Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06457-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06457-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06457-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06457-01
Accionante: PEDRO JAIR GAMBOA MORALES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia. Improcedencia por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderada judicial, Pedro Jair Gamboa Morales, presentó acción de
tutela contra la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
puntualmente contra la providencia adoptada dentro del recurso de insistencia
presentado ante la negativa del gerente general de la fábrica de licores y alcoholes
de Antioquia, EICE, respecto del derecho de petición a través del cual se solicitó la
entrega de información. Lo anterior con base en los siguientes antecedentes.
2. El 9 de junio de 2025, el tutelante presentó ante la fábrica de licores y alcoholes
de Antioquia, un derecho de petición en el que solicitó la entrega de “copia del
documento radicado en dicha entidad el 20 de marzo de 2025, identificado con
numero interno 2025010001782”. En ese documento, según estima el tutelante, se
describen actos irregulares de un ex servidor público directivo de la FLA mientras
estaba en ejercicio de sus funciones. El 24 del mismo mes y año, el tutelante recibió
respuesta en la que, la entidad se negó a entregar el documento solicitado
argumentando que la información contenida en él se encontraba sometida a
reserva, en tanto su divulgación daría lugar a la violación de secretos comerciales
de la entidad. Se indicó expresamente que según la Ley 1712 de 2014 y la decisión
486 de la Comunidad Andina de Naciones el documento contiene secretos
industriales o comerciales.
3. El 3 de julio de 2025, el tutelante presentó recurso de insistencia solicitando que
se garantizara el derecho al acceso a la información, y se ordenara a la Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia la entrega del documento solicitado en el derecho
de petición. En el escrito de insistencia agregó:
“3. Se declare mal denegada la solicitud efectuada por el suscrito, en tanto se
tiene conocimiento de que es una reclamación aparentemente abusiva de parte
de un distribuidor por causa de hechos y errores cometidos por un ex servidor
público directivo de la FLA-EICE en ejercicio de sus funciones y que ahora,
apenas unos meses después de participar en el proceso de adjudicación de los
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06457-01
Accionante: Pedro Jair Gamboa Morales
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
contratos de distribución, trabaja precisamente para empresas beneficiadas con
dicha adjudicación, en asuntos sobre los que no solo tuvo conocimiento, sino
que participó activa y efectivamente en el proceso contractual que hoy tiene a
dichas empresas como distribuidoras de la FLA -EICE.”
4. Dentro del trámite del recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, la Fábrica de Licores de Antioquia dirigió escrito a la corporación en el
que señaló que el documento solicitado “fue dejado sin validez mediante correo
electrónico que data del 28 de marzo de 2025”.
5. En sentencia de 31 de julio de 2025, la Sala Cuarta de decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia en la que negó la insistencia del tutelante. Concluyó
que, la información solicitada no es de acceso público por contener secretos
industriales y comerciales de la compañía. Se indicó que, el documento solicitado
“no se desprende ninguna situación relacionada con el objeto del documento
anunciado por el solicitante referente a ´comportamiento irregular de un ex servidor
público directivo de la FLA mientras estaba en ejercicio de sus funciones”1. Adicionó
que si, en todo caso el documento solicitado contuviese información relacionada
con el desempeño laboral de alguna persona adscrita a la Fábrica de Licores de
Antioquia, no sería procedente entregar el citado documento pues la información
involucraría la privacidad e intimidad de las personas. Concretamente el tribunal
estimó:
“Conforme a lo expuesto, sea lo primero indicar que de la revisión del correo
inicial no se desprende ninguna situación relacionada con el objeto del
documento anunciado por el solicitante referente a “comportamiento irregular
de un exservidor público directivo de la FLA mientras estaba en ejercicio de sus
funciones” (…)
De otro lado, al revisar el verdadero contenido del oficio cuya entrega se invoca,
esta Corporación pudo verificar que se trata de información referente a
transacciones comerciales realizadas entre la FLA y una sociedad en el
extranjero, esto es, información relacionada con el giro ordinario de esa relación
comercial, que tampoco puede ser divulgada ni entregada a particulares de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 y 6 del artículo 24 de la Ley 1437
de 2011”
6. El Tribunal accionado concluyó que, la información que estaba contenida en el
correo electrónico solicitado por el actor, se enmarcaba dentro de las previsiones
del literal j del artículo 3 de la ley 1266 de 2008, prescripción que señala que, se
entenderá por “información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países, aquella referida al mandamiento, ejecución y
extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del
contrato que les dé origen, la cual está sometida a reserva”. Igualmente concurrió
en la misma conclusión el artículo 18 de la ley 1712 de 2014 según la cual, están
exceptuadas del principio de publicidad, los secretos comerciales, industriales y
profesionales.
1
Folio 4 del escrito de amparo.
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Accionante: Pedro Jair Gamboa Morales
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
7. El tutelante estimó que la decisión de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
vulneró su derecho de petición, el acceso a la información pública, el control político
y el derecho a interponer acciones en defensa de la constitución.
8. Sostuvo además que la solicitud de amparo contra la decisión cuestionada
satisface las causales generales de procedencia de tutela contra providencia, pues
se incurre en el defecto sustantivo, toda vez que, aplica el artículo 24 de la Ley 1437
de 2011, el cual indica que la información de la hoja de vida es reservada y goza de
protección a la intimidad. En criterio del tutelante, ese secreto de la hoja de vida no
cobija actos irregulares de una ex funcionaria directiva, Luisa Fernanda González
Montes, quien fungía como directora de negocios internacionales de la fábrica de
licores de Antioquía “quien hasta escasamente un mes antes del envío del
documento a la FLA EICE, intervenía en los procesos contractuales de esta
empresa pública en la selección de distribuidores internacionales y ayudó con la
redacción de los documentos precontractuales de dicho proceso y en la selección
misma de los contratistas distribuidores, ahora representaba los intereses de
empresas finalmente seleccionadas como distribuidores internacionales, es decir,
se ocupó de asuntos privados, de los que conoció activa y efectivamente como alta
directiva del ente público.”
9. En criterio del tutelante la información que solicitó se refiere al desempeño de
funciones públicas, la misma que no están eximidas por norma legal. A juicio del
actor, la providencia cuestionada resolvió el caso con normas inaplicables para el
caso concreto.
10. También se incurrió en el defecto fáctico pues el tribunal hizo una valoración de
las pruebas “carente de sentido y lógica”. Afirmó: “Recordemos que la Sra. Luisa
Fernanda González Montes, tuvo el cargo de Directora Administrativa de Negocios
Internacionales de la FLA EICE hasta pocos días antes de que enviara una
comunicación relacionada con el desarrollo del contrato de distribución a la FLA
EICE, en representación de una de las empresas distribuidoras internacionales de
esta empresa oficial, documento objeto de la petición de información que fuera
negada y posteriormente insistida ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Pues
bien, es muy posible que, por esta conducta, esta ex servidora pública, pudiera
haber violado el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones
previsto en el Código General Disciplinario, concretamente, en lo previsto en el
numeral 4° del artículo 56 de la Ley 1952 de 2022(…) ”. Reprochó que el juez
entendió inadecuadamente el correo que solicita, pues aquel evidencia que la
“exfuncionaria trabaja para los intereses de quien en ese momento era aspirante a
distribuidor, al momento en que ella co - dirigió el proceso de selección, y que ahora
sirve a los intereses de la empresa contratista de la FLA EICE, y que obtuvo la
calidad de contratista por un proceso en el que ella participó activamente”.
11. Incurrió además en violación directa de la constitución y desconocimiento del
precedente. Pues la providencia no aplicó los artículos 23 y 74 de la Constitución,
así como la jurisprudencia de la Corte respecto al acceso a la información.
Puntualmente señaló que las Sentencias C-274 de 2013, C-491 de 2007 y T-273 de
2023 prescribió que, las autoridades están obligadas, de un lado, a divulgar de
manera proactiva, clara, precisa, actualizada, accesible y comprensible, la
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Accionante: Pedro Jair Gamboa Morales
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
información y documentos que plasman la actividad del Estado. Y, del otro, a
entregar la información solicitada por la ciudadanía, salvo en los casos exceptuados
por la ley. En esos eventos, los sujetos obligados pueden rechazar la entrega de la
información por escrito y con una justificación razonable que tenga sustento en una
prohibición prevista en la ley. Lo anterior, porque las restricciones a esta garantía
no pueden estar contempladas en actos administrativos, ni en contratos estatales.
12. Por lo anterior, solicitó que se ampare sus derechos al acceso a la información,
de petición a la participación, se declare que se produjo un defecto sustantivo, uno
factico y uno por violación directa a la constitución y desconocimiento del
precedente, y se deje sin efecto la sentencia judicial cuestionada, y se ordene a la
Fábrica de Licores de Antioquia entregue la copia del documento radicado el 20 de
marzo de 2025 identificado con el número 2025010001782.
Trámite de tutela
13. La acción de tutela fue repartida a la Sección Quinta de la Corporación, quien
admitió la petición de amparo, vinculó a la autoridad judicial accionada y vinculó
como terceros con interés a la Fábrica de Licores de Antioquia.
14. El Tribunal solicitó2 denegar el amparo pues la providencia atacada se profirió
respetando el precedente constitucional y los mandatos legales sobre el acceso a
la información. La Fábrica de Licores de Antioquia3 solicitó declarar improcedente
el amparo dado que, no existió vulneración alguna. Insistió en que, la Fábrica
respondió de manera oportuna, veraz, completa y motivada la petición de acceso a
la información elevada por el actor.
Sentencia de primera instancia
15. En sentencia de 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta de la Corporación
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. La Sala estimó que, si bien los argumentos del escrito de amparo
tenían apariencia constitucional, los mismos, en realidad eran de contenido
meramente legal y reiteraban lo discutido dentro del proceso judicial ordinario
desarrollado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
16. La providencia de primera instancia sostuvo que, la decisión del Tribunal
accionado abordó los mismos temas que se presentan como cargos de
constitucionalidad en el escrito de amparo. Se concluyó que el tribunal decidió
correctamente que, examinado el documento solicitado, de este no se evidencia
ningún comportamiento irregular de una ex servidora, motivo por el cual, no
resultaba procedente la entrega del mismo.
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Índice samai 24.
3
Índice Samai 25.
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Accionante: Pedro Jair Gamboa Morales
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Recurso de impugnación4
17. Con base en la Sentencia SU-215 de 2022, el apoderado sostuvo que la acción
de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional pues, la petición permite
aplicar y desarrollar la constitución política y determinar el alcance de un derecho
fundamental, en su criterio, la petición de información se relaciona con el
comportamiento de una ex funcionaria. Afirmó: “Dicho documento confirma quién es
la persona que lo suscribe, en representación de quién actúa y quién es su
destinatario; aspectos relevantes, en tanto de ellos se desprende que quien lo
suscribe es Luisa Fernanda González, en el cargo de “Country Assistant MGB
CORP.” de Marketing Global Brands Corp., fechado el 20 de marzo de 2025, y
dirigido a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), específicamente a
Catalina Rendón, de la Subgerencia de Negocios Internacionales// Dentro del
proceso de contratación correspondiente al contrato No. 24SS907A1756, suscrito
con la empresa Marketing Global Brands Corp., así como a los contratos Nos.
24SS907A1753, 24SS907A1754 y 24SS907A1755, se puede apreciar en el SECOP
II que el estudio previo, la invitación directa y el informe de verificación de requisitos
fueron documentos suscritos por Luisa Fernanda González, quien ostentaba el
cargo de Directora de Negocios Internacionales de la Fábrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia (FLA)”5.
18. Agregó que, dicha exfuncionaria participó efectiva y decididamente en la
planeación, construcción y desarrollo de las etapas previas o precontractuales, así
como en la ejecución del contrato, y, de manera inmediata y seguida, a la dejación
del cargo directivo en la FLA, en el que tuvo plena incidencia en la decisión de la
selección de este contratista, pasó a ocupar cargo directivo en la sociedad
contratista.
19. Insistió en que, solicita información sobre el comportamiento de una ex
funcionaria y la eventual configuración de una inhabilidad e incompatibilidad del
régimen contractual de conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de
la ley 80 de 1993 y el numeral 4° del artículo 56 de la ley 1952 de 2018, lo que
implica una falta gravísima.
20. Por las razones anteriores, impedir acceder a esta información, impide el
ejercicio de un derecho fundamental de participación en el control de la actividad de
los servidores y autoridades públicas, pilar fundamental de un Estado Democrático
y Social de Derecho como el nuestro, pues haría inexpugnables, incontrolables e
incuestionables las actuaciones de quienes fungen como servidores públicos y por
tanto se deben a la satisfacción del interés general, para garantía de un orden justo
en nuestra sociedad.
21. Agregó que la controversia no se limita a una discusión de orden legal o de
contenido estrictamente económico con connotación entre particulares e implica
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
4
Índice samai 38
5
Folio 7 y 9 del escrito de impugnación.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06457-01
Accionante: Pedro Jair Gamboa Morales
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
22. Igualmente presentó contraargumentos respecto de la sentencia de primera
instancia, insistiendo en que, el asunto reviste relevancia constitucional pues se
trata del acceso a la información de trascendencia pública en los términos de la
Sentencia C-274 de 2013. Recordó que apeló a la aplicación de la regla
jurisprudencial de máxima publicidad consagrada en el artículo 2 de la Ley 1712 de
2014.
CONSIDERACIONES
Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico
24. En el asunto de la referencia, la parte tutelante sostiene que la decisión del
tribunal administrativo de Antioquia de 31 de julio de 2025 incurrió en defectos
sustantivo, fáctico, de violación directa de la constitución y de desconocimiento del
precedente al negar el acceso a la información solicitada en derecho de petición de
9 de junio de 2025. En el derecho de petición concretamente se solicitaba copia
integra del oficio recibido en esta fábrica con radicado 25010001782 del 20 de
marzo de 2025”. Puesto que se trata de una tutela contra providencia judicial, como
primer problema jurídico corresponde establecer si la misma satisface las causales
genéricas de procedencia. Con tal fin se reiterará el precedente constitucional sobre
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
25. En caso de concluir que la acción de tutela es procedente se formulará un
problema jurídico de fondo.
Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.
26. Conforme el precedente fijado en la Sentencia C-590 de 20056, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
27. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
6
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-11; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
28. En relación con el requisito de relevancia constitucional, como lo ha indicado el
precedente constitucional13, el mismo hace referencia a que el tutelante debe
proponer una censura contra una providencia judicial en la que se aplique
directamente un mandato constitucional conculcado por la providencia judicial
atacada, descartando de esa manera, que la acción de tutela se utilice como una
instancia adicional, a la manera de un recurso ordinario, especialmente cuando el
reparo que se presenta es de índole legal, económico o de aquellos en los que se
evidencia una crítica a la corrección de la decisión, más que un señalamiento de
validez.
29. La jurisprudencia constitucional ha insistido que la tutela contra providencia no
es un recurso adicional al proceso judicial, y que solamente resulta
excepcionalmente procedente cuando la decisión adolece de un yerro que afecta la
validez de esta desde una perspectiva exclusivamente constitucional.
Caso concreto
30. Con base en las anteriores reglas jurisprudenciales, esta Subsección encuentra
que no se satisfacen los requisitos de procedencia general de la acción de tutela.
Como lo indicó el juez de primera instancia, el debate que propone el escrito de
amparo es de aquellos en los que utiliza la acción de tutela como una instancia
8
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
13
Corte Constitucional, Sentencia, SU-215 de 2021.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
adicional al proceso de tutela y presenta una discrepancia de criterio con el fallo que
fue adverso.
31. En el caso concreto, el escrito de amparo y las razones contenidas en la
impugnación fueron la misma discusión legal que se presentó al tramitar el recurso
de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El tutelante presenta el
medio constitucional de amparo para plantear una discrepancia de criterio con la
decisión que le fue adversa, pues a partir de suposiciones respecto del contenido
de un correo electrónico deduce supuestos eventos de incompatibilidades e
inhabilidades. Quiere decir esto que, en su escrito de amparo, el actor no muestra
la razón por la cual, la información que solicita es de interés público que permita
cuestionar la validez de la decisión del tribunal administrativo de Antioquia.
32. En efecto, la providencia censurada examinó el contenido del correo electrónico
que fue solicitado por el tutelante, y explícitamente concluyó que se trata de
información comercial que está protegida por el secreto comercial e industrial. El
tutelante en el medio constitucional insiste en las mismas razones que fueron
estudiadas dentro del trámite judicial atacado, motivo por el cual, no muestra
justificaciones o argumentaciones para evidenciar un yerro de validez de la
conclusión del tribunal.
33. El demandante afirma que la autoridad judicial inaplicó normas estatutarias
sobre el acceso a la información y reglas jurisprudenciales contenida en sentencias
de constitucionalidad sobre máxima transparencia, no obstante, examinada la
decisión cuestionada, la misma aplicó las leyes estatutarias sobre acceso a la
información, derecho de petición y habeas data, de igual forma acudió a la
Sentencia C-274 de 2013. La providencia argumentó plausiblemente las razones
por las cuales, en su criterio, la información solicitada está incursa dentro de los
límites de acceso a la información. Respecto a estas conclusiones el tutelante no
ofrece razones concretas y precisas que muestran que las conclusiones del tribunal
son inconstitucionales.
34. Realiza afirmaciones jurídicamente correctas pero impertinentes para el caso
concreto. En efecto, la ley 1712 de 2014 y la Sentencia C-274 de 2013 prescriben
el deber de máxima transparencia, y de igual manera, las mismas fuentes formales
del derecho establecen los límites a dicho principio. En criterio del tribunal la
información solicitada en el derecho de petición está incursa en las excepciones,
frente a lo cual, el tutelante recuerda el principio de máxima transparencia en
abstracto, sin indicar las razones concretas, por las cuales no se debería aplicar las
limitaciones. En el mismo sentido, el tutelante sostiene que se presentó una
violación directa de la constitución pues no se aplicó los artículos 23 y 74 superior,
no obstante, en este aspecto la acción de tutela no pasa de una invocación a esas
normas constitucionales sin ofrecer razones concretas de por qué, en el caso
concreto, se vulneró el derecho de petición, cuando, conforme la providencia
atacada, se aplicó la ley 1755 de 2014 y sus excepciones, así como el derecho al
acceso de información pública, cuando, igualmente se ofrecieron razones plausibles
de que el documento solicitado esta incurso en al menos dos excepciones de la Ley
1712 de 2014.
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35. El tutelante señala que, existe un supuesto conflicto de intereses en una
servidora de la fábrica de licores de Antioquia y para ello acompaña el escrito de
impugnación de documentos contractuales de la compañía antioqueña y empresas
extranjeras, y sostiene que ello implica una vulneración al régimen de
incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. No obstante, del supuesto hecho conforme
al cual una ex funcionaria de la FLA ahora trabaja con la compañía extranjera, no
ofreció ningún indicio, al menos sumario. Se trata solo de la afirmación del actor.
36. El escrito de impugnación del actor se fundamenta en razones de índole
estrictamente legal, pues afirma que se presenta una vulneración al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. En primer lugar, debe
examinarse si esa regulación aplica en los trámites contractuales que el actor
cuestiona, lo cual no es propio de un trámite constitucional de amparo, pero
especialmente, presentar esos argumentos en una acción superior desnaturaliza el
carácter del medio de amparo.
37. El fundamento del supuesto defecto fáctico del actor es la vulneración del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. Esto carece de
toda relevancia constitucional y resulta propio de otros procesos especializados en
aspectos de la contratación de empresas industriales y comerciales del Estado.
38. En síntesis, el amparo carece de relevancia constitucional, pues: (i) utiliza la
tutela para presentar un reparo propio de un recurso ordinario; (ii) no plantea un
yerro de validez que afecte la sentencia atacada, sino que, muestra una
discrepancia de criterio con la providencia del tribunal; (iii) en relación con los
supuestos defectos sustantivos, de desconocimiento del precedente y de violación
directa de la constitución, el actor solo ofreció razones superficiales que invocan
normas constitucionales y estatutarias, así como precedente constitucional, las
cuales, de hecho si fueron aplicadas en la providencia atacada. (iv) Sobre el
supuesto defecto fáctico, el actor, en el escrito de impugnación y de tutela construye
una inferencia respecto de una supuesta violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. Este argumento carece de relevancia pues
es de rango legal, y la inferencia no se probó, puesto que parte de la premisa que
una ex servidora de la Fábrica de licores de Antioquia dejó la compañía para iniciar
compromisos profesionales con una empresa privada. Este aspecto no fue
corroborado por ningún documento al menos sumario.
39. En conclusión, se confirmará la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06457-01
Accionante: Pedro Jair Gamboa Morales
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia de 11 de diciembre de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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