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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06496-01

Constitucional: la similitud de los argumentos planteados en sede ordinaria evidencia el

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06496-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Ortiz Soto. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01 Accionante: Jaime Ortiz Soto Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela de segunda instancia TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06496-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: JAIME ORTIZ SOTO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La similitud de los argumentos planteados en sede ordinaria evidencia el
interés de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario; y, además,
la demanda carece de una carga argumentativa jurídica suficiente para discutir la razonabilidad
de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 30 de octubre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo 1.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 15 de octubre de 2025, el señor Jaime Ortiz Soto, mediante apoderado, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Quince Administrativo de Cali, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de acceso a la
administración de justicia y protección a la tercera edad, que considera vulnerados con
ocasión de las sentencias proferidas el 9 de octubre de 2023 y el 29 de septiembre de
2025, mediante las cuales se negó la sustitución pensional reclamada por el accionante
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado
76001333301520190012900/01.

Pretensiones

2. La parte accionante solicitó lo siguiente (transcripción literal):

• Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al actor por la entidad judicial
demandada.
• DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia No. 185 de fecha 29 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca - M.P. Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
76001333301520190012901. Dte. JAIRO (sic) ORTIZ SOTO- Demandado:
MUNICIPIO DE YUMBO – CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 3 de diciembre de 2025.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

• Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca - M.P. Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA, para que
profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta los lineamientos que
considere su Despacho en la sentencia de tutela, en procura de la protección
de los derechos fundamentales del actor.

Fundamentos de la demanda de tutela

3. Como sustento fáctico, expuso que, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Yumbo, Contraloría Municipal de
Yumbo, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le
negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional y/o pensión de sobreviviente,
que reclamó en calidad de cónyuge supérstite de la señora Fidelia Barroso (q.e.p.d.).

4. Al proceso le correspondió el radicado 76001333301520190012900, y mediante
sentencia del 19 de octubre de 2023, el Juzgado Quince Administrativo de Cali negó las
pretensiones, bajo el argumento de que, la norma aplicable a la fecha del deceso de la
causante (Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003), no contempló la
sustitución de la pensión de retiro por vejez.

5. Inconforme con la decisión, el actor la apeló, y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca la confirmó con sentencia del 29 de septiembre de 2025, considerando que, en
efecto, la pensión de retiro por vejez no cumple con los presupuestos normativos para
ser sustituida, como quiera que a ella se accede por alcanzar la edad de retiro forzoso y
no en virtud de los aportes realizados en la vida laboral.

6. El apoderado accionante adujo que la demanda cumple los requisitos generales de
procedibilidad para cuestionar una providencia judicial a través de la acción de tutela, y
que se configuraron los siguientes defectos:

7. Sustantivo. La decisión censurada inaplicó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma vigente a la fecha de deceso
de la causante, según la cual, el señor Jaime Ortiz Soto tiene derecho a percibir la
sustitución pensional de su cónyuge fallecida, por ser su beneficiario directo.

8. Sostuvo que si bien es cierto, la figura de la pensión de jubilación por vejez fue
derogada por la Ley 100 de 1993, también lo es que, a la entrada en vigor del nuevo
estatuto de seguridad social, se mantuvieron incólumes los derechos adquiridos y por
ende, la pensión en discusión permaneció en el tiempo y, pese a que, la nueva normativa
no estableció la sustitución explícitamente para este clase de prestación, ello es posible,
dado que no existe prohibición expresa y tampoco, una causal de extinción vigente.

9. En ese orden, la falta de regulación expresa no puede servir de fundamento para negar
el derecho pretendido, dado que es procedente aplicar la figura de la sustitución
consagrada en la Ley 100 de 1993, atendiendo además a los presupuestos de
favorabilidad en materia pensional (citó la sentencia CE-SUJ-SII-009-2018 SUJ009-S2).

10. Desconocimiento del precedente. Aunque no se encontró un precedente referente
a la sustitución en materia de pensión de retiro por vejez, existen varios

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

pronunciamientos judiciales en los que se ha accedido a la sustitución de pensiones que
no tienen regulación expresa, como por ejemplo en el caso de la pensión gracia 2.

11. En esos eventos, se ha acudido al régimen general para fundamentar la sustitución
de la pensión gracia, bajo el entendido que la falta de regulación no puede ser el único
fundamento para negar el derecho. Sobre el particular, entre otras3, citó la SU 029 del
2022, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.

12. Asimismo, refirió que existen múltiples pronunciamientos en los que el máximo
órgano de lo Contencioso Administrativo, en virtud del principio de favorabilidad y en
aplicación del derecho a la igualdad, ha avalado la aplicación del régimen general de
seguridad social, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor
de los beneficiarios de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
fallecidos en simple actividad.

13. Violación directa de la Constitución. Reprocha la inaplicación de los artículos 48 y
53 Superiores, en torno a la obligación de aplicar normas generales de seguridad social,
para efectos de reconocer el derecho reclamado y abstenerse de proferir decisiones que
desconocen los derechos de las personas de la tercera edad, y les concede un trato
discriminatorio y desigual.

Trámite impartido

14. Mediante auto del 17 de octubre de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Quince Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, como autoridades demandadas; y ordenó la
notificación del municipio de Yumbo y la Contraloría de Yumbo, en condición de terceros
con interés.

Intervenciones

15. La Alcaldía de Yumbo afirmó que la sentencia censurada proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca debe mantenerse incólume, porque los argumentos
esgrimidos por el accionante para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
demandado no prosperaron, ante la inexistencia de una norma que obligue a la entidad
a reconocer la sustitución pensional deprecada por el señor Jaime Ortiz Soto.

16. La Contraloría Municipal de Yumbo sostuvo que la prestación reclamada se negó
en sede administrativa porque el régimen legal aplicable no contempla la posibilidad de
sustituir esta pensión de carácter especial, regulada expresamente por el artículo 29 del
Decreto 1848 de 1969. Aspecto que se estudió a fondo en la sentencia censurada.

2 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena del 26 de agosto de 1997, C.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón; y de la Sección Segunda del 25 de enero de
2007, con ponencia del magistrado Jesús Lemos Bustamante.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 5 de febrero de 2009; radicación

número: 08001-23-31-000 1998-0158-01(3084- 01), C.P.: Bertha Lucía Ramírez de Páez; Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, No. Interno. 1259-2009., C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

17. Las autoridades judiciales accionadas no se pronunciaron en esta oportunidad, pese
a ser notificadas debidamente. El Juzgado Quince Administrativo de Cali remitió copia
del expediente digitalizado.

Sentencia de primera instancia

18. Mediante sentencia del 30 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, porque no satisface el requisito de
relevancia constitucional.

19. De una parte, determinó que de los argumentos esgrimidos para fundamentar el
defecto sustantivo invocado, se colige la intención de la parte actora de convertir este
mecanismo en una tercera instancia del proceso ordinario, habida consideración de que
la motivación del recurso de alzada coincide con las manifestaciones esbozadas en la
demanda de tutela, aspectos que ya fueron desatados por el juez natural de la causa en
la sentencia objeto de reproche, sin que se determine que el análisis fue arbitrario o
caprichoso.

20. Además, el defecto por desconocimiento del precedente carece de la carga
argumentativa mínima, exigida para controvertir una providencia judicial por esta vía de
tutela.

Impugnación

21. El apoderado del accionante insistió en que el asunto planteado reviste relevancia
constitucional, dado que la decisión cuestionada desconoció el principio de igualdad en
las decisiones judiciales, porque negó la sustitución de la pensión de retiro por vejez,
bajo el argumento de que no existe una norma expresa que contemple tal figura, pero en
otros casos, se ha optado por acceder a la sustitución de la prestación con fundamento
en la aplicación del régimen general, como sucede en tratándose de la pensión gracia.

22. Agregó que el accionante tiene más de 82 años de edad y por ende, es sujeto de
especial protección. Si bien, percibe una pensión, la misma corresponde a un salario
mínimo menos el descuento en salud. En consecuencia, es claro que la controversia
planteada reviste relevancia constitucional porque se trata de establecer el alcance de
los derechos superiores a la seguridad social, a la favorabilidad, al mínimo vital y a la
igualdad.

23. En cuanto al desconocimiento del precedente, insistió en que no encontró una
providencia que resolviera un caso que tuviera contornos fácticos y jurídicos idénticos al
debatido en el proceso de origen, esto es, que se relacionara con la sustitución de la
pensión de jubilación por vejez, pero citó otros casos análogos, en los que se accedió al
derecho bajo el amparo del régimen general de seguridad social, en materia de pensión
gracia.

24. Destacó que la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que «la vigencia de
regímenes especiales no puede configurar un tratamiento discriminatorio».

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

25. Insistió en que el Tribunal accionado desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, al no aplicar al caso del actor la Ley 100 de 1993,
puesto que, en casos análogos, las altas cortes han accedido a los derechos reclamados
en virtud del régimen general de seguridad social.

26. Sobre el particular, citó las sentencias SU-354 de 2017 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional; y la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2013,
dentro del proceso con radicado 76001233100020070161101.

27. Además, trajo a colación la sentencia de unificación SUJ -029- CE-S2 de 20224, en
la que se indicó «61. Así pues, visto que la pensión gracia, como pensión especial no
contiene una regulación propia sobre la sustitución pensional, por tanto, la jurisprudencia
ha aplicado las normas generales». Tesis que acogió también en las sentencias del 10
de octubre de 2019, proferida dentro del radicado 05001-23-33-000-2014-01015-
01(3211-16) 5; del 4 de marzo de 2010, emitida en el proceso 08001-23-31-000-2006-
00004-01(0824-09) 6; y del 26 de julio de 2018, expedida en el radicado 47001-23-33-
000-2016-00099-01(0042-17) 7.

28. De igual modo, resaltó que la jurisprudencia también ha admitido la aplicación del
régimen general de seguridad social en pensiones, para efectos de reconocer la pensión
de sobrevivientes no regulada en el régimen de las Fuerzas Militares, en virtud del
principio de favorabilidad y del derecho a la igualdad. Al respecto citó las sentencias CE-
SUJ-SII-009-2018 SUJ009-S2.

29. En suma, la parte accionante sostiene que los pronunciamientos jurisprudenciales en
cita podrían aplicarse al caso concreto del señor Jaime Ortiz Soto, por analogía, toda vez
que, si bien, las sentencias invocadas no se pronuncian sobre la sustitución de la pensión
de retiro por vejez, sí han permitido la aplicación del régimen general de pensiones
establecido en la Ley 100 de 1993, para efectos de sustituir otras pensiones especiales,
como la pensión gracia, y también para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a favor de los beneficiarios de los oficiales o suboficiales fallecidos en simple actividad,
dado que en el régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, no se
consagró dicha figura.

CONSIDERACIONES

Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia en el
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 8,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

4 Proferida por el Consejo de Estado.
5 M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
6 M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7 William Hernández Gómez.
8 Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha

sala.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Problema Jurídico y metodología de la decisión

31. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 30
de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

32. Para el efecto, en primer lugar, se establecerá si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad. En caso afirmativo, se resolverá si el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, con la expedición de la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución, y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración de justicia, seguridad social y
protección de las personas de la tercera edad de la parte accionante.

33. En orden a resolver el problema jurídico planteado, se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 2005 9, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

35. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales
de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar 10; (i)
que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de
1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela 11, ni una
decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional 12 o el Consejo de Estado 13, ni una sentencia interpretativas (SENIT)
proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial
para la Paz -JEP 14; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la
tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada
y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal;
(v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite
que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable 15 o los medios de defensa judicial existentes

9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215

de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio

del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-

573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente
relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese
sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Del requisito de relevancia constitucional

36. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

37. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 16 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

38. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

Caso concreto

39. De entrada, al igual que el juez de primera instancia, la Sala anticipa que la presente
tutela deviene improcedente porque, en lo que atañe al defecto sustantivo alegado, no
supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto que, tiene la clara y marcada
intención de revivir la controversia planteada en el proceso de nulidad y restablecimiento
con radicado 76001333301520190012900/01.

40. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que a través de la acción constitucional
de la referencia, el señor Jaime Ortiz Soto pretende revivir el debate suscitado en el
proceso de origen, lo que se hace más notorio con los argumentos invocados tanto en la
solicitud de amparo como en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del
19 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Cali,
confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la providencia del
29 de septiembre de 2025.

16 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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41. Dichos argumentos —que replica en la impugnación que ahora resuelve la Sala—,
versan sobre los siguientes asuntos: (i) inaplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
que por analogía permitiría la sustitución a favor del señor Ortiz Soto, de la pensión de
retiro por vejez que en vida percibió su cónyuge; (ii) en todo caso, la falta de regulación
expresa no puede servir de fundamento para negar la sustitución reclamada; (iii)
desconocimiento de la línea jurisprudencial, dado que, aunque no existe jurisprudencia
en la materia (sustitución de pensión de retiro por vejez), sí hay reiterados
pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que permiten la
remisión al estatuto general de seguridad social, en casos en que no existe regulación
expresa, concretamente, en tratándose de la sustitución de la pensión gracia se ha
previsto la aplicación de la Ley 100 de 1993, para efectos de sustituir la prestación, y en
materia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios
de los miembros de las Fuerzas Militares, también se ha optado por la remisión a dicha
normativa, por ser más favorable; (iv) la desprotección de los derechos de las personas
de la tercera edad e inaplicación de la ley más favorable, permitiendo con ello un trato
discriminatorio y desigual.

42. Ahora bien, revisada la sentencia de primera instancia, proferida el 19 de octubre de
2023 por el Juzgado Quince Administrativo de Cali, se advierte que la autoridad judicial
luego de valorar el material probatorio aportado al expediente, determinó que la
Contraloría Municipal de Yumbo le reconoció a la señora Fidelia Barroso una pensión de
retiro por vejez, a partir del mes de noviembre de 2013. A su fallecimiento, que tuvo lugar
el 30 de octubre de 2018, compareció el señor Jaime Ortiz Soto a reclamar la sustitución
de la prestación, en su calidad de cónyuge supérstite, la cual se negó porque la difunta
no adquirió el estatus de pensionada por vejez o invalidez, como lo prevé el artículo 49
de la Ley 100 de 1993.

43. Conforme al análisis aplicable al caso concreto, el juez natural de la causa en primera
instancia determinó que dicha pensión especial era susceptible de ser sustituida bajo el
amparo del Decreto 3135 de 1968 (Art. 39), no obstante, como la muerte de la titular se
produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993, era ese estatuto el que debía aplicarse. Ahora
bien, según el artículo 46 ejusdem, la figura de la pensión de sobrevivientes únicamente
se consagró respecto de las pensiones por las contingencias de vejez o invalidez, luego
entonces, no hay lugar a la sustitución pretendida.

44. Inconforme con la decisión, el señor Ortiz Soto la apeló bajo el argumento de, si bien
es cierto, no existe regulación expresa que contemple la sustitución de la pensión de
retiro por vejez, también lo es que, se puede llegar a dicho reconocimiento en aplicación
del régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, en virtud de los principios de igualdad
y favorabilidad. En todo caso, resaltó que la nueva normativa no prevé una causal de
extinción de la prestación, por lo que la hace sustituible.

45. El Tribunal accionado, al resolver la alzada en la providencia censurada, abordó los
reproches efectuados por la accionante y expuso:

39. En ese contexto, se advierte que el derecho a la sustitución pensional es una
manifestación del derecho a la seguridad social, inherente al sistema de seguridad
social que se sustenta en los principios constitucionales de solidaridad, reciprocidad
y universalidad. Así, es una prestación económica que se otorga a quienes
dependían económicamente de una persona fallecida, con el fin de proteger su

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mínimo vital y las disposiciones aplicables para su reconocimiento son las vigentes
al momento del fallecimiento del causante.

40. En el caso bajo examen, tal como se precisó en primera instancia, como la
señora Fidelia Barroso murió el 30 de octubre de 2018, la norma aplicable es la Ley
100 de 1993, que dispone:

ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y, (…)

41. De conformidad con lo anterior, la Sala comparte las conclusiones de primera
instancia, porque en el asunto bajo examen no se cumplen los presupuestos
normativos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues a la
causante se le reconoció una prestación económica cuyo origen se sustentó en la
imposibilidad de cumplir el tiempo de servicio porque alcanzó la edad de retiro
forzoso y la ausencia de medios para su manutención. Además, tampoco se
encontraba en condición de invalidez.

42. En otros términos, esa prestación económica excepcional se le reconoció
precisamente porque no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la
pensión de jubilación, ni de invalidez, respecto de las cuales se estableció el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en la legislación vigente al momento
del fallecimiento de la causante.

43. Ahora bien. El apelante señaló que debían aplicarse las disposiciones de la Ley
100 de 1993 por el principio de favorabilidad y solidaridad. No obstante, dicho
principio se aplica cuando: (i) hay varias fuentes formales de derecho que regulen
la misma situación fáctica; (ii) dichas fuentes se encuentren vigentes al momento
de causarse el derecho; (iii) exista duda sobre cuál de ellas se debe aplicar; (iv) la
fuente formal elegida debe aplicarse en su integridad; (v) cuando una norma admite
más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que
es más favorable al trabajador.

44. Ninguno de esos presupuestos se configura en el caso; la norma aplicable es la
vigente al momento del fallecimiento de la causante -Ley 100 de 1993- y no admite
la interpretación extensiva planteada por el apelante, pues la norma regula el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para la pensión de vejez y de
invalidez, cuya naturaleza es diferente a la prestación excepcional que se le había
reconocido a la causante.

46. Como se advierte, el Tribunal demandado reparó en la existencia de la Ley 100 de
1993, e incluso indicó que era la norma aplicable al caso concreto porque se encontraba
vigente a la fecha del deceso de la titular de la pensión, no obstante, conforme a su
independencia y autonomía, determinó que la pensión de retiro por vejez percibida en
vida por la señora Fidelia Barroso (q.e.p.d.) no era susceptible de ser sustituida a favor
de su cónyuge, porque la norma no lo consagró así, dado que se refirió expresamente a
las pensiones de vejez e invalidez. Además, en criterio de la autoridad judicial, de dicha
norma no se puede hacer una interpretación extensiva, pues contempla expresamente
las prestaciones que tienen vocación de sustitución, entre las que no se mencionó la
pensión especial de retiro por vejez.

47. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la
normativa aplicable y las piezas procesales obrantes en el expediente, a partir del cual

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

concluyó que la legislación aplicable al caso concreto no consagró expresamente la
sustitución de la pensión especial consagrada en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968.

48. Aunado a ello, explicó que, esa exclusión tenía sustento en que se trataba de una
pensión especial, a la que no se accedía por cumplimiento de los requisitos exigidos para
el reconocimiento de la pensión de jubilación o de invalidez, sino por el hecho de llegar
a la edad de retiro forzoso, sin satisfacer las exigencias para adquirir alguna de dichas
prestaciones.

49. Bajo ese entendimiento, resulta evidente, que en lo que atañe al defecto sustantivo
invocado, la parte accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección
de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de origen. Por
tanto, en este aspecto se impone confirmar el fallo impugnado.

50. Frente al defecto por desconocimiento del precedente, la Subsección coincide con lo
señalado por el a quo, en el sentido de señalar que no se cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida en estos casos. Veamos:

51. Recuérdese que en sentencia SU 304 del 25 de julio de 2024, la Corte Constitucional
realizó importantes precisiones sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, entre otras, la causal específica de desconocimiento del
precedente en los siguientes términos: i) la acción de tutela contra providencias judiciales
sólo procede de manera excepcional contra providencias judiciales, lo que «implica que
la procedencia de la acción de tutela contra providencias impone a quien la interpone
la carga de evidenciar la configuración de un defecto que vulnera sus derechos
fundamentales», ii) la naturaleza de la autoridad judicial que profiere el precedente no
es un criterio válido para determinar si su violación configura un defecto por
desconocimiento del precedente o un defecto sustantivo. Todas las autoridades
judiciales, […], profieren providencias susceptibles de constituirse en precedentes frente
a casos futuros semejantes, iii) la violación de los pronunciamientos que no son producto
de un examen de validez, pero que fijan criterios hermenéuticos para la interpretación de
normas, se adecúa a la regla general del desconocimiento del precedente.

52. En suma, concluyó que «[s]e configura un defecto por desconocimiento del
precedente cuando se advierta la violación de la razón de la decisión de una
providencia judicial que cumple las condiciones para calificarse como precedente.
No obstante, el desconocimiento del significado reconocido o atribuido a las
disposiciones objeto de juzgamiento (ley, decreto, resolución, entre otras) en ejercicio
del control abstracto de constitucionalidad o legalidad, configura un defecto sustantivo».

53. Ahora bien, una sentencia constituye un procedente vinculante y aplicable al caso en
concreto cuando concurren las siguientes circunstancias: a) la razón de su decisión
contiene una regla aplicable a la situación a resolver, b) el problema jurídico que allí se
resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y c) las circunstancias fácticas
en ambos casos deben ser equiparables.

54. En vista de lo anterior, esta Sala concluye que, en el caso bajo estudio, el accionante
no cumplió con la carga de argumentar de manera clara y suficiente en qué consiste el
supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que, los

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

pronunciamientos judiciales que invocó no comparten supuestos fácticos y jurídicos
similares o equiparables a los del asunto ventilado en el proceso de origen, puesto que
algunos se refieren a la sustitución de la pensión gracia y los otros, al reconocimiento de
la pensión de sobreviviente a favor de los beneficiarios de los miembros de las Fuerzas
Militares que mueren en simple actividad.

55. Ahora bien, es claro que la parte actora invoca dichas sentencias porque considera
que el juez natural de la causa podía hacer una interpretación analógica y concluir que,
en virtud del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, la figura de la sustitución pensional opera
también para la pensión especial de retiro por vejez, sin embargo, dicho argumento debió
plantearlo en sede ordinaria, para que fuera el juez natural de la causa quien verificara
la posibilidad de hacer esa interpretación extensiva, no obstante, no lo hizo, y ahora, bajo
el cariz de defecto por desconocimiento del precedente, pretende que sea el juez de
tutela quien se pronuncie sobre un aspecto específico de interpretación normativa que,
a todas luces, debió ventilarse en el proceso de origen.

56. En todo caso, lo que emerge en forma diáfana es que la parte actora no invocó un
pronunciamiento judicial que tenga la connotación de precedente obligatorio para
resolver la controversia planteada en el contencioso ordinario, dado que, ninguna de las
providencias referidas guarda analogía fáctica y jurídica con el asunto en ciernes, y por
ende, la falta de carga es evidente.

57. Lo mismo sucede con el defecto de violación directa de la Constitución, dado que la
parte actora se limita a señalar que las providencias censuradas inaplicaron los artículos
48 y 53 superiores porque no accedieron al reconocimiento de la sustitución pensional
bajo el amparo del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuando, en su criterio, es pacífica
la jurisprudencia que en estos casos remite a la aplicación del régimen general de
seguridad social en pensiones.

58. Finalmente, conviene señalar que la Sala no pasa por alto que el demandante es una
persona de 82 años, sin embargo, no se evidencia estado de vulnerabilidad alguno que
amerite la intervención del juez de tutela, dado que tiene reconocida pensión de vejez,
sin que se haya acreditado que su ingreso propio es insuficiente para atender el mínimo
vital.

59. De conformidad con las anteriores consideraciones, se confirmará el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Ortiz Soto.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-01
Accionante: Jaime Ortiz Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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