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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06551-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06551-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06551-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06551-01
Accionante: Jorge Helí Gamba Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de un proceso de reparación directa / CONFIRMA IMPROCEDENCIA
–Falta de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 17 de octubre de 2025, el señor Jorge Helí Gamba Martínez promovió acción
de tutela contra el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia, igualdad, debido proceso, dignidad humana, y a la defensa.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 16 de septiembre de 2024 y
15 de agosto de 2025 emitidas dentro de reparación directa1 que promovió junto con
los señores José Eccehomo Gamba Martínez, Jhoan David y Karen Tatiana Gamba
Muñoz, Angie Paola Gamba Cuervo y Leisdy Yusley Ramírez Sicacocha 2 contra la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial -DEAJ-. La demanda se sustentó en tres títulos de imputación
diferentes: (i) la privación injusta de la libertad de los señores Jorge Helí y José
Eccehomo Gamba por más de seis meses, dado que se declaró la prescripción de

1 Expediente 11001-33-36-033-2018-00353-00/02
2 Se presentó desistimiento de la demanda a nombre de Laura Sofía Gamba Torres, Estephany Gamba Gutiérrez

y Luz Aida Gutiérrez. En auto del 19 de junio de 2019, se excluyó del trámite procesal a las señoras Aurora, Ana
Lucia, Floralba y María Bárbara Gamba Martínez, porque no se demostró la calidad en la que actuaban, tal como
se pidió en la providencia que dispuso la inadmisión inicial de la demanda ordinaria.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06551-01
Accionante: Jorge Helí Gamba Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B y otro

la acción penal, sin que se desvirtuara su presunción de inocencia; (ii) el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia como resultado de una investigación
penal deficiente y por no tramitar recurso de apelación interpuesto contra la
providencia que decretó la medida de aseguramiento; y (iii) el error judicial porque el
Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de tutela del 19 de octubre de 20203,
afirmó que el accionante había sido sometido a una detención arbitraria e ilegal y
que había operado a su favor el vencimiento de términos.

3.
Mediante la providencia de 15 de agosto de 2025, el Tribunal accionado confirmó
la decisión adoptada el 16 de septiembre de 2024 por el Juzgado demandado, que
negó las pretensiones ordinarias. Consideró que la medida de aseguramiento
cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, no se probó
que el ente investigador haya actuado de forma temeraria como lo indicó el actor, y
en todo caso, las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal se ajustaron a
derecho, estando probado que las dilaciones en el trámite fueron causadas por el
propio accionante y su abogado defensor. Por demás, enfatizó en que un fallo de
tutela no constituye cosa juzgada frente a la posible declaratoria de responsabilidad
del Estado en un proceso de reparación directa.

4.
La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas valoraron
indebidamente las pruebas aportadas al proceso de reparación directa y
desconocieron precedentes judiciales proferidos por la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal y el Consejo de Estado, aplicables al
caso concreto. Actuaciones que denotan una clara trasgresión a los artículos 29, 31,
90 y 228 de la Constitución.

5.
Al proceso se aportó copia de la sentencia de tutela del 19 de octubre de 2010,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se ampararon
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, se dejaron sin efectos
las providencias del Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías y del Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá que habían negado su libertad condicional, y se ordenó su liberación
inmediata, por vencimiento de términos. Decisión que no fue revocada, ni
seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión, por lo que, constituye cosa
juzgada respecto a la responsabilidad estatal en su caso concreto.

6.
Tampoco se tuvo en cuenta que al surtirse el proceso penal los jueces de dicha
especialidad incurrieron en otros yerros, entre estos, la falta de trámite del recurso
de apelación interpuesto el 22 de abril de 2010 a fin de dejar sin efectos la decisión
de dictar medida de detención intramural contra el actor, el cual permaneció sin
resolver hasta el 22 de junio de 2016, fecha en que se archivó el proceso penal por
preclusión. Sobre esto último, enfatizó en que, a diferencia de lo alegado por el juez
ordinario, la demora por más de 6 años en dar trámite a las audiencias de juicio oral
y decretar pruebas, tuvo como causa la negligencia de los operadores judiciales, y

3 Radicado 11001-22-04-000-2010-02585-00.

2

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no del accionante y su defensor, pues incluso estos interpusieron tutelas cuyo único
fin era lograr dar celeridad al proceso.

7.
De otro lado, se pasó por alto que la Fiscalía 113 Seccional, adelantó una
investigación arbitraria en su contra, puesto que: inventó un supuesto testigo
protegido y oculto que vinculó al actor a un grupo delincuencial y, con dicha prueba,
justificó la medida de aseguramiento en su contra. Además, tal como consta en la
grabación de la audiencia en la que se dio legalidad a la captura y a su detención
intramural, el ente investigador no pudo acreditar los hechos individuales y concretos
que sustentaban los delitos endilgados al actor, ni descubrió las pruebas que
soportaban la imputación.

8.
A su juicio, lo mínimo que se debió acreditar por parte de la Fiscalía eran los
elementos que configuraban cada uno de los delitos por los que iba a ser investigado
y juzgado. Enfatizó en que la estafa implicaba haberle expuesto al juez cuanto fue la
ganancia obtenida, de “manos” de quien recibió el dinero, el origen de este, entre
otros elementos. Indicó que, al reclamar la exhibición de este material probatorio en
audiencia, el Fiscal encargado se exaltó y actuó de forma agresiva, en actitud
avalada por el juez penal de control de garantías. Esto, acorde a lo dispuesto por la
Corte Suprema de Justicia, en sentencias del 22 de febrero de 2012 4 y 24729 del 8
de junio de 2006, y por la Corte Constitucional en fallo C-695 de 2013.

9.
Afirmó que la Fiscalía en los meses posteriores, contrató testigos falsos a fin de
sustentar la presunta participación criminal del actor. Mencionó que tal era el caso
de la testigo Yeimy Pulido Ospina, quien declaró en su contra, pero hay prueba de
que ella repartía volantes en la calle, cerca a los juzgados ubicados en la Carrera
10°, ofreciendo sus servicios como testigo. Por demás, alegó que la investigación se
sustentó en pruebas manipuladas y extraídas de procesos penales terminados hace
más de 11 años, con sentencia absolutoria a su favor.

10.
Así, los jueces accionados dieron por probado que la Fiscalía dio a conocer los
elementos materiales probatorios e indicios que motivaron el inicio de la investigación
penal y la imposición de medida de aseguramiento, en desconocimiento de lo
realmente acaecido en las audiencias penales. A su juicio, se dejó de valorar que
solo se aportó un testimonio real, el del señor Francisco Antonio Bautista, quien en
todo caso, no hizo ninguna afirmación en su contra o que realmente lo vinculara con
la comisión de los delitos endilgados.

11.
Finalmente, mencionó que tampoco se valoró que tanto la Fiscalía como los
jueces penales eran responsables por permitir que se publicara en las noticias
nacionales, en primera plana, imágenes de su arresto como presunto delincuente,
con base en afirmaciones falaces y carentes de todo sustento jurídico y probatorio.
Sostiene haber presentado diversos derechos de petición a fin de que eliminen esas
publicaciones o que se rectifique lo allí expuesto, dado que la investigación penal

4 Sin radicado.

3

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precluyó en su contra, sin obtener respuesta real y de fondo. Afirmó que fue obligado
a posar para esas fotos por agentes del CTI que lo golpearon.

12.
Todas estas actuaciones ilegales acaecidas en su contra implican un evidente
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 14, incisos 1, 3 y 6 de la
CADH y 8 del PIDH, junto con múltiples sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, referentes a los
efectos de la cosa juzgada, los requisitos para acceder a una indemnización por
privación de la libertad, error judicial y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, el delito de estafa y posibles condenas por el delito de
prevaricato contra jueces que cometen yerros similares a los indicados.

13.
Con todo, alegó que el desconocer los errores en que incurrieron la Fiscalía y los
jueces penales que conocieron de su caso, generó un perjuicio irremediable, pues
como abogado perdió su prestigio profesional y su proyecto de vida, al ser sometido
al escarnio público, bajo acusaciones falaces e infundadas, y haber renunciado a
más de 333 procesos en los que era apoderado. Hechos por los cuales advierte que
ya presentó queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

B. Sentencia de primera instancia

14.
Mediante sentencia de 22 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el presente trámite constitucional al no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional. Se consideró que la parte demandante
pretende hacer uso de la acción de tutela para insistir en los mismos argumentos
expuestos en el trámite ordinario.

C. La impugnación

15.
La parte actora reiteró las deficiencias probatorias y de análisis jurídico en que
presuntamente incurrieron los jueces accionados, alegadas en el escrito de tutela y
que a su juicio permiten declarar procedente la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.

F. Análisis del caso concreto

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

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Accionante: Jorge Helí Gamba Martínez
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17.
La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del proceso
ordinario, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación, lleva a la Sala a
anticipar que en el presente caso se confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de amparo, al considerar que carece de relevancia
constitucional.

18.
Como sustento de la tutela, el accionante reiteró los argumentos que expuso en
la demanda ordinaria y el recurso de apelación que impetró contra el fallo de primera
instancia en el proceso de reparación directa, respecto a la presunta responsabilidad
de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la
libertad a la que fue sometido y la prolongación injustificada de dicha medida,
sustentadas en diversas deficiencias investigativas y judiciales que a su vez,
configuraron un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y un error
judicial.

19.
Igualmente se advierte que en su solicitud de amparo, el señor Gamba Martínez
omitió exponer las razones por las cuales podía considerarse, en sede constitucional,
que el análisis efectuado por el Tribunal sobre cada título de imputación alegado fue
irrazonable o constituyó una vulneración a los derechos fundamentales invocados.

20.
La Sala considera que todos los reproches formulados fueron razonablemente
analizados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia objeto de
tutela. Dicha autoridad judicial explicó que estaba probado que el señor Jorge Helí
Gamba y su hermano José Eccehomo, junto con otras personas, fueron investigados
por los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento público
y concierto para delinquir, con ocasión de las denuncias penales presentadas por las
compañías de Seguros Liberty S.A., AG Seguros, Suramericana, entre otras; por la
existencia de una supuesta organización dedicada a la estafa del sector de
aseguradoras6.

21.
En audiencia celebrada el 22 de abril de 2010, se impartió legalidad a la captura
del demandante, se formuló imputación y se impuso medida de aseguramiento en
centro carcelario. Afirmó que la decisión de encarcelar al actor no fue ilegal, se ajustó
a los requisitos formales establecidos en la ley penal y su imposición se motivó con
claridad y suficiencia.

22.
Conforme a las piezas procesales, el Tribunal encontró acreditado que: (i) uno de
los delitos por los que se investigó al actor fue el de concierto para delinquir, que de
acuerdo con el artículo 340 del CPP, tiene una pena de 4 a 9 años, quantum que
permitía dictar medida de aseguramiento en centro carcelario; (ii) estaba justificado
considerar que el actor constituía un peligro para la sociedad, puesto que en el
artículo 320 ibídem, numerales 1 y 2, se dispuso que este calificativo dependía de

6 Consistía en la toma de seguros de vida los cuales eran cancelados por el término de un año aproximadamente,

tiempo en el que el tomador acreditaba una falsa enfermedad (en particular, falla cardiaca), se producía su
presunto deceso certificado por un médico cómplice, ante lo cual, el notario expedía el registro civil de defunción,
se realizaban unas exequias “montadas” ante la Funeraria Gámez y luego se solicitaba la indemnización.
5

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su vinculación con organizaciones criminales y el número de delitos imputados; y (iii)
existían razones probatorias para vincularlo a la investigación penal e imponerle
medida de aseguramiento.

23.
Descartó que se hubiera incurrido en defectuoso funcionamiento de la
administración judicial por haberse adelantado una presunta investigación penal
deficiente. Desestimó las acusaciones de utilización de testigos falsos, volantes a la
opinión pública y la aseveración de haberse armado montajes para llevarse a cabo
la privación de la libertad, incluso de la actuación ilegal que se aduce dentro del
proceso penal por ocultamiento de pruebas, al no haberse allegado denuncia que
acreditara la comisión de esas conductas punibles; por el contrario, esos alegatos
constituyeron en simples afirmaciones que no tenían la relevancia de acreditar
responsabilidad alguna del Estado.

24.
Acto seguido, descartó el argumento del accionante según el cual el fallo de tutela
en el que se ordenó su libertad inmediata por vencimiento de términos constituyó
prueba del error judicial endilgado a las entidades demandadas.

25.
Precisó que estaba probado que el 19 de octubre de 2010, el Tribunal Superior de
Bogotá – Sala Penal, radicado 11001220400020100258500, dictó sentencia en la
que tuteló sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, ordenando
que en el término de 3 días se declarara libre, porque: (i) de conformidad con lo
previsto en el numeral 5° del artículo 317 de Ley 906 de 2004, la libertad del imputado
se cumplirá de inmediato cuando transcurridos 90 días contados a partir de la fecha
del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral, salvo
que ello se deba a maniobras dilatorias del implicado; y (ii) la Fiscalía 113 seccional
radicó el escrito de acusación el 21 de mayo de 2010, lo que significa que para el día
que el Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías se
pronunció acerca de la solicitud de libertad provisional, a saber, el 31 de agosto de
2010 había transcurridos 102 días, contabilizados de manera ininterrumpida7.

26.
Respecto a este fallo, el Tribunal explicó que lo decidido en sede de tutela, no
constituye cosa juzgada sobre el estudio y decisión a adoptar por parte del juez
contencioso-administrativo, porque los fines de ambas vías judiciales son diferentes:
a la acción constitucional se acude en busca de lograr la protección de derechos
fundamentales que se consideran están siendo vulnerados, mientras que en la
reparación directa se tiene que demostrar la causación de un daño antijurídico y la
responsabilidad del Estado en su ocurrencia, pero no desde la óptica de protección
de garantías iusfundamentales, sino desde las actuaciones u omisiones en que pudo

7 Se hizo énfasis en que transcurrieron más de dos meses desde que se radicó el escrito de acusación para que

la carpeta fuera asignada a un juzgado de conocimiento y este dispusiera la ruptura de la unidad procesal con
otros acusados. Se consideró que, al menos, hasta el 23 de agosto de 2010 no se configuró ninguna causa
razonable para que no se llevaran a cabo las audiencias; antes bien, lo que se denotaba era la falta de buen
gobierno no solo por parte del Centro de Servicios Judiciales, al tardar cerca de diez días en asignar el asunto al
juez de conocimiento, sino especialmente del Juzgado 26 Penal del Circuito, porque tardó algo más de un mes
y medio para decretar la ruptura de la unidad procesal. Y no se advierte del qué manera pudo incidir la
incapacidad de la señora jueza, presuntamente causada durante 29 días.
6

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incurrir acorde a sus deberes y obligaciones. Aclaró que si bien lo transitado en el
desarrollo y decisión de la acción de tutela debía tenerse como base y analizarse, no
llevaba automáticamente a la declaratoria de responsabilidad del Estado en el
proceso ordinario, pues en este último se da un análisis autónomo y completo del
transcurrir del proceso penal y de las actuaciones de todos los actores.

27.
También determinó que no existió error jurisdiccional al haberse negado la libertad
por vencimiento de términos más allá de la protección que se efectuó en la acción
de tutela que dispuso la libertad del señor Gamba porque en dicha decisión el juez
penal bajo criterios autónomos expuso las razones por las cuales el conteo de los
términos se realizaba de determinada manera, al punto que se le negó un hábeas
corpus que se sustentaba en su tesis. Enfatizó en que los jueces son libres y
autónomos en las decisiones que adopten, siempre y cuando se encuentren
ajustadas a derecho, sin que de ellas pueda predicarse deficiencias, en tanto hay
criterios de interpretación distintos, por ende este argumento de apelación tampoco
se acogió.

28.
Con lo hasta aquí expuesto, la Sala evidencia que el Tribunal accionado analizó
lo dispuesto en el fallo de tutela que ordenó la libertad del accionante y explicó
razonablemente porque descartó que lo allí decidido constituyera cosa juzgada
respecto al análisis de responsabilidad que debía adelantar el juez de la reparación.
En concreto, explicó que en ambos procesos se surten debates diferentes, y por
ende, no comparten objeto y causa petendi. En la tutela se alegó lo referente a la
vulneración de derechos fundamentales por negarse la solicitud de libertad
condicional por vencimiento de términos, mientras que en el proceso de reparación
directa se discute la responsabilidad estatal en la causación del daño derivado de la
privación injusta de la libertad, especialmente, por la legalidad con que se impuso la
medida de aseguramiento.

29.
Al respecto nada se dijo en la tutela ni en el escrito de impugnación. El actor se
limitó a reiterar los argumentos en que sustentó la demanda ordinaria, referentes al
alcance e interpretación que en su criterio debió dársele a ese fallo constitucional,
pero omitió exponer de qué manera la diferenciación entre procesos efectuada por
el operador judicial accionado era irrazonable y contraria a derecho.

30.
De otro lado, esta Subsección corroboró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no pasó por alto los argumentos del accionante sobre que era
procedente declarar la responsabilidad del Estado por la presunta la configuración
de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error judicial, por
no haberse dado trámite al recurso de apelación impetrado contra el decreto de la
medida de aseguramiento, lo que llevó a su prolongación injustificada.

31.
En concreto, la autoridad judicial adujo que si bien se acreditó que en audiencia
celebrada el 22 de abril de 2010 ante el juez de control de garantías el señor Gamba
interpuso recurso de apelación contra la decisión de impartir legalidad a su captura
y a la imposición de la medida de aseguramiento intramural, y no había constancia
7

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de que se le haya dado trámite, lo cierto es que también estaba probada la desidia,
desinterés, negligencia y abandono de la parte demandante quien, a pesar de ser
abogado, no demostró haber hecho algún requerimiento dentro del proceso penal
exigiendo el envío al superior, e incluso no agotó la acción constitucional para
proteger el derecho al debido proceso, resaltando que era evidente que pretendía
usar su propia negligencia a su favor al interponer la demanda de reparación directa.
Reproche que se hace en el contexto de un proceso en el que el accionante presentó
un número considerable de solicitudes, recursos y acciones constitucionales;
muchos de los cuales se declararon improcedentes.

32.
Este análisis del Tribunal no es discutido en modo alguno en el escrito de tutela y,
en todo caso, deja en evidencia que fue la desidia del accionante incidió en la falta
de trámite del recurso de apelación durante más de seis años.

33.
En lo referente a la prescripción de la acción penal como base de la decisión que
se adoptó de forma definitiva en el proceso iniciado por la Fiscalía contra el
accionante, el Tribunal precisó que esta figura se encuentra regulada en el artículo
82 de la Ley 599 de 2000 y según su definición dada por la Corte Constitucional,
acaece cuando los operadores jurídicos dejan vencer el plazo señalado por el
legislador para el ejercicio de la acción penal sin haber adelantado las gestiones
necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal.

34.
A su turno, precisó que ostenta una doble connotación, pues de un lado, es una
garantía para el procesado, que consiste en que se le defina su situación jurídica y
no quede atado de forma perenne a un proceso judicial y, de otro, es una sanción
para el Estado por su inactividad.

35.
El Tribunal aclaró que si bien es cierto que desde que se formuló la imputación
transcurrieron más de 6 años hasta que se dictó sentencia declarando la prescripción
de la acción penal -el 22 de junio de 2016-, acorde a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para determinar la responsabilidad del Estado derivada de la mora
judicial, era indispensable corroborar si ese retardo estuvo o no justificado, análisis
que incluía el comportamiento del recurrente. Acorde a las pruebas aportadas,
sostuvo que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación no incurrieron en
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dentro del radicado penal
bajo su análisis, pues la mora tuvo como causa las múltiples solicitudes de
aplazamiento que presentaron los abogados defensores de Jorge Helí Gamba
Martínez y José Eccehomo Gamba Martínez y la no presencia de estos a las
audiencias programadas, pues aunque los despachos judiciales constantemente
fijaban fechas para llevar a cabo las diligencias, estas no podían practicarse por la
actuación de los abogados8. Así, declaró la inexistencia del daño antijurídico porque

8 El Tribunal reseño que: (i) 23 de agosto de 2010, no se llevó a cabo audiencia de acusación porque el actor

solicitó la suspensión, su apoderado no compareció, (ii) 20 de septiembre de 2010 no se llevó a cabo audiencia
de sustitución de medida de aseguramiento porque la defensa no proporcionó los datos del señor Jorge Helí y
su hermano, para que se hicieran presentes a las mismas y se comunicara al Centro de Servicios Judiciales, (iii)
21 de octubre de 2010 se suspendió audiencia preparatoria por petición del abogado del señor Gamba, porque
8

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fue la misma parte reclamante, la que a través de sus abogados y de actuaciones
propias, propició la dilación del proceso penal como una estrategia de defensa.

36.
Declaró que el actuar del accionante denotó su conformidad con la actuación de
sus abogados, en tanto no manifestó nada en su contra e incluso fue partícipe de las
ausencias a las audiencias y las solicitudes de reprogramación, lo cual fue
manifestado en diversas ocasiones por los jueces.

37.
La Sala no desconoce que la prescripción en un proceso penal puede llegar a
deslegitimar una medida de aseguramiento, en tanto no se cumple el objeto último
de la restricción del derecho a la libertad; sin embargo, ello no puede comportar una
condena automática, pues es necesario revisar los elementos fácticos que concurren
en cada situación. En el caso concreto, el Tribunal adelantó ese análisis, denotando
las 23 actuaciones dilatorias atribuibles a la defensa (ver pie de página 8), y
razonablemente concluyó que la demora en el trámite del proceso tuvo como causa
el actuar del demandante, y frente a eso, el señor Gamba Martínez -en su solicitud
de amparo- se limitó a indicar que no era cierto, sin mayor explicación, tornando
improcedente el amparo por falta de carga argumentativa. Era su deber demostrar
por qué ese entendimiento de la cantidad de solicitudes de aplazamiento
presentadas y ausencias, contradecía lo realmente ocurrido en el proceso penal, o
tan siquiera, de qué forma vulneró sus derechos fundamentales.

las pruebas de la defensa tardarían toda la noche, (iv) 4 de noviembre de 2010 no se llevó a cabo audiencia
programada por inasistencia de las partes, (v) 24 de noviembre de 2010 no se celebró audiencia preparatoria por
solicitud de aplazamiento del abogado defensor, (vi) 2 de diciembre de 2010 se volvió a presentar petición de
aplazamiento por vacaciones del abogado con su familia, (vii) 8 de febrero de 2011 no se adelantó audiencia
preparatoria por inasistencia del apoderado del actor, (viii) 13 de julio de 2011, se llevó a cabo audiencia
preparatoria pero el apoderado del accionante presentó solicitud de aplazamiento porque tenía otra audiencia,
pero se dio continuidad a la misma, (ix) 26 de octubre de 2011, el señor Jorge Gamba solicitó aplazamiento de
la audiencia preparatoria, por incapacidad médica por fract6ura de tibia y peroné concedida por un plazo de 30
días, (x) 1 de noviembre de 2011 el apoderado del señor Jorge Helí renunció al poder, (xi) 6 de febrero y 27 de
marzo de 2012 se adelantó audiencia preparatoria, y dentro de las actuaciones allí surtidas, Jorge Gamba revocó
poder a su apoderado y le fueron impuestas medidas correccionales, otorgándosele el término de tres días para
sustentar descargos, (xii) el 7 de mayo de 2012, no se llevó a cabo la audiencia programada porque el defensor
público designado informó que no logró prepara la misma, (xiii) 22 de junio de 2012, no se llevó a cabo la
audiencia preparatoria, porque la titular del despacho debió asistir como juez coordinadora a reunión con el
ministro de Justicia, (xiv) 6 de agosto de 2012, no se llevó a cabo la audiencia preparatoria por la no asistencia
del abogado defensor de Jorge Helí Gamba por lo cual se ordenó la compulsa de copias, (xv) 9 de agosto de
2012, se envió la compulsa de copias al Consejo Seccional de la Judicatura para el abogado José Manuel Díaz,
(xvi) 15 de agosto de 2012, el Juzgado de Conocimiento no realizó la audiencia Preparatoria programada, porque
el abogado de Jorge Helí Gamba presentó renuncia de poder. Dejó constancia que el 6 de agosto de 2012 había
compulsado copias contra el defensor por maniobras dilatorias y en ella Jorge Helí Gamba Martínez manifestó
que no tenían intención de dilatar el proceso para lo cual designó al abogado Ariosto; sin embargo, no fue
aceptado, porque con anterioridad ya había manifestado su deseo de ejercer la defensa del acusado, (xvii) 21
de agosto de 2012, se envió la compulsa de copias al Consejo Seccional de la Judicatura para el abogado José
Manuel Díaz, (xviii) 10 de septiembre de 2012, el Juzgado no realizó la audiencia Preparatoria programada,
porque la abogada de Jorge Gamba solicitó aplazamiento, (xix) 30 de mayo de 2013, no se realizó la audiencia
programada, porque la abogada de Jorge Gamba solicitó aplazamiento, (xx) 26 de junio de 2013, no se realizó
la audiencia programada, porque no comparecieron las partes, (xxi) 10 de septiembre y 18 de noviembre de
2013, el Juzgado de Conocimiento no realizó la audiencia programada, porque la abogada defensora del actor
solicitó aplazamiento, (xxii) 7 de abril de 2014, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Conocimiento no realizó
la Audiencia Preparatoria, porque el defensor del procesado José Gamba programada solicitó el aplazamiento,
(xxiii) 21 de mayo de 2014, el Juzgado no realizó la Audiencia Preparatoria programada, porque no había
comparecido la defensora del procesado José Gamba.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06551-01
Accionante: Jorge Helí Gamba Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B y otro

38.
Para la Sala es claro que el actor utilizó la acción de tutela a fin de surtir una
instancia adicional al proceso ordinario, pues no encaminó razonamiento alguno a
desvirtuar la postura adoptada por la autoridad judicial, sino que se limitó a reiterar
las razones por las cuales consideró que estaba debidamente acreditado, en su caso
concreto, la responsabilidad del Estado por su presunta privación y prolongación
injusta de su libertad, sin demostrar que el análisis del caso adelantado por la
autoridad judicial comportara vulneración a sus garantías superiores. En ese sentido,
no es viable que en esta tutela se le imponga a la accionada zanjar el asunto en
determinado sentido, cuando no se evidencia que la decisión que adoptó involucre
algún tipo de arbitrariedad.

39.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, se confirmará la declaratoria de improcedencia de la solicitud de
amparo.

40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de enero de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

9 VF

10

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