Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06542-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06542-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06542-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: José Aníbal Mejía Camacho.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
B y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06542-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad e inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
13 de abril de 2026 proferido por la Sala de Conjueces de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. José Aníbal Mejía Camacho, Sandra Helena Portilla Constaín, Alexandra
García Parra, Laura Patricia Prieto Restrepo, Ricardo Rendón Puerta,
Gilberto Javier Guerrero Díaz, Fernando Darío Bohórquez Tovar, Luis
Carlos Bonilla Rico, Lubeth del Carmen Ceballes Cuenca, Julián Harold
Herrera Calderón y Raúl Cadena Loza, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron demanda contra la
Nación - Rama judicial, con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos que negaron el pago y reliquidación del salario
básico mensual en un treinta por ciento y el reajuste en igual porcentaje
de las prestaciones sociales devengadas con fundamento en la prima
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especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
1.2. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia de 31 de octubre de 2019, accedió
a las pretensiones de la demanda frente a algunos demandantes al
considerar que “[…] tienen derecho a que se les pague la prima especial
de servicios causadas a partir del 15 de julio de 2011 y hasta la fecha en
que hayan desempeñado dichos cargos, puesto que las sumas causadas
antes del 15 de julio de 2011 se encuentran prescritas […]”, y respecto a
los demás demandantes les negó las pretensiones, entre los que se
incluye el ahora accionante, al considerar que “[…] los periodos a reclamar
por los mismos -de conformidad con las pretensiones de la demanda- son
anteriores al 15 de julio de 2011, razón por la cual es claro que no tendrían
derecho al reconocimientos de los periodos reclamados, por lo que no se
tendrán en cuenta a los referidos actores en la parte resolutiva de esta
sentencia […]”.
1.3. Contra la decisión anterior los demandantes presentaron recurso de
apelación respecto a la declaratoria de prescripción trienal, al considerar
que se presentó la reclamación administrativa el 15 de julio de 2014, es
decir, dentro del término de los 3 años, y afirmó que “[…] tratándose de
prestaciones sociales estas son irrenunciables e imprescriptibles […]”.
Asimismo, la parte demandada presentó recurso de apelación, al
considerar que la entidad se encuentra en imposibilidad presupuestal de
reconocer los derechos.
1.4. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante decisión de 5 de noviembre de 2024 confirmó la sentencia de
primera instancia, al considerar que “[…] la parte demandante tiene
derecho a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y
lo dejado de percibir, desde el 15 de julio de 2011, o sea tres años atrás
de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones sociales y
salariales, debido a la prescripción trienal y hasta la fecha en que
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permanezca en el cargo. Recuérdese que la petición de la prima especial
de servicios no vino a hacerla sino hasta el 15 de julio de 2014; y a partir
de esta fecha, se cuentan los tres años hacia atrás para efectos de la
prescripción […]”.
1.5. El señor José Aníbal Mejía Camacho presentó solicitud de corrección de
la anterior providencia, al considerar que se incurrió en un error al
momento de valorar sus tiempos de vinculación laboral, en tanto, las
accionadas no tuvieron en cuenta que ha laborado como magistrado
auxiliar de la Corte Suprema de Justicia del 1 de octubre al 7 de noviembre
de 2007 y del 12 de diciembre de esa anualidad hasta la fecha.
1.6. Mediante decisión de 21 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, negó la solicitud de corrección al
considerar que el accionante reprochó la valoración realizada sobre los
certificados laborales aportados al proceso, sin embargo, afirmó que en el
recurso de apelación se limitó a alegar la supuesta imprescriptibilidad de
los haberes pretendidos.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso con ocasión de las
sentencias de 31 de octubre de 2019 y 5 de noviembre de 2024 proferidas
respectivamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y afirmó que
incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración de los tiempos de
vinculación laboral, debido a que no tuvieron en cuenta que laboró como
magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia del 1 de octubre al 7 de
noviembre de 2007 y del 12 de diciembre de esa anualidad hasta la fecha, y
dicha irregularidad “[…] constituye una vía de hecho por indebida o errónea
apreciación de las pruebas, que derivó en la negación del derecho reclamado
en la demanda que sí fue reconocido a otros demandantes en idénticas
condiciones fácticas […]”.
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3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de mi mandante, JOSÉ ANÍBAL MEJÍA CAMACHO,
vulnerados por las decisiones judiciales adoptadas en la sentencia de
primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 31 de
octubre de 2019 y en la sentencia de segunda instancia del Consejo de
Estado del 5 de noviembre de 2024, con ponencia del conjuez Erlin Abad
Palacios Moreno, al incurrir en una evidente omisión en la valoración del
material probatorio relacionado con los tiempos de vinculación laboral del
accionante.
En consecuencia, solicito que se ordene al Consejo de Estado emitir una
nueva providencia en la que se realice un estudio riguroso, completo y
conforme a los principios constitucionales del material probatorio obrante
en el expediente, especialmente en lo relativo a los periodos de
vinculación laboral del señor MEJÍA CAMACHO, revocando la sentencia
del 5 de noviembre de 2024 si a ello hubiere lugar, y garantizando el trato
igualitario respecto de los demás demandantes que se encontraban en
similares circunstancias […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 28 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra de Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y se vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a los señores Sandra Helena Portilla Constaín, Alexandra García
Parra, Laura Patricia Prieto Restrepo, Ricardo Rendón Puerta, Gilberto Javier
Guerrero Díaz, Fernando Darío Bohórquez Tovar, Luis Carlos Bonilla Rico,
Lubeth del Carmen Ceballes Cuenca, Julián Harold Herrera Calderón y Raúl
Cadena Lozano, en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso.
En la misma decisión se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero
Fernando Pardo Flórez y por sorteo fueron designados como conjueces los
magistrados Diego Franco Victoria y Alberto Montaña Plata.
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2. El 13 de abril de 2026 la Sala de Conjueces de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
declarando improcedente la solicitud de amparo.
3. Mediante auto de 30 de abril de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
4. Mediante sorteo efectuado el 23 de junio de 2026, se designaron a los
doctores Sergio González Rey, Camilo Calderón Rivera y Edgardo José Maya
Villazón como Conjueces dentro del presente asunto.
5. Posteriormente, en escrito de 21 de julio de 2026, el Conjuez Sergio
González Rey manifestó encontrarse impedido bajo la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
6. Mediante sorteo efectuado el 23 de julio de 2026, se designó a la doctora
Isabel Cristina Jaramillo Sierra como Conjuez dentro del presente asunto.
7. Mediante auto de 6 de agosto de 2026, esta Sección declaró fundado el
impedimento manifestado por los doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro,
Nubia Margoth Peña Garzón, Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Sergio
González Rey, por encontrar configurada la causal 1° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal alegada.
III. INTERVENCIONES
1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó se declare probada
la falta de legitimación en la causa por pasiva al carecer de competencia para
intervenir en las decisiones y actuaciones proferidas por los despachos
judiciales, asimismo, solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que los argumentos expuestos por el accionante están
dirigidos a reabrir el debate jurídico ya estudiado en el proceso ordinario.
2. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca sostuvo que, al proferir la sentencia de primera instancia, se
valoraron las pruebas oportunamente aportadas y controvertidas por las
partes, las cuales evidenciaban que, respecto del caso del accionante, había
operado el fenómeno jurídico de la prescripción. En consecuencia, se declaró
la prescripción total de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas.
3. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que
“[…] la parte demandante apeló la decisión y sustentó su desacuerdo en la
imprescriptibilidad de los haberes salariales pretendidos y no en la valoración
probatoria que hoy cuestiona […]”, asimismo, indicó que la acción de tutela
“[…] no cumple con el requisito mínimo de procedencia relativo a la inmediatez,
toda vez que la sentencia cuestionada fue notificada el 2 de diciembre de 2024
lo que implica que se superó el plazo de 6 meses que esta corporación adoptó
[…]”.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 6 de abril de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo
al advertir que esta “[…] no supera los presupuestos generales de
subsidiariedad e inmediatez. La parte actora pretende que se analice una
falencia cuyo origen acaeció en la sentencia ordinaria de primera instancia, sin
que la haya planteado en la correspondiente oportunidad procesal dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; además, la tutela
se presentó después de 6 meses de notificada la providencia objeto de
censura, como se expone a continuación […]”.
De lo anterior, señaló que la apelación de la parte demandante se circunscribió
a controvertir la declaratoria de prescripción y la naturaleza salarial de la prima
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin cuestionar la
valoración probatoria efectuada respecto de los tiempos de vinculación laboral
del accionante, por tal razón, el juez natural “[…] no abordó la situación del
tutelante, pues ello no fue objeto de apelación, por ende, tampoco el presunto
error en determinar el tiempo de vinculación como funcionario judicial […]”.
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Respecto del requisito de inmediatez, indicó que no se satisface, dado que
“[…] la sentencia de 5 de noviembre de 2024 fue notificada el 2 de diciembre
siguiente, y la tutela se presentó el 17 de octubre de 2025, excediendo por
mucho el término de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como
prudente para ejercer dicho reclamo constitucional […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia afirmando que “[…] la
tutela no se erige como un recurso adicional al proceso ordinario para que el
juez constitucional se pronuncie sobre aspectos que no fueron esgrimidos en
la alzada contra la sentencia de primera instancia como lo supone el a quo,
sino por haber omitido apreciar pruebas que incidieron de manera
determinante en su decisión incurriendo en una vía de hecho por defecto
fáctico, por lo que se cumple el presupuesto de subsidiariedad, y además, el
de la inmediatez, que se analizó delanteramente en este escrito, lo cual habilita
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
[…]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Cuestión previa
La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
su desvinculación del presente trámite de tutela al carecer de legitimación en
la causa por pasiva y, que el juez de primera instancia omitió pronunciarse al
respecto, por tanto, en esta instancia se resolverá.
La Sala considera que, comoquiera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial fungió como parte procesal dentro del proceso objeto
de estudio identificado con el radicado núm. 25000-23-42-000-2016-03350-
01/02, le asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se negará la solicitud de desvinculación.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Esta acción constitucional fue instituida como un instrumento subsidiario
excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el afectado no
dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho3.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza4), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
Del análisis del escrito de tutela se infiere que lo pretendido por la parte actora
a través de esta acción de tutela es controvertir las providencias proferidas
tanto por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante las cuales se negó al accionante el pago y reliquidación
del salario básico mensual en un treinta por ciento y el reajuste en igual
porcentaje de las prestaciones sociales devengadas con fundamento en la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 al encontrarse
probada la excepción de prescripción trienal respecto de los periodos
reclamados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 25000-23-42-2016-03350 01/02.
3 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
4 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Respecto de lo anterior, la Sala encuentra que el actor pudo controvertir en
sede ordinaria las decisiones que ahora cuestiona por esta vía constitucional,
en tanto que, revisado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de tutela, se observa que presentó recurso de apelación alegando la
prescripción trienal probada y no alegó lo relacionado con los periodos de
vinculación, en ese sentido, los argumentos planteados en esta instancia no
fueron objeto de apelación.
Por tanto, la Sala considera que la presente acción constitucional deviene
improcedente, comoquiera que el mecanismo de amparo no puede sustituir ni
revivir etapas procesales previamente vencidas. En razón a que el no ejercicio
oportuno, adecuado y pertinente de los mecanismos de defensa judicial
ordinarios previstos en la ley, no puede ser utilizado como justificación para
acudir al juez constitucional con el ánimo de defender un asunto que debió
ventilarse en el interior del mismo proceso.
De otra parte, también se advierte que no se cumple con el requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela, toda vez que la parte actora le
atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de
31 de octubre de 2019 y 5 de noviembre de 2024, que para el caso se debe
tener en cuenta la fecha de la sentencia de 5 de noviembre de 2024, por ser
la decisión que puso fin a la litis.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de controversia, la notificación de la providencia
de 5 de noviembre de 2024 se surtió el día 2 de diciembre de esa misma
anualidad; mientras que la acción de tutela se presentó el 17 de octubre de
2025, es decir con posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por
esta Corporación como término razonable para ejercer dicho reclamo
constitucional.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que, de la revisión del escrito de tutela no
se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, la Sala
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declarará improcedente la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la solicitud de amparo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 13 de abril de 2026 proferido
por la Sala de Conjueces de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CAMILO CALDERÓN RIVERA
Consejero de Estado Conjuez
Presidente
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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