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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06489-00

Fecha
10 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06489-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Lilibeth Murillo Tovar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no impugnarse la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06489-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06489-00
Demandante LILIBETH MURILLO TOVAR
Demandado JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Requisito de
inmediatez. Proceso ejecutivo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por Lilibeth Murillo Tovar, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
1983 de 2017.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 14 de octubre de 20251, por intermedio de apoderado judicial, la señora Lilibeth
Murillo Tovar, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de
Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la expedición de los autos interlocutorios No. 1160 del 5 de
agosto de 2022 y No. 0819 del 26 de septiembre de 2024, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado 27001-33-33-004-2009-00542-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de Justicia la señora LILLIBETH MURILLO TOVAR, identificada con la cédula
de ciudadanía número 1.045.488.756 expedida en Turbo, y en consecuencia ordenar:
SEGUNDA: Dejar sin efectos las providencias interlocutorias números 232 del 25 de febrero
de 2020, 1160 del 5 de agosto de 2022 emitidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Quibdó y el interlocutorio número 0819 del 26 de septiembre de 2024 emitido por
el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó.
TERCERA: Ordenar, que se decrete la medida cautelar solicitada sobre el impuesto predial
indígena»2.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Lilibeth Murillo Tovar y otro iniciaron un proceso ejecutivo en contra
del municipio de Unguía, con sustento en las actas de conciliación No. 050 y
051 del 1° de agosto de 2008.
2.2. Al proceso se le asignó el radicado 27001-13-33-004-2009-00542-00 y a través
de providencia 080 del 23 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Sexto

1
SAMAI, índice 2.
2
Páginas 5 del escrito de tutela. SAMAI, índice No.2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00
Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Administrativo de Descongestión de Quibdó, se ordenó seguir adelante con la
ejecución y por auto del 18 de marzo de 2014 se aprobó la liquidación del
crédito.
2.3. La ejecutante presentó un memorial con una solicitud de embargo del
impuesto predial unificado, predial indígena y el de industria y comercio que
recauda el ejecutado y adjuntó una decisión proferida por el Tribunal Superior
del Distrito de Quibdó en el que concedió esa petición en otro proceso judicial,
por considerar esos recursos como no inembargables.
2.4. Mediante auto interlocutorio No. 232 del 25 de febrero de 2020, proferido por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, se negó la medida cautelar de
embargo y retención solicitada por la ejecutante respecto de los recursos del
municipio de Unguía por concepto de predial indígena y afro, predial unificado
e impuesto de industria y comercio, por ser estos impuestos inembargables al
ser de destinación específica.
2.5. La parte ejecutante presentó un memorial aclarando el alcance de su petición
de embargo sobre los recursos del municipio; sin embargo, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Quibdó, a través de auto No. 1160 del 5 de agosto de 2022,
se atuvo a lo resuelto en el auto No. 232.
2.6. Contra la anterior decisión, la ejecutante presentó recurso de apelación, el cual
resolvió el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto No. 819 del 26
de septiembre de 2024, en el sentido de revocar parcialmente el auto No.
1160 del 22 de agosto de 2022, en tanto que confirmó que los recursos
recaudados por concepto de impuesto predial unificado, indígena y afro son
inembargables, pero le ordenó al Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó
que efectuara un nuevo estudio frente al impuesto de industria y comercio.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora considera que la demanda interpuesta cuenta con relevancia
constitucional, en tanto que se precisa que los derechos fundamentales vulnerados
son el del debido proceso, incluyendo el derecho de defensa; así mismo, afirmó que
agotó los medios ordinarios en defensa de sus derechos, dado que acudió al recurso
de apelación en contra de la decisión cuestionada; también dijo cumplir con el
requisito de inmediatez porque presentó la tutela dentro del término razonable
establecido por la jurisprudencia; planteó que expuso claramente los hechos que
generaron la vulneración de derechos fundamentales, al recalcar que tanto el a quo
como el ad quem expidieron sus decisiones sin soportes jurídicos e indicó que las
providencias atacadas no eran fallos de tutela.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
sustantivo, porque las decisiones adoptadas en relación a la medida cautelar
solicitada, se fundamentaron en normas que desconocieron el contexto de
aplicación, pasando por alto otras disposiciones que sí eran aplicables al caso,
necesarias para efectuar una interpretación sistemática, en tanto que como lo
preceptúan los artículo 2 y 7 de la Ley 44 de 1990, el impuesto predial unificado es
el recae sobre la propiedad del inmueble y se genera por la existencia del predio,
que es de propiedad del municipio y que no tiene destinación específica, por lo que,
al ser una renta del ente territorial, resulta embargable, de conformidad con la Ley -
artículo 594 numeral 16 del CGP- y la jurisprudencia, en razón a que son recursos
para el sostenimiento del ente territorial, no vital para la inversión. A su parecer, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó hizo una interpretación arbitraria de las
reglas que regulan la inembargabilidad de las rentas de las entidades territoriales.
También adujo la parte actora que se presentó un desconocimiento del
precedente, porque en reiterados pronunciamientos se ha precisado que los

2

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Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

ingresos de los entes territoriales son embargables en determinadas proporciones.
Así las cosas el Tribunal Judicial de Quibdó, en providencia del 14 de abril de 2026,
con ponencia del magistrado Jhon Jairo Ortiz Álzate, dentro del radicado 27001-31-
050-001-2004-016020-01 y en otras providencias, sentó la tesis de que los recursos
que ingresan a los municipios por concepto de impuestos predial indígena e
impuesto predial afro, una vez en las arcas municipales tienen carácter de
embargables e indicó que ese precedente viene de la jurisdicción ordinaria, pero
que el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó no lo valoró.

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 22 de octubre de 2025, el despacho requirió a la parte
accionante para que acreditara cómo se configuraron en el caso en estudio los
requisitos especiales o defectos previstos para las acciones de tutela en contra
de providencias judiciales, establecidos por la Corte Constitucional en
sentencia C-590 de 2005, en tanto que en la demanda no se mencionó ese
tema y para que individualizara a los demandantes, demandados y terceros
que participaron en el proceso ejecutivo.
Al cumplir con lo previsto anteriormente, el despacho sustanciador, mediante
auto del 7 de noviembre de 2025, admitió la demanda presentada por el
apoderado de Lilibeth Murillo Tovar; así mismo, vinculó, en calidad de
terceros con interés, al municipio de Unguía (entidad ejecutada), al señor
Nelson Murillo Palacios (quien actuó como ejecutante en el proceso ejecutivo); al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(entidades vinculadas en el proceso ejecutivo).

De otra parte, se ofició al Juzgado Cuarto Administrativo para que notificara al
ejecutante del proceso ordinario y para que remitiera en medio digital la copia
del expediente con el radicado 27001-33-33-004-2009-00542-00/01.
También se le ordenó a la Secretaría General fijar un aviso informándole al
ejecutante sobre la existencia de la presente acción constitucional y, con el
mismo objeto, se ofició a la Oficina de Sistemas de la Corporación para que
publicara en la página web un aviso, haciéndole saber que puede acudir al
trámite de la tutela si lo consideraban necesario.
Finalmente, se le reconoció personería al abogado de la parte demandante.

4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, en tanto que no se evidenció transgresión
alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante, siendo las
decisiones cuestionadas el resultado de un actuar debidamente motivado y
ajustado a derecho, que se expidieron con observancia de las garantías al
debido proceso, defensa e igualdad de las partes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3

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Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera
el examen general de procedibilidad, haciendo especial énfasis en el requisito de
inmediatez.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se dirigirá a establecer si el
Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó
incurrieron en los defectos invocados al proferir las providencias que son objeto de
cuestionamiento, centrando el estudio en la decisión de segunda instancia del 26
de septiembre de 2024, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 27001-
13-33-004-2009-00542-00/01, en tanto que fue esta la que puso fin a la controversia
en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la ejecutante
en cuanto al embargo de los recursos recaudados por el ente territorial ejecutado
por concepto de impuesto predial unificado, indígena y afro.

4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez y
análisis en el caso en concreto
4.1. La Corte Constitucional7 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe
existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la
demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías

4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
7
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4

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constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad
jurídica y de los derechos de los terceros afectados8.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado9 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término
de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial
enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional10.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza
y estabilidad»11.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que se debe analizar también
«(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz
de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»12. Por
ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.
Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el
presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez,
además de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demás
criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, que
caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus
particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo
para efectuar ese estudio.
4.2. Descendiendo al caso en concreto, se evidencia que la accionante cuestiona
las siguientes providencias proferidas en el proceso ejecutivo con el radicado
27001-13-33-004-2009-00542-00/01:
8
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
9
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
12
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
5

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(i) Auto No. 232 del 25 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Quibdó, mediante el cual se negaron las medidas cautelares
de embargo de los recursos obtenidos por el municipio por concepto de
impuesto predial unificado, indígena y afro, así como del impuesto de industria
y comercio.

(ii) Auto No. 1160 del 5 de agosto de 2022, expedido por la misma autoridad
judicial, mediante el cual confirmó su decisión.

(iii) Auto No. 819 del 26 de septiembre de 2024, dictado por el Tribunal
Administrativo del Chocó, a través del cual se revocó parcialmente la negativa
del embargo, en tanto que se le ordenó a quo estudiar nuevamente lo
relacionada con el impuesto de industria y comercio, pero se confirmó la
imposibilidad de inembargabilidad de los recursos provenientes del impuesto
predial unificado, indígena y afro.

De igual forma, se destaca que los defectos imputados a las decisiones
cuestionadas en la demanda de tutela se refieren, particularmente, a la
procedencia del embargo de los recursos provenientes del impuesto predial
unificado y del impuesto predial indígena y afro, sin hacer alusión a lo decidido
frente a la medida cautelar sobre el impuesto de industria y comercio 13, por lo
que la Sala advierte que la decisión que puso fin a la controversia en cuanto a
la posibilidad de afectar los recursos del municipio con origen en el impuesto
predial unificado, indígena y afro, fue la que resolvió el recurso de apelación
frente a la negativa de la medida solicitada, es decir, la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 26 de septiembre de 2024, auto
No. 819.

El referido auto, que confirmó la negativa de la medida cautelar sobre el
impuesto predial unificado, indígena y afro, se notificó a las partes el 2 de
octubre de 2024 14 , de conformidad con lo registrado en la plataforma de
gestión judicial SAMAI.

Así las cosas, como la demanda de tutela se radicó el 14 de octubre de 2025,
si se tiene en cuenta la fecha en la que se notificó la providencia referenciada
proferida en el proceso ejecutivo, para la Sala es claro que se excedió
ostensiblemente el término considerado como razonable para acceder a la
tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando lo
que se cuestiona es el contenido de providencias judiciales, en tanto que
transcurrió más de un año desde que el accionante tuvo conocimiento del
supuesto escenario de vulneración y la fecha en la que ejerció la acción
constitucional.

4.3. Conviene recordar que la tesis pacífica de la Sala según la cual, cuando la
acción de tutela se interpone contra providencias judiciales, el requisito de la
inmediatez se computa desde que el accionante tuvo conocimiento de la
decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la providencia judicial
que se cuestiona, pues es en ese momento en el que adquiere conocimiento
del presunto escenario de vulneración iusfundamental15.
En línea con lo expuesto y de conformidad con la jurisprudencia, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, esta Sala no desconoce
que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente para declarar la

13
Lo anterior se ratifica, en tanto que, en cumplimiento por lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Quibdó, volvió a estudiar la medida cautelar en cuanto a los recursos provenientes del impuesto
de industria y comercio y accedió a la solicitud, mediante providencia No. 1253 del 13 de noviembre de 2025. SAMAI del
proceso ejecutivo. Índice No.19.
14
SAMAI de segunda instancia del proceso ejecutivo, índice No. 04.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
6

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interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden existir
situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante, esto al
reconocer que no existen reglas inflexibles; no obstante, al analizar las
particularidades del asunto objeto de estudio, según lo esgrimido en la
demanda de tutela, no se evidencia argumento alguno dirigido a justificar la
inacción de los demandantes por más de 6 meses, considerado este como el
término razonable para ejercer la acción constitucional.
Al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
por la Corte Constitucional 16 no se encuentra acreditada en este caso una
situación que justifique la interposición de la acción de tutela por fuera de
término establecido como razonable para ello, por lo que resulta evidente que
la acción interpuesta no cumplió con el requisito de procedibilidad de
inmediatez.

5. Conclusión

Por anterior, la Sala considera que la acción de tutela no supera el requisito de
inmediatez, ya que se interpuso por fuera del término de 6 meses considerado por
la jurisprudencia como razonable para acudir al juez constitucional en procurar de
la protección de derechos fundamentales, con ocasión de la expedición de
providencias judiciales y, además, porque tampoco se acreditó una circunstancia
particular que le impidiera a la parte actora acudir a este mecanismo constitucional,
razón por la cual se declarará la improcedencia del amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Lilibeth
Murillo Tovar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no impugnarse la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
7

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