Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06452-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06452-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06452-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00
Demandante: Veeduría Voz Verde
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00
Demandante: VEEDURÍA VOZ VERDE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Tema: Tutela de fondo y tutela contra providencia judicial – declara la
carencia actual de objeto por hecho superado y declara la
improcedencia por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la veeduría
Voz Verde contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La veeduría Voz Verde, actuando a través de su representante, radicó acción de
tutela el 14 de octubre de 2025, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de:
(i) La presunta tardanza del Tribunal Administrativo de Risaralda en pronunciarse
respecto de una medida cautelar que la parte actora solicitó en memorial de 2 de
septiembre de 2025.
(ii) El auto de 3 de septiembre de 2025, a través del cual, el Tribunal Administrativo
de Risaralda negó una medida cautelar que propuso en el escrito inicial del medio
de control de protección a los derechos e intereses colectivos identificado con el
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Demandante: Veeduría Voz Verde
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
radicado número 66001-23-33-000-2025-00198-00, que promovió contra el
municipio de Dosquebradas, Risaralda, la Corporación Autónoma de Risaralda –
CARDER, la empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, la
curaduría Urbana Dos de Dosquebradas, el consorcio SUROS, el Fideicomiso
Parqueo Campestre D y la señora Claudia Hincapié Castro.
1.2. Pretensiones
La parte actora presentó las siguientes:
PRIMERA. DECLARAR vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.
SEGUNDA. ADOPTAR la modalidad de la acción de tutela como mecanismo
transitorio de defensa de los derechos colectivos conculcados.
TERCERA. En consecuencia, y en remplazo de la medida cautelar solicitada, solicito
por favor que el Juez Constitucional de Tutela ORDENE LA SUSPENSIÓN de todas
las actividades y obras de construcción, tala, descapote y desplazamiento de fauna
que las entidades accionadas hasta la fecha se encuentran realizando en el
inmueble intervenido, valorando todas las pruebas hasta ahora aportadas al proceso,
a falta del pronunciamiento pertinente y oportuno del Tribunal Administrativo de
Risaralda1.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento el siguiente:
1.3.1. El 6 de agosto de 2025, la veeduría Voz verde, presentó acción popular con
medidas cautelares que promovió contra el municipio de Dosquebradas, Risaralda,
la Corporación Autónoma de Risaralda – CARDER, la empresa de Desarrollo
Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, la curaduría Urbana Dos de
Dosquebradas, el consorcio SUROS, el Fideicomiso Parqueo Campestre D y la
señora Claudia Hincapié Castro, con ocasión de la vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
1.3.2. La parte actora manifestó que la «presentación de la referida acción popular
obedeció a la construcción de un proyecto inmobiliario bajo la modalidad de
Vivienda de Interés Social (VIS) en el predio bajo matrícula inmobiliaria número
290-28075, en una zona catalogada como de protección del recurso hídrico según
1
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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los artículos 33, 40, 136, 139, 292, entre otros, del vigente Plan de Ordenamiento
Territorial de Dosquebradas - Acuerdo 007 de 2024».
1.3.3. Asimismo, puso de presente la medida cautelar que solicitó en la acción
popular, a saber:
Como MEDIDA CAUTELAR, le solicitamos de forma URGENTE al señor juez que
ordene al CONSORCIO SUROS identificada con NIT 901786201, representada por
el señor SEBASTIÁN SUAREZ HERRERA o quien haga sus veces, QUE SE
ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD EN EL PREDIO con
la matricula inmobiliaria No. 29028075, ubicado en la calle 19ª No. 7-01 del municipio
de Dosquebradas, lote antiguo Club Campestre, hasta que haya pronunciamiento
definitivo a esta acción popular, en vista del daño ambiental grave e irreversible
que puede generar si se sigue adelante con el proyecto. (Subrayas y negritas
fuera del texto)
1.3.4. Adujo que el proceso ingresó formalmente al Tribunal Administrativo de
Risaralda el 20 de agosto de 2025, bajo el radicado número 66001-23-33-000 -
2025-00198-00.
1.3.5. El 27 de agosto de 20252, el tribunal admitió la acción popular y ordenó
correr traslado de la medida cautelar, que la parte accionante solicitó en la
demanda, a las entidades accionadas por un término de cinco días.
1.3.6. Indicó que el 2 de septiembre de 2025, presentó recurso de reposición
contra el auto de 27 de agosto de 2025.
En dicho recurso, solicitó que se revocara esa providencia y que se decretara la
medida cautelar, para lo cual, la veeduría adjuntó cinco fotografías y tres videos
como medios de convicción.
1.3.7. De modo que, el 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Risaralda profirió auto en el que decidió no reponer la providencia de 27 de
agosto y negó la solicitud de decreto de la medida cautelar.
Lo anterior, con fundamento en que la veeduría con las pruebas que allegó no
demostró la existencia de un daño inminente, de modo que, no se demostraron
las presuntas «violentas intervenciones sobre la vegetación».
Puntualmente la autoridad judicial accionada adujo:
Los actos administrativos referidos (Resoluciones 2468 y 2469 de 16 de mayo de
2025) dan cuenta que de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial del
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Notificado a las partes el 28 del mismo mes y año.
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municipio de Dosquebradas, y el análisis realizado por el componente biótico de la
Subdirección de Gestión Ambiental Territorial no existe una importancia ecosistémica
relevante, que los impactos generados con la obra son menores y que pueden ser
subsanados con la respectiva compensación, tampoco se identificó que el sector
cumpla con funciones relevantes de corredor biológico o refugio para fauna silvestre
en categorías de amenaza.
Así mismo, se advierte que la Corporación Autónoma Ambiental de Risaralda –
CARDER ha realizado visitas al predio y ha generado conceptos técnicos que
demuestran que al revisar en el visor Geoambiental no se evidenciaron afectación a
áreas protegidas, el predio se encuentra ubicado en suelo urbano, en sector
normativo residencial que colinda al sur con suelo de protección del recurso hídrico
de la quebrada Frailes, y que el retiro del suelo sería de 20 metros conforme al plan
de ordenamiento territorial del municipio de Dosquebradas y que en efecto, el predio
objeto del proceso se encuentra a más metros de la corriente hídrica.
Con base en lo anterior, consideró que al encontrarse ubicado dentro de una matriz
urbana y al evaluar el tipo de cobertura, la función ecológica y fauna asociada, que la
afectación biótica es mínima y que puede ser corregida mediante procesos de
compensación, es viable desde el componente técnico el aprovechamiento de la
vegetación solicitada, teniendo en cuenta además que existen licencias urbanísticas
otorgadas para el desarrollo del proyecto.
Ahora, respecto a los videos y fotografías debe indicarse que fueron aportados sin su
debida identificación y sin que se pueda determinar la fecha, hora, lugar y demás
descripciones, por lo que mal haría este Despacho en darle un valor probatorio a
dicha prueba magnética sin tener un soporte que valide lo allí consignado.
1.3.8. La parte tuteante expresó que como consecuencia del auto de 3 de
septiembre de 2025, el tribunal trasladó la decisión a las entidades accionadas
el 10 de septiembre de 2025.
Frente al punto, manifestó que a la fecha de radicación de esta acción de tutela,
ya se había agotado el término para que el Tribunal Administrativo de Risaralda
se pronunciara respecto de la medida cautela solicitada.
1.4. Sustento de la vulneración
La veeduría Voz Verde expresó que el Tribunal Administrativo de Risaralda
transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con fundamento en que negó una medida cautelar que
solicitó en el escrito de la acción popular identificada con el radicado número
66001-23-33-000-2025-00198-00.
Indicó que el tribunal accionado al proferir la providencia de 3 de septiembre de
2025 incurrió en defecto procedimental absoluto por vulneración de términos
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procesales, dado que, el magistrado sustanciador «sigue sin proferir su decisión de
la cautela solicitada».
La parte actora aseguró que «no solo ha tenido que soportar el error orgánico de la
administración de Justicia en el momento del reparto de la presente acción
popular, y que demoró el trámite procesal por espacio de al menos dos semanas,
sino que ha tenido que tolerar además que la colegiatura competente incumpla con
los términos perentorios e improrrogables para la toma de decisiones urgentes al
respecto del asunto en litigio».
Indicó que «la procedencia excepcional de medidas cautelares de urgencia solo
tiene asidero en situaciones de absoluta inminencia y gravedad de la transgresión
que la parte interesada busca evitar, bajo el presupuesto de que el trámite
ordinario de la medida haría inefectiva la protección solicitada».
También hizo alusión a que la judicatura demandada también incurrió en decisión
sin motivación y desconocimiento del precedente al proferir el auto de 3 de
septiembre de 2025, dado que, no hizo el correspondiente análisis de la medida
cautelar, en el sentido de revisar si tal solicitud cumplía o no con los requisitos
específicos de las medidas cautelares.
Lo anterior, con fundamento en que el magistrado se apartó de su deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión sobre el riesgo de
vulneración, y en su lugar dirigió su razonamiento hacia la magnitud del daño
sostenida en los actos objeto de reproche.
Adicionalmente, refirió que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un
defecto fáctico, puesto que, el magistrado sustanciador del auto enjuiciado invalidó
y le restó valor a las cinco fotografías y los tres videos que la veeduría aportó como
pruebas, de manera que, descartó todas las herramientas procesales y probatorias
que tenía a su disposición para las dudas que tuviera respecto del caso.
En concordancia con lo dicho, trajo a colación un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, desde el momento en el que descartó la validez de los ocho
medios de convicción que la veeduría arrimó al trámite, de manera que, omitió su
facultad probatoria de oficio.
Además, aseguró que si el magistrado tuvo dudas respecto de las pruebas, debió
haber solicitado la aclaración y no haberlas dejado de valorar en su totalidad.
Finalmente, adujo que el tribunal ha tardado en pronunciarse respecto de la
medida provisional que está encaminada a prevenir provisionalmente el deterioro
del medio ambiente y los recursos naturales.
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1.5. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante providencia de 20 de octubre de 2025, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Tribunal
Administrativo de Risaralda.
Además, requirió: (i) al referido tribunal para que remitiera de manera inmediata
copia digital del expediente 66001-23-33-000-2025-00198-00 al correo electrónico
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co con destino al proceso de tutela de
la referencia, y (ii) a la ciudadana Tulia Inés Benavides Henao, para que, dentro de
un término de tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio,
acreditara su condición de representante legal de la veeduría Voz Verde.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda
1.6.1.1. En memorial de 24 de octubre de 2025, el magistrado que tiene a cargo la
acción popular identificada con el radicado número 66001-23-33-000-2025-00198-
00, en la que se profirió el auto de 3 de septiembre de 2025 intervino en el
presente trámite tutelar.
Inicialmente mencionó jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se hace
referencia a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
adicionalmente expuso que la parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de
Risaralda, presuntamente estaba en mora para proferir «providencia que resuelve
la medida cautelar solicitada dentro del proceso de protección de derechos e
intereses colectivos radicado con el No. 66001-23-33- 000-2025-00198-00».
Respecto a la tardanza, mencionó que el simple incumplimiento de los términos
procesales no constituye por sí mismo una transgresión del derecho fundamental
al debido proceso, puesto que en muchas ocasiones se entiende justificado el
retraso cuando el funcionario que administra justicia, a pesar de obrar con
diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones «imprevisibles e ineludibles»,
como el excedo de trabajo que le impiden cumplir con los plazos fijados en la ley
para tal efecto.
Además, precisó que «ante la congestión judicial que cause una mora en la
solución de los asuntos sometidos al conocimiento del respectivo despacho, el juez
deberá atender el orden de llegada de los expedientes para dictar sentencia, salvo
que exista una excepción legal que permita modificar la prelación de ese sistema».
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Asimismo, hizo un recuento de las etapas procesales que se han surtido al interior
de la acción de grupo, con el fin de demostrar que ha actuado de manera célere y
diligente, no obstante, por circunstancia imprevisibles no le ha sido posible dar
cumplimiento estricto a los términos judiciales.
Adujo que en efecto, el 10 de septiembre de 2025, fue enviado como mensaje de
datos a la dirección electrónica de los demandados el auto que corrió traslado de la
medida y al tratarse de una notificación personal efectuada de manera electrónica
y «se entiende realizada transcurridos dos días al envío, que corresponden al 11 y
12 de septiembre de 2025, por lo que el término de cinco (5) días de traslado de la
solicitud de medida cautelar solicitada por la parte actora, corrió del 15 al 19 de
septiembre de 2025, según la constancia secretarial del 14 de octubre de 2025
mediante la cual ingresa el expediente a despacho para resolver la medida
cautelar».
Indicó, que de forma paralela, se encontró que la Fiduciaria Central S.A.,
demandada en el proceso, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra el auto admisorio de la demanda, al cual se le corrió traslado por tres (3)
días, que corrió los días 08, 09 y 10 de octubre de 2025.
De modo que, actualmente el proceso se encuentra a despacho desde el día
martes 14 de octubre de 2025 para requerir constancia de publicación de aviso a la
comunidad y proveer sobre los recursos formulados y, a su vez, para resolver la
medida cautelar formulada.
Aseguró que, como bien se sabe el funcionario judicial como director del despacho
y del proceso puede establecer mecanismos que racionalicen y ordenen la
actividad del despacho, al no ser posible ejecutar simultáneamente todas las
actividades a su cargo, de tal manera que la llegada de una demanda no implica su
asunción inmediata salvo los asuntos con prelación constitucional y legal y el
referido a la presente acción constitucional no tiene esas características.
De conformidad con lo expuesto, el magistrado que tiene a cargo la acción popular,
dijo que, si bien le asiste razón al accionante en el sentido que el auto que resuelve
la medida cautelar no ha sido proferido, y que de conformidad con el artículo 233
de la Ley 1437 de 2011, ello debe ocurrir dentro del término de diez (10) días
siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para
pronunciarse sobre ella, «lo cierto es que dicha circunstancia no puede catalogarse
por sí sola como caprichosa o negligente, ya que obedece a razones objetivas y
razonables, producto de la congestión judicial que enfrenta la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y en todo caso este Tribunal se encuentra ante un
lapso que es razonable entre la culminación del traslado de la medida cautelar -
afectado por la interposición del recurso de reposición- y la elaboración de una
decisión respecto del cumplimiento de los requisitos para su decreto».
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Por ende, manifestó que lo que se observa es que la parte accionante pretende
utilizar la acción de tutela para lograr un impulso procesal, sin embargo, debe
destacarse que para el trámite del mencionado medio de control inciden no solo los
términos dispuestos en el ordenamiento legal, sino múltiples factores que derivan
de problemas estructurales de la administración de justicia que históricamente
pueden representar una congestión en los despachos judiciales, por lo que no es
de recibo la práctica mal sana de tratar de alterar el orden para obtener decisiones
judiciales por vía de impulsos procesales o acciones de tutela como está
ocurriendo dentro de la jurisdicción.
Por consiguiente, expuso que en el presente asunto no se han transgredido
derechos fundamentales, puesto que el mero incumplimiento de los plazos no
constituye por sí mismo una violación al derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia».
Arguyó que si bien la administración de justicia debe ser en tiempo, como un
elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución,
pues para que esto ocurra se debe probar que la dilación injustificada tuvo origen
en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o
que el plazo del proceso sea irrazonable, lo cual no se advierte en el trámite dado
por el suscrito al proceso de acción popular con radicado número 66001-23-33-
000- 2025-00198-00.
Y adujo que ser estrictos en la aplicación de los términos procesales no tendría
sentido el documento denominado «RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS
PROCESALES» emitido por el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación
Excelencia en la Justicia, donde se establecen los tiempos estándar de duración
de los procesos en todas las jurisdicciones, ya que por obvias razones siempre
tendría que cumplirse los términos sin parar mientes en variables como número de
procesos a cargo, complejidad de los mismos, etc.
Finalmente, el magistrado puso de presente que el Despacho del cual es titular
maneja en la actualidad 302 procesos, por lo que el impulso que se le ha dado al
proceso de acción popular que radicó la veeduría, ha sido acorde con la carga
laboral, pues no solo se debe tener en cuenta el número de procesos a cargo, sino
además los turnos y las actuaciones procesales realizadas tales como las
audiencias y demás diligencias que suman tiempo al trámite de los procesos, así
como el estudio de proyectos de los demás magistrados.
1.6.1.2. En este punto se debe precisar que el 27 de octubre de 2025, la secretaría
del tribunal remitió el expediente digital de la acción popular objeto de debate en
sede de tutela.
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1.6.2. Consorcio SUROS
En documento de 30 de octubre de 2025, el consorcio solicitó que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, por medio de auto de
27 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió la medida
cautelar que solicitó la veeduría Voz Verde.
Manifestó que en la referida providencia el tribunal con plena observancia de los
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, estudió los
argumentos y las pruebas aportadas por las partes, de manera que, concluyó que
no existía prueba idónea de un daño grave, cierto e inminente a los derechos
colectivos alegados por la parte actora.
Destacó que previamente, el mismo tribunal había resuelto una medida cautelar de
urgencia presentada por la veeduría, mediante auto de 3 de septiembre de 2025,
en el que analizó el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 231 y
234 del CPACA y en los artículos 25 y 26 de la Ley 472 de 1998, y concluyó que
no se cumplían los presupuestos legales para decretar dicha medida
En ese orden de ideas, aseguró que, con estas dos decisiones judiciales, queda
más que claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en omisión
alguna, pues incluso se pronunció dos veces sobre solicitudes cautelares (una de
urgencia y otra ordinaria) con lo cual se garantizaron los derechos fundamentales
de las partes procesales.
También indicó que las providencias proferidas por el tribunal enjuiciado
demostraron que hizo una valoración integral del acervo probatorio y de las
posiciones de las partes, asimismo, el trámite de las dos medidas cautelares
evidenció el cumplimiento de los principios de publicidad, contradicción y
motivación, por lo que la diferencia de criterios frente a la decisión judicial no
puede equipararse a una vulneración al debido proceso, puesto que, el juez tiene
autonomía judicial.
Para concluir dijo que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia, ni en
un medio de revisión de providencias que fueron motivadas y notificadas en debida
forma.
Asimismo, puso de presente que la apelación es el escenario idóneo para debatir
las inconformidades frente a un auto que negó una medida cautelar, y no la acción
de tutela.
Adicionalmente, adjuntó el auto de 27 de octubre de 2025.
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1.6.3. Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – EDOS
El 31 de octubre de 2025, allegó memorial en el que hizo un recuento de los
hechos y pretensiones de esta acción y expuso que en el presente asunto se debe
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, el tribunal se
refirió a la medida cautelar solicitada mientras esta tutela se tramitaba, de modo
que, en este momento, no subsiste la afectación alegada por la veeduría Voz
Verde.
Por su parte, y respecto de los yerros que alegó la parte tutelante, la empresa dijo
que el magistrado sustanciador hizo un análisis jurídico y probatorio razonado al
resolver tanto el recurso de reposición interpuesto por la veeduría como la solicitud
de medida cautelar, puesto que las decisiones fueron fundamentadas, en ellas se
estudiaron los medios de convicción y se valoraron los elementos aportados por la
parte actora y las entidades accionadas.
Expresó que no puede predicarse la existencia de un defecto procedimental
absoluto, ni la supuesta demora en el pronunciamiento frente a la medida cautelar.
Con relación con las pruebas allegadas por la veeduría accionante, agregó que se
debía precisar que ninguna de ellas acreditaba la existencia de un perjuicio
irremediable, ni demostraba de manera seria, la configuración de un riesgo
inminente o grave que justifique la intervención del juez constitucional.
Las fotografías aportadas se limitaban mostrar escenas propias y habituales de la
ejecución de un proyecto urbanístico legalmente autorizado, en el marco de un
aprovechamiento forestal debidamente concedido por la autoridad ambiental
competente, y el solo hecho de evidenciar el retiro de individuos arbóreos no
implicaba, por sí mismo, una afectación ambiental grave ni un perjuicio
irremediable, pues de aceptarse dicho planteamiento, ninguna ciudad podría
desarrollarse ni consolidar proyectos urbanísticos, aun cumpliendo con las
licencias y permisos exigidos por la ley.
En consecuencia, era claro que los medios probatorios que arrimó la parte actora
carecían de idoneidad, pertinencia y suficiencia necesaria para acreditar la
existencia de un perjuicio irremediable o de un daño ambiental imputable a las
entidades demandada, limitándose así, a reflejar percepciones subjetivas y
apreciaciones sin valor técnico.
1.6.4. Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER
En memorial de 31 de octubre de 2025, adujo que esta acción no estaba dirigida
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directamente contra esa corporación sino contra una decisión judicial adoptada por
el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro de una acción popular que se
encuentra en trámite, por consiguiente, solicitó que se declare la improcedencia de
la tutela porque no es el mecanismo idóneo, ni subsidiario para la protección de los
derechos invocados.
Asimismo, solicitó negar las pretensiones de la acción por la inexistencia de una
transgresión por parte la CARDER a la veeduría Voz Verde.
1.7. Auto que ordena
Por medio de providencia de 14 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de
esta decisión ordenó vincular a los demás sujetos procesales que conforman la
parte pasiva de la acción popular identificada con el radicado número 66001-23-33-
000-2025-00198-00, con el fin de que intervinieran en el presente asunto.
1.7.1. Fiduciaria Central S.A.
En intervención de 21 de noviembre de 2025, hizo un resumen de los hechos y las
pretensiones de esta acción constitucional y adujo que las pretensiones de la parte
actora no son procedentes, puesto que la fiduciaria no ha ejecutado, no ha omitido
y no tiene competencia funcional, material o procesal sobre las actuaciones que la
veeduría Voz Verde cuestiona, pues es claro que dichos reproches están dirigidos
al Tribunal Administrativo de Risaralda.
En consecuencia, solicitó que se le desvincule de este trámite, dado que, carece
de legitimación en la causa por pasiva.
1.7.2. Señora Tulia Inés Benavides Henao
En documento aseguró lo siguiente:
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la veeduría Voz Verde contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, la
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
En su intervención, la Fiduciaria Central S.A. solicitó ser desvinculada del presente
trámite constitucional.
Pues bien, frente a dicho requerimiento, esta Sección negará la desvinculación,
dado que, la misma fue vinculada como tercera con interés, de modo que, podría
resultar afectada con cualquier decisión que se tome en este trámite.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Administrativo de
Risaralda transgredió los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, con ocasión de:
(i) La presunta tardanza del Tribunal Administrativo de Risaralda en pronunciarse
respecto de una medida cautelar que la parte actora solicitó en memorial de 2 de
septiembre de 2025.
(ii) El auto de 3 de septiembre de 2025, a través del cual, el Tribunal Administrativo
de Risaralda negó una medida cautelar que propuso en el escrito inicial del medio
de control de protección a los derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado número 66001-23-33-000-2025-00198-00, que promovió contra el
municipio de Dosquebradas, Risaralda, la Corporación Autónoma de Risaralda –
CARDER, la empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, la
curaduría Urbana Dos de Dosquebradas, el consorcio SUROS, el Fideicomiso
Parqueo Campestre D y la señora Claudia Hincapié Castro.
Para resolver este problema, esta sentencia analizará la naturaleza de la acción de
tutela, y seguidamente se dividirá en dos partes, primero se estudiará: (i) tutela de
fondo - la presunta mora judicial y después (ii) tutela contra providencia judicial.
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2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.5. Tutela de fondo
2.5.1. Mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales4.
Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la
falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de
tales servidores públicos5.
De igual forma, dicha Corte ha considerado que «atendiendo la realidad del país,
en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales» 6.
A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que:
3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
5
Ibidem.
6
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita
que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el
resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Negrilla y
subrayado fuera del texto)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial7, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez.
De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.
En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una
dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin
de amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia8.
Al respecto, se ha precisado que:
la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental
al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii)
7
Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-
0002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04391-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
03562-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-2020-
00925-01; Sentencia del 17.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02484-
01; Sentencia del 24.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-03578-00; Sentencia del 08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.
11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del 05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-
03-15-000-2020-04518-00.
8
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de
enero de 2003 con Radicación N° 2002-1267-01(AC-309). M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora.9
2.5.2. Caso concreto
La veeduría Voz Verde, adujo que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió
en una presunta mora judicial porque al momento de radicar la presente acción, no
se había pronunciado frente a una medida cautelar que había solicitado.
Ahora bien, el consorcio SUROS en su intervención adujo que el 27 de octubre de
2025, el tribunal accionado por medio de auto había negado la medida cautelar
que requirió la veeduría Voz Verde, y al revisar el aplicativo Samai, se evidenció la
referida providencia, a saber:
De manera, que, para esta Sala de Decisión, es claro que el tribunal accionado ya
resolvió integralmente la solicitud de medida cautelar, a través del auto de 27 de
octubre de la presente anualidad, en el que concluyó, tras un análisis detallado
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del 26 de
enero de 2012. M.P. Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 5001-23-31-000-2011-00480-01.
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que, no existía prueba idónea de un daño grave, cierto e inminente a los derechos
colectivos alegados por la veeduría Voz Verde, ello, con plena observancia del
debido proceso, de la contradicción y del derecho de defensa.
El referido auto se notificó a la veeduría accionante, a los accionados y demás
intervinientes, el 28 de octubre de 2025.
En imagen que se allega a continuación, se evidencia la notificación a la parte
actora, y en el expediente digital del proceso ordinario se puede evidenciar el envío
a los demás sujetos procesales, a saber:
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Al respecto, esta colegiatura en anteriores oportunidades10 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la
eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro,
se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto
para esta acción.11
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es
10
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11
Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
17
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decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento
sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como
en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya
subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para
dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le
han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii)
“daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente”12.
Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño
resulta perenne.
Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de
hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que
el juez de tutela dé una orden al respecto.13
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
12
Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
13
Sentencia SU-225 de 2013.
18
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La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena14 como por
las distintas Salas de Revisión15. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de
daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a
cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez
de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto y por lo tanto caiga en el vacío”16. No se trata entonces de una
categoría homogénea y completamente delimitada. […]. 17
Así las cosas, se advierte que, encontrándose en curso el presente proceso, se
resolvió la medida cautelar solicitada por la veeduría Voz Verde, y se le notificó en
debida forma a la dirección electrónica aportada.
Por lo anterior, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda
vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto del
derecho fundamental de la parte tutelante, respecto de la presunta mora judicial
que predicó del Tribunal Administrativo de Risaralda, de ahí que cualquier orden
que se imparta por parte de esta sala resultaría inane debido a que la posible
vulneración cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.
2.6. Tutela contra providencia judicial
2.6.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 18,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema19.
14
Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
15
Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16
Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
17
Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
18
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
19
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
19
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales20.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201421, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6.2. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta sección en sentencia del 29 de septiembre de
202222 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
20
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
20
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requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre
una posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre23.
2.6.3. Caso concreto
Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la parte
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no tiene la identidad o trascendencia para aplicar,
23
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, pues, lo que se evidencia es
una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez del proceso ordinario.
En efecto, si bien se planteó la configuración de los defectos procedimental
absoluto, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, defecto fáctico
y procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que no satisfizo la carga
desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia
de unificación SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene
como objeto refutar las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá
de exponer cómo se materializó la presunta trasgresión de sus garantías
fundamentales.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Se itera que la veeduría Voz Verde busca en esta instancia judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación de
las normas, en la forma que a ella le parece «correcta». Es decir, en otros
términos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una instancia
adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron zanjados por
el tribunal en el auto de 3 de septiembre de 2025, a través del cual, el Tribunal
Administrativo de Risaralda negó una medida cautelar que propuso en el escrito
inicial del medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos
identificado con el radicado número 66001-23-33-000-2025-00198-00, que
promovió contra el municipio de Dosquebradas, Risaralda, la Corporación
Autónoma de Risaralda – CARDER, la empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
Dosquebradas – EDOS, la curaduría Urbana Dos de Dosquebradas, el consorcio
SUROS, el Fideicomiso Parqueo Campestre D y la señora Claudia Hincapié
Castro, y obtener una decisión favorable.
En este punto, se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de dicho extremo procesal frente a la interpretación o aplicación de las
normas o a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso expuestos en la
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Demandante: Veeduría Voz Verde
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e irracional estudio
por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una instancia
adicional.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduciaria Central S.A
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la presunta mora judicial que predicó la veeduría Voz Verde respecto del
Tribunal Administrativo de Risaralda.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de esta acción constitucional por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
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Demandante: Veeduría Voz Verde
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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