Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06536-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06536-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06536-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
6 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: LUZ STELLA MONTES AGUIRRE
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-
Naturaleza subsidiaria del amparo. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Procede contra sentencias
ejecutoriadas bajo las causales previstas en el artículo 250 del CPACA. NULIDAD ORIGINADA EN LA
SENTENCIA-Comprende afectaciones sustanciales al debido proceso. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL-No procede al existir otro recurso. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una
instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 10 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 17 de octubre de 2025, Luz Stella Montes Aguirre, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad. Alegó vulnerados estos derechos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E al proferir la
sentencia del 10 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 1 que promovió contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA.
1 Identificado con número de radicado: 25307-33-33-003-2021-00157-00/01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
En virtud de la acción de tutela, solicitó que se modifique la sentencia reprochada,
«en el sentido de abstenerse de resolver sobre “la prohibición de percibir doble
asignación del tesoro- el derecho pensional es incompatible con las prestaciones
sociales derivadas del reconocimiento de un contrato realidad”».
1. Hechos relevantes
Luz Stella Montes Aguirre instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, con el fin de infirmar los
oficios Nos. PQRS 7-2021-105674 del 19 de abril del 2017 y PQRS 7-2021 083069
del 26 de marzo del 2021, así como el acto ficto que dispuso negar el reconocimiento
y pago de las acreencias laborales surgidas de los contratos Nos. 513 del 2012, 1269
del 2013, 653 del 2014, 1161 del 2015, 366 del 2016, 0534 del 2017, 1442 del 2018
y 1020 del 2019. Señaló que dichos contratos la vincularon al SENA como instructora
de la entidad.
El asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Girardot, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda mediante sentencia proferida el 8 de
mayo de 2025. La entidad demandada formuló recurso de apelación. En sentencia
del 10 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección E modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de
precisar que la relación laboral entre las partes fue interrumpida, habiendo lugar a
descontar esos intervalos de tiempo.
A su turno, advirtió que la accionante se encuentra pensionada desde el 1 de febrero
de 2018, de modo que no resulta procedente reconocer las prestaciones sociales
hasta el 30 de noviembre de 2019, a raíz de la prohibición constitucional de percibir
doble asignación del tesoro. En vista de lo anterior, dispuso limitar el reconocimiento
de las prestaciones sociales legales hasta el 31 de enero de 2018, día anterior al
reconocimiento pensional.
2. Fundamentos de la solicitud
La accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad. Al respecto, argumentó que se
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
encontraba en un escenario de excepción a la prohibición de percibir más de una
asignación que provenga del erario público, por cuanto la Ley 4 de 1992 excluye de
esa prohibición a las labores de docencia, las cuales ejerció durante la totalidad de
su relación laboral con el SENA. Asimismo, refirió al concepto 1344 del 10 de mayo
de 2001, en el cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
estableció que los beneficiarios de pensiones públicas pueden celebrar contratos de
prestación de servicios pagados con recursos provenientes del tesoro público.
Por demás, planteó que el Tribunal se extralimitó al fallar extra petita, por cuanto el
recurso de apelación no esgrimió la prohibición de percibir doble asignación del
tesoro. Agregó que, aún cuando el juez laboral puede fallar más allá de lo solicitado,
esa previsión debe operar a favor del trabajador –parte débil de la relación laboral–.
3. Trámite de primera instancia
El 23 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
a la autoridad judicial accionada, así como al Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el
Juzgado Tercero Administrativo de Girardot, en calidad de terceros con interés.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección E manifestó que la tutela es improcedente, por cuanto no
cumple el requisito de subsidiariedad. Explicó que los reparos formulados en el
escrito inicial podrían ajustarse a un defecto procedimental absoluto por
incongruencia, lo cual habilitaría la interposición del recurso extraordinario de
revisión por la causal prevista en el artículo 250.5 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-.
Sin perjuicio de ello, expresó que la relevancia jurídica del asunto resuelto es
indiscutible, por cuanto atañe a una prohibición contenida en el artículo 128 de la
Constitución. Sumado a lo anterior, planteó que la decisión no trasgrede el principio
de congruencia previsto en el artículo 281 del CGP, ya que el asunto resuelto
constituye un hecho modificativo del derecho sustancial. Por demás, manifestó que
la accionante pretende una instancia adicional sobre asuntos que ya fueron
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
estudiados y resueltos por el juez natural de la causa. En razón a lo expuesto, pidió
que se desestime la acción de tutela.
El SENA indicó que no es un establecimiento educativo, sino un establecimiento
público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
(artículo 1 de la Ley 119 de 1994). Por ende, quienes imparten cursos en sus centros
de formación no son docentes, sino que fungen como instructores –a quienes, por
demás, no se les exige formación pedagógica–, de modo que el artículo 19 de la Ley
4 de 1992 no es aplicable al asunto. Así las cosas, alegó que el Tribunal falló en
derecho al aplicar la incompatibilidad constitucional de percibir doble asignación
proveniente del erario.
El Juzgado Tercero Administrativo de Girardot aportó copia digital del expediente
ordinario.
Mediante sentencia del 10 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Cuarta declaró improcedente la acción de tutela, en atención al incumplimiento del
requisito de subsidiariedad. Explicó que los reparos contenidos en la demanda de
tutela se orientaban a la incongruencia entre el objeto de la apelación y lo resuelto
en segunda instancia. Por ende, la parte actora dispone del recurso extraordinario
de revisión, con fundamento en la nulidad originada en la sentencia (artículo 250.5
del CPACA). Añadió que no advierte circunstancias que configuren un perjuicio
irremediable, en tanto la sentencia cuestionada es parcialmente estimatoria de las
pretensiones de la accionante.
La accionante impugnó. Esgrimió que el artículo 133 del Código General del
Proceso –CGP-, que contiene un listado taxativo de causales de nulidad, no incluye
la decisión incongruente entre ellas. Por ende, aunque haya jurisprudencia del
Consejo de Estado que admita la procedencia del recurso de revisión con base en la
incongruencia de la decisión recurrida, «lo cierto es que la ley positiva prevalece,
más aún cuando no habido unificación de jurisprudencia al respecto».
A su vez, expresó que el recurso extraordinario de revisión no constituye un
mecanismo idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, sumado a
que su interposición implicaría contribuir a la congestión judicial, así como una
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
inversión de tiempo y esfuerzo por parte de la interesada. Añadió que los reparos no
consistían únicamente en la incongruencia de la decisión, sino en la falta de
contradicción de dicho yerro.
En su criterio, el recurso de revisión no sería procedente para corregir dicha
infracción a su derecho de defensa, por cuanto no reabrirá el debate probatorio o
corregirá la falta de traslado. Además, en términos textuales de la solicitante, la
subsidiariedad «no exige agotar todos los medios posibles, porque hablando en
estricto sentido estos ya se emplearon, sino agotar los medios que sean idóneos,
eficaces y razonables». El 20 de enero de 2026 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar revocar la
sentencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Cuarta, que declaró improcedente el amparo.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta
regla tiene dos excepciones: (i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o (ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 4.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede de manera
subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que
permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley.
Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional
ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de
obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido
consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes 5.
3 Ibidem.
4 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
5 Corte Constitucional, T-1008 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia 6.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales 7. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de
acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman
un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para
6 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
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Acción de tutela – Segunda instancia
advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa
juzgada y contra la seguridad jurídica».
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional 8: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
La accionante considera que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia del 10 de octubre de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E. Adujo
la infracción de sus derechos fundamentales, por cuanto la decisión se extralimitó de
cara a los argumentos planteados en el recurso de apelación y desatendió que,
conforme al artículo 19 de la Ley 4 de 1992, la labor docente estaba exceptuada de
la prohibición constitucional de doble asignación del erario.
Para la Sala, tal como lo señaló el juez de tutela de primera instancia, la accionante
tiene a disposición el recurso extraordinario de revisión para formular los reproches
esgrimidos en sede de tutela. En efecto, el artículo 248 del CPACA dispone que el
recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala Contenciosa Administrativa del
Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces
administrativos. El artículo 250.5 del CPACA establece como causal de revisión la
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
De manera reciente, la Corporación ha establecido 9 que la referida causal se
configura por la estructuración de alguna de las causales de nulidad contenidas en
el artículo 133 del CGP como es la indebida integración del contradictorio o por
afectaciones sustanciales al debido proceso, entre ellas:
«(i) haberse dictado fallo con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una
persona que no fue vinculada al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla,
(iv) dictar un fallo inhibitorio injustificado, o (v) faltar al principio de congruencia»10.
A su turno, el inciso tercero del artículo 255 del CPACA –adicionado por la Ley 2080
de 2021– establece que, si se declara fundada la causal del numeral 5 del artículo
250 anterior, se declarará la nulidad de la actuación afectada y se devolverá el
9 Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 15 de abril de 2024, Rad. 11001-03-15 000-
2020-04942-00.
10 Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 30 de octubre de 2023, Rad. 11001-03 15-
000-2022-02265-00. Frente al estudio del principio de congruencia en recursos extraordinarios de revisión, ver:
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 9 de diciembre de 2025, rad. 71945.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia
de nuevo, según corresponda.
La accionante manifestó que la nulidad originada en la sentencia, al tenor de las
causales previstas en el artículo 133 del CGP, no comprende la falta de congruencia
de la decisión. Agregó que el recurso de revisión no sería procedente para corregir
dicha infracción a su derecho de defensa, por cuanto no reabrirá el debate probatorio
o corregirá la falta de traslado.
La Sala no acoge los argumentos expuestos, por las siguientes razones: (i) conforme
a la jurisprudencia pacífica y reiterada del Consejo de Estado, la nulidad originada
en la sentencia comprende afectaciones sustanciales al debido proceso que
trascienden las causales previstas en el artículo 133 del CGP, entre estas, la
trasgresión al principio de congruencia, y (ii) en atención a los remedios contenidos
en el artículo 255 del CPACA, un eventual fallo estimatorio del recurso extraordinario
podría ordenar a la autoridad accionada que rehaga la actuación, garantizando así
el derecho de defensa y contradicción de la parte actora.
Por demás, el escrito de impugnación no manifiesta circunstancia alguna que
evidencie la configuración de un perjuicio irremediable. La Sala acoge la
interpretación del fallo recurrido en ese sentido, en tanto la sentencia objeto de
reproche resulta favorable a los intereses de la parte actora.
Visto lo anterior, la Sala advierte que la controversia planteada en sede constitucional
no se contrae exclusivamente a la incongruencia de la decisión. La parte actora
plantea la inaplicación del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, la cual se encuadra en el
defecto sustantivo. Ello excede las causales previstas en el recurso extraordinario de
revisión y, por lo tanto, es susceptible de ser abordado por el juez constitucional.
Sin embargo, al revisar los argumentos que motivaron la sentencia del 10 de octubre
de 2025, se advierte que dicha decisión citó los artículos 128 de la Constitución
Política y 19 de la Ley 4 de 1992. El Tribunal advirtió que, conforme a las normas
precitadas y el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado 11, existe
11 Consejo de Estado-Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2025, rad. 68001-23-33-000-2014-
00624-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
incompatibilidad entre una pensión proveniente del erario y las prestaciones sociales
legales derivadas de la existencia de una relación laboral encubierta.
Por ello, al advertir que la accionante se encuentra pensionada en Colpensiones
desde el 1 de febrero de 2018, estimó improcedente el reconocimiento de
prestaciones sociales hasta el 30 de noviembre de 2019, fecha de finalización de la
vinculación, por cuanto estas debían limitarse hasta el 31 de enero de 2018, día
anterior al reconocimiento pensional.
La Sala advierte que los argumentos presentados por la accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues el juez natural del asunto, de conformidad
con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el acervo probatorio
aportado, consideró que las prestaciones sociales reconocidas a la actora en virtud
de su relación laboral con el SENA resultaban incompatibles con la pensión
proveniente de Colpensiones.
Es así que, atendiendo los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala
estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al
expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.
Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con los requisitos generales
de subsidiariedad y relevancia constitucional. Así las cosas, la Sala habrá de
confirmar la sentencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de
Estado-Sección Cuarta, que declaró improcedente el amparo, por los motivos antes
expuestos.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06536-01
Accionante: Luz Stella Montes Aguirre
Acción de tutela – Segunda instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2025 por el
Consejo de Estado-Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela,
en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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