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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06468-00

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06468-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA la acción de tutela promovida por el señor Fernando Enrique Arrieta Lora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06468-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06468-00
Accionante: FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Presunta transgresión de las garantías fundamentales de los
trabajadores y usuarios del Edificio Nemqueteba. Legitimación
en la causa por activa. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela de
la referencia, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 17 de octubre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 15 de octubre de 2025, el señor Fernando Enrique Arrieta Lora,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior
de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Beneficencia de Cundinamarca,
Otis Elevator Company Colombia SAS, Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos de Cundinamarca3, Certinext SAS, el Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático, los magistrados del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Ministerio del
Trabajo. Con la solicitud de amparo pretende que se protejan los derechos

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificaron como accionadas las
entidades referidas en el numeral 1 de esta providencia, y se dispuso la vinculación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso.
3
Ahora es la Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Fernando Enrique Arrieta Lora
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06468-00

fundamentales a la vida, al trabajo, a «la integridad física y personal de cada uno
de los trabajadores y usuarios del Edificio Nemqueteba».

2. Las anteriores trasgresiones se las adjudica a las presuntamente precarias
condiciones que tiene el Edificio Nemqueteba, por padecer de las siguientes
características: (i) deterioro estructural; (ii) constantes fallas de los ascensores,
las cuales han provocado atrapamientos y lesiones a funcionarios; y (iii)
deficiencias sanitarias e interrupciones frecuentes de los servicios tecnológicos.
Además, atribuye la vulneración a la falta de respuesta, de las autoridades
competentes, a las reiteradas denuncias por las condiciones de riesgo y deterioro
del inmueble, y a la negativa de extender el teletrabajo como medida preventiva
de seguridad a todos los servidores judiciales que laboran en dicho edificio.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se tutelen los derechos fundamentales a la vida, el trabajo digno, la
integridad física y personal de cada uno de los trabajadores y usuarios del
Edificio Nemqueteba

2. Que en esa protección de derechos fundamentales, se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura, a expedir el acto administrativo correspondiente
mediante el cual se autorice a todos los servidores judiciales adscritos a los
Juzgados Laborales y de Familia que actualmente funcionan en el Edificio
Nemqueteba, para que puedan desarrollar sus labores bajo la modalidad de
teletrabajo, desde la fecha de la decisión judicial y hasta tanto se materialice
el traslado efectivo al nuevo inmueble anunciado por esta entidad.

3. Se disponga a los jueces laborales y de familia implementar
obligatoriamente las normas de virtualidad para evitar el ingreso de usuarios
al Edificio Nemqueteba mientras se soluciona el tema de infraestructura o
traslado temporal o definitivo.

4. Se disponga el traslado provisional e inmediato de los despachos
judiciales que actualmente operan en el Edificio Nemqueteba a un inmueble
que garantice condiciones adecuadas de seguridad, salubridad e integridad
física, tanto para los servidores judiciales como para los usuarios del servicio
de justicia, mientras se perfecciona la adquisición del inmueble definitivo
destinado a la Rama Judicial.

5. Que se autorice a los jueces titulares de cada despacho judicial para
implementar las medidas administrativas y de control que estimen
pertinentes con el fin de verificar el cumplimiento de metas, funciones y
obligaciones laborales de sus respectivos equipos de trabajo, garantizando
en todo momento el respeto por los derechos fundamentales, la dignidad
humana y las condiciones laborales de los servidores.

6. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial la entrega y socialización a todos los
funcionarios que laboran en el Edificio Nemqueteba de los informes técnicos
emitidos por las entidades OTIS e IDIGER, y que, adicionalmente, se
disponga la realización de una segunda evaluación independiente del estado
actual de los ascensores y de la infraestructura general del edificio, a cargo
de un organismo técnico o entidad especializada diferente que garantice

2
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imparcialidad y rigor técnico en su dictamen4.

1.2. Hechos

4. El Edificio Nemqueteba fue construido en el año 1958 y, actualmente, es
la sede de la mayoría de los juzgados laborales y de familia de la ciudad de
Bogotá. La administración del edificio está a cargo de la Empresa Inmobiliaria y
de Servicios Logísticos de Cundinamarca5.

5. A través de los años, la referida edificación ha padecido de deficiencias
estructurales, fallas en los ascensores, problemas sanitarios e interrupciones en
el suministro de energía. De ahí que en reiteradas ocasiones el Consejo Superior
de la Judicatura haya dispuesto el cierre temporal de la sede judicial, como
recientemente ocurrió mediante el Acuerdo núm. CSJBTA25-8 del 19 de febrero
de 2025.

6. De los siete ascensores que tiene el edificio, únicamente tres están en
funcionamiento, los cuales son utilizados diariamente por aproximadamente
seiscientos servidores y mil usuarios que acuden a los despachos judiciales. No
obstante, a pesar de que el uso de los elevadores está certificado por Certinext
SAS y por Otis Elevator Company Colombia SAS, siguen evidenciándose fallas
que pueden ocasionar accidentes, tales como:

a. Descolgamientos súbitos de las cabinas, es decir pasan se borra su
programación y descienden de manera aceleradas del piso 22 hasta el
sótano, donde frenan
b. Frenadas bruscas.
c. Inoperancia de los sensores de cierre, provocando atrapamientos de
usuarios.
d. Apertura de puertas en los entrepisos durante emergencias. e. Inutilidad
de los botones e intercomunicadores de emergencia.
f. Falta de parada en los cuatro (4) primeros pisos.
g. Atrapamientos de funcionarios por lapsos prolongados sin posibilidad de
auxilio inmediato.
h. Cables eléctricos expuestos.
i. Deficiencias en la iluminación, pisos deteriorados y condiciones insalubres
al interior de las cabinas6.

7. El 5 de septiembre de 2025, Otis Elevator Company Colombia SAS apagó
los elevadores, debido a una pancarta que instaló el Sindicato ASONAL S.I. en
las puertas de los elevadores por los problemas continuados, para proteger de
posibles incidentes a los trabajadores. En ese orden, las escaleras son el único
medio de acceso a los juzgados en una edificación de 22 pisos, por lo que más
de 30 despachos judiciales han optado por teletrabajar.

8. El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial anunciaron el 30 de septiembre de 2025 que se adquirió

4
Transcripción literal del escrito de tutela.
5
Ahora es la Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca.
6
Transcripción literal del escrito de tutela.

3
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un inmueble, con el fin de trasladar los juzgados laborales y de familia que están
ubicados en el Edificio Nemqueteba.

1.3. Sustento de la vulneración

9. El señor Fernando Enrique Arrieta Lora estimó que la parte accionada
vulneró los derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la integridad física de
cada uno de los trabajadores y usuarios del Edificio Nemqueteba, por el riesgo
que corren al trabajar en dicha edificación.

10. Puso de presente que las fallas reiteradas en los elevadores representan
una carga excesiva sobre los servidores judiciales y los que acudan a la
edificación, puesto que implica que tengan que usar las escaleras para subir
hasta 22 pisos. Más aun, cuando son mujeres embarazadas, adultos mayores o
personas con movilidad reducida.

11. No obstante, adujo que las autoridades competentes guardan silencio ante
las reiteradas denuncias por las condiciones de riesgo y deterioro del inmueble,
y se niegan a extender el teletrabajo como medida preventiva de seguridad a
todos los servidores judiciales que laboran en dicho edificio.

12. Al respecto, indicó que la Corte Constitucional7 ha sostenido que le
corresponde «a la autoridad competente proporcionar todas las condiciones y
adoptar las medidas necesarias para que la actividad estatal riesgosa a
desarrollar dentro de la función pública, no sea excesiva en la carga de quien la
realiza, sino que sus posibles peligros se disminuyan y controlen, de manera que
puedan ser asumidos por el funcionario respectivo, evitando por los medios
posibles la vulneración de derechos inherentes a la condición humana».

13. Igualmente, manifestó que deben acatarse los artículos 18, 19, 20 y 21 de
la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, con el fin de que
se mejoren las condiciones de seguridad, salud y bienestar en su centro de
trabajo.

1.4. Intervenciones

14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia
y el Derecho, la Beneficencia de Cundinamarca, Otis Elevator Company
Colombia SAS, la Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de
Cundinamarca8, el Consejo Superior de la Judicatura, y el Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá solicitaron la desvinculación del presente trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

15. Lo anterior, por considerar que no están llamadas a atender las

7
Sentencia T-584 de 1998.
8
Según el informe rendido por la entidad, se puso de presente que anteriormente era la Empresa
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca.

4
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pretensiones de tutela y, en todo caso, no han vulnerado derecho fundamental
alguno del actor.

16. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático pidió
que se declare la improcedencia de la presente acción constitucional o, en su
defecto, que se niegue el amparo solicitado por no haber trasgredido los derechos
alegados. Ello, al estimar que no se cumplió con los requisitos de procedibilidad
de subsidiariedad y legitimación en la causa por pasiva, dado que: (i) para
solucionar lo reclamado el actor cuenta con el procedimiento establecido en el
artículo 589 y 7710 de la Ley 675 de 2001, y (ii) la entidad «no ostenta la calidad
del sujeto generador de la presunta vulneración de las prerrogativas
constitucionales invocadas por el accionante».

17. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó
que se nieguen las pretensiones de tutela y la desvinculación del proceso, pues,
a su juicio, no existe transgresión de los derechos fundamentales. En particular,
expuso que: (i) a los ascensores la empresa Otis le hace mantenimiento
permanente, (ii) las reparaciones estructurales son responsabilidad del
arrendador del edificio, y (iii) los elevadores nunca han dejado de operar por
directriz de la entidad.

18. Tanto Certinext SAS como el Ministerio del Trabajo, a pesar de haber sido
debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

19. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo de la
referencia. Para ello demostrará que no se cumplen con los requisitos generales
de legitimación en la causa y subsidiariedad.

9
ARTÍCULO 58. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para la solución de los conflictos que se
presenten entre los propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el
administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la
persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de esta ley y del reglamento de
propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales,
se podrá acudir a:

1. Comité de Convivencia. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión
de la vida en edificios de uso residencial, su solución se podrá intentar mediante la intervención
de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente ley, el cual
intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las
relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité se consignarán en un acta, suscrita
por las partes y por los miembros del comité y la participación en él será ad honorem.

2. Mecanismos alternos de solución de conflictos. Las partes podrán acudir, para la solución de
conflictos, a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que
regulan la materia. […]
10
ARTÍCULO 77. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Los conflictos de convivencia se tratarán
conforme con lo dispuesto en el artículo 58 de la presente ley.
Los procedimientos internos de concertación no constituyen un trámite previo obligatorio para
ejercitar las acciones policivas, penales y civiles.

5
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2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

20. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa de las partes,
(ii) la subsidiariedad y, (iii) la inmediatez. El cumplimiento de estos presupuestos
de procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una
decisión de fondo11.

21. Esta Sección considera que la solicitud de amparo no satisface todos los
requisitos referidos, como pasa a exponerse.

22. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

23. En particular, en lo que respecta a la legitimación por activa, el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser presentada
por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales,
bien sea por sí misma o a través de representante legal, apoderado judicial o,
incluso, a través de la figura de la agencia oficiosa. En todos estos supuestos es
necesario que el juez pueda advertir que quien acude a la tutela, directamente o
por medio de un tercero (apoderado o agente), lo haga en procura de la defensa
de un derecho fundamental propio12.

24. En el caso sub examine, se tiene que el señor señor Fernando Enrique
Arrieta Lora interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se protejan
los derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la integridad física de cada
uno de los trabajadores y usuarios del Edificio Nemqueteba. En particular,
consideró que trabajar en la referida edificación representa un riesgo para todo
el que acuda a ella, debido a las deficiencias estructurales, fallas en los
ascensores, problemas sanitarios e interrupciones en el suministro de energía.

25. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el accionante no goza
de legitimación en la causa por activa. Esto, pues, de la revisión del escrito de
tutela, se evidencia que las pretensiones y argumentos expuestos por el señor
Arrieta Lora giran en torno a la protección del interés general e inclusive de
derechos colectivos, y no de un derecho fundamental propio. De hecho, el señor
Arrieta Lora ni siquiera acreditó por qué a él le afecta el estado actual en el que
se encuentra el Edificio Nemqueteba, no identificó a las personas a las cuales

11
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021
12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-278 de 2021.

6
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presuntamente se le desconocieron sus garantías ius fundamentales y tampoco
manifestó actuar como agente oficioso de quienes se ven afectados con la
situación que expone en la solicitud de amparo.

26. En este punto, se destaca que no basta con hacer referencia a una posible
transgresión de ciertas prerrogativas constitucionales, sin especificar quien es el
sujeto posiblemente afectado. Al respecto, en la sentencia T-278 de 2021, la
Corte Constitucional estableció que los que acudan a este trámite constitucional
deberán aportar, siquiera de manera sumaria, «pruebas que permitan inferir la
individualización de la vulneración de los derechos fundamentales a sujetos
determinables que se deriven de los hechos expuestos […]», y, si es el caso,
acreditar su calidad de agente oficioso de personas determinadas.

27. Así las cosas, la procedencia de la acción de tutela depende de la
existencia de una posible vulneración de las garantías constitucionales de un
individuo determinado, dado que «la titularidad de derechos fundamentales son
predicables de una persona individualizable»13.

28. Por lo demás, la solicitud de amparo de la referencia tampoco cumplió con
el requisito general de subsidiariedad.

29. Pues, si el señor Arrieta Lora pretende que se amparen los derechos de
todos los servidores judiciales y usuarios que acuden al Edificio Nemqueteba,
puede acudir al medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
previsto en el artículo 88 de la Constitución Política14. Se resalta que dicho medio
de control fue regulado a través de la Ley 472 de 1998, la cual dispuso, en su
artículo segundo, que las acciones populares «se ejercen para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre
los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior
cuando fuere posible».

30. Por tanto, la Sección declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por el señor Fernando Enrique Arrieta Lora, por no cumplir con los
requisitos generales de legitimación en la causa por activa y subsidiariedad.

31. Finalmente, la colegiatura se abstiene de pronunciarse respecto de las
solicitudes de desvinculación presentadas por algunos intervinientes (ver acápite
1.4 de la presente providencia), debido a que no le corresponde al juez de tutela
estudiar qué entidades serían las llamadas a responder por las pretensiones que
persiguen la protección de los derechos colectivos aquí invocados.

13
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-095 de 2016.
14
ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza que se definen en ella. […]

7
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Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06468-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA la acción de tutela promovida
por el señor Fernando Enrique Arrieta Lora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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