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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06475-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06475-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Camilo Marcelo Triana Beltrán, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06475-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06475-00
Accionante: CAMILO MARCELO TRIANA BELTRÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por desvinculación de cargo de libre
nombramiento y remoción. Defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente judicial. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Camilo Marcelo Triana Beltrán, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de octubre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil
y a la vida, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo en condiciones
dignas y justas, mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la vida del Doctor
CAMILO MARCELO TRIANA BELTRAN identificado con la cédula de ciudadanía
No.12.240.644 expedida en Pitalito (Huila).

2. En consecuencia, de la anterior declaración, se deje sin valor ni efectos jurídicos, la
sentencia del 10 de abril de 20251, notificada el 29 de abril del año en curso, proferida por
el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por CAMILO MARCELO TRIANA BELTRAN
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional dentro del radicado
No.73001333300220190008701, por presentarse un defecto fáctico y desconociendo del
precedente vertical y horizontal.

3. Así mismo, se ordene a la accionada, dentro del tiempo que prudencialmente fije la H.
Corporación, emitir decisión de reemplazo, en la que se tenga en cuenta el precedente
jurisprudencial decantado por el H. Consejo de Estado entre otras:

• Sentencia del 04 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-25-000-2012-00189-01(4527-16),
C.P. Dr. William Hernández Gómez.
• Sentencia del 20 de enero de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01011-01(AC), C.P. Dra.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
• Sentencia del 06 de julio de 2024, Rad.41001233300020190028902(1543-2021), C.P. Dr.
Cesar Palomino Cortés.
• El precedente horizontal trazado en caso idéntico del Doctor JOSÉ EDWARD ÁLVAREZ
MARÍN Rad. 73001333300820190003501 —colega del accionante en la misma Junta,
retirado el mismo día y bajo los mismos supuestos fácticos y probatorios, donde fui el
apoderado, utilizando la misma demanda, fundamentos y pruebas que las del Dr. CAMILO

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Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

MARCELO TRIANA BELTRÁN—, la misma Corporación judicial, en sentencia del 19 de
junio de 20252, sí amparó sus derechos y ordenó el reintegro”.

2. Hechos

El accionante relató que el director de Sanidad de la Policía Nacional por medio de
la Resolución núm. 476 de 23 de agosto de 2013, lo nombró en el empleo
denominado Servidor Misional de Sanidad Policial, Código 2-2 Grado 21 de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional1. Luego, fue nombrado y posesionado
en el cargo Servidor Misional en Sanidad Policial, código 2-2, grado 25.

Afirmó que mediante Resolución núm. 320 de 9 de agosto de 2018, el director de
Sanidad de la Policía Nacional declaró insubsistente el nombramiento del señor
Camilo Marcelo Triana Beltrán, “bajo el argumento de una supuesta pérdida de
confianza y la necesidad de mejorar el servicio”, pues a raíz de unas auditorias que
se realizaron a varias actas elaboradas por la junta integrada por el señor Triana
Beltrán se evidenciaron inconsistencias e irregularidades.

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se anulara la Resolución num. 320 de 9 de agosto
de 2018 y que, a título de restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro al
cargo que desempeñaba junto con el pago de los salarios y prestaciones dejadas
de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado.

Indicó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué en sentencia
de 7 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el
acto administrativo demandado se fundamentó en el mejoramiento del servicio,
situación que no fue desvirtuada, en tanto se evidenció que se habían presentado
irregularidades en varias actas que fueron auditadas.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 10 de abril de
2025, la confirmó íntegramente, bajo el argumento de que el demandante no
cumplió con la carga probatoria de demostrar los vicios que le endilgó al acto
administrativo de desvinculación, además que no demostró que la declaratoria de
insubsistencia adoptada por la entidad demandada en ejercicio de la facultad
discrecional que dio lugar a su retiro de la entidad fuera por algo distinto que el
mejoramiento del servicio.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con requisitos generales de
procedencia, pues i) la sentencia objetada no es susceptible de apelación y el
recurso extraordinario de revisión no es procedente, ii) se presentó cinco (5) meses
después del pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima, iii) la
irregularidad que se alega es de naturaleza sustancial, dado que se subvaloraron
las pruebas, además que en un caso similar se aplicó una interpretación distinta,
iv) se identificaron los hechos que vulneraron sus derechos fundamentales y v) no
se ataca una providencia dictada en otra acción de tutela.

Afirmó que el Tribunal incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
judicial, porque en un caso similar la misma corporación judicial en sentencia de
19 de junio de 2025, accedió a las pretensiones y se ordenó el reintegro del médico

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Cargo de libre nombramiento y remoción.
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desvinculado. Asimismo, el fallo de 4 de marzo de 2021 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se indicó que el acto
administrativo de insubsistencia de un nombramiento de libre nombramiento y
remoción no requiere motivación expresa, pues se considera que los motivos
obedecen al mejoramiento del servicio, lo que fue desvirtuado en el caso del señor
Triana Beltrán.

Agregó que se omitieron las “múltiples sentencias judiciales que han declarado la
nulidad de los actos con los que la Policía Nacional revocó los dictámenes de la
Junta del Tolima, validando así la actuación del accionante”.

De otro lado, sostuvo que en la sentencia de 10 de abril de 2025 se configuró un
defecto fáctico, al realizar una valoración precaria de las pruebas y no ponderar la
contradicción entre las felicitaciones recientes y el retiro.

Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada le restó valor probatorio a
los casos auditados, los cuales era los que se pretendían modificar de manera
oficiosa sin el consentimiento de los ciudadanos (Henry Alirio Quintero, Juan Carlos
Duarte Gutiérrez, Robert Humberto Quintana Murcia, Javier Danilo García García,
Jhonatan Smith Hernández González, Eduardo Alfredo Urueña López, Alejandro
Olivar Payanene, Jhon Fredy Gómez Romero, Yeison Eduardo Padilla Barrero,
Maycol Alfredo Guluma Arevalo, Leiver Giovanni Navarro Agudelo, Orlando Yaid
Feria Mosquera, Franky Fabian Beltrán Sepulveda, Jhon Jairo Aragon Rodríguez,
Carlos Andres Ospina González y José Edward Álvarez Marín).

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada.
Asimismo, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, al Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional y a los señores Ricardo Rivas Arenas y
Rodrigo Galindo Acosta, como terceros interesados en el resultado del proceso. De
igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios no. 156677 a 156682 de
22 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
Asimismo, se publicó un aviso en la página web del Consejo de Estado dirigido a
los señores Ricardo Rivas Arenas y Rodrigo Galindo Acosta2.
5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima

El magistrado ponente pidió que negaran las pretensiones de la acción de tutela,
en razón a que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

Indicó que no es posible cuestionar a través de la acción de tutela la legalidad de
la providencia objetada, pues no se cumple con la ruptura abierta y grosera del
ordenamiento jurídico, toda vez que la fundamentación de la providencia no es
producto del mero capricho del Tribunal.

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SAMAI:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202506475001100103.
Índice 00016.
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5.2. Respuesta de la Policía Nacional

El jefe en encargo de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima pidió que se
investigara al apoderado del accionante por no cumplir con su carga procesal,
porque “el Grupo de Medicina Laboral de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima
no hace parte alguna del proceso promovido por la parte accionante y que es de
conocimiento de la alta corporación”.

5.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué y los señores
Ricardo Rivas Arenas y Rodrigo Galindo Acosta, guardaron silencio a pesar de
que se realizaron todos los trámites correspondientes a la notificación del auto
admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida del
accionante.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

3
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4

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Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión
objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en
el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus
objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces,
que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos
que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Camilo Marcelo Triana Beltrán, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, considera que el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida, con
la sentencia de 10 de abril de 2025, en la que se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones tendientes a anular el acto administrativo que
declaró insubsistente su nombramiento en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la relevancia constitucional, así:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el ahora
demandante presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se anulara la Resolución núm. 320 de 9 de agosto

6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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de 2018 y que, a título de restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro al
cargo que desempeñaba junto con el pago de salarios y prestaciones durante el
tiempo que fue desvinculado.

Lo anterior con sustento en el hecho de que fue condecorado y felicitado durante
su trayectoria en la entidad, además que los integrantes de la Junta Médico Laboral
del Tolima, de la cual hacía parte, fueron designados los personajes del mes por
ser la mejor a nivel nacional, sin embargo, fue declarado insubsistente, pese a que
la facultad discrecional debe ser para mejorar el servicio y no para desmejorar.

Aseguró que se había configurado una falsa motivación y una expedición irregular
del acto administrativo, en tanto su desvinculación obedeció a que no accedió a la
solicitud del director de la Dirección de Sanidad de modificar algunas actas de Junta
Médico Laboral de manera oficiosa sin el consentimiento de las personas, con el fin
de que se indicara que las patologías calificadas no tenían nexo con el servicio. Por
lo anterior mencionó varios casos en los que se le solicitó se modificaran las actas.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué en sentencia de 7 de
mayo de 2021, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto
administrativo demandado se fundamentó en el mejoramiento del servicio, situación
que no fue desvirtuada. Mencionó las funciones y finalidad de la Junta Médico
Laboral, para lo cual estableció que les corresponde valorar la disminución de la
capacidad laboral de los servidores.

Luego, mencionó la auditoría de los casos reportados como anómalos que fueron
expedidos por el grupo de la Junta Médico Laboral del Tolima para el año 2017, de
la cual concluyó que “(i) las patologías calificadas fueron padecidas con
posterioridad al retiro de la institución y no fueron padecidas durante la actividad
laboral, por ende no debieron haber generado disminución en la capacidad laboral,
ni una asignación de índice lesional, (ii) Calificación de patologías sin soporte en
historia clínica de red propia o externa contratada, (iii) Ausencia de apoyo por parte
de los jurídicos del área de sanidad Tolima, por lo que se nota la mala interpretación
en las acciones a realizar frente a los fallos judiciales”.
Asimismo, se refirió al Oficio num. 2018-053037 DISAN de 1 de julio de 2018,
expedido por la Dirección de Sanidad, Grupo de Procedimientos Médicos
Laborales, dirigido al jefe del Área de Sanidad Tolima en el cual se observa que por
requerimientos realizados por el Grupo Pensionados de la Dirección General de la
Policía Nacional, se realizó la revisión de las juntas médico laborales realizadas a
48 uniformados por el grupo médico laboral del Área de Sanidad del Tolima, de las
cuales se presentaron anomalías en 6 juntas médico laboral que fueron realizadas
previas al retiro y la calificación de no aptitud sin reubicación laboral generaron el
retiro de la institución, además que se realizó la calificación de patologías por salud
mental sin soporte clínico de padecimientos. Igualmente, se realizaron 18 juntas,
donde el lugar del domicilio de los pacientes registrados era diferente a la
jurisdicción de dicha junta.
En conclusión, el Juzgado al analizar el material probatorio evidenció que no puede
atribuírsele al jefe del Área de Sanidad del Tolima una postura caprichosa y
contraria a la ley respecto a la expedición del acto administrativo que declaró la
insubsistencia del nombramiento del demandante, pues la razón fundamental para
la expedición del mismo, se hizo por la necesidad o en razón del mejoramiento del
servicio, por lo que la resolución de desvinculación fue debidamente motivada en
hechos que fueron demostrados y que devienen de una serie de irregularidades
que se estaban presentando al interior del grupo de la Junta Médica Laboral del
Tolima.

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El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En primer
lugar, pidió la suspensión por prejudicialidad porque en varios juzgados del país se
adelantaban diferentes demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos administrativos que profirió el director de sanidad en los que revocó lo
resuelto por Juntas Médico Laboral.
En segundo lugar, explicó la figura de la discrecionalidad e hizo alusión a la
sentencia de 4 de marzo de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
De otro lado, insistió en las felicitaciones durante la trayectoria en la entidad
demandada. Asimismo, se refirió a los casos auditados, los que fueron objeto de
estudio en diferentes sentencias (Henry Alirio Quintero, Juan Carlos Duarte
Gutiérrez, Robert Humberto Quintana Murcia, Javier Danilo García García,
Jhonatan Smith Hernández González, Eduardo Alfredo Urueña López y Alejandro
Olivar Payanene).
Señaló que “del conjunto de pruebas que obran en el proceso se puede colegir sin
hesitación alguna, que la desvinculación de mi representado ocurrió como se afirmó
en la demanda, con abuso de poder al negarse a modificar ilegalmente los
dictámenes médicos de la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional del Tolima,
cuando como quedó visto, fueron autorizadas y/o solicitadas por la Dirección de
Sanidad de la Institución, con los pasos previos o instancias ya cumplidos por dicha
Dirección como los estudios, exámenes, valoraciones, interconsultas, diagnósticos,
historias clínicas, documentos todos que se ponen a disposición de la Junta Médico
Laboral de la que formaba parte el actor y con base en las cuales se fundamenta el
dictamen médico laboral, sin que pueda endilgársele responsabilidad alguna si los
citados documentos presentaban algún tipo de inconsistencia no detectable a
simple vista”.
El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 10 de abril de 2025, confirmó
la decisión de primera instancia. Para lo cual, en una cuestión previa, resolvió negar
la suspensión del proceso por no cumplir con los presupuestos del artículo 161 del
Código General del Proceso.
A continuación, se refirió al material probatorio allegado en debida forma al proceso,
como la solicitud del jefe del Grupo de Pensiones de la Policía Nacional, en la que
se pidió que se revisaran unas actas de la Junta Médico Laboral, con el fin de
establecer si “las patologías valoradas al personal que se relaciona a continuación
tienen nexo causal con el servicio policial que prestaron cuando se encontraban en
servicio o si por el contrario las mismas corresponde a patologías y/o secuelas
presentadas con posterioridad al retiro”, procediéndose a pedir que se revisaran y
aclararan unas 49 actas de ese órgano en lo que concernía a la junta del Tolima.
El Tribunal encontró que de las pruebas se evidenciaron unas inconsistencias y se
expusieron unos hallazgos en esas actas, como el hecho de que algunos casos no
se analizaron de forma integral el estado de salud, “que la patología mental
calificada no cuenta con soporte clínico paraclínico y de observación terapéutica
suficiente, que durante el desarrollo del acta de JML se escribieron 3 diagnósticos
mentales diferentes y que en el acta de JML no se tuvo en cuenta las valoraciones
médicas especializadas de endocrinología”.
Igualmente, se indicó que a un patrullero se le asignó una disminución de la
capacidad laboral de 81.90% “donde las patologías calificadas no presentan
soporte clínico ni de registro en historia clínica, ni en el expediente laboral que
sustenten el padecimiento de estas durante la actividad policial, por tal razón se
debió haber asignado un DCL actual 0% y total 0%”.
Sostuvo que el demandante no demostró la coerción y presión, pues de las pruebas
documentales se tiene que los médicos que conformaban la Junta Médico Laboral
del Tolima procedieron a corregir algunos de los casos de los cuales se les solicitó
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la revisión y otros no, de manera que su posición profesional sobre estos fue
ejercida de forma libre.
Finalmente, concluyó que accionante no cumplió con la carga probatoria de
demostrar los vicios que le endilgó al acto administrativo de desvinculación, además
que no probó que la declaratoria de insubsistencia adoptada por la entidad
demandada en ejercicio de la facultad discrecional que dio lugar a su retiro de la
entidad fuera por algo distinto que el mejoramiento del servicio.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues pretende utilizar el
mecanismo constitucional como una tercera instancia, con el fin de que se anule el
acto administrativo de desvinculación y se ordene su reintegro al cargo.
Al estudiar los argumentos planteados por los accionantes, se observa que su
reproche se limita a la configuración de los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico, toda vez que la autoridad judicial accionada desconoció
las sentencias de 19 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo del Tolima y de 4
de marzo de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, además que reprochó lo relacionado con la valoración probatoria que
demostraba que la desvinculación obedeció a que no accedió a la presión que
realizó el jefe de la Dirección de Sanidad tendiente a modificar unilateralmente unas
actas de la Junta Médico Laboral del Tolima.
Al respecto, la Sala advierte que resulta improcedente solicitar la aplicación de una
sentencia -19 de junio de 2025- que se profirió con posterioridad a la providencia
que se reprocha -10 de abril de 20257-.
Igualmente, se observa que los demás reparos planteados en la solicitud de amparo
fueron objeto de pronunciamiento por el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, quienes a partir de una
valoración en conjunto del material probatorio que obra en el proceso ordinario y en
atención del marco normativo aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado,
precisaron que el acto administrativo de desvinculación del accionante se sustentó
en el mejoramiento del servicio, toda vez que se evidenciaron irregularidades e
inconsistencias en algunas actas de la Junta Médico Laboral del Tolima, aunado al
hecho de que no se demostró la coerción por parte.
Igualmente, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en la demanda y en el recurso de apelación, con los argumentos que
se plantean en el escrito de tutela, por parte del accionante.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20198, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9 (Negrilla y
resalta de la Sala)
10
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
7
Notificada el 10 de mayo de 2025 por medios electrónicos.
8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00
Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida, en este caso, a la
manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate
relacionado con la anulación del acto administrativo que declaró insubsistente su
nombramiento en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y así obtener su
reintegro al cargo.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Camilo Marcelo Triana Beltrán, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

9

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