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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06469-01

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06469-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela de José Didier Jiménez Torres, Dayber Stiven Jiménez Solaque, María Luz Linda Urrea Urrea, Mayerli Urrea Urrea, Edilma Jiménez Torres, Jeisson Alexander González Jiménez, Yulieth Daniela González Jiménez, Jairo Esteban González Jiménez, Romelia Jiménez Torres, Wilmer González Jiménez, Tilcia Jiménez Torres, Esperanza Jiménez Torres y Maurix Jiménez Torres, así como las menores J.L.J.U. y C.J.L., contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06469-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06469-01

Accionante: JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES Y OTROS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 4 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 14 de octubre de 2025, José Didier Jiménez Torres y otros1, en representación de
las menores de edad J.L.J.U. y C.J.L.2 y actuando a través de apoderado judicial,
formularon acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad. Alegaron vulnerados estos derechos
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del
Meta al proferir las sentencias del 26 de marzo de 2019 y 13 de marzo de 2025, que

1 Dayber Stiven Jiménez Solaque, María Luz Linda Urrea Urrea, Mayerli Urrea Urrea, Edilma Jiménez Torres,

Jeisson Alexander González Jiménez, Yulieth Daniela González Jiménez, Jairo Esteban González Jiménez,
Romelia Jiménez Torres, Wilmer González Jiménez, Tilcia Jiménez Torres, Esperanza Jiménez Torres y Maurix
Jiménez Torres.
2 El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está proscrito, salvo aquellos datos de

naturaleza pública, conforme al artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto 1074 de
2015. Como medida de protección, se reemplazan los nombres de las menores por sus iniciales.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06469-01
Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros
Acción de tutela – Segunda instancia

negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa3 que formularon
contra la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación.

En virtud de la acción de tutela, solicitó que se deje sin efectos la sentencia de
segunda instancia y se ordene al Tribunal Administrativo del Meta que profiera una
nueva decisión, en la que se estudie el caso bajo el régimen objetivo de daño
especial, se valore la totalidad de las pruebas y se acceda a las pretensiones de la
demanda.

2. Hechos relevantes

Los accionantes formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Rama
Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación, para reclamar los perjuicios
causados por la privación de la libertad de José Didier Jiménez Torres, la cual
calificaron de injusta.

El asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, que en
sentencia del 26 de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda. La parte
demandante formuló recurso de apelación. El 13 de marzo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Meta dispuso confirmar lo resuelto.

3. Fundamentos de la solicitud

Los accionantes sostuvieron que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, ya que sus decisiones
incurrieron en defectos fáctico y sustantivo.

En criterio de la solicitud, las providencias estudiaron la imposición de la medida de
aseguramiento sin calificar, conforme a las pruebas, si esta se ajustó o no a derecho.
Los accionantes indicaron que la medida de aseguramiento no estaba soportada en
elementos materiales probatorios, sino en la orden de captura y en la denuncia –sin
que el afectado hubiere comparecido al proceso penal–. Añadieron que no había
prueba directa sobre la participación del investigado en ilícito alguno y que la

3 Identificado con número de radicado: 50001-33-33-004-2013-00497-00/01.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06469-01
Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros
Acción de tutela – Segunda instancia

autoridad judicial que impuso la medida basó su decisión en «simples exposiciones
sin ningún tipo de prueba».
En cuanto al defecto sustantivo, sostuvieron que las decisiones aplicaron de manera
irrazonable el régimen jurídico atinente a la legalidad de las medidas de
aseguramiento y desconocieron el criterio jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional en sentencias SU-567 de 2015, SU-632 de 2017 y SU-072 de 2018,
que exigen una carga argumentativa estricta cuando se restringe la libertad personal.

Destacaron que la libertad es un derecho constitucional fundamental, cuya privación
debe ser excepcionalísima. En vista de lo anterior, alegaron que la víctima no estaba
en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad, aún cuando la medida de
aseguramiento se hubiere adoptado conforme a la ley. Por ende, adujeron que las
decisiones debían estudiar el asunto como un daño especial, particular y grave.

Además de lo expuesto, manifestaron que la decisión carece de congruencia entre
el caso planteado y el ejercicio de análisis y conclusiones.

4. Trámite de primera instancia

El 23 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
a las autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación-Rama Judicial, la
Nación-Fiscalía General de la Nación y los señores José Miguel Jiménez León,
Daniel González Jiménez, David González Franco, Luis Enrique Umaña Herrera y
Luis Enrique Camargo Rodríguez, en calidad de terceros con interés. A su turno, se
pidió copia digital del proceso ordinario.

En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Meta afirmó que la
sentencia del 13 de marzo de 2025 acusada no incurrió en los defectos planteados
en el escrito de tutela. Indicó que la providencia contiene las razones de hecho y de
derecho pertinentes para justificar la decisión.

Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio afirmó que la decisión
de primera instancia analizó íntegramente las actuaciones del proceso penal. En ese
sentido, manifestó que la tutela es improcedente al carecer de relevancia
constitucional, en tanto la parte actora pretende una instancia adicional del trámite

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06469-01
Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros
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ordinario, con fundamento en desacuerdos subjetivos frente al estudio de los jueces
naturales del asunto. A su turno, allegó enlace digital al expediente ordinario.

La Nación-Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la presunta vulneración de
derechos fundamentales no proviene de una actuación que le sea atribuible.

Del mismo modo, la Nación-Rama Judicial (a través de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio) manifestó que no hay actuación directa o
indirecta de la entidad que haya derivado en la infracción de derechos
fundamentales. Al margen de ello, planteó que las decisiones cuestionadas no
incurrieron en los defectos endilgados en la solicitud de tutela.

Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Primera declaró improcedente la solicitud de amparo, al carecer de relevancia
constitucional. Luego de estudiar los argumentos expuestos en la sentencia de
segunda instancia, determinó que la acción de tutela está siendo utilizada como una
instancia para cuestionar la valoración probatoria y las conclusiones del juez natural
de la causa.

Añadió que los defectos manifestados en la solicitud carecen de carga
argumentativa, en tanto la parte actora refiere a sentencias de la Corte
Constitucional, sin identificar los problemas jurídicos que ahí se resolvieron o
formular una comparación entre los hechos relevantes estudiados en cada caso, y
aún menos determinando el alcance de esas decisiones al asunto ordinario. Por
último, afirmó que la decisión carece de incongruencia, en tanto determinó la falta de
antijuridicidad del daño reclamado.

La parte actora impugnó, en desacuerdo con la improcedencia del amparo, por
cuanto el fallo no estudió la inobservancia o ausencia de valoración de los medios
de prueba obrantes en el expediente. Insistió en que la medida de aseguramiento
carecía de fundamento probatorio, más allá de la denuncia penal del supuesto
ofendido. De ahí, concluyó que la víctima no participó en la comisión del delito
endilgado en sede penal. A su turno, reiteró los demás argumentos formulados en la
solicitud. El 20 de enero de 2026 se concedió la impugnación.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06469-01
Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros
Acción de tutela – Segunda instancia

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 4 de
diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró
improcedente el amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela5.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del

4 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5 Ibidem.

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Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros
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“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional6: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Los accionantes consideran que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de las sentencias del 26 de marzo de 2019 y
13 de marzo de 2025, que negaron las pretensiones de reparación directa por una
privación injusta de la libertad. Sostuvieron que las decisiones incurrieron en defectos
fáctico y sustantivo, al no tener en cuenta que la medida de aseguramiento carecía
de fundamento probatorio y no estudiar el título de imputación por daño especial.

En la sentencia del 13 de marzo de 2025, que resolvió definitivamente la
controversia, se determinó que la detención preventiva de José Didier Jiménez
Torres se ajustó a los requisitos de ley, aunado a las circunstancias de hecho y la
pronta resolución judicial del asunto.

Explicó que, conforme al criterio actual de la jurisprudencia, las privaciones injustas
de la libertad se estudiarán a partir de: (i) la legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento, y (ii) la conducta desplegada por
el investigado durante el desarrollo del proceso penal, como causal excluyente de
responsabilidad, con el fin de determinar si la misma tuvo incidencia en la imposición
de la medida.

Se encontró probado el daño, consistente en la privación de la libertad del señor
Jiménez Torres entre el 6 de mayo y el 26 de junio de 2012 (1 mes y 20 días). No
obstante, determinó que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento
hallaba sustento en la forma en que fue cometido el delito, los antecedentes penales
que registraba el investigado y el peligro que representaba para la sociedad y para
la víctima. Dicha solicitud fue acogida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de San José del Guaviare con función de Control de Garantías el 7 de mayo de 2012,
al estimar que se acogía a los requisitos de ley. Esa decisión quedó ejecutoriada
porque el afectado no la impugnó.

El Tribunal encontró que la medida de aseguramiento resultó legal, razonable y
proporcional, puesto que cumplió con los requisitos previstos en el Código de
Procedimiento Penal vigente (artículo 308 de la Ley 906 de 2004), y encontraba
respaldo en la denuncia presentada por Álvaro Guzmán Marín, las entrevistas
practicadas al denunciante y a Elvira Marín Guzmán, los informes técnicos médico

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legales de lesiones no fatales practicados al denunciante por Medicina Legal y los
antecedentes penales del señor Jiménez Torres. Dichas actuaciones permitieron la
identificación plena del detenido al momento de la captura.
De ahí, aunque el proceso penal hubiera concluido por preclusión, el material
probatorio recaudado era suficiente para que la medida de aseguramiento fuera
decretada, en tanto su imposición no requería certeza absoluta sino una inferencia
razonable de la autoría o participación del procesado en los hechos que motivaron
la investigación. Por ende, el daño no podía ser calificado como antijurídico, dado
que el afectado tenía el deber jurídico de soportarlo.

Añadió que resultaba improcedente valorar unas pruebas documentales aportadas
por la parte actora en los alegatos de segunda instancia, por cuanto dichos
documentos no obraron en la actuación penal. Por último, desvirtuó la aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, pues, la absolución no se
produjo por la acreditación de la inocencia material del demandante, sino en virtud
de la preclusión de la investigación.

La Sala advierte que los argumentos presentados por los solicitantes no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por los jueces de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal. Esto, pues el juez natural del asunto, de
conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el
acervo probatorio aportado, consideró que la privación de la libertad de José Didier
Jiménez Torres se ajustó a derecho y fue levantada por preclusión.

Es así que, atendiendo los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala
estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al
expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las

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razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el
Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela
de José Didier Jiménez Torres, Dayber Stiven Jiménez Solaque, María Luz Linda
Urrea Urrea, Mayerli Urrea Urrea, Edilma Jiménez Torres, Jeisson Alexander
González Jiménez, Yulieth Daniela González Jiménez, Jairo Esteban González
Jiménez, Romelia Jiménez Torres, Wilmer González Jiménez, Tilcia Jiménez Torres,
Esperanza Jiménez Torres y Maurix Jiménez Torres, así como las menores J.L.J.U.
y C.J.L., contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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