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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06501-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06501-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06501-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

12 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: DIANA INÉS CUBILLOS MORALES Y OTRO
Demandado: SALA TRANSITORIA DE LAS SUBSECCIONES A Y B
DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. ANÁLISIS DEL DEFECTO FÁCTICO Y EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.
SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

Síntesis del caso: la Sala confirmará la decisión que negó el amparo deprecado por no
acreditarse la configuración de los defectos sustantivo ni por desconocimiento del
precedente judicial alegados, en tanto la providencia cuestionada efectuó una valoración
razonada de las pruebas y la jurisprudencia aplicables al tránsito del régimen de cesantías
retroactivo al anualizado y concluyó que los demandantes quedaron sometidos a este último
por hechos concluyentes.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 4 de diciembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se decidió:

“PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Diana Inés Cubillos Morales
y Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, a través de la acción de tutela instaurada
en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia (...)”. (negrillas
del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00002
del aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 20251, los señores Diana Inés
Cubillos Morales y Eduard Arnulfo Pinilla Rivera promovieron acción de tutela en

1
Índice 00001 del aplicativo SAMAI.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

contra de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad consagrados en los artículos 29 y 13
de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
proferida el 11 de agosto de 2025 por dicha autoridad judicial, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, identificado con radicación no. 11001-33-35-026-2020-
00382-00/01.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:

1) Se vincularon como servidores públicos a la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, razón por la cual, en
principio, quedaron cobijados por el régimen de cesantías retroactivas previsto en
las normas vigentes para la época de su vinculación.

2) El 16 de marzo de 2020, un grupo de servidores públicos de la universidad, entre
ellos, Diana Inés Cubillos Morales y Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, presentó una
solicitud administrativa con el fin de que se les reconociera y pagara el auxilio de
cesantías de conformidad con el régimen retroactivo, por estimar que ninguno de
los peticionarios había manifestado de manera expresa su voluntad de trasladarse
al régimen anualizado; ante el silencio frente a dicha petición, el referido grupo de
servidores promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

3) Mediante sentencia del 12 de junio de 2024, el Juzgado Veintiséis Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda2, la

2
La autoridad judicial de primera instancia concluyó que los demandantes del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, vinculados a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996, se encontraban amparados por el régimen de cesantías
retroactivas, en tanto no obraba en el expediente prueba de una manifestación expresa, libre e
informada de voluntad dirigida a trasladarse al régimen anualizado.

En particular, consideró que la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro y la realización de
consignaciones anuales de cesantías no constituían, por sí solas, una renuncia válida al régimen
retroactivo, pues tales actuaciones podían responder a decisiones administrativas adoptadas por la
autoridad empleadora, sin que de ellas pudiera inferirse un consentimiento inequívoco del servidor
público, exigido por la normativa aplicable para el tránsito entre regímenes.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas la apeló3 y con fallo del 11 de agosto
de 2025, una Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca4 confirmó la decisión respecto de algunos demandantes, en
particular, aquellos afiliados a fondos privados de cesantías, por considerar que
frente a ellos no se acreditaban actuaciones concluyentes que permitieran inferir el
abandono del régimen retroactivo.

4) Asimismo, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia respecto de
otros demandantes, entre ellos los aquí actores, por estimar que la afiliación al
Fondo Nacional del Ahorro, la realización de aportes anuales de cesantías y los
retiros parciales efectuados, constituían actuaciones concluyentes que permitían
inferir una aceptación tácita del régimen anualizado, aún en ausencia de una
manifestación escrita expresa de voluntad.

5) El tribunal concluyó que, si bien los demandantes se vincularon al servicio público
con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 y, en principio, quedarían amparados
por el régimen de cesantías retroactivas, dicho régimen podía entenderse

De igual forma, estimó que los retiros parciales de cesantías efectuados por algunos de los
demandantes no desvirtuaban su permanencia en el régimen retroactivo, en la medida en que no
existía prueba de que dichos retiros hubieran estado precedidos de una información clara y suficiente
sobre las consecuencias jurídicas del cambio de régimen, ni de una aceptación expresa en ese
sentido.

Con fundamento en lo anterior, el juzgado declaró la nulidad del acto administrativo ficto negativo
derivado del silencio frente a la solicitud presentada el 16 de marzo de 2020 y ordenó, a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de las cesantías de conformidad con el
régimen retroactivo, liquidadas con base en el último salario devengado, respecto de los
demandantes cobijados por dicho régimen.
3
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuestionó la decisión del juzgado en tanto
consideró que los demandantes no tenían derecho al reconocimiento de las cesantías con el régimen
retroactivo, por cuanto, a su juicio, se encontraban sometidos al régimen anualizado de cesantías.

Sostuvo que algunos de los demandantes, entre ellos los aquí actores, estaban afiliados al Fondo
Nacional del Ahorro, que la autoridad realizó consignaciones anuales de cesantías y que aquellos
efectuaron retiros parciales de dichos recursos, circunstancias que, en su criterio, evidenciaban una
manifestación de voluntad, al menos tácita, de acogerse al régimen anualizado, aun en ausencia de
una declaración escrita expresa.

Adicionalmente, alegó que el juzgado efectuó una interpretación errada del marco normativo y
jurisprudencial aplicable por desconocer la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que admite la posibilidad de inferir el cambio de régimen a partir de actuaciones
concluyentes del servidor público.
4
Conformada con ocasión de la falta de mayoría decisoria en el interior de la Subsección A de la
Sección Segunda del tribunal.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

modificado cuando existieran actuaciones que permitieran inferir la voluntad del
servidor de someterse al régimen anualizado.

2. Los fundamentos de la vulneración

La autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente judicial.

Respecto del defecto sustantivo, los demandantes afirmaron que el tribunal aplicó
de manera indebida las disposiciones que regulan el tránsito del régimen de
cesantías retroactivas para los servidores públicos vinculados con anterioridad al 31
de diciembre de 1996 y que condicionan su modificación a una manifestación
expresa de voluntad, en particular, la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
que no autorizan inferir la renuncia al régimen retroactivo a partir de
comportamientos meramente instrumentales como la afiliación al Fondo Nacional
del Ahorro o la realización de retiros parciales de cesantías.

Frente al desconocimiento del precedente judicial alegaron que la providencia
cuestionada se apartó de manera injustificada de la sentencia C-428 de 1997, por
medio de la cual la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la
regulación sobre el régimen anualizado y destacó el carácter voluntario del tránsito
entre regímenes y la protección de los derechos adquiridos de los servidores
vinculados con anterioridad a la reforma.

A juicio de los actores, esa providencia, impide entender que el cambio de régimen
pueda deducirse de comportamientos tácitos o de decisiones administrativas de la
autoridad empleadora.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior los demandantes solicitaron el amparo de las
siguientes súplicas:

“(...) solicito que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B”, respecto de la
sentencia dictada el 11 de agosto de 2025 (...) mediante la cual, en su
artículo segundo, se resolvió revocar parcialmente y modificar el ordinal

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Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

tercero de la sentencia proferida el 12 de junio de 2024 por el Juzgado
Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., dentro del proceso
identificado con radicación 11001-33-35-026-2020-00382-001 y en su
lugar, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
sentencia, proceda a emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en
cuenta los principios fundamentales y los precedentes fijado por la
honorable Corte Constitucional, protegiendo en nuestra integridad los
derechos fundamentales a la igualdad, confianza legitima, a continuar
siendo beneficiarios del régimen de cesantías retroactivas, tal como se
dispuso en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Veintiséis Administrativo De Oralidad De Bogotá D.C, del 12 de junio de
2024. (...)”. (negrillas y mayúsculas del original – archivo disponible en
medio magnético en el índice 00001 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por auto del 20 de
octubre de 2025 admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes
de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con el fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron
lugar a la presente acción y vinculó a la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y a los demás servidores públicos que actuaron como demandantes en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en calidad de terceros con
interés en el resultado del trámite; adicionalmente, requirió al Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que remitiera copia del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación no. 11001-33-35-026-2020-00382-00/01. (índice 00004 del aplicativo
SAMAI)

5. Sentencia de primera instancia

El 4 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia mediante la cual negó las pretensiones de la acción de
tutela (índice 00022 del aplicativo SAMAI)

El a quo concluyó que la providencia judicial cuestionada no incurrió en un defecto
sustantivo ni en el desconocimiento del precedente constitucional, en la medida en
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una interpretación
razonable y fundada del régimen jurídico de las cesantías aplicable a los
demandantes.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En particular, señaló que el tribunal analizó la situación de los actores a partir de su
afiliación con el Fondo Nacional del Ahorro, la realización de aportes anuales de
cesantías y la efectuación de retiros parciales, circunstancias que, a la luz de la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, podían constituir
actuaciones concluyentes suficientes para inferir el sometimiento al régimen
anualizado, aun en ausencia de una manifestación escrita expresa de voluntad.

Dicha interpretación no resultaba arbitraria ni irrazonable, pues se encontraba
respaldada en la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el alcance del
consentimiento del servidor público frente al tránsito entre regímenes de cesantías.

Tampoco se desconoció el precedente constitucional invocado por los actores, en
tanto las decisiones de la Corte Constitucional citadas en la demanda no guardaban
identidad fáctica con el caso concreto o no impedían inferir el cambio de régimen a
partir de conductas concluyentes.

6. Impugnación

El demandante presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia
(índice 00026 del aplicativo SAMAI) y le fue concedida con auto del 21 de enero de
2026. (índice 00028 del aplicativo SAMAI)

El fallo del a quo negó injustificadamente la protección solicitada por concluir que
no se configuraron los defectos invocados, a pesar de que el tribunal infirió
indebidamente el tránsito al régimen anualizado a partir de la afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro, de los aportes anuales de cesantías y de los retiros parciales
realizados, sin que existiera una manifestación expresa, libre e informada de
voluntad que permitiera concluir la renuncia al régimen de cesantías retroactivas.

El juez de primera instancia avaló una interpretación que desconoció las
disposiciones que preservan el régimen retroactivo para los servidores vinculados
con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, así como el precedente constitucional
invocado, en particular la Sentencia C-428 de 1997, que resalta el carácter
voluntario del tránsito entre regímenes y la protección de los derechos adquiridos.

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Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso e igualdad, presuntamente vulnerados con la sentencia del 11 de agosto
de 2025 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no.
11001-33-35-026-2020-00382-01.

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Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el fallo de
primera instancia, negó el amparo pretendido por considerar que la providencia
cuestionada no incurrió en un defecto sustantivo ni un desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto el tribunal valoró de manera razonable el régimen
jurídico de las cesantías y la jurisprudencia aplicable en el caso concreto.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela, por las
siguientes razones:

2.1 Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

Lo primero es señalar que el presente caso cumplió con los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles para la persona afectada
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la providencia atacada5; (iii) el presente caso
no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y que afecte derechos fundamentales;
(iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos que se transgredieron; (v) no se ataca una
sentencia de tutela y, finalmente; (vi) la cuestión debatida reviste relevancia
constitucional porque en la acción de tutela se expusieron de forma concreta las
razones por las cuales el amparo solicitado debe ser valorado por el juez
constitucional en tanto se endilga la configuración de un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente judicial, defectos presuntamente derivados de la
sentencia de segunda instancia proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante la cual se revocó parcialmente la decisión
que accedió a las pretensiones de la demanda y se modificó para negar las
pretensiones correspondientes a los aquí demandantes, por lo cual los actores no
contaron con una oportunidad procesal adicional para controvertirla, dado que se
trató de una decisión adoptada en segunda instancia, y el asunto tampoco

5
La notificación electrónica de la providencia cuestionada se surtió el 19 de agosto de 2025, mientras
que la acción de tutela se presentó ante esta Corporación el 16 de octubre de 2025.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

corresponde a una discusión de mera legalidad o de carácter eminentemente
económico.

2.2 Caracterización del defecto sustantivo

1) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a
todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”6.

2) La Corte Constitucional estableció7 que el defecto sustantivo abarca múltiples
causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y
que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental
del debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por
la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que
gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera
cuando una determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de
la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii)
aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo
porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad
material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen
hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente
judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso8.”.

2.3 Caracterización del defecto por desconocimiento del precedente judicial

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia 9”.

6
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio
pacífico y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los
casos que, en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior en orden a garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 10 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución del
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada,
y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes
ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el
caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia
anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe
resolverse posteriormente11”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable en el caso,
por el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

10
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
11
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
Demandante: Diana Cubillos y otro
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Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre el
antecedente jurisprudencial y el precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció sobre el tema en los
términos que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene
algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que
no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora
de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos
en los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este con las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo cual se ha denominado cumplimiento de la “carga de
transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para “justificar” el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06501-01
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2.4 El análisis del caso concreto

1) En el presente asunto, los demandantes estructuraron la vulneración de sus
derechos fundamentales a partir de la presunta configuración de un defecto
sustantivo y del desconocimiento del precedente judicial, cargos que se dirigen
contra la interpretación efectuada por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto del régimen de cesantías
aplicable a su situación.

2) Dadas las particularidades del caso concreto, la Sala estima pertinente examinar
ambos cargos de manera conjunta, en la medida en que se encuentran
estrechamente vinculados entre sí; en efecto, la alegación de defecto sustantivo se
fundamenta en que la autoridad judicial habría aplicado indebidamente las normas
que regulan el tránsito del régimen de cesantías retroactivas al anualizado, por
inferir la existencia de una aceptación tácita a partir de determinadas actuaciones;
a su turno, el supuesto desconocimiento del precedente judicial se sustenta en que
dicha interpretación se habría apartado de la jurisprudencia constitucional invocada
por los actores sin una justificación suficiente.

3) En este contexto, la determinación acerca de si la providencia judicial cuestionada
incurrió en un defecto sustantivo supone, necesariamente, verificar si la
interpretación normativa acogida por el tribunal se apartó o no del precedente
relevante, así como establecer si dicho apartamiento, de existir, careció de una
justificación razonable.

4) Ahora bien, para resolver la presente controversia resulta necesario examinar la
motivación de la providencia cuestionada, en la cual se explicó que el ordenamiento
jurídico ha previsto distintos regímenes de liquidación de cesantías en el sector
público y que su aplicación depende, entre otros aspectos, de la fecha de
vinculación del servidor y de las actuaciones desplegadas frente a la administración
de esa prestación.

5) Sobre esa base, el tribunal concluyó que, aun cuando algunos servidores
inicialmente estaban cobijados por el régimen retroactivo, la afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro, la realización de aportes anuales y la solicitud de retiros

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parciales constituían actuaciones relevantes para establecer la sujeción al régimen
anualizado.

6) En relación con la situación específica de los señores Diana Inés Cubillos Morales
y Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, la providencia judicial cuestionada expuso:

“Por otro lado, la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo, mediante sentencia del 25 de
febrero de 2021 (“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero ponente:
CARMELO PERDOMO CUÉTER (...)”.), en un caso en el que una
empleada pública beneficiaria inicialmente del régimen retroactivo de
cesantías que se afilió al FNA, concluyó que con ello se sometió al sistema
anualizado. Para el efecto, dicha subsección explicó:

De conformidad la normativa y jurisprudencia citada en el acápite que
antecede, a la demandante, por ser una empleada pública del sector salud
del nivel territorial que inició sus labores antes de la entrada en vigor de
las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, en principio, le es aplicable el
régimen de retroactividad en sus cesantías, a menos que se hubiere
acogido al sistema anualizado.

No obstante, pese a que no obra en el expediente manifestación expresa
de su voluntad de pertenecer al sistema anualizado, el hecho de haber
realizado retiros parciales de sus cesantías directamente del Fondo
Nacional del Ahorro y emplear dicho auxilio para abonar a créditos
hipotecarios, permite a la Sala inferir que la demandante conocía de su
vinculación al aludido Fondo, sometiéndose, por tanto, al sistema
anualizado, por lo que no es factible ordenar la reliquidación de las
cesantías en aplicación del régimen retroactivo.

En otro caso, en el que un empleado público que, por la fecha de su
vinculación a la Administración, resultaba beneficiario del régimen
retroactivo de cesantías, pero que se afilió al FNA, la misma subsección,
en sentencia del 28 de enero de 2021 (“CONSEJO DE ESTADO. SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, SECCIÓN SEGUNDA.
SUBSECCIÓN “B” (...) 41001-23-33-000-2017-00213-01 (2279-19) (...)”.),
indicó que aquél se regía por el sistema de liquidación anual de cesantías,
en los siguientes términos:

“Ahora, si bien es cierto que el demandante se vinculó a la E.S.E. Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con anterioridad
a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, este optó desde su
vinculación por el sistema de liquidación y manejo de las cesantías
desarrollado en el Decreto 3118 de 1968 que regula lo referente al Fondo
Nacional del Ahorro, es decir, un sistema de liquidación anual de
cesantías y, pese a que no obra manifestación de voluntad alguna en la
que haya solicitado ser cambiado de régimen retroactivo a anualizado,
tampoco obra prueba de que haya expuesto su oposición en los más de
treinta y cuatro años en los que recibió sus cesantías, se itera, de forma
anualizada; por el contrario, efectuó trámites con los que se vio
beneficiado por dicho régimen.

La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el
Fondo Nacional del Ahorro de los cuales se desprende que al señor Álvaro

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Demandante: Diana Cubillos y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Quiroga Suárez, en su calidad de empleado de la entidad demandada, se
le reportaron las cesantías anualmente desde el año de 1979, sobre las
que, valga precisar, realizó retiros parciales, y en esa medida no es
beneficiario del régimen retroactivo de cesantías establecido en la Ley 6ª
de 1945.

En el presente caso, toda vez que el demandante desde su ingreso a la
E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva,
el 3 de diciembre de 1979, optó por el sistema de cesantías del Fondo
Nacional del Ahorro, se itera que no le asiste el derecho a la reliquidación
de las cesantías definitivas conforme al régimen retroactivo de la Ley 6ª
de 1945.” (...).

Ahora, también se concluiría que para el presente asunto, debido a que
los demandantes (...) Diana Inés Cubillo Morales, Eduard Arnulfo Pinilla
Rivera, (...) se vincularon a la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas en forma previa al 31 de diciembre de 1996, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996, aquéllos resultarían acreedores del
régimen de liquidación retroactivo de sus cesantías.

Para el presente caso, atendiendo la normativa citada en esta providencia,
a los anteriores demandantes, en su calidad de empleados de la entidad
demandada vinculados antes del 31 de diciembre de 1996, en principio,
les sería aplicable el régimen de retroactividad en sus cesantías. Sin
embargo, acatando la pauta jurisprudencial antes expuesta, a pesar de no
acreditarse manifestación expresa de voluntad de dichos demandantes
de pertenecer al régimen anualizado, éstos se encuentran afiliados al
FNA, les efectuaron aportes anuales de cesantías y se les realizaron
pagos parciales de cesantías por parte del FNA, por lo que esos
demandantes quedaron sometidos al régimen anualizado y hay lugar a
revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones
esbozadas por dichos demandantes y se negarán las mismas.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

7) De lo anterior se desprende que la providencia cuestionada estructuró su decisión
a partir de la identificación de la normativa aplicable para el régimen de cesantías
de los servidores públicos y, de manera especial, de la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que ha reconocido que la afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro, acompañada de aportes anuales y de la realización de trámites
de retiro parcial, constituye un elemento relevante para inferir la sujeción al régimen
anualizado, incluso en ausencia de una manifestación expresa de voluntad de
traslado.

8) Con fundamento en esa línea jurisprudencial, el tribunal concluyó que, si bien los
demandantes se vincularon a la Universidad Distrital antes del 31 de diciembre de
1996 y, en principio, se encontraban cobijados por el régimen retroactivo, las
actuaciones desplegadas frente al Fondo Nacional del Ahorro (afiliación,
consignaciones anuales y retiros parciales) constituían hechos objetivos que
permitían inferir su sometimiento al régimen anualizado; esa inferencia no se

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

construyó de manera aislada, sino a partir de la aplicación de criterios previamente
definidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos análogos.

9) En contraste, el precedente invocado como desconocido por los actores se
orienta a sostener que el tránsito del régimen retroactivo al anualizado exige una
manifestación expresa de voluntad; sin embargo, la providencia judicial cuestionada
no ignoró esa regla, sino que explicó, con apoyo en la jurisprudencia citada, que la
ausencia de manifestación escrita no impide inferir el sometimiento al régimen
anualizado cuando existen actuaciones concluyentes que evidencian el
conocimiento y aprovechamiento de dicho sistema por parte del servidor.

10) En efecto, la decisión cuestionada precisó que la afiliación al Fondo Nacional
del Ahorro, la recepción de consignaciones anuales y la realización de retiros
parciales no podían ser valoradas como hechos neutros, sino como actuaciones que
revelaban la inserción efectiva de los demandantes en el sistema anualizado.

11) Así, la accionada no desconoció la regla general sobre la necesidad de acreditar
la voluntad del afiliado para tener por acreditado el cambio de régimen, sino que, a
partir de la jurisprudencia aplicable, consideró que dicha voluntad podía inferirse de
conductas concluyentes.

12) En ese orden, no se advierte que la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca hubiera incurrido en un defecto sustantivo
ni tampoco que hubiera desconocido el precedente judicial, pues la interpretación
normativa adoptada se encuentra respaldada en una línea jurisprudencial existente
y razonada, en tanto la decisión se apoyó expresamente en pronunciamientos de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y explicó las razones por las cuales, a la
luz de esos criterios, las actuaciones de los demandantes permitían inferir su
sometimiento al régimen anualizado.

13) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no se configuraron los
defectos sustantivo ni el desconocimiento del precedente judicial alegados, razón
por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

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Demandante: Diana Cubillos y otro
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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