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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06543-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06543-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la formulada por la parte actora en contra del informe presentado por dicho instituto. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad Akargo SAS por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06543-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

11 de diciembre de 2025

Demandante: Akargo SAS
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06543-00
Demandante: AKARGO SAS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia de la acción por no cumplir la relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de octubre de 2025, la sociedad Akargo SAS,
a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de
justicia, a la propiedad y a la igualdad ante la ley y ante la administración.

La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de las sentencias del 26 de septiembre de 2024 y 10 de abril de
2025, dictadas en primera y segunda instancia en el proceso especial

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Demandante: Akargo SAS
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

contencioso administrativo previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 19971,
identificado con el radicado 25000-23-41-000-2019-01021-00/01. Este
proceso fue promovido contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en su
trámite se vinculó como llamado en garantía a la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital (UAECD).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

En consecuencia, se pide que se dejen sin efecto dichas providencias y se
ordene a la autoridad judicial competente proferir una nueva decisión, con
sujeción a los principios constitucionales de justicia material, igualdad real
y reparación integral, valorando debidamente:

1. Los actos administrativos de viabilidad del Plan Parcial Tintalito Mazuera
Alsacia Oriental (Resolución 978 de 2017), en cuanto definieron índices
edificatorios, reparto de cargas y beneficios, y demás parámetros
urbanísticos con efectos jurídicos vinculantes;

2. Las pruebas que acreditan una práctica administrativa uniforme de la
UAECD y el IDU de aplicar índices de construcción superiores al básico en
predios en igual situación técnica; y

3. El precedente constitucional de la Corte, particularmente la Sentencia C-
1074 de 2002, conforme a la cual la indemnización por expropiación debe
reflejar no solo el valor comercial vigente, sino también las expectativas
legítimas y ciertas derivadas de actos administrativos en curso de
ejecución.

Solo de esa manera podrá restablecerse la vigencia efectiva del artículo 58
de la Constitución y garantizarse que la expropiación se produzca con una
indemnización realmente justa, acorde con la actuación administrativa.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito a esta Honorable Corporación:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la indemnización justa de
AKARGO S.A.S., vulnerados por las sentencias del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección A, de fecha 26 de
septiembre de 2024, y del Consejo de Estado – Sección Primera, de fecha
10 de abril de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 250002341000201901021-00.

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Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

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2. Dejar sin efecto las providencias judiciales impugnadas, por haber
incurrido en defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente constitucional, y ordenar a la autoridad judicial competente
proferir una nueva sentencia en la que:

Se valoren de manera integral las pruebas documentales y técnicas que
acreditan la práctica institucional uniforme de la UAECD y el IDU de
aplicar índices de construcción superiores al básico (1.0) en predios
sujetos a planes parciales en etapa de viabilidad o concertación;

Se reconozcan los efectos jurídicos del acto administrativo de viabilidad
del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental (Resolución 978 de
2017) en la determinación del valor económico del inmueble; y

Se apliquen los estándares fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia reiterada sobre la indemnización justa y plena, que
comprende no solo el valor comercial actual del bien, sino también las
expectativas legítimas y ciertas derivadas de actos administrativos en
curso de ejecución.

De esta forma, se garantizará que el proceso expropiatorio se ajuste a los
mandatos del artículo 58 de la Constitución Política, asegurando una
reparación integral, proporcional y razonable, conforme al principio de
justicia material que rige la función jurisdiccional del Estado.

…solicito acoger las pretensiones de esta acción de tutela y disponer lo
pertinente para la protección efectiva de los derechos fundamentales
invocados.

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que es propietaria del predio ubicado en la AK
86 número 12-51 IN 1 de la ciudad de Bogotá, del cual hace parte el área de
12.611.07 m2 de terreno identificado con la cédula catastral BS 46916 en
mayor extensión con CHIP AAA01370MAW y matricula inmobiliaria 50C-
1334015.

Indicó que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) expidió la Resolución 4869
de 16 de octubre de 2018, por medio de la cual formuló una oferta de compra
sobre el terreno por la suma de $8.562.916.530, conforme al avalúo que
realizó la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) 2018-
0869 RT 46986-IDU del 2 de octubre de 2018.

Añadió que, dentro del término de enajenación voluntaria, presentó
objeciones al informe de avalúo relacionadas con el índice de edificabilidad
básica que se le otorgó al predio, la incorrecta aplicación del documento

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técnico de soporte DTS del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental y
de la Resolución 978 de 21 de junio de 2017, mediante la cual se otorga
viabilidad al proyecto de plan parcial previamente referido.

Mencionó que el IDU expidió la Resolución 1105 de 14 de marzo de 2019
«por la cual ordena una expropiación por vía administrativa» sobre el terreno
y reconoce como precio indemnizatorio la suma de $8.562.916.530, decisión
que fue recurrida vía reposición por razones atribuibles al avalúo comercial
que acompañaba la oferta. Agregó que, a través de la Resolución 2156 de 23
de mayo de 2019, se resolvió de manera desfavorable el recurso de
reposición.

Precisó que presentó demanda contra el Instituto Colombiano de Desarrollo
Urbano (IDU), en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 «[p]or la cual se modifica la
Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones», para
que se declarara la nulidad de las Resoluciones 1105 de 14 de marzo de
2019 y 2156 de 23 de mayo de 2019 y, en consecuencia, se reconociera lo
siguiente:

i) La suma de $15.713.393.220 correspondientes a la diferencia entre el valor
que debió ser pagado y el valor que efectivamente se pagó por concepto de
precio indemnizatorio,

ii) los intereses moratorios del monto anterior desde el 14 de marzo de 2019
hasta que efectivamente se realizara el pago,

iii) el valor a cancelar de forma indexada y el cumplimiento de la sentencia en
los de términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, así como el pago de
los intereses moratorios.

Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024 negó las
súplicas de la demanda porque el avalúo aportado por la demandante,
realizado con el método residual, no se elaboró con fundamento en la
reglamentación urbanística vigente para el momento en que el IDU (a través
de la UAECD) realizó la visita correspondiente, esto es, con fundamento en
los requisitos técnicos previstos en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y,
por tanto, no contaba con las características que permitiera desvirtuar la
legalidad del avalúo que sirvió de fundamento a los actos demandados.

Expuso que presentó un recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Primera a
través de providencia del 10 de abril de 2025, al estimar que el proceso de

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expropiación garantizó el reconocimiento de una indemnización justa y plena
en la que comprendió el valor del bien inmueble objeto de expropiación y los
perjuicios que se derivaron de ella. En esta decisión se indicó que el a quo
«…valoró las pruebas presentadas por la parte demandante, determinando
que en el plenario no existen elementos de prueba que demuestren que el
avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto y, por ende, no hay
motivo para decretar la nulidad solicitada.»

La anterior sentencia se notificó vía electrónica y por estado el 23 de abril de
2025.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulneradas sus garantías fundamentales por lo
siguiente:

1.4.1. Defecto fáctico:

Indicó que se incurrió en un yerro de tal naturaleza porque las autoridades
judiciales demandadas omitieron la valoración de pruebas determinantes que
acreditaban la práctica administrativa y técnica del IDU y la UAECD.

Expuso que en el expediente obran avalúos de la UAECD de 2021 y 2022,
aportados por la parte actora con escrito del 23 de agosto de 2023, que
muestran la aplicación de índices de construcción superiores al básico (1.0)
en predios sometidos a planes parciales no adoptados formalmente al
momento de su valoración.

Destacó que estas piezas eran conducentes y determinantes para resolver la
litis (paridad fáctica y técnica), y su omisión de análisis impidió el escrutinio
integral del acervo probatorio, afectando las reglas de valoración y la
motivación exigidas por la ley.

1.4.2. Defecto sustantivo:

Afirmó que el mencionado yerro ocurrió porque las autoridades judiciales
demandadas interpretaron de manera restrictiva y contraria a la Constitución
la normativa aplicable a la determinación del valor comercial del inmueble.

Adujo que en las providencias demandadas se dio por lectura irrazonable del
marco normativo urbanístico/valuatorio, ya que las decisiones convalidaron
un avalúo que desconoció los efectos jurídicos del acto de viabilidad del Plan
Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental —que definió usos, reparto de
cargas y beneficios y edificabilidad resultante—, pese a que tales actos

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vinculan y orientan la edificabilidad en la fase de preadopción (art. 2.2.4.1.1.9
del Decreto 1077 de 2015) y deben ser considerados al aplicar el método
residual bajo el principio de mayor y mejor uso (art. 4 de la Resolución IGAC
620 de 2008).

Mencionó que al reducirse indebidamente la «reglamentación urbanística
vigente al momento de la oferta» (artículo 61 de la Ley 388 de 1997) al solo
momento de adopción formal del plan, las decisiones sustrajeron del juicio
valorativo una normatividad incidente y previa que ya definía el potencial
edificatorio, lo que implicó un quebrantamiento del debido proceso por
errores manifiestos de derecho.

Agregó que el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015 señala que,
cuando una autoridad distrital o municipal (como la Secretaría de Planeación
de Bogotá) aprueba la «viabilidad» de un plan parcial, lo hace mediante un
acto administrativo.

Refirió que, en el caso concreto, en 2017, la Secretaría Distrital de
Planeación expidió la Resolución 978 de 2017, donde dio viabilidad al Plan
Parcial «Tintalito Mazuera Alsacia Oriental». En esa resolución ya se
definieron los usos del suelo, los índices de construcción y las cargas y
beneficios urbanísticos. Añadió que según el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto
1077 de 2015, ese acto de viabilidad ya era obligatorio para todas las
autoridades, incluso antes de que se firmara el decreto final que «adopta» el
plan parcial.

Resaltó que, desde 2017, el predio de Akargo ya estaba dentro de un plan
parcial viable, y por tanto debía valorarse conforme a esa reglamentación, no
con la norma básica anterior (índice 1.0); sin embargo, el IDU y la UAECD
ignoraron ese efecto y avaluaron el predio como si el plan parcial no
existiera, aplicando solo el índice básico.

Consideró que, por lo anterior, las sentencias demandadas repitieron ese
error, estableciendo que como el plan parcial aún «no estaba adoptado», no
podía tenerse en cuenta su edificabilidad, pese a que, eso contradice lo que
contempla el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015, esto es, que la
viabilidad ya produce efectos jurídicos plenos.

Refirió que la trascendencia constitucional es patente porque la forma de
valorar el bien expropiado —a partir de reglas probatorias y normas
urbanísticas— define el contenido del derecho de propiedad y la justa
indemnización. De modo que, a su juicio, no se trata de una discrepancia
menor, sino de una lesión estructural del proceso debido en sede judicial.

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1.4.3. Desconocimiento del precedente:

Sostuvo que las decisiones judiciales impugnadas también incurrieron en
defecto por desconocimiento del precedente constitucional, al omitir la
doctrina vinculante de la Corte Constitucional según la cual el valor
indemnizatorio de una expropiación debe reflejar no solo la situación jurídica
vigente, sino también las expectativas legítimas y ciertas derivadas de actos
administrativos en curso de ejecución.

Precisó que en la sentencia C-1074 de 2002, la corte en cita señaló que el
principio de indemnización justa comprende no solo el valor comercial actual,
sino las expectativas legítimas de aprovechamiento del bien, cuando estas
derivan de decisiones administrativas firmes o en trámite avanzado.

Mencionó que se desconoció el precedente vinculante de la Corte
Constitucional en materia de indemnización justa, al limitar el valor del bien
expropiado a la situación jurídica formal —esto es, la inexistencia del decreto
de adopción del plan parcial— sin considerar las expectativas legítimas,
ciertas y verificables derivadas del acto administrativo de viabilidad del Plan
Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental (Resolución 978 de 2017).

Refirió que el precedente fijado en la «sentencia C-1074 de 2002, y reiterado
en múltiples pronunciamientos posteriores (C-189 de 2006, T-379 de 2016,
T-630 de 2017)», ha establecido que la indemnización por expropiación debe
reflejar la realidad jurídica y económica del bien, lo que incluye no solo su
valor actual, sino también el potencial cierto derivado de decisiones
administrativas en curso de ejecución o con efectos consolidados.

Expuso que negar ese valor implica una forma de indemnización irrisoria o
simbólica, expresamente prohibida por la jurisprudencia constitucional. Esto,
pues en el caso de la demandante, la Resolución 978 de 2017 había definido
los índices de edificabilidad y el reparto equitativo de cargas y beneficios,
elementos que integran el valor económico del suelo conforme a la técnica
residual prevista en la Resolución IGAC 620 de 2008.

Indicó que, por desconocer la existencia y los efectos jurídicos de dicho acto
de viabilidad, las instancias ordinarias redujeron artificialmente el valor del
bien y vaciaron de contenido el derecho de propiedad. Por lo que, estimó que
se desconoció el lineamiento jurisprudencial sobre las expectativas legítimas
y justa indemnización en expropiación.

1.4.4. Otras garantías que se alegan como desconocidos:

La parte actora sostuvo que su derecho a la igualdad se transgredió porque

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en el «mismo entorno urbanístico y bajo condiciones normativas
equiparables, la UAECD sí aplicó índices de edificabilidad superiores al
básico en avalúos de 2021 y 2022 para predios sujetos a planes parciales
aún no adoptados (mismas etapas predecretales)», mientras que a ella le
aplicó el índice básico (1.0), disminuyendo su valor del suelo en el ejercicio
residual.

Manifestó que esa divergencia técnica injustificada —no examinada ni
desvirtuada por las decisiones— comporta un trato desigual sin razón
objetiva ni proporcional, prohibida por el artículo 13 superior, y refuerza el
defecto fáctico (omisión de valorar la prueba que evidenciaba la práctica
administrativa uniforme). La omisión judicial impidió restablecer la paridad de
trato, consolidando una discriminación económica en perjuicio de la
accionante. De modo que, se desconoció dicho principio porque se convalidó
un trato técnico y económico injustificadamente desfavorable.

Puntualizó que también se desconoció el derecho a la indemnización justa
en la expropiación contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política
exige que toda expropiación se acompañe de una «indemnización previa y
justa», lo cual implica que el valor reconocido al propietario debe reflejar no
solo el valor físico del bien, sino también su potencial urbanístico real y
jurídicamente definido.

Adujo que se transgredió su confianza legítima pues esta no fue infundada
ni especulativa, sino jurídicamente protegible, ya que se basó en actos
administrativos expresos, firmes y emitidos por la propia Administración
Distrital, particularmente la Resolución 978 de 2017 de la Secretaría Distrital
de Planeación, mediante la cual se otorgó la viabilidad al Plan Parcial
Tintalito Mazuera Alsacia Oriental.

Refirió que, este acto, conforme al artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de
2015, tiene naturaleza decisoria y vinculante, al definir los parámetros de
edificabilidad, usos del suelo, y el reparto equitativo de cargas y beneficios
que regirán el desarrollo del ámbito espacial del plan.

Recordó que cuando estructuró su actuación económica y jurídica en torno a
esa viabilidad —esperando únicamente la expedición formal del decreto de
adopción— lo hizo amparada en la legítima expectativa de estabilidad y
coherencia institucional, generada por el propio Estado. Entonces, en su
sentir, no se trataba de una mera expectativa de hecho o de conveniencia,
sino de una situación jurídica en consolidación, reconocida y protegida por el
ordenamiento jurídico.

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1.5. Trámite

Mediante providencia del 24 de octubre de 2025, se inadmitió la demanda
constitucional puesto que, si bien se aportó un poder especial otorgado por el
señor César Emilio Maldonado Vidales, quien en dicho documento manifestó
ser el representante legal de la empresa accionante, en el certificado de
existencia y representación legal que se adjuntó2, no se demostró que aquel
actualmente ostentara dicha calidad y que contara con la facultad respectiva.
Para corregir dicha falencia se concedió el término de tres (3) días. El
anterior auto se notificó vía electrónica el 27 de octubre de 2025.

La sociedad accionante, con memorial remitido el 28 del mismo mes y año,
aclaró: i) que la empresa se encuentra legalmente constituida y vigente; ii)
que el señor Juan Guillermo Londoño Molina ostenta la calidad de
representante legal principal y que el señor César Emilio Maldonado Vidales
la de representante legal suplente, conforme al Acta número 14 del 17 de
marzo de 2015, inscrita en Cámara el 9 de diciembre de 2020, (iii) y que los
estatutos confieren al «gerente plenas facultades judiciales y extrajudiciales,
incluyendo la posibilidad de otorgar poderes, comparecer en juicio, transigir,
conciliar y comprometer, de manera que el representante legal suplente
puede ejercer dichas funciones cuando el principal se encuentre
imposibilitado».

A su vez, señaló que el señor Londoño Molina padecía de una enfermedad
neurodegenerativa progresiva con compromiso cognitivo y funcional severo,
que le impide actualmente ejercer sus funciones ejecutivas, motoras y de
decisión, incluyendo la suscripción de actos jurídicos y poderes judiciales y
que, por tanto, el señor Maldonado Vidales asumió la representación legal
como suplente. Además, indicó que este último le confirió poder especial
para presentar esta acción de tutela.

Para tal efecto, anexó el soporte documental del caso: i) Certificado de
existencia y representación legal de Akargo SAS (Cámara de Comercio de
Cartagena con fecha de expedición 17 de octubre de 2025, ii) conceptos
médicos del Grupo de Neurociencias de Antioquia (23/10/2024) suscritos por
la médica Victoria Zubiría y iii) copia del poder especial otorgado por el señor
César Emilio Maldonado Vidales.

Por lo que, una vez revisada la documental aportada que daba cuenta de la
representación legal de la sociedad demandante, con auto del 7 de
noviembre de 2025, se admitió la demanda de tutela3 y, en consecuencia, se
2
Expedido el 16 de septiembre de 2025, con código de verificación AuYWEFu6TS.
3
En esta providencia, se indicó lo siguiente: «… se observa que en el certificado de
existencia y representación en mención se indica que la «…representación legal de la

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ordenó la notificación de los magistrados que integran el Consejo de Estado,
Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A.

A su vez, se dispuso la vinculación de los representantes del Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) y de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital (UAECD).

Adicionalmente, se requirió el expediente objeto de demanda y, entre otros
asuntos, se reconoció personería jurídica al abogado de la empresa actora.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

El magistrado actualmente ponente del despacho que emitió la sentencia de
segunda instancia se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al
considerar que no cumple el requisito de la relevancia constitucional, pues la
parte actora se fundó en apreciaciones subjetivas con el fin de que se acoja
el criterio que es favorable a sus intereses, a manera de una «tercera
instancia».

Agregó que, subsidiariamente, deben negarse las pretensiones de amparo,
dado que la providencia objeto de tutela se encuentra debidamente
fundamentada y las consideraciones allí contenidas resultan suficientes para
desvirtuar la vulneración de derechos fundamentales alegada.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

1.6.2.1. El magistrado ponente de la sentencia de primera instancia señaló
que la demanda constitucional de la referencia no cumple el requisito de la
relevancia constitucional.

Indicó que en la providencia cuestionada se tuvieron en consideración los

compañía y la administración de los negocios sociales compete al Gerente de la sociedad» y
que este tendrá «UN (1) suplente» que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales,
con las mismas atribuciones del principal.
De igual manera, se advierte que entre las facultades del representante legal se encuentra:
«4. Ejecutar o celebrar cualquier acto o contrato, ajustado al objeto social de la sociedad.
Con tal función podrá representar a la compañía judicial y extrajudicialmente…», también se
enuncia como representante legal principal al señor Juan Guillermo Londoño Molina y, como
suplente al señor César Emilio Maldonado Vidales y que, este último, ante la imposibilidad
médica del principal, confirió el poder especial al mencionado abogado.
En tal sentido, se advierte que el requerimiento realizado en el auto del 24 de octubre de
2025 fue atendido adecuadamente.»

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argumentos que ahora expuso el accionante y se indicaron las razones por
las cuales el avalúo aportado por la demandante no tenía las características
para desvirtuar el de la UAECD.

Recalcó que no puede predicarse la violación de derechos fundamentales
cuando en la decisión se atendió a la regulación probatoria y procesal que
existe sobre el particular y se valoraron suficientemente y de manera
razonada las pruebas aportadas.

Precisó que tampoco se configuraron los defectos específicos invocados por
la parte actora puesto que atendió a la norma vigente en ese momento, la
sentencia se emitió con fundamento en los avalúos allegados al expediente y
además tuvo en cuenta la realidad jurídica y económica del inmueble objeto
de expropiación.

Refirió que cuestión distinta es que la sociedad accionante pretenda que se
acceda a sus pretensiones con fundamento en un dictamen pericial que se
sustentó en una norma que no estaba vigente y en relación con las
características físicas de un inmueble inexistente.

1.6.2.2. A su vez, la Secretaría de esta corporación sostuvo que se
encontraba adelantando la remisión del expediente objeto de demanda
puesto que se encuentra en físico y no digital.

1.6.3. IDU

Esta entidad solicitó su desvinculación y, a su vez, que se declare la
improcedencia de la acción de tutela pues no cumple los requisitos de la
inmediatez porque se presentó después de los 6 meses de la ejecutoria de la
providencia de segunda instancia demandada y, el de relevancia
constitucional porque pretende reabrir el debate ya zanjado por el juez
natural a manera de una «tercera instancia».

1.6.4. UAECD

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que, no se acredita el requisito de la relevancia constitucional
ya que persigue el establecimiento de una tercera instancia y, además
porque la parte accionante no ha agotado todos los medios de defensa
judicial, comoquiera que procedería el recurso extraordinario de revisión.

Refirió que la parte actora nunca cumplió con su deber de carga probatoria,
pero pretende mediante esta acción que las autoridades judiciales
demandadas «… entren en una especie de rendición de cuentas sobre su

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actuar o que los terceros interesados suplan el deber probatorio que le
asiste», con claro desconocimiento de que toda decisión o procedimiento
siempre tiene un mecanismo de control judicial y el hecho de que la sociedad
los haya ejercido y no haya obtenido los resultados deseados, no indica que
exista una falla en la actuación del operador judicial.

Resaltó que si la parte actora considera que había yerro en la sentencia de
segunda instancia, de la que predica la «incongruencia probatoria entre las
actuaciones del IDU y el avalúo de AKARGO», la sociedad accionante podía
hacer uso del recurso extraordinario de revisión de sentencia, previsto en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 2011.

1.7. Intervención posterior de la parte actora

Solicitó que se declare la extemporaneidad en la presentación del informe
por parte del IDU puesto que lo allegó el 20 de noviembre de 2025, esto es,
luego de vencido el término que se concedió en el auto admisorio de esta
demanda constitucional.

Señaló que además el informe es irregular porque no coincide la fecha
interna del documento con la de su efectiva radicación y porque también
cuenta con la discrepancia en la identificación del radicado al cual se dirigió
el documento, corrección de dato que, si bien fue requerido por la
corporación, no fue atendida por el instituto en mención.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El IDU solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

Frente a dicha entidad, la parte actora sostuvo que debe declararse la
extemporaneidad de su informe pues se presentó luego del término
concedido para ello en el auto admisorio y, porque es irregular en cuanto a
los datos de la fecha interna del documento y del radicado al cual se

4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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encuentra dirigido.

En primer lugar, se denegará la desvinculación presentada por el
mencionado instituto, puesto que su integración a esta causa constitucional
se efectuó como tercero con interés en el proceso, en razón a que fungió
como parte demandada en el proceso objeto de esta acción de tutela.

En cuanto la petición de la parte actora respecto de la extemporaneidad e
irregularidad del informe de dicho instituto se observa que ese documento
efectivamente cuenta con una presentación del 20 de noviembre de 2025 y
su contenido refiere lo siguiente:

Bogotá D.C., Noviembre 13 de 2025

Respetado Doctor:
OMAR JOAQUIN BARRETO SUAREZ
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
CALLE 12 7 65
111711
samai@notificacionesrj.gov.co
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202552601631692

ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: CARLOS AMAYA GAITAN
ACCIONADO: VIANTI S.A. ESP
RADICADO: 11001418905220250189100

…

Es evidente que en caso en estudio el Actor pretende que el Juez
Constitucional, se convierta en una tercera instancia. Léase en su escrito el
acápite “OBJETO: … ACCION DE TUTELA por violación de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y propiedad (indemnización justa), con ocasión de la sentencia de
segunda instancia de fecha 10 de abril de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro del proceso Radicado
250002341000201901021-00, y su antecedente directo: la sentencia de
primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”, de 26 de septiembre de 2024, con el fin de que se
tutelen los derechos constitucionales de mi representada y se estudie el
caso que fue objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada al amparo del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, mediante la
cual se controvirtió la legalidad de los actos administrativos de expropiación
por vía administrativa proferidos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,

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respecto del predio de propiedad de AKARGO S.A.S, ubicado en la
Avenida Carrera 86 No. 12-51 Interior 1, dentro del proyecto vial Avenida
Alsacia, tal como pasa a narrarse en el presente escrito. (Subrayado fuera
del texto original)

Por tanto, en cuanto a la extemporaneidad advertida por la parte accionante,
se considera ello que no transciende el asunto en cuestión puesto que la
acción de tutela se promovió en contra de providencias judiciales y no
respecto de alguna actuación u omisión del IDU. Este instituto, se reitera
solo fue vinculado en calidad de tercero con interés en el resultado del
proceso.

A su vez, se denegará lo pedido comoquiera que si bien el documento
presenta esa inconsistencia en cuanto a la demanda de amparo a la cual va
dirigido, de su contenido se puede apreciar que, el informe se refiere al
proceso de expropiación objeto de esta demanda constitucional, esto es, el
identificado con el radicado 25000-23-41-000-2019-01021-00.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con la sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera en el proceso especial contencioso
administrativo previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, identificado
con el radicado 25000-23-41-000-2019-01021-00/01, el cual fue promovido
contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en su trámite se vinculó
como llamado en garantía a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital (UAECD).

Así las cosas, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

A su vez, se precisa que, si bien la parte demandante cuestionó tanto la
providencia de primera instancia como la de segunda emitidas en el proceso
de expropiación objeto de esta demanda constitucional, lo cierto es que el
siguiente análisis recaerá solo frente a la esta última pues fue la que le puso
fin a la controversia.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio

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de 20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.6

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.7

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea

5
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
6
Ibídem.
7
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’.»

En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

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...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.8

En el presente asunto, se observa que, la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la configuración de un defecto
sustantivo por interpretar de manera restrictiva y contraria a la Constitución la
normativa aplicable para la determinación del valor comercial del inmueble;
en un defecto fáctico por omitir la valoración de pruebas determinantes que
acreditaban la práctica administrativa y técnica del IDU y la UAECD y; en un
desconocimiento del precedente porque se ignoró la línea jurisprudencial
sobre expectativas legítimas y la justa indemnización en la expropiación.

Aunado a lo anterior, la parte actora hizo referencia a la igualdad, al derecho
a la indemnización justa y a la confianza legítima, los cuales corresponden a
argumentos que, a su juicio, corroboran la configuración de tales defectos
específicos.

Al respecto, se encuentra que, si bien la parte actora cuestionó el sentido de
la decisión judicial que le fue adversa a sus intereses, lo cierto es que, con
los defectos en cita no logró cumplir con la carga argumentativa necesaria
para acreditar el requisito de la relevancia constitucional.

En relación con el defecto fáctico alegado por la parte actora, según el cual,
la autoridad judicial accionada omitió la valoración de pruebas determinantes
que acreditaban la práctica administrativa y técnica del IDU y la UAECD,
como los avalúos de la UAECD de 2021 y 2022, aportados por el
demandante con escrito del 23 de agosto de 2023, se observa que en la
sentencia acusada se indicó:

63. Conforme a lo anterior, la Sala considera que, el dictamen más all[á] de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial sobre
el cual se sustentó la expedición de los actos administrativos se basó en los
lineamientos establecidos en el plan parcial [T]intalito Mazuera Alsacia
Oriental y en estudios técnicos que configuran hechos generadores de
plusvalía reglamentados a través del Decreto 799 de 20 de diciembre 2018,
el cual, como ya se vio, fue expedido con posterioridad al precitado avalúo
oficial. En razón a ello, no se controvierte de manera clara y precisa las
8
Destacado por la Sala.

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falencias que se presentaron en el informe técnico de avalúo comercial
2018-0869 de fecha 21 de septiembre de 2018, proferido por la Unidad de
Catastro Distrital.

…
66. En el caso sub examine, la parte demandante no probó que el avalúo
oficial realizado por el Unidad de Catastro Distrital 20189-0869 es
equivocado, máxime cuando el dictamen allegado no analiza ni desvirt[ú]a
los fundamentos facticos, técnicos y de método que fueron allegados en el
avalúo oficial. En efecto, el documento no hizo alusión a la diferencia del
precio del terreno con relación al avalúo que se había realizado, la
inconformidad con el método aplicado y las conclusiones de las
discrepancias encontradas, lo que permite inferir que lo otros avalúos
aportados en la demanda, a título de referencia, tampoco tendrán vocación
de discrepar los fundamentos técnicos y jurídicos en los que se adoptó el
dictamen oficial.
…
72. De acuerdo a las consideraciones previstas en los numerales anterior,
se evidencia que el proceso de expropiación garantizó el reconocimiento de
una indemnización justa y plena en la que comprendió el valor del bien
inmueble objeto de expropiación y los perjuicios que se derivaron de ella.

73. En consecuencia, se concluye que el a quo valoró las pruebas
presentadas por la parte demandante, determinando que en el plenario no
existen elementos de prueba que demuestren que el avalúo fijado por la
parte demandada fue incorrecto y, por ende, no hay motivo para decretar la
nulidad solicitada.

Adicionalmente, en cuanto al defecto sustantivo se observa que, pese a que
no se cumplió con la respectiva carga argumentativa, a prima facie que la
decisión demandada atendió la norma vigente, además de que no era posible
-como lo pretende la sociedad accionante-, aplicar el plan parcial de
desarrollo Tintalito Mazuera Alsacia Oriental por cuanto es posterior a la
elaboración del dictamen pericial.

Finalmente, respecto del presunto desconocimiento del precedente tampoco
se acreditó la carga argumentativa necesaria para ser analizado, carga que
se torna más rigurosa cuando se demanda una providencia de una alta corte,
como lo es el caso en particular.

En todo caso, se advierte que, en consonancia con la sentencia C-1074 de
2002 de la Corte Constitucional9, la providencia acusada tuvo en cuenta la

9
Que indica: «3.3.1. Las características constitucionales de la indemnización en caso de
expropiación
Según el texto constitucional estudiado, la indemnización por expropiación debe cumplir dos
características: 1) debe ser previa; y 2) debe fijarse consultando los intereses de la

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realidad jurídica y económica del inmueble objeto de expropiación, en tanto
que se valoró conforme a la norma vigente al momento del avalúo realizado
por la UAECD y las condiciones físicas acreditadas.

Por tanto, los reproches de la parte demandante distan del fin de la acción de
amparo, que no es otro que el de proteger garantías constitucionales cuando
se vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en este caso.

Así las cosas, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la
decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre dichas
garantías en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención en sede constitucional.

Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el juez de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, se insiste, lo contrario sería invadir la esfera de competencia del juez
natural.

En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los
principios rectores de la autoridad judicial.

De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.

Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez
que carece de dicho presupuesto en relación con los defectos específicos
alegados por la parte accionante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

comunidad y del afectado. Si bien el texto del artículo 58 superior no exige expresamente
que la indemnización sea “justa”, ni tampoco señala si debe ser “plena” o si debe ser pagada
en dinero, esta Corporación se ha referido en su jurisprudencia a las características
constitucionales de la indemnización por expropiación. A continuación se hace una síntesis
de la jurisprudencia sobre este tema.»

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Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación del Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) y la formulada por la parte actora en contra del
informe presentado por dicho instituto.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
sociedad Akargo SAS por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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