Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06457-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06457-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06457-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandante: Pedro Jair Gamboa Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06457-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06457-00
Demandante: PEDRO JAIR GAMBOA MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Pedro Jair Gamboa Morales, actuando a través de apoderado judicial,
instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión2 en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
de petición, de acceso a la información pública y de participación.
Dichas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia emitida el 31 de julio de 2025 a través de la cual el tribunal resolvió el
recurso de insistencia interpuesto por el actor y estimó bien negada la petición de
entrega de documentos dentro del radicado 05001-33-33-000-2025-00904-00.
1
Índice 01 y 02 Samai. Radicada el 14 de octubre de 2025 con secuencia: 10411
2
Sala integrada por los Magistrados Carlos Enrique Pinzón Muñoz, Martha Cecilia Madrid Roldán
y Daniel Montero Betancur.
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Demandante: Pedro Jair Gamboa Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06457-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
3. Que se ordene dejar sin efectos la decisión judicial cuestionada y, en
consecuencia, se disponga que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
EICE me entregue copia del documento radicado el 20 de marzo de 2025,
identificado con el número 2025010001782.3
1.3. Hechos
El 9 de junio de 2025, el señor Pedro Jair Gamboa Morales solicitó, mediante
correo electrónico, a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia E.I.C.E. [en
adelante FLA] el suministro de la copia del documento radicado en dicha entidad
el 20 de marzo de 2025, identificado con el número interno 2025010001782,
advirtiendo una posible irregularidad disciplinaria reflejada en tal documento.
El 24 de junio de 2025 recibió respuesta del gerente general negando la entrega
solicitada bajo el entendido que la información contenida en el documento se
encontraba sometida a reserva, pues su divulgación daría lugar a la violación de
secretos comerciales de la entidad.
Inconforme con la respuesta recibida, el actor formuló recurso de insistencia para
la protección de su derecho de petición, el cual correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión bajo el radicado 05001-33-
33-000-2025-00904-00, que en proveído del 31 de julio de 2025 declaró bien
negada la petición.
Como sustento de la decisión concluyó que, luego de haberse analizado el
contenido de la documental requerida por el peticionario, esta no contiene ninguna
situación relacionada con lo señalado por el solicitante, esto es «comportamiento
irregular de un exservidor público directivo de la FLA mientras estaba en ejercicio
de sus funciones», lo cual en todo caso, tornaría improcedente la entrega de lo
requerido pues «la información involucraría el “derecho a la privacidad e intimidad
de las personas incluidas en su hoja de vida o historia laboral”, información que de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, tiene carácter de reserva.»,
máxime porque se requiere autorización del titular de la información para el
tratamiento de su datos de acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Ley 1581 de
2012.
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Transcripción literal que puede contener errores.
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Igualmente, advirtió que, al revisar el contenido del documento solicitado, verificó
que se trataba de información referente a transacciones comerciales realizadas
entre la FLA y una sociedad en el extranjero, por lo que, al estar relacionada con
el giro ordinario de sus operaciones, tampoco podría ser objeto de divulgación de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 y 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de
2011, que le atribuye el carácter de reservado.
Por último, puso de presente que el documento solicitado por el actor fue dejado
sin efectos o invalidado por la misma sociedad contratista que lo remitió a la FLA,
por lo que carece de eficacia y la información allí contenida ya no surte efecto
alguno, ni para la empresa ni para terceros.
El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 31 de julio de
2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, indicó que la accionada incurrió en defecto sustantivo al
sustentar su decisión en disposiciones inaplicables al caso concreto.
Refirió que con la petición se pretendió acceder a un documento digital mediante
el cual se evidenciaba que la exfuncionaria Luisa Fernanda González Montes,
directiva de la FLA E.I.C.E., intervenía en los procesos contractuales de la empresa
pública en la selección de distribuidores internacionales y redacción de los
documentos precontractuales, pues ahora aquella representa los intereses de las
empresas finalmente seleccionadas, ocupándose así de asuntos privados que
conoció activa y efectivamente como alta directiva del ente público.
Información que en sentir del actor no tiene relación alguna con la hoja de vida o
historia laboral de la funcionaria, pues únicamente se refiere al desempeño de las
funciones de la funcionaria que no están eximidas de someterse al escrutinio
público.
Así mismo, estima el actor que las normas invocadas por el accionado relativas a
la reserva de datos que contienen información financiera, comercial y secreto
comercial, [numerales 5 y 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011] no son
aplicables «como desarrollo de la excepción constitucional de acceso a la
información pública en razón a la “reserva” de la misma, por cuanto, como lo indica
el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, la información comercial a la
que se refiere la Ley 1266 de 2008, es información sobre obligaciones dinerarias,
tal como lo indica la definición contemplada en el literal j) del artículo 3° de la Ley
referida.», la cual dispone que se debe entender como información financiera,
crediticia y comercial aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de
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obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les
dé origen.
Cuestionó que tampoco se trata de información que contenga un secreto comercial
o industrial en los términos definidos por la decisión 486 de la Comunidad Andina
y en ese orden de ideas atribuyó una falsa motivación a la providencia acusada al
sostener la aplicación de una norma que en realidad no contempla la reserva
advertida.
En torno a este defecto, finalizó argumentando que no se considera como secreto
empresarial, aquella información que deba ser divulgada por disposición legal, tal
como lo es la relativa a la ejecución de un contrato estatal que debe ser pública de
acuerdo al inciso 2° del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley
2195 de 2022, que obliga a todas las entidades públicas, incluidas aquellas con
régimen exceptuado de contratación, a publicar los actos precontractuales,
contractuales y poscontractuales, en la plataforma del SECOP II.
Asimismo, el actor alegó defecto fáctico por indebida y falta de valoración
probatoria.
Estimó que el operador judicial realizó una valoración probatoria carente de todo
sentido y lógica, y tuvo por no acreditado el hecho que emerge claramente de la
prueba dejada de valorar. Esto, por cuanto se admitió la retractación que realizó el
remitente del documento solicitado en copia, dejando sin validez lo actuado o
pedido por aquel.
Reiteró que era posible que la conducta de la directora administrativa de negocios
internacionales de la FLA E.I.C.E., quien ostentó dicho cargo hasta pocos días
antes de que enviara la comunicación requerida en copia, relacionada con el
desarrollo del contrato de distribución en representación de una de las empresas
contratistas, estuviera violando el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
prohibiciones previsto en el Código General Disciplinario, concretamente numeral
4° del artículo 56 de la Ley 1952 de 20224, así como artículo 8° de la Ley 80 de
1993.
4
ARTÍCULO 56. Faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades,
impedimentos y conflictos de intereses. […] 4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona,
servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones
propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de un (1) año después de la
dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual presto sus
servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes
estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u
organismo al que haya estado vinculado.
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En su criterio el tribunal debió valorar la mencionada conducta de la exfuncionaria
de la entidad y no descartar la pieza documental solicitada a través de la petición,
en razón al correo de retractación que recibió con posterioridad la FLA E.I.C.E.
Consideró que con lo anterior se transgrede su derecho de acceso a la
administración de justicia y al control administrativo disciplinario y político, pues se
le impide conocer el acervo probatorio requerido para iniciar las acciones legales
a que hubiera lugar, convirtiéndose en secretas las actuaciones de los servidores
públicos.
Agregó que al gerente general de la FLA E.I.C.E., conocedor de la situación
expuesta, le correspondía no solo proceder con la respectiva queja disciplinaria y
penal por la incursión en el régimen de inhabilidades, sino también gestionar la
terminación del contrato con dicha empresa, lo cual omitió.
Finalmente, en cuanto a la defectuosa valoración probatoria estimó que no hubo
una sola mención a secreto comercial alguno en la respuesta que da la FLA
E.I.C.E. para negar el acceso al documento, como tampoco en la sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.
Por último, acusó a la providencia del tribunal de haber incurrido en violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional,
al no aplicar «las normas constitucionales atinentes al caso, esto es, los artículos
23 y 74 de la Constitución Política, tanto por la vulneración de los derechos
fundamentales consagrados en estas disposiciones superiores, como por el
desconocimiento del precedente constitucional, como por cuanto ambos derechos
[de petición y de acceso a documentos púbicos] son de aplicación inmediata, y
solo son susceptibles de negación ante demostrados eventos de reserva de la
información.»5
Para el efecto, hizo alusión a la sentencia T-273 de 2023 de la Corte Constitucional
de la que señala su desconocimiento por parte del tribunal y advierte que se
encuentra actualmente coadyuvando una acción popular contra la FLA E.I.C.E. por
posible violación a los derechos colectivos de moralidad pública y competencia
desleal, por lo que la documental requerida le resulta necesaria.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 16 de octubre de 2025 la Magistrada Ponente manifestó impedimento
para conocer del proceso, invocando la causal 5 del artículo 56 del Código de
5
Transcripción literal que puede contener errores.
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Procedimiento Penal, sin embargo, por decisión adoptada el 30 de octubre del año
en curso, los demás integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado lo
declararon infundado, en atención a que no se encontró que la imparcialidad de la
magistrada se viera comprometida para resolver el caso concreto.
Por lo tanto, en proveído del 12 de noviembre de 2025, se admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la parte accionante6 y, como parte accionada, al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.7
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia «quien
invocó la reserva de la información» 8.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión9
Los Magistrados de la Corporación realizaron un recuento de lo sucedido en el
expediente objeto de tutela, reiteraron los argumentos que sirvieron de fundamento
para la emisión del auto cuestionado y señalaron que dicha decisión se adoptó
respetando el marco normativo, así como la jurisprudencia vigente en la materia,
por lo que no consideran que se encuentre configurado defecto alguno.
Allegaron el enlace de acceso al expediente digital.
1.6.2. Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia10
El gerente general de la entidad manifestó que el presente mecanismo era
improcedente por no existir vulneración alguna de las garantías constitucionales
por parte de la accionada.
Aludió que la FLA respondió de manera oportuna, veraz, completa y motivada la
petición de acceso a la información elevada por el actor, tal como lo exigen las
6
Índice 0021 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: jairmoralesgamboa1@gmail.com
martinmejia911@gmail.com
7
Índice 0021 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co
8
Índice 0021 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
notificacionesjudiciales@fla.com.co y mercuriofla@fla.com.co.
9
Índice 0024 de Samai.
10
Índice 0025 de Samai.
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Leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015, garantizando a este último el trámite del
recurso de insistencia que fue debidamente tramitado y resuelto por la accionada
y, en tal sentido, descartó la existencia de la vulneración alegada.
Consideró que el actor erradamente realizó conclusiones frente al documento que
desconoce al punto de calificar como falsa la motivación realizada por el tribunal
accionado.
Señaló que la finalidad del actor no es otra que obtener información que le fue
legítimamente negada por encontrarse protegida por las excepciones previstas en
la ley.
Advirtió que el oficio requerido por el actor tiene el carácter de confidencial, pues
fue emitido en el marco del contrato No. 24SS907A1756 de 2024 suscrito con
Marketing Global Brands, sociedad que comercializa los productos de su portafolio
en Estados Unidos y contiene reclamaciones derivadas de un error y/o deficiencia
en el proceso de producción de una referencia de Aguardiente Antioqueño para
ser distribuida en dicho país, por lo que reitera que la información allí contenida
está relacionada con el giro ordinario de sus negocios y al divulgarlo podría usarse
por la competencia en detrimento de sus intereses, afectando su competitividad
en el mercado.
Concluyó que la decisión del tribunal estuvo debidamente motivada en las normas
y criterios jurisprudenciales, lo que demuestra que no hubo arbitrariedad ni
desconocimiento del precedente, por lo que la tutela no podría convertirse en un
escenario para reabrir un debate judicial o cuestionar la valoración realizada por el
juez de conocimiento.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Pedro Jair Gamboa Morales contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
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2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a esta Corporación resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión vulneró
las garantías invocadas por el actor, con ocasión de la providencia del 31
de julio de 2025, que resolvió el recurso de insistencia y declaró bien negada
la petición elevada por el señor Gamboa Morales?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia.13
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202214 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
14
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal15
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional17.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar que en
15
Sentencia SU-573 de 2019.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-103 de 2022.
19
Sentencia SU-128 de 2021.
20
Sentencia SU-573 de 2019.
10
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efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 31 de julio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión que resolvió el
recurso de insistencia identificado con radicado 05001-33-33-000-2025-00904-00
y estimó bien negada la petición de suministro de documentación elevada por el
actor ante la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
Lo anterior, ya que, a su juicio, se incurrió en defecto fáctico, sustantivo, violación
directa de la Constitución y desconocimiento de precedente de la Corte
Constitucional.
Todo ello bajo el entendido que, de una parte, se dejó de analizar la conducta de
la exfuncionaria pública de la cual, en la petición objeto de insistencia, se cuestiona
y denuncia haber violado el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
prohibiciones previsto en el Código General Disciplinario, lo que justifica al actor
para acceder a los documentos pretendidos y así poder adelantar las acciones
correspondientes.
Asimismo, porque se realizó una valoración defectuosa al considerar que con la
retractación de quién remitió el documento solicitado quedaba sin validez aquella
comunicación requerida y al concluir que dicho documento contiene secretos
comerciales, cuando esto no es así.
De otra parte, porque en su sentir, la normativa empleada como sustento para
negar el acceso a la información no le era aplicable al caso concreto, pues los
numerales 5 y 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 que catalogan como
reservados los datos protegidos por el secreto comercial o industrial y los
referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008, no están desarrollados como tal en esta última
normativa, pues la información comercial a la que se refiere la Ley 1266 de 2008
es únicamente frente a obligaciones dinerarias.
Respecto a lo alegado por el señor Pedro Jair Gamboa Morales, la Sala evidencia
que los argumentos planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje
constitucional, realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por
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Ibid.
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el juez contencioso, por lo que este mecanismo se torna improcedente al no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
La causa de la queja planteada en esta tutela guarda estrecha relación con el
reproche formulado por el actor a través del recurso de insistencia dentro
expediente objeto de estudio.
En efecto, el accionante aludió la necesidad de acceder a la información solicitada
a fin de determinar el alcance del comportamiento de funcionarios públicos y el
buen nombre de la marca.
No obstante, el tribunal accionado al abordar la resolución del caso, luego de
analizar el material probatorio recaudado consistente en la documental, objeto de
petición que le fue remitida por la FLA y que se supone desconoce el actor, abordó
ampliamente las razones para mantener la negativa al suministro del oficio
reclamado.
Si bien el actor no comparte los razonamientos efectuados por la FLA para la
negativa de acceso a la información reclamada, lo cierto es que los mismos ya
fueron objeto de análisis por el tribunal accionado quien valoró el oficio del 20 de
marzo de 2025, identificado con el número interno 2025010001782 y además tuvo
en cuenta las demás piezas documentales, incluido el correo electrónico con el
que se dejó sin valor el anterior oficio por cuenta de la misma empresa remitente.
Aunque cuestiona el señor Pedro Jair que el operador judicial no hubiese valorado
la posible conducta de la exfuncionaria pública, aludida desde el escrito de petición
como fundamento de esta, se observa que en el proveído del 31 de julio de 2025
sí se analizó tal aspecto y se expuso claramente por qué no se acogía tal
señalamiento como motivo suficiente para permitir el conocimiento del oficio
aludido.
En dicha oportunidad, la accionada señaló que del documento objeto de estudio
no se desprendía ninguna situación relacionada a “comportamiento irregular de un
exservidor público directivo de la FLA mientras estaba en ejercicio de sus
funciones,” tal como lo había manifestado el solicitante.
Igualmente, el análisis legal y jurisprudencial expuesto en el recurso de insistencia,
también ameritó del accionado un pronunciamiento de fondo, indistintamente del
resultado desfavorable para los fines perseguidos por el peticionario.
Es evidente que la controversia esbozada por el actor no satisface el requisito de
relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a aspectos
legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre
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el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido de la
decisión, toda vez que se observa una simetría con los argumentos expuestos en
la demanda constitucional con los esbozados en el recurso de insistencia.
Respecto a tales defectos planteados, si bien el señor Gamboa Morales se refirió
los artículos de la Constitución Política y a las sentencias de la Corte Constitucional
que, a su juicio, fueron desatendidas por la autoridad judicial accionada, lo cierto
es que, más allá de citar las providencias no expuso mínimamente alguna regla o
subregla de derecho aplicable a su caso y que hubiera sido omitida por el juez
accionado, en consideración a las particularidades del caso concreto.
Sobre el cargo de desconocimiento del precedente es preciso advertir que la Sala
ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima de
identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la
litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia. Aspectos que no fueron atendidos por el tutelante, incumpliendo así la
mínima carga argumentativa exigida.
Asimismo, advierte la Sala que los reproches expuestos en esta sede ya fueron
analizados por el fallador de única instancia dentro del recurso de insistencia,
quién concluyó que la copia requerida tenía carácter de reservada.
Aunque expone la accionante cuáles fueron las pruebas y normas indebidamente
valoradas y aplicadas por el juez contencioso administrativo, en su escrito de tutela
insiste en los mismos argumentos y reparos que ya fueron objeto de
pronunciamiento en el expediente con radicado 05001-33-33-000-2025-00904-00,
con el fin de reabrir el debate zanjado por el operador judicial de conocimiento
frente a la reserva del documento que se encuentra en poder de la FLA,
convirtiendo este mecanismo constitucional en una instancia adicional, legalmente
no prevista.
Sobre la valoración de los medios de prueba, es preciso mencionar que es un
ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la
sana crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada
uno de estos. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía
que gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos
excepcionalísimos, no es viable su reproche en este escenario constitucional.
En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
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el debate planteado por la parte actora, se reitera, busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez
contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Pedro Jair Gamboa Morales, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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