Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06522-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06522-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06522-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06522-011
Accionante : Wilmar Olaya Santanilla
Accionados : Tribunal Administrativo del Huila y otros2
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, reconocimiento de asignación
de retiro
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante, contra el fallo
del Doce (12) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C3, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Wilmar Olaya Santanilla, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, dignidad humana,
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y el Juzgado Sexto (6)
Administrativo de Neiva.
3
C. P. William Barrera Muñoz.
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Accionante: Wilmar Olaya Santanilla
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otros
seguridad social y principio de favorabilidad, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Huila, el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Neiva, la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
3. Por consiguiente, solicitó:
PRIMERO: Se DECLARE la NULIDAD Y/O REVOCATORIA del acto
administrativo (ID 798614 de 10 de febrero de 2023), emitido por la Caja De
Sueldos De Retiro De La Policía Nacional.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA […], confirmatoria de la providencia dictada por el
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
NEIVA el 28 de febrero de 2024, la cual negó mi solicitud de nulidad del acto
administrativo ID 798614 de 10 de febrero de 2023, mediante el cual se niega una
asignación de retiro.
TERCERO: Que en su lugar, me sea CONCEDIDO en su totalidad, cada una de
las pretensiones descritas dentro del escrito de NULIDAD dirigido ante el Juez de
lo Contencionso Administrativo, e igualmente solicitadas ante la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional.
CUARTO: Que como consecuencia de dicha revocatoria y a título de
restablecimiento del derecho, RECONOCER el pago mediante resolución al
suscrito, la asignación de retiro conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del
decreto 1213 de 1990 y ley 923 de 2004, norma que para el reconocimiento de la
asignación exige 15 años de servicio cuando el retiro ocurre por cualquier causal
diferente a la de solicitud propia.
[…]
1.3 Hechos4
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, el señor Wilmar Olaya Santanilla ingresó
a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo, desde el Seis (6) de
Septiembre de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos
Mil Cinco (2005); y, del Primero (1) de Septiembre de Dos Mil Cinco (2005) al Treinta
(30) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) se desempeñó en el nivel ejecutivo
siendo su último grado el de patrullero. No obstante, fue retirado del servicio el
Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), en cumplimiento de la
Resolución núm. 03921 del Veinticuatro (24) de Noviembre de Dos Mil Veintidós
(2022), por medio de la cual, se dio cumplimiento a un fallo disciplinario, en el que,
se le sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años.
4
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
2
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5. El Siete (7) de Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022), el actor solicitó a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) el reconocimiento y pago de la
asignación mensual de retiro, al considerar cumplidos los requisitos previstos en la
Ley 923 de 2004 y en el Decreto 1213 de 1990, por haber acreditado más de 18
años de servicio y haber sido desvinculado por una causal distinta a la solicitud
propia.
6. Mediante Oficio núm. 798614 del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Veintitrés
(2023), CASUR negó el reconocimiento de la prestación por no reunir el requisito
de 25 años de servicios cuando es retirado por destitución, conforme al artículo 25
del Decreto 4433 de 2004.
7. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el actor presentó demanda contra CASUR, con el fin de obtener la nulidad
del Oficio núm. 798614 del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023) y, a
título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la asignación de retiro
conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y la Ley 923
de 2004 desde la fecha de su desvinculación, así como, el pago de las mesadas
dejadas de percibir, intereses y las prestaciones sociales correspondientes.
8. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Neiva5, que, mediante sentencia del Veintiocho (28) de
Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024) negó las pretensiones al concluir que, el
Decreto 754 de 2019 era la norma aplicable al caso concreto, pues, regula la
asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
incorporado directamente hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil
Cuatro (2004). En ese sentido, sostuvo que, como el retiro del señor Olaya
Santanilla se produjo por destitución, debía acreditar 20 años de servicio para
acceder a la prestación, requisito que no cumplía, toda vez que, para la fecha de su
desvinculación acumulaba «[…]dieciocho (18) años, cinco (5) meses y veinticinco (25) días
[…]».
9. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
En providencia del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Tribunal Administrativo del Huila confirmó lo resuelto por el a quo al estimar que,
5
Proceso núm. 41001-33-33-006-2023-00153-00/01.
3
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«[…] la situación del actor se rige por el Decreto 754 de 2019 por estar vigente al tiempo de retiro
del servicio y cobijar al personal ingresado por incorporación directa al nivel ejecutivo antes del 31
de diciembre de 2004 […] dicho estatuto tiene en cuenta la causal de retiro del servicio para fijar
el tiempo requerido para alcanzar la asignación de retiro, siendo más […] exigente para quienes se
retiran por voluntad propia, por retiro absoluto o por causas disciplinarias (20 años), lo cual está en
consonancia con el artículo 3 de la ley 923 de 200[4] […] el demandante fue retirado del servicio por
destitución y no acredita 20 años de servicio, tan solo había alcanzado 18 años, 2 meses y 23 días
(incluido el tiempo de estudiante), así, desde la perspectiva del citado decreto no es viable el
reconocimiento pensional […]»
10. Sobre la precedente situación, la parte actora sostuvo que, la providencia objeto
de censura incurrió en defecto sustantivo, toda vez que, el asunto debía resolverse
conforme a la Ley 923 de 2004 y a los Decretos 1212 y 1213 de 1990, y no con
fundamento en el Decreto 754 de 2019. Explicó que, ingresó a la Policía Nacional
en el nivel ejecutivo antes de la entrada en vigencia de esta última disposición,
acreditó más de 16 años de servicio y fue retirado por destitución, razón por la cual,
consideró que tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro.
11. De igual manera, en desconocimiento del precedente horizontal6 y
«vertical»7, pues, según indicó, en otros asuntos con supuestos fácticos similares
se reconoció la asignación de retiro a exintegrantes de la Policía Nacional retirados
por causales distintas a la solicitud propia. En particular, sostuvo que, se encontraba
en iguales condiciones que otros exuniformados a quienes se les aplicó la Ley 923
de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, por haber ingresado al nivel ejecutivo
antes del Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) y superar los quince
(15) años de servicio.
12. Finalmente, alegó que, se vulneró el principio de favorabilidad, porque, la decisión
aplicó el Decreto 754 de 2019, pese a que, en su criterio, correspondía resolver el
asunto con fundamento en los Decretos 1212 y 1213 de 1990.
6
Para ello señaló como desconocida la sentencia del 26 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, dentro del proceso núm. 11001-33-35-008-2017-00052-01.
7
Adujo como inobservadas las siguientes decisiones: (ii) 19 de agosto de 2022, Juzgado Primero Administrativo de Florencia,
proceso núm. 8001-33-33-001-2020-00258-00; (ii) 8 de marzo de 2024, Juzgado Once Administrativo de Ibagué, proceso
núm. 73001-33-33-011-2021-00034-00; (iii) 17 de mayo de 2024, Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá, proceso núm.
11001-33-35-018-2022-00329-00; (iv) 20 de febrero de 2024, Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, proceso Núm.
20001-33-33-002-2023-00153-00; (v) 23 de marzo de 2023, Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, proceso núm. 66001-
33-33-004-2022-00095-00; (vi) 22 de agosto de 2025, Juzgado Primero Administrativo de Florencia, proceso núm. 18001-33-
33-001-2023-00417-00; (vii) y 25 de febrero de 2025, Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, proceso núm. 18001-33-
33-002-2024-00081-00.
4
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1.4 Contestación de la acción
13. 1.4.1 El Tribunal Administrativo del Huila8 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que, el accionante pretende convertir el mecanismo
constitucional en una instancia adicional para reabrir el debate ya zanjado por el
juez natural. Además, señaló que, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, pues, el actor se limitó a manifestar su desacuerdo con la sentencia
cuestionada y a proponer una interpretación distinta del régimen jurídico aplicable,
sin explicar en qué forma la providencia vulneró sus derechos fundamentales.
14. De otro lado, sostuvo que, no se configuró el defecto sustantivo, toda vez que, el
Decreto 754 de 2019 era la norma vigente y aplicable al momento del retiro del señor
Wilmar Olaya Santanilla, ocurrido por destitución, y en la cual se exige acreditar 20
años de servicio para acceder a la asignación de retiro. Respecto del
desconocimiento del precedente, indicó que, la sentencia reprochada se apoyó en
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que ha avalado la aplicación de dicha
disposición al personal del nivel ejecutivo incorporado directamente antes del
Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004).
15. 1.4.2 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional9 pidió declarar
improcedente el mecanismo constitucional, al estimar que, la controversia sobre la
legalidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la asignación de
retiro ya fue sometida al conocimiento de la jurisdicción del contencioso
administrativo y decidida dentro del trámite ordinario.
16. De igual manera, sostuvo que, la acción de tutela no puede emplearse para
controvertir nuevamente un acto administrativo que ya había sido objeto de estudio
por el juez competente. De otro lado, manifestó que, no vulneró derecho
fundamental alguno al accionante. En consecuencia, solicitó que fuera
desvinculada del trámite.
17. 1.4.3 El Juzgado Sexto (6) Administrativo de Neiva guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto. No obstante, remitió el proceso ordinario.
1.5 Providencia impugnada10
8
Índice 10 de SAMAI del proceso de primera instancia.
9
Índice 12 de SAMAI del proceso de primera instancia.
10
Índice 15 de SAMAI del proceso de primera instancia.
5
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18. Mediante sentencia del Doce (12) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, al considerar que, la controversia planteada por la parte
actora no supera el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, sostuvo
que, los reproches formulados por el actor reflejan una mera inconformidad con los
criterios adoptados por el juez natural, sin que se evidenciara una afectación a los
derechos fundamentales invocados.
19. Adicionalmente, señaló que, la tutela no puede ser utilizada como una instancia
adicional para controvertir una decisión dictada en derecho.
1.6 La impugnación11
20. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, en la decisión de primera instancia no se analizó la presunta
vulneración de su derecho a la igualdad. Por ello, reiteró que, la sentencia
cuestionada desconoció el precedente judicial invocado en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
21. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)15 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción
22. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
11
Índice 20 de SAMAI del proceso de primera instancia.
12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6
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cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico
23. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si
el fallo del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) mediante el cual,
el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión que negó el reconocimiento
de la asignación de retiro al accionante, incurrió en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente y, por consiguiente, vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, dignidad humana,
seguridad social y principio de favorabilidad.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
25. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
16 Sentencia C-590 de 2005.
17 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
7
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
26. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5 Caso concreto
27. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio del actor,
en una indebida interpretación normativa y omisión jurisprudencial, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos a la igualdad, debido
8
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proceso, mínimo vital, dignidad humana, seguridad social y principio de
favorabilidad; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno;
(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por
cuanto la providencia atacada quedó ejecutoriada el Seis (6) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025)18 y la solicitud de amparo se presentó el 17 del mismo mes y año,
es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de
tutela.
28. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente invocadas por el accionante.
2.5.1 Defecto sustantivo
29. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
30. La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 20.
18
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.
19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
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2.5.2 Desconocimiento del precedente
31. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia21, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo22 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe23.
2.6 Análisis del caso concreto
32. En el asunto sub examine, el demandante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, toda vez que, el asunto debía resolverse conforme
a la Ley 923 de 2004 y a los Decretos 1212 y 1213 de 1990, y no con fundamento
en el Decreto 754 de 2019. Explicó que, ingresó a la Policía Nacional en el nivel
ejecutivo antes de la entrada en vigencia de esta última disposición, acreditó más
de 16 años de servicio y fue retirado por destitución, razón por la cual, consideró
que tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro.
33. Así mismo en desconocimiento del precedente, pues, según indicó, en otros
asuntos con supuestos fácticos similares se reconoció la asignación de retiro a
exintegrantes de la Policía Nacional retirados por causales distintas a la solicitud
propia. En particular, sostuvo que, se encontraba en iguales condiciones que otros
exuniformados a quienes se les aplicó la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y
21
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
22
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-
462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
23
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
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Accionante: Wilmar Olaya Santanilla
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1213 de 1990, por haber ingresado al nivel ejecutivo antes del Treinta (30) de
Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) y superar los quince (15) años de servicio.
34. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
El Tribunal estima que la situación del actor se rige por el Decreto 754 de 2019 por estar
vigente al tiempo de retiro del servicio y cobijar al personal ingresado por incorporación
directa al nivel ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004 […]
[…]
Este estatuto tiene en cuenta el tipo de vinculación del servidor, pues alude a quienes
ingresaron al nivel ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31
de diciembre de 2004 (pues dicho nivel fue creado por Ley 62 de 1993 pero inició el 13
de enero de 1995 con el Decreto 132 de 1995) y en contraposición, no aplica a quienes
ya venían vinculados antes de crearse el nivel ejecutivo y logran su cambio a éste
(incorporación indirecta).
En este caso del demandante ingresa como alumno el 22 de septiembre de 2004 en
calidad de aspirante al nivel ejecutivo, por lo tanto, le aplica el citado Decreto 754 de
2019 y el hecho de que se haya graduado como patrullero el 31 de agosto de 2005 no
implica que esa sea la fecha de ingreso al escalafón, especialmente porque el artículo
3-3.1. de la Ley 923 de 200[4] prevé que, para efectos de la asignación de retiro, debe
tenerse en cuenta el tiempo de formación, por eso el tiempo de servicio le fue certificado
desde el 22 de septiembre de 2004 en calidad de alumno y debe tenerse en cuenta para
definir el estatuto pensional que lo cobija.
De otro lado, dicho estatuto tiene en cuenta la causal de retiro del servicio para fijar
el tiempo requerido para alcanzar la asignación de retiro, siendo más benévolo para
quienes son retirados por voluntad de la administración o disminución de la capacidad
sicofísica (15 años) y más exigente para quienes se retiran por voluntad propia, por
retiro absoluto o por causas disciplinarias (20 años), lo cual está en consonancia con el
artículo 3 de la ley 923 de 200[4].
Para este caso, el demandante fue retirado del servicio por destitución y no acredita 20
años de servicio, tan solo había alcanzado 18 años, 2 meses y 23 días (incluido el
tiempo de estudiante), así, desde la perspectiva del citado decreto no es viable el
reconocimiento pensional, por ello no incurre en defecto sustantivo el fallo apelado […]
[…]
Por último, el apelante insiste, desde la demanda, en la aplicación del artículo 104 del
Decreto 1213 de 1990, sin embargo, dicha disposición regula el régimen prestacional
aplicable a los agentes de la Policía Nacional, categoría distinta a la del personal del
nivel ejecutivo a la que perteneció el demandante, por eso no resulta procedente
efectuar un análisis de dicha norma, toda vez que los miembros del nivel ejecutivo se
encuentran en un escalafón superior, con un régimen jurídico propio y diferenciado, lo
cual impone un tratamiento normativo distinto conforme a los principios de especialidad
y jerarquía funcional dentro de la estructura de la institución.
[…]
35. De lo transcrito se colige que, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
negativa de las pretensiones, al considerar que, el señor Wilmar Olaya Santanilla
no acreditó el tiempo de servicio exigido en el Decreto 754 de 2019 para acceder a
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la asignación de retiro. Para tal efecto, tuvo en cuenta que, el actor ingresó al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa antes del Treinta y Uno
(31) de Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) y fue retirado por destitución, por lo que,
acumuló 18 años, 2 meses y 23 días de servicio.
36. En ese sentido, la Sala observa que, la autoridad judicial accionada explicó que,
el Decreto 754 de 2019 era la norma aplicable al asunto del accionante, en tanto,
estaba vigente al momento de su retiro, el cual, ocurrió el Treinta (30) de Noviembre
de Dos Mil Veintidós (2022), y, por cuanto, en su artículo 1.º dispuso que, el personal
del nivel ejecutivo incorporado directamente hasta el Treinta y Uno (31) de
Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), tendrá derecho a la asignación de retiro cuando
sean destituidos, si cumplen veinte (20) años de servicios, requisito que no acreditó
el tutelante.
37. En igual sentido, se ha pronunciado esta Subsección al resolver un caso de
contornos fácticos similares, en el que se precisó que, «[…] con posterioridad, el
presidente de la República expidió el Decreto 754 de 2019, norma vigente y aplicable para el
momento de retiro del servicio del demandante, es decir, el 12 de julio de 2021, razón por la cual,
pese a los cambios normativos estudiados, no era posible acceder al reconocimiento pretendido al
no cumplir con los requisitos fijados en aquella norma»24.
38. Así las cosas, la interpretación del Tribunal no resulta arbitraria ni contraevidente.
Pues, no desconoció la Ley 923 de 2004, sino que, analizó el Decreto 754 de 2019
a partir de los límites previstos en dicha ley marco y concluyó que, la exigencia de
20 años para los casos de destitución se encontraba dentro del margen fijado por el
Legislador.
39. Tampoco resultaba obligatorio resolver el asunto con fundamento en los Decretos
1212 y 1213 de 1990, como lo pretendía el accionante. El Tribunal explicó que, el
artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 regula el régimen prestacional de los agentes
de la Policía Nacional, mientras que, el actor perteneció al nivel ejecutivo, categoría
que cuenta con regulación propia. Además, como se indicó en líneas anteriores,
para la fecha del retiro del señor Olaya Santanilla ya se encontraba vigente el
Decreto 754 de 2019. En consecuencia, este regulaba su situación.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 13 de abril de 2026, proceso núm. 11001-03-
15-000-2026-01563-00, M. P., Juan Enrique Bedoya Escobar.
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40. Por otro lado, el accionante asevera que la providencia reprochada incurrió en
desconocimiento del precedente, puesto que, no tuvo en cuenta la sentencia del 26
de septiembre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C en el proceso con radicado núm. 11001-33-35-
008-2017-00052-01, en la cual los supuestos fácticos eran idénticos a su caso y sí
se accedió a las pretensiones.
41. Frente al aludido fallo alegado como desatendido, cabe advertir que, fue emitido
por un Tribunal distinto al accionado. Por tanto, para que se configure el
desconocimiento del precedente horizontal, la providencia que se aduce
desconocida y la que es objeto de inconformidad en el sub lite, además de guardar
correspondencia entre los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de las
controversias expuestas, deben ser dictadas por la misma autoridad judicial,
presupuestos que, no se cumplen en el presente asunto.
42. Ahora bien, respecto a las decisiones proferidas por distintos juzgados
administrativos que, según el accionante, fueron inobservadas por la autoridad
judicial accionada, la Sala precisa que, estas no constituyen un precedente vertical
obligatorio para el Tribunal Administrativo del Huila, razón por la cual, no le imponían
resolver el asunto en el mismo sentido.
43. En cuanto a la presunta vulneración del principio de favorabilidad, la Sala
advierte que, dicho postulado no permite, por sí solo, desplazar la norma que el juez
natural consideró aplicable al caso concreto. La discrepancia del actor frente al
régimen jurídico aplicado por el Tribunal no convierte la decisión en defectuosa,
máxime cuando la providencia explicó las razones por las cuales el Decreto 754 de
2019 regía su situación.
44. Además, esta Subsección25 ha manifestado que, la disposición normativa
aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro es aquella que se
encuentra vigente al momento del retiro y que regula la situación del demandante.
Así, en sentencia del Doce (12) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), al resolver
un asunto de nulidad y restablecimiento del derecho sobre asignación de retiro,
descartó la aplicación del Decreto 754 de 2019 porque el retiro del servidor ocurrió
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, proceso núm. 76001-23-33-
000-2019-00827-01 (0759-2025), M. P., Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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antes de su expedición. En el presente asunto, no se advierte vulneración del
principio de favorabilidad, pues, el señor Olaya Santanilla fue retirado por destitución
el Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), cuando el mencionado
decreto ya se encontraba vigente.
45. En ese orden de ideas, se observa que, la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario y al marco normativo que regula el asunto,
situación de la que se concluye que, no se configuró el defecto sustantivo ni el
desconocimiento del precedente.
46. Esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa el juez
natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
47. Finalmente, para la Sala, la pretensión relacionada con la declaratoria de nulidad
del Oficio «ID 798614 de 10 de febrero de 2023» no está llamada a prosperar, toda vez
que, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir actos
administrativos. Máxime cuando dicho acto fue objeto de control judicial dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor,
el cual, culminó con la sentencia del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, providencia
que, constituye el objeto central de censura en este trámite constitucional.
III. DECISIÓN
48. La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la
providencia cuestionada hubiere incurrido en defecto sustantivo ni en
desconocimiento del precedente, por tal motivo, se revocará el fallo impugnado que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia para, en su lugar, negar el
amparo deprecado.
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49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Doce (12) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. Para, en su lugar,
NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
mínimo vital, dignidad humana, seguridad social y principio de favorabilidad
invocados por el señor Wilmar Olaya Santanilla, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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