presuntamente
sufrida por el señor Alberto Mario Conrado Mejía.

Refirieron adicionalmente que el aludido proceso ordinario fue asignado al Juzgado
Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla (expediente: 08001-33-33-
002-2017-00090-01) que, a través de sentencia del 9 de agosto de 2023, negó las
pretensiones de la demanda, providencia notificada por estado electrónico el 10 de
agosto de 2023.

El 22 de agosto de 2023, el apoderado de los demandantes presentó recurso de
apelación, que remitió al correo electrónico
«recibomemorialesjadmbquilla@cendroj.ramajudicial.gov.co». Con posterioridad, la Oficina de

Servicios Judiciales le informó que no había recibido el correo electrónico debido que la
dirección a la que se remitió el mensaje de datos estaba errada.

A través de proveído del 13 de diciembre de 2023, el Juzgado Segundo (2°)
Administrativo de Barranquilla declaró no presentado el recurso de apelación. Contra
dicha determinación, el apoderado elevó los recursos de reposición y en subsidio de
queja, por lo que el Juzgado confirmó la determinación el 7 de febrero de 2024. Por su

5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

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Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

parte, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, resolvió el recurso
de queja, el 23 de septiembre de 2025, y estimó bien rechazado el recurso de apelación
al considerar que «Desde una perspectiva técnica, la providencia refleja una postura coherente con los
principios de seguridad jurídica y eficacia procesal, al considerar que el error en la escritura del correo
institucional impidió la recepción efectiva del memorial de apelación en el canal habilitado para tal fin, lo
que imposibilitó su radicación formal dentro del término legal».

Sobre la precedente situación, los tutelantes expusieron que, en la providencia
cuestionada, se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
comoquiera que «un error en el correo electrónico no puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia,
ni para el ejercicio del derecho de defensa, según la jurisprudencia reiterada de las Altas Cortes» e

igualmente «(...) el rigorismo formal impide el acceso real a la justicia (sentencias SU-499 de 2015, T-
063 de 2021, T-155 de 2019 y T-774 de 2005) en dichos pronunciamientos se enfatiza que los medios
tecnológicos deben servir para garantizar los derechos procesales y no para restringirlos (…)».

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 manifestó que no es la
llamada a responder por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas, que se encuentran amparadas bajo los principios de autonomía e
independencia judicial, conforme lo previsto en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política.

La entidad precisó que, la DEAJ es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo
la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las
políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; por
consiguiente, como una entidad de naturaleza técnica y administrativa de la Rama
Judicial (Nivel Central) no tiene injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por los
jueces y magistrados.

1.2.2. La Fiscalía General de la Nación7 manifestó que, no tiene legitimación en la causa
por pasiva en el caso sub examine, pues no existe una relación de causalidad de acción
u omisión por parte de la entidad. Ello, porque la actuación u omisión cuestionada no está
directamente relacionada con el ente instructor, y la actuación pretendida en procura del
amparo de los derechos reclamados supera su competencia.

6
Índices 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 19 de Samai del expediente de Primera Instancia
3

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Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

1.2.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el Juzgado
Segundo Administrativo de Barranquilla y la Oficina de Servicios de los Juzgados
Administrativos de Barranquilla guardaron silencio.

1.3 Providencia impugnada8.

Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al estimar que no se cumplió el
requisito de relevancia constitucional, porque «lo perseguido por la parte actora, con esta acción
constitucional, es insistir en una controversia que ya fue resuelta por el juez natural de la causa. Esto, ante
la evidente manifestación de inconformidad con el criterio adoptado por la autoridad judicial accionada,
buscando entonces obtener una decisión favorable a sus pretensiones, sin plantear un debate que busque
la protección de sus derechos fundamentales que justifique la intervención del juez de tutela ».

Agregó que, «(…) la competencia de este juez constitucional se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales. […] En definitiva, para la Sala resulta
evidente que la presente acción tutela y el cargo que aduce el accionante, son una mera inconformidad por
lo decidido por el juez natural de la causa. Por ende, la Sala declarará la improcedencia por no superar el
requisito de relevancia constitucional».

1.4 La impugnación9.

Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la impugnaron, para cuyo propósito
reiteraron los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregaron que «el Consejo de
Estado avala, de facto, la decisión previa del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Juzgado Segundo
Administrativo de Barranquilla de rechazar un recurso de apelación por un error menor e involuntario en la
escritura de un correo electrónico (una letra).(r) el recurso fue enviado a la dirección
recibomemorialesjadmbquilla@cendroj.ramajudicial.gov.co, cuando la dirección correcta era
recibomemorialesjadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Dicha actuación constituye una barrera infranqueable e irrazonable para el acceso a la segunda instancia
dentro de un proceso de reparación directa por injusta privación de la libertad (donde mi representado
estuvo preso más de 3 años y fue absuelto). La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática
en que el formalismo no puede primar sobre el derecho sustancial (Art. 228 C.N.). Un simple error
mecanográfico en un correo, cuando la intención y la presentación del recurso en tiempo eran evidentes,
no justifica la denegación de justicia (…)».

8
Índice 00025 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia.
4

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Accionantes: Wilson Roberto Peña Navarro y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80 del
12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto del 23 de septiembre
de 2025, por medio del cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral A estimó bien rechazado el recurso de apelación; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de
justicia invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte

10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

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Accionantes: Wilson Roberto Peña Navarro y otros
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permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes:

(i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una
norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable
que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera
protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

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Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable:

(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo
hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no
se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia
constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son:

(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido;
(iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre las consideraciones y la decisión;
(v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y
(viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201215, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y
la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos16.

2.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa lo siguiente:

(i) El asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que,
recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de los tutelantes;
(ii) Contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno;

14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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(iii) Se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores;
(iv) El requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 28 de septiembre de 202517 y la solicitud de
amparo se presentó el 14 de octubre de 2025, es decir, dentro de un término
prudencial; y
(v) El auto acusado no obedece a uno de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto invocada por los accionantes.

2.5.1 Defecto procedimental.

Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y
(ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «hay una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales» 18,

es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la
garantía de acceso a la administración de justicia19.

La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007,
ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii) que el defecto
procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar derechos constitucionales
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada, salvo que las propias
circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se
vulneran garantías superiores20; y (v) que, no puede ser atribuible al afectado el
desconocimiento del procedimiento que se arguye21.

Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación22 también ha indicado que el defecto
procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa las formas
propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado (actúa por fuera de

17
Notificada por estado el 24 de septiembre de 2025.
18
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
20
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
22
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
9

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sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos que no corresponden, u
omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del principio de legalidad y, por
ende, del derecho fundamental al debido proceso de las partes intervinientes.

En el asunto sub examine los accionantes aducen que la providencia cuestionada incurre
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque, un simple error en una
letra al momento de escribir la dirección de correo electrónico no puede ser óbice para
impedir el acceso a la administración de justicia. Ahora bien, del escrito de tutela y las
pruebas obrantes en el expediente, se destaca que:

1) Con auto del 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico estimó
bien rechazado el recurso de apelación contra la sentencia ordinaria.

2) A través de sentencia del 9 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo (2°) Administrativo
Oral de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda de relación directa promovida
por Alberto Mario Conrado Mejía y otros, contra la Nación-Fiscalía General de la Nación
(radicado: 08-001-33-33-002-2017-00090-00)23.

3) La sentencia fue notificada el 10 de agosto de 2023.

4) El día 24 de noviembre de 202324, el apoderado de la parte demandante, a través de
mensaje enviado al correo electrónico del Juzgado
adm02bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, informó a esa agencia judicial que había
presentado recurso de apelación el día 22 de agosto de 2023 contra la sentencia de
fecha 9 de agosto de 2023, al correo electrónico de la oficina de servicios de los Juzgados
Administrativos, y que, a la fecha, no había sido concedido el mencionado recurso de
apelación.

En ese memorial los accionantes allegaron prueba de la radicación del recurso de
apelación, de acuerdo con la imagen:

23
Índice 13 Samai Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla
24
Índice 18 Samai Juzgado Administrativo de Barranquilla
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Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

5) A través de auto del 13 de diciembre de 2023, el Juzgado Segundo (2°) Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla dispuso tener por no presentado el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado de la parte demandante, toda vez que la Oficina de Servicios
de los Juzgados Administrativos de Barranquilla informó que el usuario incurrió en un
error cuando introdujo la dirección de correo electrónico, así:

Inconforme con esa decisión, la parte accionante interpuso recursos de reposición y en
subsidio de apelación, por cuanto «la subsanación (…) si fue allegada (…) en el término otorgado
(…) al buzón judicial jadmin02fla@notificacionesrj.gov.co siendo este mensaje copiado a las partes
procesales», sin que se le hubiera informado previamente que debía remitirse «al correo para la recepción
de memoriales digitales j02adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co».

Del anterior análisis probatorio se colige que, en efecto, los demandantes incurrieron en
un error al insertar la dirección de correo electrónico para enviar el recurso de apelación,
aun cuando, en el ordinal séptimo de la sentencia se precisó el correo electrónico al que
debían enviarse los recursos o cualquier comunicación al Juzgado.

Entonces, se evidencia que, el despacho judicial no recibió el recurso de apelación contra
la sentencia primera instancia. El envío del correo electrónico, con un error, es una
actuación exclusivamente atribuible al apoderado judicial, situación que, además, ya fue
resuelta por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Barranquilla y, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, a través de la providencia que se cuestiona en esta acción
constitucional.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06444-01
Accionantes: Wilson Roberto Peña Navarro y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Sobre el particular, la Sala resalta que la acción de tutela es un mecanismo residual para
la protección de los derechos fundamentales y no puede ser utilizado por los interesados
para corregir la negligencia o los errores de las partes.

En consecuencia, esta Sala constata que, en la determinación judicial cuestionada, la
autoridad demandada no incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
alegado.

III. DECISIÓN

Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que en la acción de
tutela de la referencia la parte accionante no logró acreditar que la providencia del 23 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se impone revocar la decisión de
primera instancia que la declaró improcedente y, en su lugar, negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad
con los argumentos expuestos previamente.

SEGUNDO. - NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. - Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de
1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06444-01
Accionantes: Wilson Roberto Peña Navarro y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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