Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06480-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06480-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06480-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06480-01
Demandante ISADORA PATRICIA CAÑAVERA BUELVAS
Demandado JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO Y SALA
QUINTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SUCRE
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Presunción de
veracidad: alcance. Medio de control de reparación directa. Rechazo
de la demanda: caducidad de la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Isadora Patricia Cañavera Buelvas
contra el fallo de tutela del 18 de noviembre de 2025, proferido por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Isadora
Patricia Cañavera Buelvas en contra del Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo y del
Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de octubre de 20251, la señora Isadora Patricia Cañavera Buelvas promovió
acción de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo y la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre alegando la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de los autos proferidos el 30 de mayo y 24 de septiembre de
2025, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 70001-
33-33-008-2025-00018-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic para toda la cita)
«1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de
las garantías Constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia para el accionante.
2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o similares
pronunciamientos.
a.-) Que se le garantice a la accionante el ejercicio y goce del debido proceso (defensa y
contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29 de Constitución Política de
Colombia de 1991, el Acceso a la justicia pregonado en el artículo 2o. del código general
del proceso, el derecho a someter a debate probatorio los hechos, pretensiones, y el
DAÑO, que datan de la fecha 24 de marzo de 2023, esto es, contratar al abogado
CARLOS FABIAN ROMERO PEREZ, […] con la finalidad de realizar el cobro de la
precitada sentencia judicial, la cual le fue pagada al mentado togado mediante
RESOLUCION No. 0188 de 2023 de fecha 11 de abril de 2023, y pagarle honorarios
1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índices 1 y 2).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06480-01
Demandante: Isadora Patricia Cañavera Buelvas
profesionales por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000), sin
tener la obligación legal de soportarlo […], y cese la vía de hecho por la ostensible
desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la
subjetividad de la accionada.
b.-) Que se declare la nulidad de las providencias acusadas y proferidas dentro del MEDIO
DE CONTROL ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA, de Radicación: No. 70001-33-33-
008-2025-00018-00, Demandante: ISADORA PATRICIA CAÑAVERA BUELVAS Y
OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ (SUCRE), respectivamente
por las accionadas, por quebrantar el debido proceso ( defensa y contradicción de la
prueba), pregonado en el artículo 29 de Constitución Política de Colombia de 1991, y el
Acceso a la justicia pregonado en el artículo 2o. del código general del proceso, y el
derecho a someter a debate probatorio los hechos, pretensiones, y el DAÑO, que datan
de la fecha 24 de marzo de 2023, esto es, contratar al abogado CARLOS FABIAN
ROMERO PEREZ […], con la finalidad de realizar el cobro de la precitada sentencia
judicial, la cual le fue pagada al mentado togado mediante RESOLUCION No. 0188 de
2023 de fecha 11 de abril de 2023, y pagarle honorarios profesionales por valor de UN
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000), sin tener la obligación legal de
soportarlo […], y cese la vía de hecho por la ostensible desviación del sendero normado,
sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad de la accionada, vía de
hecho adoptada al interior del proceso precitado con una ostensible desviación del
sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad de la
accionada.
c.-) Que se le ordene a la accionada JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SINCELEJO, admitir el MEDIO DE CONTROL ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA,
de Radicación: No. 70001-33-33-008-2025-00018-00, Demandante: ISADORA
PATRICIA CAÑAVERA BUELVAS Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE TOLÚ (SUCRE).»2
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En los antecedentes y anexos de la acción de tutela se indica que la señora
Isadora Patricia Cañavera Buelvas y otros promovieron demanda de
reparación directa contra el Municipio de Santiago de Tolú, para que se
declarara su responsabilidad patrimonial con ocasión al incumplimiento de la
sentencia del 22 de mayo de 2009, proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Sincelejo en la que se ordenó la indemnización moratoria a
favor de la demandante y que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Sucre en sentencia del 21 de noviembre de 2013.
Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condenara a la entidad
demandada al pago de perjuicios patrimoniales con ocasión a la remuneración
de los servicios de los abogados que gestionaron el cobro de la sentencia; así
como a de perjuicios morales y de daño a la vida de relación, estos dos por la
suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Es pertinente agregar que en los hechos de la demanda3 de reparación directa
se lee que el 24 de mayo de 2014, el apoderado de los beneficiarios de la
sentencia, el señor Hernán Rafael Torres Hernández, solicitó al municipio el
cumplimiento de la sentencia; sin embargo, la entidad no realizó el pago dentro
de los términos legales. Por ello, el mismo abogado promovió proceso
ejecutivo en el año 2016 para obtener el pago de la condena.
Se lee que, posteriormente, el apoderado renunció al poder por motivos de
salud y asumió la representación judicial el abogado Carlos Fabián Romero,
quien radicó una nueva solicitud de cumplimiento y pago ante el municipio el
24 de marzo de 2023 (hecho 16 de la demanda). Como consecuencia de lo
anterior, mediante Resolución 0188 del 11 de abril de 2023, el Municipio de
2
Páginas 8 y 9 del escrito de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
3
Expediente digitalizado del control de reparación directa nro. 70-001-33-33008-2025-00018-00. Archivo denominado
«01Demanda». Samai en primera instancia, índice 10.
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Santiago de Tolú pagó la totalidad de la condena y acordó la terminación del
proceso ejecutivo.
2.2. En auto del 30 de mayo de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de
Sincelejo rechazó de plano la demanda porque encontró configurada la
caducidad del medio de control. Argumentó que la providencia judicial alegada
como incumplida quedó ejecutoriada el 19 de diciembre de 2013 por lo que
prestó mérito ejecutivo, 18 meses después, el 19 de junio de 2015.
Establecido lo anterior, explicó que el cómputo de caducidad del medio de
control inició el 19 de junio de 2015 y feneció el 19 de junio de 2017; sin
embargo, la demanda se radicó el 12 de febrero de 2025, cuando ya había
fenecido el término legal. Manifestó que correspondía a los actores promover
la demanda en ese lapso, incluso de manera concomitante con la demanda
ejecutiva.
2.3. Los demandantes presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación
contra el auto de rechazo. Sostuvieron que el daño alegado consistió en la
contratación de servicios de profesionales del derecho para que se encargaran
del cobro de la sentencia.
2.4. En proveído del 27 de agosto de 2025, el juez decidió no reponer el auto que
rechazó la demanda y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo de Sucre. Esta autoridad judicial confirmó la decisión de
rechazo de la demanda en auto del 24 de septiembre de 2025.
Como fundamento de lo anterior, el tribunal accionado advirtió que debían
distinguirse los conceptos de hecho dañoso, daño y perjuicio. A partir de esa
distinción, indicó que los honorarios pagados a los profesionales del derecho
constituyen el perjuicio en la modalidad de daño emergente, pero no
representan un daño en sí mismo. Por lo que, indicó que no era dable
equiparar la omisión que se atribuía a la entidad territorial con el perjuicio de
ella derivado, pues implicaría confundir la causa del daño con sus efectos.
3. Fundamentos de la acción
La señora Isadora Patricia Cañavera Buelvas sostuvo que la decisión de declarar
la caducidad del medio de control vulnera su derecho fundamental al debido
proceso, comoquiera que los jueces ordinarios de la causa desconocieron ciertos
hechos, pretensiones y daños ocurridos el 24 de marzo de 2023, fecha en la que
contrató al abogado Carlos Romero para gestionar el cobro de la sentencia del 22
de mayo de 2009.
Agregó que el asunto analizado tiene relevancia constitucional porque da cuenta de
la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y de la denegación de
justicia que sufrió. Además, manifestó que la acción de amparo cumple con los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad porque se interpuso en un plazo
razonable y agotó los mecanismos judiciales a disposición para cuestionar la
decisión de rechazo de la demanda. Finalmente, manifestó que la tutela no se dirige
contra una providencia de tutela.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El despacho ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Isadora Patricia Cañavera Buelvas contra el Juzgado
Octavo Administrativo de Sincelejo y la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre. También vinculó en calidad de terceros con interés
al municipio de Tolú y a los señores Farrah Cañavera Buelvas, Glenda Winner
Cañavera Buelvas, Teddy Cañavera Buelvas, Miguel Alejandro Flórez
Cañavera y Elvira Rosa Buelvas de Cañavera.
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Además, ofició al juzgado que conoció el proceso en primera instancia para
que remitiera, en medio digital, el expediente del proceso ordinario 70001-33-
33-008-2025-00018-00/01.
4.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, por conducto del titular del
despacho, hizo un recuento de las principales actuaciones del proceso
ordinario analizado y, después de eso, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de vulneración del
derecho al debido proceso de la señora Isadora Patricia Cañavera Buelvas.
4.3. El Municipio de Tolú, por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la alcaldía, intervino de manera tardía en la acción de tutela. Solicitó que se
declare la improcedencia de la acción porque se la toma como una instancia
adicional para obtener un resultado distinto al definido en el curso del proceso
ordinario por los jueces naturales de la causa.
De manera subsidiaria, pidió que se niegue la acción de tutela debido a que
no evidencia la concreción de alguna de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ni de la
vulneración de los derechos de los que es titular la demandante.
4.4. Ni el Tribunal Administrativo de Sucre 4 ni los demás vinculados como
terceros5 con interés se pronunciaron frente a la acción de tutela, a pesar de
que fueron debidamente notificados de su existencia
5. Providencia impugnada
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de tutela
del 18 de noviembre de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela porque
consideró que las providencias que rechazaron la demanda por caducidad del
medio de control no incurrieron en defecto sustantivo.
La Sección Segunda consideró que los autos acusados evidencian un razonamiento
válido del marco jurídico aplicable en armonía con los hechos y pretensiones de la
demanda.
Expuso que la posterior contratación de un profesional del derecho para gestionar
el cumplimiento de la sentencia del 22 de mayo de 2009, es un perjuicio derivado
del daño antijurídico alegado en la demanda, pero no tiene la aptitud de modificar
el inicio del cómputo de la caducidad de la acción.
Agregó que la interpretación jurídica sostenida por los jueces ordinarios de la causa
se ajusta a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y no
refleja un análisis arbitrario o caprichoso que atente contra los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
6. Impugnación
La señora Isadora Patricia Cañavera Buelvas impugnó la sentencia de tutela de
primera instancia. Inició reprochando que no se hubiese aplicado el principio de
veracidad ante la omisión de respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre.
Recordó que cuando la autoridad requerida no rinde informe frente a la acción de
amparo, el juez debe tener por ciertos los hechos de la tutela y proceder a resolver
de plano.
4
El auto admisorio de la tutela se notificó al Tribunal Administrativo de Sucre en las siguientes direcciones de correo
electrónico: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, des01tadmsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
es03tadmsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, des04tadmsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Las constancias de notificación obran en Samai, índice 7.
5
Los terceros con interés fueron notificados a las direcciones de correo electrónico que informó la accionante y los soportes
de la gestión obran en el índice 11 de Samai.
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De otro lado, lamentó que en el fallo de tutela se afirmara la razonabilidad de las
providencias judiciales acusadas e hizo una exposición del núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso y de sus tres facetas: derecho de
contradicción y defensa, impulso y trámite de los procesos conforme a las reglas de
cada juicio y juez competente. En esa línea destacó que el derecho procesal no se
agota en las formas, sino que persigue la justicia material en aplicación de las
garantías del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la impugnante solicitó:
(sic para toda la cita)
«Suplico a usted Honorable magistrado que se tengan por cierto los hechos y las razones
dilucidadas en esta acción de tutela por lo que le solicito de manera respetuosa:
PRIMERO: Que se revoque la sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil
veinticinco (2025), notificada por correo electrónico en la fecha 19 de diciembre de dos mil
veinticinco (2025) proferida dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Como consecuencia del punto anterior que se amparen los derechos
fundamentales deprecados por el accionante.» (subraya la Sala)
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
3.1. En el escrito de impugnación se expone un desacuerdo claro con la sentencia
de tutela de primera instancia, al reprocharse la omisión de aplicación de la
presunción de veracidad a favor de la parte accionante. Sin embargo, la
segunda consideración de la impugnante carece de carga argumentativa,
pues la accionante se limitó a manifestar que «se duele» de la afirmación
contenida en el fallo de primera instancia relativa a la razonabilidad de la
interpretación realizada por los jueces ordinarios sobre el artículo 164.2, literal
i) del CPACA, sin exponer razones concretas de inconformidad ni desarrollar
argumentos dirigidos a controvertir esa aseveración.
En efecto, la impugnante únicamente expuso, desde una perspectiva
dogmática, el alcance del derecho fundamental al debido proceso y, acto
seguido, solicitó que se tengan por ciertos los hechos y razones expuestos en
el escrito de tutela y que, en consecuencia, se conceda al amparo.
Así las cosas, esta Sala entiende que el único argumento de disenso
realmente expuesto contra la sentencia de tutela de primera instancia se
refiere a la presunta omisión de aplicación de la presunción de veracidad; por
tanto, el análisis se abordará en esos términos.
3.2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala determinar si debió aplicarse la
presunción de veracidad ante la falta de respuesta del Tribunal Administrativo
de Sucre y, en consecuencia, si deben tenerse por ciertos «los hechos y las
razones» expuestos en la acción de tutela y acceder al amparo de los derechos
fundamentales invocados por la señora Isadora Patricia Cañavera Buelvas.
4. Alcance de la presunción de veracidad en acciones de tutela y su
aplicación en el caso concreto
4.1. La accionante sostiene que, ante la omisión de respuesta a la acción de tutela
por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, debió aplicarse la presunción
de veracidad y tenerse por ciertos los hechos y argumentos expuestos en la
demanda de amparo. A partir de lo anterior, solicitó al juez de la impugnación
revocar la sentencia de tutela de primera instancia y, en su lugar, acceder al
amparo de los derechos fundamentales de la señora Cañavera Buelvas.
4.2. Antes de resolver este planteamiento, conviene recordar la consagración
normativa de dicha presunción y el alcance que le ha atribuido la Corte
Constitucional. La presunción de veracidad se encuentra prevista en el artículo
20 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos:
«Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que
el juez estime necesaria otra averiguación previa.»
La jurisprudencia constitucional 10 ha precisado que esta figura cumple dos
finalidades principales: (i) sancionar la negligencia de la autoridad accionada
frente a la interposición de la acción de tutela y (ii) garantizar la protección
efectiva de los derechos fundamentales en armonía con la naturaleza sumaria
de la acción de amparo. También se ha señalado que su aplicación es más
10
Corte Constitucional. Sentencia T-548 de 2023.
6
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estricta cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional o se encuentra en situación de subordinación, supuesto en el
cual debe atenderse a la facilidad probatoria de las partes.
En la sentencia T-123 de 2024, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional advirtió que el juez de tutela no debe aplicar de manera
automática esa presunción para dar por ciertas todas las afirmaciones de la
demanda, sino que debe valorar los elementos de prueba disponibles que le
permitan alcanzar un grado suficiente de convicción sobre el marco fáctico y
jurídico de la controversia
En igual sentido, la Sala Primera de Revisión de la Corte, en sentencia T-510
de 2020, precisó:
«40. En estos términos, la presunción de veracidad constituye “un instrumento para sancionar el
desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular” durante el trámite de tutela. Dicho
desinterés o negligencia puede predicarse respecto de la omisión de rendir los informes
solicitados por el juez o “cuando el juez ordena al demandado pronunciarse sobre los hechos de la
acción y, sin embargo, este guarda silencio”. Asimismo, esta presunción “puede aplicarse en dos
escenarios” […]
41. Sin embargo, es necesario hacer tres precisiones en relación con el alcance de esta
presunción. Primero, la presunción de veracidad “solo puede referirse a los ‘hechos de la
demanda’”. Esta presunción “únicamente cubre los supuestos fácticos que cimientan la vulneración de
derechos fundamentales invocados, ya sea a título de acción u omisión”. Bajo ningún supuesto
“pueden presumirse como ciertas otras cuestiones, entre ellas las de índole jurídica”
42. Segundo, en algunos casos, la presunción de veracidad conlleva la “inversión de la carga
de la prueba”. Esta Corte ha señalado que, “en materia de tutela (…), ‘el que puede probar debe
probar’, lo cual redistribuye la carga probatoria en beneficio de la protección de los derechos” […]
43. Por último, la presunción de veracidad no exime al juez del deber de decretar pruebas de
oficio. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el “decreto oficioso de pruebas no es una
mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal”».
4.3. Al descender este marco jurídico al caso concreto, la Sala advierte que no hay
lugar a aplicar la presunción de veracidad en el sentido pretendido por la
accionante. Si bien el tribunal accionado no rindió informe, lo cierto es que esta
Sala tiene claridad sobre los hechos que sustentan la acción de tutela en tanto
que refieren a las actuaciones surtidas en un proceso judicial, cuya trazabilidad
es de consulta pública y verificable. Además, la propia accionante allegó las
providencias judiciales que considera vulneradoras de sus derechos
fundamentales, de manera que obra en el expediente información suficiente
para surtir el análisis del caso.
En ese contexto, no resulta necesario acudir a la mencionada presunción para
establecer la verdad de los hechos de la acción de tutela, pues estos han sido
objeto de corroboración a partir de los medios de prueba aportados por la
accionante 11 y de las piezas procesales allegadas por el Juzgado Octavo
Administrativo de Sincelejo12.
Ahora, en cuanto a los argumentos y afirmaciones que sustentan la solicitud
de amparo, debe recordarse que, conforme con la jurisprudencia
constitucional reseñada, la presunción de veracidad únicamente recae sobre
los hechos de la demanda y no sobre valoraciones o conclusiones jurídicas
expuestas para sustentar un eventual yerro en las providencias acusadas. En
consecuencia, no es posible revocar la sentencia de primera instancia con
fundamento exclusivo en dicha presunción, pues la solicitud de la accionante
en realidad revela un entendimiento equivocado de esta figura procesal.
11
Samai en primera instancia, índice 2.
12
Samai en primera instancia, índice 10.
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Demandante: Isadora Patricia Cañavera Buelvas
De acuerdo con lo anterior, la presunción de veracidad, en el caso particular,
no tiene la entidad suficiente para controvertir la argumentación desarrollada
por el juez de tutela de primera instancia.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, y considerando que la impugnación contra la decisión
de tutela de primera instancia del 18 de noviembre de 2025, se sustentó únicamente
en el planteamiento relacionado con la aplicación de la presunción de veracidad,
por la omisión de la autoridad judicial accionada de informe en el trámite de la
presente acción constitucional, y dicho cargo fue desestimado, se confirmará la
sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 18 de noviembre de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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